jueves, 28 de diciembre de 2017

DERECHOS INDÍGENAS EN LA BOLIVIA DE EVO FRENTE AL CHILE DE BACHELET. LOS DERECHOS LEGALES OTORGADOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN BOLIVIA Y CHILE DIFIEREN ENORMEMENTE.

Los derechos legales otorgados a las comunidades indígenas en Bolivia y Chile difieren enormemente. Bolivia y Chile difieren significativamente en la manera en que sus gobiernos abordan las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Estas diferencias son causadas por el sistema económico neoliberal y los legados de la era de Pinochet en Chile, así como por el enfoque de los asuntos indígenas y la redistribución de la riqueza en Bolivia.
Bolivia ha dado grandes pasos para asegurar los derechos de sus poblaciones indígenas, particularmente en su nueva constitución, los derechos de propiedad de la tierra y el sistema de justicia penal. Chile, sin embargo, no ha hecho progresos para sus pueblos nativos en ninguno de esos aspectos.
A partir del censo de 2001, Bolivia es un país indígena mayoritario, con la porción más grande de pueblos originarios en comparación con el resto de América Latina. Sesenta y dos por ciento de los bolivianos mayores de 15 años identificados como indígenas en el censo, con un 30 por ciento quechua, un 25 por ciento aymara y el resto perteneciente a otras 34 tribus más pequeñas.
Además, el presidente boliviano, Evo Morales, es reconocido no solo como el primer jefe de Estado indígena, sino también por haber aprobado una nueva constitución en 2009 que abarca derechos integrales para las comunidades indígenas y un capítulo completo dedicado a los derechos indígenas. Dichos derechos incluyen el reconocimiento explícito de las identidades y prácticas culturales nativas; el derecho a la propiedad colectiva de la tierra; ampliación de la autonomía regional y local, y el derecho de los nativos a organizar la justicia comunitaria con su propio sistema legal.
La nueva constitución de Morales fue aprobada en un referéndum por el 61 por ciento de los votantes, la mayoría de los cuales provenían de las tierras altas occidentales, predominantemente indígenas, en enero de 2009.
A pesar de esto, hubo oposición a la constitución por parte de la elite boliviana blanca y multirracial concentrada en las tierras bajas porque la redistribución de la riqueza y los derechos a la tierra a los pueblos indígenas significa que las poblaciones blanca y multirracial se verían privadas de dichos activos.
Junto con la provisión de propiedad colectiva de la tierra y más autonomía política, la nueva constitución también permite la reforma agraria agraria a través de la limitación del tamaño de las propiedades rurales en las ventas futuras. Además, el nuevo límite de propiedad de la tierra es de 5.000 hectáreas, aunque las medidas no son retroactivas.
Progreso judicial
En cuanto a los sistemas criminal y judicial de Bolivia, particularmente con respecto a los pueblos originarios, los sistemas de justicia indígenas tienen un estatus equivalente al sistema actual oficial. Además, los jueces serán elegidos en lugar de designados por el Congreso. El poder ha sido descentralizado en la nación, con cuatro niveles de autonomía, incluyendo departamental, regional, municipal e indígena.
Por otro lado, la constitución de Chile, las cuestiones de propiedad de la tierra y el sistema de justicia penal son regresivos, especialmente en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. A partir del censo de 2012, más de 1,7 millones de chilenos identifican como indígenas: el 88 por ciento mapuche, el siete por ciento aymara y el restante cinco por ciento compuesto por grupos más pequeños como las naciones fueguinas Yamana y Qawasqar.
Cinco años después del censo de 2012, el número de chilenos autoidentificados ha aumentado en un 50 por ciento, y la mayoría de los pueblos originarios reside en regiones urbanas.
Tras la Guerra de la Independencia de España a principios del siglo XIX, el recién fundado Estado chileno reconoció la región al sur del río Biobio, en el centro sur de Chile, como territorio mapuche. A pesar de esto, Chile se expandió hacia el sur a fines del siglo XIX para allanar el camino para más colonos europeos. Lo logró a través del desplazamiento forzado sancionado por el estado del pueblo mapuche en la región de Araucania.
El 13 de septiembre de 2007, el gobierno chileno adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la actualidad, alrededor de dos tercios de los 1,5 millones de Mapuches viven en la pobreza en áreas urbanas, mientras que el otro tercio vive en la pobreza. localidades rurales. Los nativos se encuentran entre los grupos étnicos más empobrecidos y oprimidos en Chile, con desempleo y alcoholismo desenfrenado en sus comunidades.
Próxima generación
Las generaciones más jóvenes de mapuche y otros chilenos nativos están actualmente luchando por la preservación de sus culturas, idioma y derechos humanos. Incluso han formado organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco, con el propósito de abogar por la restauración de sus tierras ancestrales y su autonomía.
Las campañas organizadas hasta ahora han incluido ataques armados contra granjeros blancos; quemando sus casas y cultivos; apoderándose de tierras y numerosos incendios premeditados contra empresas forestales.
Además, Chile no ha reformado su constitución, sino que tiene la misma establecida en 1981 por el brutal dictador fascista Augusto Pinochet y sus aliados. Dado que la constitución es el legado de un régimen fascista, las leyes existentes refuerzan la regresión, especialmente con respecto a los derechos a la tierra de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, la Ley N ° 19.253 de 1993 sobre promoción, protección y desarrollo de los pueblos indígenas sigue vigente. Sin embargo, no cumple con los estándares de la ley internacional con respecto a los derechos de los indígenas a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la participación y la autonomía política.
Un nuevo proyecto de ley relacionado con el papel de los pueblos indígenas ha fundado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), junto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El problema con este proyecto de ley es que no aborda la contribución de los pueblos originarios a la biodiversidad, ni protege a los pueblos indígenas de las propuestas de conservación públicas y privadas.
Fallas legislativas
El incumplimiento de estas leyes para proteger a los nativos es evidente dado que las iniciativas corporativas son responsables de la expansión de extracciones, proyectos de producción e infraestructura que han amenazado los derechos de los Mapuches en Araucanía y Los Ríos. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, propuso un proyecto de ley el 16 de enero para reescribir la constitución de la época de Pinochet a fin de establecer un mejor sentido de la democracia en la nación, pero aún no se ha concretado.
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Del mismo modo, dada la Ley Indígena de Chile de 1993, el estado otorga tierras Mapuches en regiones en conflicto después de ofrecer para comprarlo de sus actuales propietarios blancos. Sin embargo, la ley no permite a los mapuches que reciben tierras bajo el artículo 20B vender o usar sus tierras como aseguradas, por lo que no son elegibles para préstamos para comprar equipo agrícola u otros activos que les ayuden a cuidar sus tierras.
El pueblo chileno está siendo sometido a un régimen colonial violento por parte del Estado chileno. Fueron desplazados y despojados de su patria ancestral por colonizadores blancos, que luego lo privatizaron como propio, y ahora se espera que los mapuche vuelvan a comprar la misma tierra que les fue robada.
Las cosas se agravan porque el gobierno chileno nunca ha reconocido plenamente los reclamos territoriales mapuches, de acuerdo con el Minority Rights Group International. El estado chileno ha fomentado la inmigración europea en el territorio mapuche desde el siglo pasado. Bajo el mando del general Pinochet, a las empresas de agronegocios y otras corporaciones se les otorgaron tierras y subsidios para operar en regiones indígenas, lo que resultó en la expulsión de más gente mapuche de su patria. Desde el siglo XIX, los Mapuche han perdido el 95 por ciento de su tierra.
En definitiva, Bolivia tiene un excelente historial en derechos de los pueblos indígenas. No se puede decir lo mismo de Chile, especialmente si tiene tantos legados de la época de Pinochet. News Front de Rusia (www.es.news-front.info)







BOLIVIA BUSCA INVERSORES PARA IMPULSAR SU REZAGADA PRODUCCIÓN DE LITIO

Swiss Info de Suiza (www.swissinfo.ch)
                                                                              
Bolivia espera que el auge en la demanda mundial de litio atraiga a inversores extranjeros al país donde casi una década de desarrollo liderado por el Estado ha sido insuficiente para alcanzar sus objetivos para el metal, que se usa para producir baterías tanto para computadoras como para autos eléctricos.
El país sudamericano tiene casi un cuarto de los recursos de litio del mundo y aun así su producción está muy lejos de las de sus vecinos Chile y Argentina.
Bolivia espera firmar un acuerdo con al menos un socio extranjero para invertir hasta 750 millones de dólares en fábricas para satisfacer la creciente demanda de China y de otros países por baterías de litio.
El país está impaciente por monetizar la creciente demanda por litio. Expertos dicen que los precios al contado por tonelada del metal se han más que duplicado a 25.000 dólares, desde menos de 10.000 dólares en 2015.
La lluvia y otros desafíos naturales, junto con complicaciones en la ejecución de proyectos, han obstaculizado las operaciones estatales.
Empresas extranjeras con más experiencia podrían verse disuadidas por el Gobierno de izquierda del presidente Evo Morales, cuyas políticas intervencionistas en otros sectores han molestado a grandes corporaciones y han hecho que otras empresas sean renuentes a invertir en el futuro, dijeron analistas.
Bolivia esperaba que su proyecto en Uyuni, el salar más grande del mundo, produjese 40 toneladas por mes de carbonato de litio para 2011. Nueve años y 450 millones de dólares después, el proyecto está produciendo solo 10 toneladas por mes.
En el resto del triángulo del litio de Sudamérica, Chile produce 70.000 toneladas por año y Argentina 30.000. La producción global total es de unas 230.000 toneladas. Bolivia vendió exportaciones a precios muy por debajo del mercado, dijo un empleado de la estatal de litio YLB, para asegurar participación.
El presidente ejecutivo de YLB, Juan Carlos Montenegro, rechazó las preocupaciones sobre la lenta producción.
"Esa crítica no nos mella y no nos interesa. Lo importante para nosotros son los resultados. Y los resultados que tendremos de manera realmente muy importante los vamos a ver el próximo año 2018 y 2019", dijo Montenegro.
Según el directivo de YLB, Bolivia está conversando con posibles socios, que espera inviertan hasta 750 millones de dólares.
Montenegro no quiso mencionar quiénes eran sus interlocutores, pero dijo que podría alcanzar un acuerdo este mes por el 49 por ciento de participación en una gran expansión que podría incluir hasta siete nuevas plantas para cátodos, baterías y más.
En enero vence el plazo para la presentación de ofertas para construir una planta industrial de carbonato de litio diseñada por la empresa alemana K-UTEC. La instalación, que se esperaba que produjera 30.000 toneladas por año en 2017, ahora genera expectativas de la mitad para 2019.
Sin embargo, los analistas dudan de que los gigantes del sector como Albemarle Corp y la chilena SQM vayan a arriesgar capital en Bolivia, donde Morales expropió una serie de activos extranjeros desde que tomó el poder en el 2006.
Empresas extranjeras con el conocimiento adecuado, incluyendo una de Corea, rechazaron la oportunidad de operar en Bolivia, dijo Robert Baylis, director de la consultora Roskill Information Services Ltd.
"Sintieron o el riesgo de que serían nacionalizados o que enfrentarían muchos problemas", dijo, y agregó que nadie completó aún ningún estudio que pruebe que los recursos bolivianos pueden ser explotados económicamente.
ROMPECABEZAS
El mercado de litio está listo para recibir nuevos participantes. El nicho de los autos eléctricos está preparándose para un crecimiento sustancial en momentos en que los reguladores endurecen los límites a las emisiones de gas invernadero en el mundo.
En el proyecto de Uyuni, en el sudoeste de Bolivia, hay una planta piloto que convierte el litio extraído del salar en carbonato de litio. Otra planta convierte el carbonato en material catódico y una tercera transforma los cátodos en baterías simples.
El proyecto fue diseñado para mostrar que el Estado boliviano puede explotar su propio litio, a diferencia de los principales productores como Australia, Chile y Argentina, donde empresas privadas extraen el metal.
Pero la iniciativa enfrenta muchos desafíos.
Las lluvias suelen inundar los salares, alargando el proceso de producción. La evaporación, la técnica elegida por Bolivia, deja alrededor de la mitad del litio en la salmuera. Además, la proporción de magnesio sobre litio en Uyuni es cuatro veces más alta que en el desierto chileno de Atacama, algo que dificulta la extracción.
Marcelo Castro, líder de los trabajos estatales en Uyuni entre 2007 hasta 2016, dijo que obreros pasaron semanas sin lavarse el cabello para conservar agua en el inicio del proyecto, antes de que se instalara el suministro junto al de electricidad en ese paraje inhóspito.
Castro recordó ver cómo piscinas de evaporación en el borde del salar fallaron, contaminadas por tierra arrastrada por el viento, y dijo que, si bien no había planeado pasar una década en el proyecto, "había que quedarse, había que responder".
El proyecto buscaba crear una cadena de oferta integrada para ayudar a Bolivia a librarse de la sobredependencia del volátil mercado de materias primas. Pero la planta de baterías fue construida en 2013, cuatro años antes que la planta de cátodos. Empresas chinas continúan proveyendo a la planta de baterías con cátodos importados.
Según el gerente de producción de la planta, ninguna de las aproximadamente 3.000 baterías que aguardan en un depósito han sido vendidas. En tanto, el Gobierno planea utilizar al menos algunas de ellas para electrificación rural.
Son pocos los analistas que vislumbran un camino sin dificultades para que Bolivia se convierta en un jugador clave del creciente sector.
"Es un rompecabezas con tantas piezas sueltas. ¿Quién lo puede armar?", dijo Juan Carlos Zuleta, un analista boliviano de la industria de litio que calificó al proyecto como desastroso y "un mal uso de nuestros recursos escasos".





CONOCE CÓMO LE VA A LA INDUSTRIA TEXTIL EN BOLIVIA Y ECUADOR

Revista Perú Retail (www.peru-retail.com)
                                                                                                  
La industria textil tanto en Bolivia como Ecuador ha bajado en los últimos años; pese a ello, este sigue siendo uno de los pilares de la economía en ambos países.
En el caso de Bolivia, la producción textil ha caído en los últimos tres años a doble dígito reduciendo así su potencial manufacturero en un 40%. En el 2014, la industria alcanzó los 167 mil 500 empleos directos en más de las 53 mil pequeñas, medianas y grandes empresas en el mercado boliviano.
Dicha cifra se ha recortado hoy en día a 110 mil empleos directos y 31 mil empresas de diferentes tamaños, ubicándose cerca del 90% del total de las compañías en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, informó Fashion Network.
Según señaló el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Desarrollo Productivo de Bolivia, Saturnino Ramos, “la industria textil es uno de los pilares de la economía boliviana en cuanto a producción. A su vez, abarca el 22% de la productividad superando a sectores de transformación plástica y madera”.
En el 2015 el mercado textil en el territorio boliviano representaba cerca del 1% del PBI con US$451 millones de dólares. Si bien la cifra ha bajado este año, se espera que para el 2018 esta suba y llegue a lo registrado en el 2015.
Por otra parte, según cifras oficiales de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), las exportaciones en el mercado ecuatoriano cayeron en los últimos 9 años en un 60%; sin embargo, en este año las ventas externas crecieron un 2% frente al 2016.
En el 2008, el país exportó 31 870 toneladas de productos textiles alcanzando ventas de US$144.9 millones de dólares, a diferencia de las 8 000 toneladas registradas en este 2017 cerrando el mes de octubre con ventas de US$24.3 millones de dólares; más que los US$24 millones de dólares facturados en el 2016.
Algunos factores que impactaron la caída de la industria textil en Ecuador fueron la caída de la economía de Venezuela, país que representaba el 33% del total de envíos, así como las pocas compras de Colombia y Perú debido al incremento del precio del dólar.
Actualmente, Ecuador cuenta con más socios en Europa y Asia, el cual en los últimos 5 años han aumentado pedidos en un 60% y 6% en lo que va del año, se estima que los envíos lleguen a los US$30 millones de dólares este 2017.





SANTIAGO DEL ESTERO: SIETE VÍCTIMAS EN EL VUELCO DE UN COLECTIVO QUE HACÍA EL RECORRIDO BOLIVIA-BUENOS AIRES
                                                                                                                           
El ómnibus pertenece a la empresa El Quirquincho que hace la ruta Santa Cruz (Bolivia)- Buenos Aires y tiene paradas en Salta

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)
                                                                  
La Ruta Nacional 34 fue el escenario de un siniestro vial donde cinco adultos y una menor perdieron esta noche la vida cuando volcó un colectivo de larga distancia cerca del paraje La Tijera,  en la provincia de Santiago del Estero. 
El accidente ocurrió en el kilómetro 730, a pocos metros del empalme con la Ruta 11, paraje La Tijera, pasadas las 11 de la noche, según informó el diario Panorama de esa provincia. Se trata de un colectivo de la empresa El Quirquincho que venía con 42 pasajeros desde Bolivia con destino a Buenos Aires y que generalmente tiene paradas en Salta, Metán y Rosario de la Frontera.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de La Banda, seis ambulancias del Sease y la Policía. Desde el Centro de Salud La Banda indicaron que además de las víctimas fatales se registraron varios heridos, pero ningún otro de gravedad.
En un principio medios de la vecina provincia informaron de siete víctimas pero finalmente la versión oficial dio cuenta de cinco pasajeros que perdieron la vida. 





APARECIÓ JOVEN QUE ERA BUSCADO EN JUJUY, LUEGO DE SER ROBADO EN PERÚ Y BOLIVIA

Fue hallado en el barrio San Pedrito, trabajando en una obra como ayudante de albañil. Su mamá contó que un hombre lo reconoció y le dijo que me llame.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)
                                                                    
La División Trata de Personas y Leyes Especiales de la Dirección General de Investigaciones dio con el paradero de Elías Ezequiel Sánchez, un joven de 23 años con domicilio en Mar de Ajó, Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, quien se encontraba desaparecido desde el domingo 24.
El joven fue encontrado mientras trabajaba como ayudante de albañil en una obra de construcción del barrio San Pedrito, anoche alrededor de las 20.30, según las fuentes policiales que fueron consultadas.
Se presume que como se había quedado sin dinero, optó por conseguir un trabajo para solventar sus gastos, pero nunca pudo avisar a sus familiares que se encontraba bien de salud. Elías Sánchez estaba de vacaciones desde hace casi dos meses, y planeaba pasar la Navidad en su ciudad de origen, pero todo cambió cuando en Perú le robaron el DNI, según relató a los medios nacionales Mariana Martín, madre de Sánchez. Es que si bien pudo ingresar a nuestro país con un certificado, cuando intentó subir al colectivo de la empresa Balut no lo dejaron por no tener el DNI.
Siguiendo el relato de la madre de Sánchez, “los problemas para Elías empezaron en Perú el 22 de diciembre cuando le robaron sus documentos, hizo la denuncia y le extendieron un certificado que le permitía seguir bajando. Llegó a la frontera entre Bolivia y Argentina, pero ahí le sacaron el efectivo que le quedaba y su celular. Igual, pudo cruzar de Villazón a La Quiaca, donde dos chicas le prestaron un celular para que se comunique conmigo”.
“En La Quiaca me llamó del celular de una de las chicas que lo ayudaron y por ahí le mandé las fotos de los pasajes que le saqué por internet. Tenía que tomar un micro a San Salvador y de ahí otro a Retiro a donde debía llegar el 26 a las 6.30”, agregó.
Los pasajes fueron comprados por una plataforma on line en la empresa Balut. En las cámaras de seguridad de la terminal de San Salvador se ve que se acerca al chofer, hablan y como que no lo dejan subir y se va.
Se puso en contacto con la madre 
“Se puso en contacto conmigo y me avisó que está bien”, aseguró su madre. Indocumentado y sin dinero, decidió buscar un trabajo para resolver cómo volver a su hogar.
Nahuel Bogado es un vecino de la capital jujeña que lo reconoció trabajando en una obra gracias a la foto que se difundió por las redes. Entre él y otro vecino, Marcos Rojas, que le había dado trabajo, le acercaron un teléfono para que le avise a su familia que estaba bien. El joven está en la División trata de personas de la policía local esperando a su mamá que está viajando a buscarlo.





CONSULADO DE BOLIVIA DISTINGUIÓ A LA CTA

Diario La Opinión de Argentina (www.diariolaopinion.com.ar)
                                                                            
EL Consulado de Bolivia que funciona en Rosario entregó un reconocimiento a la CTA Castellanos "por su colaboración en la construcción de la Patria Grande", durante un acto que se realizó el viernes pasado en la sede de la representación diplomática. El secretario General de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Juan Soffietti, fue el encargado de recibir esta distinción por parte del Cónsul, Sixto Valdez, quien visitó la sede gremial ubicada en Tucumán y San Martín de Rafaela en varias oportunidades. 
El reconocimiento consta de un certificado y una medalla con el escudo y los colores de la bandera boliviana, otorgada a referentes de las organizaciones que trabajan como constructores de la Patria Grande y de un Mundo sin Muros hacia una Ciudadanía Universal.
Cabe señalar, que la CTA Castellanos y el Consulado de Bolivia firmaron un Acta Acuerdo para el desarrollo de un Programa de Cooperación Mutua en 2016, bajo el cual se desarrollaron actividades como Talleres de Alfabetización Digital, Apoyo Escolar Primario y Secundario para niños, niñas y adolescentes, la instalación en 2 oportunidades de un Centro de Documentación Móvil para la renovación de Cédulas de Identidad y demás trámites personales, Ciclo de Cine Latinoamericano en el Predio de la Comunidad, entre otras. "Desde la Central de Trabajadores de la Argentina-Departamento Castellanos recibimos este reconocimiento con enorme orgullo ya que entendemos que mediante estas acciones contribuimos a la consolidación de lazos de hermandad con el hermano pueblo Boliviano y con los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia que residen en la ciudad de Rafaela y la zona", destacó la entidad que preside Soffietti.





EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA LA RENOVACIÓN DE PUPITRES EN UNA ESCUELA DE BOLIVIA

La Verdad de España (www.laverdad.es)
                                                                                                 
El Ayuntamiento y la ONGD SED impulsan un proyecto en el municipio de Comarapa, Bolivia, con el objetivo de garantizar el pleno derecho a la educación mediante la mejora de los equipamientos. La ayuda concedida asciende a 2.355,41 &euro. La intervención cuenta como socio local con el Colegio Maristas de Comarapa, gestionado por los Hermanos Maristas de Bolivia.
La colaboración del Ayuntamiento permitirá mejorar la calidad de vida del alumnado con el cambio de pupitres. Estas aulas acogen 1.241 alumnos que se benefician de una educación de Primaria, Secundaria y Formación Profesional en Agropecuaria, mientras otros 150 alumnos estudian formación ocupacional en administración de empresas, mecánica industrial, electricidad industrial e imagen y sonido.





DETENIDO UN VECINO DE VIGO POR AGREDIR A SU EXPAREJA, CON LA QUE CONVIVE

Atlántico Net de España (www.atlantico.net)
                                           
Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un vecino de la ciudad, F.M.O., de 43 años de edad y natural de Bolivia, como presunto autor de un delito de violencia de género.
Según han informado fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar en la tarde del miércoles, cuando el 092 recibió un aviso de que se estaba produciendo un episodio de violencia de género en un domicilio de la calle Ecuador.
Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer, quien les relató que había sido agredida por su expareja, y padre de sus hijos, en el transcurso de una discusión. Según señaló la mujer, rompió la relación con el hombre hace 9 meses pero, debido a su falta de ingresos, se ve obligada a mantener la convivencia con él, en el mismo domicilio.
Los policías requirieron al presunto agresor que, en ese momento, se encontraba encerrado en otro dormitorio. Cuando el hombre abrió la puerta, los agentes le informaron de que estaba detenido por un supuesto delito de violencia de género.






El puerto de Ilo se mostró siempre como la solución ideal para aquellos exportadores e importadores bolivianos que tienen la mira puesta en el Pacífico.

Toda Logística de Argentina (www.todologistica.com)
                                                                                                          
El puerto de Ilo se mostró siempre como la solución ideal para aquellos exportadores e importadores bolivianos que tienen la mira puesta en el Pacífico.
Poder dejar de depender en gran parte de puertos chilenos, es un gran atractivo debido a que se evitan inconvenientes relacionados con las huelgas y otras cuestiones que afectan a recintos en Chile con demasiada frecuencia, según la mirada de los empresarios bolivianos
Con toda la expectativa puesta, la realidad demuestra que aún no de han logrado cambios significativos en cuanto a Ilo como "reemplazo" de Arica o Iquique y según las palabras de David Sanchez, gerente de la empresa Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), la utilización del recinto peruano depende pura y exclusivamente de resultado del análisis de costos tarifarios y fletes marítimos por parte de los sectores privados, así como del terrestre.
El funcionario destacó que hay avances concretos pero que se sigue trabajando en aspectos relacionados con mejorar las posibilidades para integrar el comercio boliviano con el sur peruano, ya que se sabe que mudar operaciones para muchas firmas es algo bastante caótico y necesita su tiempo de adaptación.
Sanchez explicó que no se trata sólo de trabajar con el puerto de Ilo, sino que se baraja la posibilidad de consolidar la presencia boliviana en el Puerto de Callao, y trabajar en la parte naviera para darle aún más alternativas al comercio exterior boliviano.





“HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA EN NICARAGUA”, DICE ANALISTA BOLIVIANO

De acuerdo con el analista, el efecto no solo es para Nicaragua, sino también para el grupo de países aliados de Ortega: Venezuela, Cuba y Bolivia

La Prensa de Nicaragua (www.laprensa.com.ni)

La aplicación de sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, del círculo cercano del designado presidente Daniel Ortega, tiene un menaje claro para el régimen y sus aliados, que no solo abarca la corrupción y violación de los derechos humanos, también que ya nadie en el mundo democrático cree en las “simulaciones de democracia” y de “elecciones en Nicaragua”, opinó el analista político boliviano Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Democrático Interamericano.
De acuerdo con el analista, el efecto no solo es para Nicaragua, sino también para el grupo de países aliados de Ortega: Venezuela, Cuba y Bolivia.
En esta entrevista con LA PRENSA, Sánchez Berzain, exiliado en Estados Unidos, analiza los posibles impactos políticos de la Ley Magnitsky.
¿Qué impacto puede tener la aplicación de la Ley Magnitsky a funcionarios del régimen de Daniel Ortega, en el ámbito político internacional?
Esto significa que Estados Unidos está señalando al gobierno de Daniel Ortega como no democrático, como un gobierno al margen de la ley, como uno más de los gobiernos del castro-chavismo en América Latina que comprende a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En el caso de Nicaragua en las sanciones específicas que han empezado a imponer, es decir, que hay condiciones criminales contra los principales personeros que hacen que hoy día Nicaragua tenga un gobierno sin democracia: primero, porque se violan los derechos; segundo, se ha hecho desaparecer el estado de derecho donde no rige la ley, sino la voluntad de Ortega y su grupo; tercero, no hay división e independencia en los poderes del Estado, es una simulación de independencia, todos están controlados por Ortega y su grupo; cuarto, las elecciones no son libres, limpias, transparentes y no reflejan la voluntad popular, son una simulación de un acto de perpetuación dictatorial, que Ortega ha venido repitiendo con maniobras que prueban los factores anteriores como la violación a los derechos humanos, la ausencia de estado de derecho, la ausencia de independencia de los poderes públicos, entonces, hay que ver en estas sanciones ya concretas del Gobierno de Estados Unidos, y porque hay acciones a nivel del Congreso, el señalamiento al gobierno Ortega como una dictadura en el ámbito latinoamericano, que no va a ser tolerado por la comunidad internacional, (Nicaragua) está en la lista de los países que no tienen democracia, igual que Cuba Venezuela y Bolivia.
¿El inicio de estas sanciones podría tener consecuencias en el resto de países que integran el llamado Socialismo del Siglo XXI?
El impacto es para todos porque están al descubierto sus simulaciones de democracia, son países que están en crisis. Tienen tremenda crisis de legitimidad, la mayoría de las poblaciones de esos países, incluida Nicaragua, desprecian y no quieren ese tipo de gobiernos, la impopularidad mayor debe ser la de Cuba, Venezuela con un 80 por ciento de desaprobación popular; Nicaragua y Bolivia también son absolutamente impopulares. Tienen una crisis de legalidad porque los sistemas legales están hechos a su medida, son sistemas ilegales e infames porque están destinados a violar los derechos de la gente. Tienen crisis económicas y crisis sociales muy grandes. Los países en América Latina que tienen el mayor nivel de crisis son precisamente los autollamados países de Socialismo del Siglo XXI, que son los países castro-chavistas, porque sus regiones bases se sostienen a partir de la alianza que Fidel Castro y Hugo Chávez hicieron en 1999, para recrear el expansionismo de la denominada Revolución cubana, es un neocomunismo con el dinero venezolano puesto por Chávez que ha llegado a Venezuela a la situación de pobreza en la que está. Y Ortega se está presentando como un claro violador de los derechos humanos, como un flagrante destructor de la independencia de los poderes y del estado de derecho en Nicaragua, que ha cerrado los espacios electorales para perpetuarse en el poder por encima de la voluntad popular. Es como un enemigo de la paz y la seguridad internacional, que son las actitudes que ha estado tomando en el último tiempo.
La estrategia de estos países ha sido mantenerse en el poder a través de simulación de elecciones para venderse como democracia. ¿Cree usted que la decisión de Estados Unidos, al sancionar al presidente del Consejo Electoral de Nicaragua, significa que ya no le está funcionando el discurso de que son electos por los votos?
Hace rato que no se cree en ese cuento. En el momento que hay oposiciones que no pueden nunca ganar una elección, de que estos países tienen perseguidos y presos políticos, tienen exilio político; Cuba, Bolivia y Venezuela tienen exilios marcados, pero en Nicaragua hay persecución política a través del mecanismo judicial, se inhabilitan candidatos, se evita que gente aspire a sus derechos legítimos electorales, y eso es persecución política. Ni Estados Unidos ni nadie se cree el cuento electoral. La decisión de Estados Unidos no es caprichosa, está cumpliendo sus leyes, no es que se le ocurrió al secretario del Tesoro, y de pronto se le ocurrió a la Casa Blanca, Estados Unidos está cumpliendo las leyes vigentes, calificando en el marco de la delincuencia a personeros y personalidades del gobierno de Ortega.
¿Cree usted que otras personas en Nicaragua pudieran ser incluidas en las sanciones de la Magnitsky?
Creo que Estados Unidos no va a tardar en expandir esa lista y abarcar los entornos de Ortega, que son ampliamente conocidos por su corrupción, lo que hacen estos regímenes es producir una cantidad de nuevos ricos. Los nicaragüenses saben quiénes son los nuevos ricos, empezando por Ortega junto a su entorno familiar y su esposa, que es ahora la vicepresidenta de Nicaragua, que ostentan riquezas que no pueden justificar, que son injustificables y que después terminan o terminarán como el gobierno de los Kirchner en Argentina, donde usted está viendo que recuperada la independencia de los jueces y los tribunales de justicia no se ha tardado en establecer la corrupción extraordinaria que esta gente ha cometido y de señalar de lo mal habido de sus bienes. Ortega, su familia y su mujer no van a ser la excepción.
¿Podría esta decisión de EE.UU. afectar al sector privado cercano a Ortega?
Los que están metidos en los negocios (de Ortega) y su corrupción, por supuesto que sí, porque corrupción es corrupción y en ese tema cada quien sabe dónde está ubicado. Se comenta mucho que Ortega en vez de perseguir a los empresarios, como se ha hecho en Venezuela y en parte en Bolivia, lo que ha hecho es asociarse con algunos de ellos y convertirse en patrocinador-socio de un sector de la burguesía, hay algo de eso también en Bolivia, uno sabe con claridad quiénes son los nuevos ricos y quiénes los empresarios que están al lado del régimen de Ortega beneficiándose de la violación a los derechos humanos, las violaciones al estado de derecho que existe en ese país.
¿Esta sanción al presidente del Consejo Electoral de Nicaragua podría catalogarse como un golpe a la corrupción del gobierno de Ortega?
El impacto es grandísimo, porque lo señala como no democrático y como corrupto. Le está poniendo el dedo al autor principal y señalado de corrupto que ha propiciado que Ortega permanezca a través de maniobra electoral (en el poder), hace rato que en Nicaragua no hay elecciones libres, es puro fraude electoral, pura manipulación. Entonces, el señalamiento de Estados Unidos es una manera de decirles sabemos lo que está pasando y son gente corrupta. Cómo pueden justificar funcionarios de ese nivel y en esas funciones el dinero y los recursos que ostentan, eso, por una parte, y por la otra, quiero insistir en que los señalamientos y las listas que hace Estados Unidos no son elaborados de manera arbitraria, son con base en el cumplimiento de las leyes norteamericanas y con base en los datos con que cuenta el gobierno, no son listas imaginarias, hay datos (información) y son investigaciones serias.
Plano personal
Carlos Sánchez Berzain es abogado experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología. Es además politólogo y perseguido político del Gobierno de Bolivia. Se encuentra exiliado en Estados Unidos.





POLÉMICA EN CHILE POR LA REUNIÓN DE FRANCISCO CON MAPUCHES
                                                                                                                                                                                                                
Bachelet ya tuvo un roce por Bolivia. Preocupación en la Rosada por el operativo en los pasos fronterizos

Jornada Online de Argentina (www.jornadaonline.com)
                                                                                                             
La llegada del Papa Francisco a Chile está provocando grandes polémicas por su agenda  de concentrar sus actividades en temas sensibles para el gobierno trasandino, como la cuestión mapuche y el tema limítrofe con Bolivia, lo que ya provocó un roce diplomático con Michelle Bachelet. Mientras tanto, al gobierno argentino le preocupa el impacto político del viaje de Francisco.
Fiel a su costumbre, el Papa hará en Chile gestos más que evidentes para dejar en claro sus posiciones, sin que le hagan falta discursos grandilocuentes. La más evidente es la rogativa mapuche que compartirá con referentes de 23 comunidades en Temuco, la capital de la región de la Araucanía donde tiene su epicentro el conflicto mapuche, que en Chile es bastante más complicado que en Argentina.
Esta foto tendrá impacto en los dos lados de la frontera. Francisco ya había dado un mensaje incómodo para el gobierno argentino cuando a principios de mes recibió a la familia de Santiago Maldonado, muerto en el marco de una protesta mapuche.
En Chile, Bachelet ya tomó nota del mensaje papal. "Nosotros creemos y propiciamos el diálogo siempre. Sin duda, en la Araucanía hay tareas pendientes importantes, y en ese sentido creo que la visita del Papa a la región es una oportunidad para tratar de entendernos en las diferencias, en la tolerancia y la aceptación de que hay miradas distintas", afirmó la Presidenta.
En Chile  también hay tensión por otra de las actividades de Francisco: la misa que dará en Iquique, en el norte del país, cerca de la zona de conflicto con Bolivia. Desde la Iglesia chilena, que está a cargo de la organización, ya adelantaron que el Papa rezará por los "migrantes" y todos descuentan que volverá a referirse al conflicto por la salida al mar.
Este tema ya generó un roce diplomático con Bachelet, según informó LPO. El mes pasado, el embajador chileno en el Vaticano, Mariano Fernández, dijo que el Gobierno de su país pretende que el Papa "se abstenga de opinar" sobre el conflicto con Bolivia porque es un tema que se dirime en la corte internacional de La Haya.
La advertencia del diplomático generó tanto ruido que Bachelet tuvo que salir a aclarar que Francisco puede hablar de lo que quiera. "Como es obvio, en una visita de carácter pastoral el Papa tiene la libertad de expresar lo que estime que es bueno para el pueblo católico", le dijo la presidenta chilena a la agencia Télam. "No nos corresponde a nosotros hacer juicios al respecto, menos aún imponer restricciones", agregó.
En 2015, durante su visita a Bolivia, Francisco aseguró que el "diálogo es indispensable" para resolver la disputa de soberanía abierta luego de la guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX, por la que Bolivia perdió una franja costera que le daba salida al mar. En Chile no quieren volver a escuchar algo parecido.
El Papa llegará a Chile el lunes 15 por la tarde para iniciar una visita en la que recorrerá Santiago el martes 16, la sureña Temuco el miércoles 17 y la norteña Iquique el jueves 18, antes de seguir viaje hacia Perú.
Miles de argentinos cruzaran la frontera
Más allá de la foto con la comunidad mapuche, en el gobierno argentino hay otras preocupaciones en torno a la visita del Papa a Chile.
La preocupación mayor en la Rosada es operativa y tiene que ver con el aluvión de fieles que se espera que crucen la frontera. Según dijeron fuentes del Gobierno a LPO, se estima que alrededor de un millón de personas viajarán, lo que seguramente provoque inconvenientes en los cruces fronterizos, con el agravante que se dará en un cambio de quincena en plena época de vacaciones.
En la Rosada cree que podría haber problemas serios en los pasos fronterizos de Mendoza, Neuquén y Salta, y hasta temen que termine en algún escándalo internacional. El presidente Macri decidió mandar al número dos de la Secretaría de Culto para tratar de evitar inconvenientes. Uno de los temas que preocupa es las autoridades chilenas sean demasiado estrictas con los papeles.





CAPACITAN A JUECES PARA EVITAR DISCRIMINACIÓN HACIA MUJERES

Radio Primerísima de Nicaragua (www.radiolaprimerisima.com)
                                                                                       
Cuando Michelle Zeledón se quedó embarazada a los 16 años, su padre le dijo que no quería saber nada más de ella. Ahora que era madre, argumentaba él, ya no tenía por qué seguir pagándole una pensión alimenticia. Él llevó el caso ante los tribunales de Estelí, en el norte de Nicaragua.
Yorlin Matamoros, la jueza de distrito que se encargó del caso, había recibido recientemente una formación sobre la importancia de juzgar con “perspectiva de género”, es decir, teniendo en cuenta aquellas diferencias que afectan a las mujeres y que a menudo las ponen en una situación de desigualdad ante la justicia con respecto a los hombres.
“Me di la tarea de leer bien la normativa con respecto a los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, así como también todos los instrumentos que nos permiten dar un análisis en nuestras sentencias para ir disminuyendo la discriminación hacia las mujeres, y en este caso, por la condición de madre se quería limitar un derecho”, explicó la juez Matamoros.
Matamoros ordenó que el padre de Michelle siga proporcionando la pensión alimenticia hasta que la joven termine sus estudios universitarios. “No podemos limitarle el derecho a que ella obtenga un pleno desarrollo,” subrayó la juez. “Y para lograr esa meta ella debe contar con el apoyo de ambos progenitores”.
Yorlin Matamoros es parte de un poco más de 100 jueces, magistrados y asesores del poder judicial de Nicaragua graduados del magíster en “Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil”, apoyado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés).
Jueces y juezas machistas
“El problema es difícil. Existe un machismo bien profundo no solo en los jueces, sino también en las juezas, porque somos producto de una cultura”, explicó Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
La perspectiva de igualdad de género es una política de Estado en Nicaragua, y las autoridades judiciales decidieron comenzar con los jueces a la hora de profundizar sus conocimientos sobre los derechos de las mujeres. “En vez de tratarlas como iguales, teniendo en cuenta sus diferencias, se las trata en condiciones de desigualdad frente a los hombres”, añadió Ramos.
Una muestra de esta discriminación de género es dejar de proporcionar la pensión alimenticia, sobre todo a las mujeres más jóvenes. “Es una de las formas más frecuentes de violencia que estamos viendo”, explica Ramos, cuando la ley exige que debe proporcionarse hasta los 18 años, o bien hasta los 21 si la joven está estudiando.
“Después del magíster puedo entender que esas circunstancias muy particulares de las mujeres, si no se las reconocemos, entonces ¿quién se las va a reconocer?”, reflexionó Matamoros.
Su sentencia en el caso de Michelle Zeledón obtuvo el segundo lugar en el II Concurso de Sentencias con Perspectiva de Género, promovido por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
Embarazo adolescente
A sus 19 años, Michelle ya cuenta con grandes responsabilidades para una persona de su edad. Además de cuidar de su hija de 4 años y estudiar en la universidad, la joven trabaja desde las 6:30 a.m. hasta 10:30 p.m. en una empresa tabacalera.
“Como adolescentes necesitamos una segunda oportunidad porque la mayoría de las que salimos embarazadas somos niñas”, dijo Michelle.
El embarazo adolescente es un grave problema en América Latina y el Caribe, la región del mundo con más embarazos no planeados. Nicaragua es uno de los países de la región con un mayor número de jóvenes menores de 19 años embarazadas, tan solo superado por Bolivia, Honduras y Venezuela, según el último informe de UNFPA sobre el estado de la población mundial.
La capacidad de una mujer para decidir si quiere quedarse embarazada o no depende en parte de si vive en una ciudad o en una zona rural, de su nivel de estudios y de su situación de riqueza o pobreza, según el informe de UNFPA.
En los países en desarrollo, las mujeres pobres no suelen contar con la suficiente información, capacidad y medios para decidir si quedarse embarazadas. Sin acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres pobres, en particular las que tienen menor escolaridad y viven en áreas rurales, están más expuestas a embarazos no deseados.
Las niñas adolescentes no suelen disfrutar del mismo acceso a métodos anticonceptivos que los niños de su edad debido a las políticas discriminatorias, los proveedores de servicios que emiten juicios de valor o las actitudes predominantes respecto al comportamiento aceptable de las niñas.
El acceso limitado a la planificación familiar se traduce en 89 millones de embarazos no planeados y 48 millones de abortos al año en los países en desarrollo del mundo. Esto no solo es perjudicial para la salud de las mujeres, sino que también restringe su capacidad para incorporarse al mercado laboral o conservar un trabajo remunerado y avanzar hacia la independencia financiera, explica el informe.
El proceso judicial iniciado por su padre sumió a Michelle en la depresión: “Pero yo dije, por mi hija voy a salir adelante, no voy a retroceder, yo decidí seguir estudiando”.
Ahora está ya terminando el último año de sus estudios en psicología clínica, algo que la ha ayudado mucho más allá de lo que se imaginaba: “Todo el maltrato que vivimos crea ese odio, pero yo me iba ayudando a mí misma porque es psicología clínica, por ejemplo con las formas de duelo: aprender uno a vivir con eso”.
Leyes que excluyen a las mujeres
Las leyes pueden reflejar o reforzar las normas o actitudes discriminatorias que bloquean el acceso de las mujeres a la fuerza de trabajo o reducen sus ingresos en relación con los de los hombres.
Según el Banco Mundial, en 18 países los hombres pueden impedir legalmente a sus mujeres que trabajen fuera del hogar. Las leyes de algunos países restringen el acceso de las mujeres a los servicios bancarios y de crédito, lo que puede socavar su potencial de obtener ingresos.
La legislación —o su falta o aplicación inadecuada— puede afectar a la salud y el bienestar de las mujeres y, por tanto, influir en su participación en la fuerza de trabajo y su capacidad para obtener ingresos. Según un informe del Banco Mundial en el que se evalúan 173 países, 46 no disponen de leyes contra la violencia doméstica, y 41, en materia de acoso sexual.
Asimismo, según el Banco Mundial, raras veces existen leyes que protejan contra la “violencia económica”. La violencia económica sucede cuando se priva a las mujeres de los medios económicos necesarios para abandonar una relación abusiva, bien porque su pareja controla los recursos económicos, o bien porque le impide conseguir o mantener un trabajo.
Para la juez Matamoros, el magíster le aportó muchos conocimientos útiles para evitar que su aplicación de la ley sea discriminatoria: “Nos ayudó a combinar los aspectos académicos con los aspectos propios de cada persona, resolver no solo desde el punto de vista de funcionaria. Eso ha permitido que nosotros pongamos más empatía, nos pongamos más en el problema de la persona, pero sobre todo garantizándole los derechos a ella y también a sus hijos”.
¿Cómo contribuir a la igualdad?
En su informe sobre el estado de la población mundial de 2017, la UNFPA propone algunas medidas para reducir la discriminación de las mujeres y contribuir a un mundo más equitativo:
• Cumplir todos los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos acordados en tratados y convenios internacionales.
• Eliminar las barreras —leyes discriminatorias, normas o deficiencias en los servicios— que impiden a las adolescentes y las jóvenes acceder a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva.
• Llegar hasta las mujeres más pobres con servicios esenciales de atención de salud materna y prenatal.
• Responder a todas las necesidades de planificación familiar insatisfechas y conceder prioridad a las mujeres que viven en el 40% de los hogares más pobres.
• Prestar un servicio de protección social universal que ofrezca seguridad de los ingresos básicos y cubra los servicios esenciales, incluidas las asistencias y prestaciones relacionadas con la maternidad.
• Impulsar los servicios que permiten a las mujeres incorporarse o permanecer en la fuerza de trabajo remunerada, como los de cuidado del niño.
• Adoptar políticas progresivas encaminadas a acelerar el aumento de los ingresos entre el 40% más pobre de la población, a través de, por ejemplo, la intensificación de las inversiones en el capital humano de las niñas y las mujeres.
• Eliminar los obstáculos económicos, sociales y geográficos que impiden el acceso de las niñas a la educación secundaria y terciaria y su participación en cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
• Acelerar la transición del trabajo no estructurado al trabajo formal decente —con énfasis en los sectores que concentran la mayoría de las trabajadoras pobres—, y permitir el acceso de las mujeres a los servicios de crédito y la propiedad.
• Trabajar en pos de la medición de todas las dimensiones de la igualdad y del modo en que influyen unas sobre otras, y fortalecer los vínculos entre los datos y las políticas públicas.

“Los países que quieran hacer frente a la desigualdad económica pueden empezar por atajar otras desigualdades, como las existentes en la salud y los derechos reproductivos, y derribar las barreras sociales, institucionales o de otra naturaleza que impiden que las mujeres alcancen su pleno potencial”, concluye la directora ejecutiva de UNFPA, la doctora Natalia Kanem.

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