lunes, 11 de diciembre de 2017

EN MATERIA AEROESPACIAL CHILE HA SIDO SUPERADO POR PERÚ, BOLIVIA E INCLUSO VENEZUELA



Chile podría quedarse ciego a nivel satelital en cualquier momento. Su único satélite Fasat Charlie -cuya garantía quinquenal caducó en diciembre de 2016, y cuya vida útil debería terminar el próximo año- no sólo no tiene reemplazante a la vista, sino que además podría dejar de funcionar en cualquier momento.
El satélite es clave no sólo para temas de defensa, sino también usos civiles como la agricultura, la minería o el control de desastres naturales como los incendios del verano pasado. Sin él, Chile depende de otros países -como Estados Unidos, Israel o China- para cualquiera de estos asuntos.
Una serie de factores -la falta de una Agencia Chilena del Espacio, su uso dual (civil y militar), los casos de corrupción en las platas de la Ley Reservada del Cobre, y la falta de una decisión política, según dos expertos consultados por este diario, que pidieron el anonimato- se han conjugado para llegar a un punto muerto en la materia, que tendrá que resolver el próximo gobierno.
El próximo Presidente deberá decidir si quiere otro satélite óptico -como el actual-, uno radárico, que a diferencia del anterior tiene la ventaja de funcionar también de noche o en la neblina, o uno de telecomunicaciones. Lo ideal, dicen los entendidos, es contar con uno de cada tipo.
En la era digital Chile requerirá de satélites "para que las telecomunicaciones e internet sea cada vez más robusta, potente y de mejor calidad o obtener información a través de fotografías de alta resolución para anticipar o prever desastres, aprovechar mejor los fenómenos climáticos, tener una visión del desarrollo de las ciudades, etc.”, ha señalado el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro de la Cámara Alta, uno de los más preocupados en este tema.
El próximo mandatario deberá disponer además si resucita la Agencia Chilena del Espacio, desaparecida en 2013 tras doce años de existencia, y si se acuerda de manera transversal una política satelital para las próximas décadas de una vez por todas.
La importancia de tener un satélite
¿Cuál es la importancia de contar con un satélite propio? Chile necesita uno por su geografía, sismicidad y cobertura comunicacional. Además sus usos son múltiples, y según los expertos, por cada dólar invertido en política espacial, el retorno al menos se triplica.
Además un aparato de este tipo implica la creación de un sistema satelital, que comprende la formación de especialistas, la adquisición de know-how, transferencia tecnológica, porque la información no sólo hay que procesarla, sino también distribuirla.
Reemplazar el Fasat Charlie no es sólo un tema de costo-beneficio, destaca la rusa Marina Stepanova, física y académica de la U. de Santiago, sino que está relacionado a "la política de desarrollo del país".
"Comprar las imágenes afuera es pan para hoy y hambre para mañana, porque a la larga uno nunca va a crecer en términos tecnológicos como país. Y todo lo que tiene la humanidad actualmente es producto de dos cosas: Guerra Fría y la carrera espacial. ¿Queremos que en 30 ó 50 años Chile sea un mero vendedor de vino, pescado y cobre, o diversificar su matriz tecnológica?".
"El proyecto para el reemplazo del satélite FASat-Charlie fue presentado al Ministerio de Defensa, y se encuentra en su proceso de aprobación", indican desde la FACH. "El fabricante y valor dependerá de los recursos que se autoricen para esta inversión tecnológica".
Alta precisión
Hoy estos aparatos tienen tal precisión que pueden detectar el ingreso de ganado con aftosa a través de un paso fronterizo clandestino, que eventualmente podría causar graves daños a la industria nacional y a la larga causar un alza de precio en este producto.
La resolución del Fasat Charlie, por ejemplo, es de 1,5 metros, "lo que significa, en términos simples, que una persona en Santiago puede ver a otra que anda en Concepción en un city car", el académico Rolando Hérnandez, uno de los impulsores del Fasat Charlie y miembro de la Comisión Científico Técnica de ocho integrantes que asesora al Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, que hoy está a cargo del tema.
En el sector agrícola, en un tiempo de escasez de agua, un satélite puede ayudar a decidir donde regar y con qué intensidad, algo clave para el sector exportador en la era de la "agricultura inteligente".
En el sector minero, un sector estratégico para Chile, son usados para detectar nuevos yacimientos.
En caso de un terremoto, un satélite de comunicaciones puede ayudar a impedir que el país queda incomunicado, como ocurrió en 2010.
Los incendios del verano pasado, por otra parte, también demostraron la necesidad de contar con información precisa para evitar pérdidas humanas y económicas.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la FACH y algunas universidades, ninguna de estos usos ha sido suficiente para evitar que Chile se haya quedado atrás en esta materia. La única excepción es el nanosatélite Suchai, el primer aparato fabricado íntegramente en Chile y que la Universidad de Chile lanzó en junio pasado, aunque no tienen comparación: mientras éste pesa un kilo, el Fasat Charlie alcanza los 130 kilos.
Un apagón satelital no sólo tiene consecuencias para el sector de defensa. A nivel civil implica "un costo de la información,  la capacidad de manejo de ella y la velocidad con que uno puede organizar la adquisición de información para algún evento de urgencia en el país", advierte Hérnandez.
"Desde el punto de vista país me parece grave, porque además el satélite debió haber sido parte de un sistema de observación de la Tierra, el cual además debería haber tenido ya desde hace tiempo atrás una adecuada institucionalidad para articular y coordinar todas las acciones tendientes a tener información de utilidad al país".
Finalmente, "hay decisiones que son de voluntad política, hay una agenda de prioridades que uno no maneja y que dependen en última instancia de las autoridades de turno. A los ojos míos, este tema no tiene una prioridad por el momento, aunque un satélite sea un aporte al desarrollo del país", remata.
Chile se queda en el pasado
Un experto señala que en la década de los 90, Chile estaba a la par de Corea del Sur en la materia, con estudiosos de ambos países especializándose en Europa. Pero mientras nuestro país no hizo mayores progresos y perdió energía en proyectos sin resultados hasta hoy, como poner a un astronauta en órbita, Seúl realizó una fuerte inversión tecnológica lo que, sumado a la creación de una sólida institucionalidad propia, hoy le permite fabricar sus propios aparatos, que incluso ha ofrecido a Chile.
Sin embargo, lo más preocupante es lo que sucede entre los vecinos de nuestra región, donde Chile también ha retrocedido varios puestos en los últimos 15 años. Si en 2001 Chile era tercero, sólo superado por Brasil y Argentina, hoy está en sexto puesto, y ha visto cómo pasan a la delantera vecinos como Perú, Bolivia e incluso Venezuela, advierte el experto.
Hace un año, por ejemplo, Perú colocó con éxito en el espacio su satélite PerúSAT1,con el que pasó a liderar la capacidad de observación en Latinoamérica, donde hasta entonces Chile ocupaba un lugar destacado.
Lima no trepidó en recursos y gastó US$200 para comprar este aparato a EADS, el mismo consorcio europeo que fabricó el Fasat Charlie por US$72 millones en 2008, hace casi una década. Su resolución es de 0,7 metros, la mitad que el Fasat Charlie.
Bolivia gastó US$300 millones por su primer satélite, el Túpac Katari, que lanzó en 2013, mientras Venezuela envió al espacio en octubre su tercer aparato, el Sucre, tras otros dos en 2008 y 2012. Ambos países contaron con tecnología china. Argentina, en tanto, con un largo historial desde 1990, lanzó ya en 2014 un satélite fabricado íntegramente en el país, mientras Brasil mandó al espacio en mayo pasado un aparato por US$ 800 millones.
Las causas del punto muerto
El tiempo que pasa entre la compra de un nuevo aparato, su fabricación y la puesta en órbita es de entre dos y tres años. Por lo tanto, si el Fasat Charlie, con un periodo de garantía de cinco años, fue lanzado en 2011, ya en 2013 se debería haber pensado en el próximo reemplazo. Pero no fue prioridad de ese gobierno ni del actual.
Sólo el Estado Mayor Conjunto activó en 2014 el Proyecto Catalejo para reemplazar el Fasat Charlie. El mismo "se encuentra en la etapa de aprobación del Ministerio de Defensa Nacional", según informó la FACH ante una consulta de este medio.
Lo concreto es que desde el lanzamiento del Fasat Charlie han pasado seis años, y ni siquiera hay acuerdo sobre qué aparato comprar -sólo que su nombre sería el Fasat Delta- y cuando ponerlo en órbita.
¿Pero cómo se llegó hasta este punto? ¿Por qué Chile acumula tanto retraso? Son varios los factores, según dos fuentes consultadas al respecto.
Primero, ha habido una historial de, si quiere calificarse así, malas experiencias. Al fracaso del primer satélite chileno, el Fasat Alfa, que fue lanzado en 1995 pero que por un problema técnico nunca puso separarse de su satélite madre, se sumó que su reemplazante, el Fasat Bravo, enviado al espacio en 1998, dejara de funcionar tres años después por un problema de baterías.
A esto se suma que con el propio Fasat Charlie no todo ha sido color de rosa, aunque técnicamente su desempeño ha sido impecable, según destaca Hernández.
Aunque la cooperación cívico-militar no ha sufrido mayores roces, la FACH es cuestionada por vender las imágenes que produce el satélite a otras instituciones del Estado, excepto se trate de situaciones de emergencia. Cada imagen vale unos US$200, un ítem que ha permitido recaudar a la FACH $700 millones anuales.  La irregularidad de cobros entre entidades estatales incluso fue denunciada por el gobierno de Piñera en 2014.
Segundo, falta institucionalidad. En 2001 se creó la Agencia Chilena del Espacio (ACE), que funcionó como comité asesor de la presidencia, y que sería el encargado natural de la política satelital del país. Sin embargo, nunca se constituyó como organismo autónomo ni tampoco pudo fijar una política de Estado, lo que lo dejó a merced de los vaivenes de los cambios de gobierno. Su última ubicación fue en el Ministerio de Economía.
De hecho, por eso mismo dejó de funcionar en 2013, al ser reemplazado por el Consejo de Ministros para el Desarrollo Digital y Espacial.
Hoy está a cargo el Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, que incluye a Transportes, Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Economía, Fomento y Turismo, Desarrollo Social, Educación, Agricultura y de Bienes Nacionales.
Cualquiera se puede imaginar la dificultad en coordinar estas reparticiones en un tema tan complejo por el espacio exterior. Por eso una idea que ronda en la actualidad es que la ACE funcione al interior del futuro Ministerio de Ciencias, una repartición que eventualmente podría constituirse en enero próximo de ser aprobada en el Congreso.
Como sea, la ausencia de un ente que centralice la política espacial, ha sido perjudicial para que el sector civil puje con fuerza en este tema.
Tercero, el uso dual del satélite -civil y militar- es otro factor que suma complejidad. No sólo hay una puja al interior de las Fuerzas Armadas -donde el Ejército, la Armada y la Fach no conciden en el tipo de satélite a adquirir- sino que además deben consensuar civiles y militares.
Cuatro, el "Milicogate". Históricamente los satélites ha sido adquiridos mediante la Ley Reserva del Cobre, de decir, con fondos destinados a fines militares, y quedado bajo tutela de la FACH, por su expertise como institución aeronáutica. Pero los casos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, con fondos malversados en la misma ley, han dejado en mal pie a los militares para pujar por una nueva adquisición. Sólo en el periodo 2010-2014 el desfalco mencionado alcanzó los $5.000 millones de pesos (unos US$7 millones).
Quinto, el calendario electoral. La incertidumbre sobre el gobierno que reemplazará a Bachelet -en momentos en que Piñera y Guillier marcan un empate técnico- imposibilita tomar cualquier decisión. Toda la política satelital realizada hasta el momento fue impulsada primero por la Concertación y luego por la Nueva Mayoría. La derecha se limitó a ejecutar el lanzamiento del Fasat Charlie y a eliminar la ACE.
En octubre pasado, el senador Girardi visitó el Grupo de Operaciones Espaciales (GOE) de la FACh, ubicado en la Base Aérea El Bosque de la capital.
Girardi calificó la visita como “un verdadero privilegio”, lamentó que “estos desafíos en Chile no sean prioridad” y agregó que “acá veo un inmenso potencial y capacidad de una Fuerza Aérea que está a nivel de cualquier país desarrollado, pero del punto de vista de la conciencia y decisiones política totalmente subutilizada”.
Para el parlamentario “explorar el espacio será el principal desafío de la humanidad, ya algunos científicos como Stephen Hawking afirman que debemos continuar nuestra aventura evolutiva en otros mundos y los centros astronómicos buscan planetas habitables o con vida y Chile se está quedando en la Edad de Piedra”.
El legislador afirmó que “el desafío es tener una Agencia Espacial y una política satelital que no sea marginal sino prioritaria y desarrollar una infraestructura digital acorde a los desafíos que se nos vienen”.
Nuevo satélite
Según todos los cálculos, Chile tendría que estar dispuesto a desembolsar entre US$130 y US$ 300 millones por el próximo, según el tipo de características que le interese. Y si bien se podría haber acordado en su momento un reemplazo del Fasat Charlie con el mismo fabricante, no hubo una decisión política al respecto.
Todo está en manos del Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y el Ministerio de Defensa (incluidas las Fuerzas Armadas).
"El proyecto para el reemplazo del satélite FASat-Charlie fue presentado al Ministerio de Defensa, y se encuentra en su proceso de aprobación", indican desde la FACH. "El fabricante y valor dependerá de los recursos que se autoricen para esta inversión tecnológica".
Al Ministerio de Defensa se le presentaron tres alternativas de solución con diferentes niveles de cumplimiento de las necesidades detectadas, y en consecuencia con diferentes niveles de inversión, según la FACH.
El natural reemplazo del FASat-Charlie, como política de Estado, considera un satélite de observación óptica de la Tierra, pero con mejores prestaciones de resolución y agilidad, a fin de satisfacer la demanda de usuarios que son más exigentes en la actualidad, según esta entidad.
También habrá que resolver el tema de la transferencia tecnológica. Venezuela, por ejemplo, compró tecnología china, pero acordó que su aparato se fabrique en el país sudamericano. Después de todo, como destaca Stepanova, los satélites se venden a diez veces su valor de fabricación. De ahí que vale la pena pensar en el futuro.





BOLIVIA. EVO NO QUIERE SOLTAR EL BASTÓN DE MANDO

La búsqueda de un cuarto período como presidente puso a Morales en el foco de la polémica y volvió a dividir al país

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
                                                                                                        
Por Pablo Estefanoni.- En Bolivia, las jornadas electorales están regidas por el Auto de Buen Gobierno que, entre otras cosas, prohíbe la circulación de vehículos. Se trata de una regulación que tiene por objeto dificultar los traslados para que la misma persona no vote dos veces. Sin embargo, hoy, con un padrón biométrico, la medida perdió su sentido original, que era evitar el fraude. Con todo, a la gente le gusta tener un día en el que los peatones son los dueños de las ciudades, y el domingo pasado no fue la excepción. Sólo que no se trató de una elección habitual: esta vez, como en 2011, los bolivianos fueron convocados a votar jueces para los tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.
Pocos sabían a quién votar, ya que la ley no permite hacer campaña a los candidatos a magistrados. Ese clima resultó propicio para que calara la consigna de la oposición a Evo Morales, que convocó a la ciudadanía a impugnar el voto como forma de protesta contra el gobierno. El foco estaba puesto en el virtual dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional que, en efecto, fue difundido el 28 de noviembre y habilitó la reelección indefinida de todos los cargos electivos, incluido el del presidente. Pocos creyeron en la declaración de Morales, que dijo que el fallo lo tomó por sorpresa: desde el referéndum vinculante del 21 de febrero de 2016, cuando se consultó precisamente sobre la posibilidad de una nueva reelección y una estrecha mayoría votó por "No", la búsqueda de otras vías para la reelección consumió la mayor parte de las energías oficiales.
El tribunal encargado de interpretar la Constitución -que sólo permite una reelección consecutiva- dictaminó, basándose en su interpretación del Pacto de Costa Rica, que el derecho a "elegir y ser elegido" está por encima de las restricciones constitucionales de Bolivia. Y que ese derecho fundamental vale también para el presidente. La oposición consideró el fallo un agravio mortal al Estado de derecho.
"Evo Morales, finalmente, ha cruzado el río que separa la democracia del totalitarismo", escribió el ex presidente Carlos Mesa en una columna en el periódico Página 7. Pero desde el gobierno insisten en que es "el pueblo" el que debe saldar la cuestión votando en 2019, cuando Evo irá por su cuarto mandato. Entretanto, los opositores señalan que ese pueblo ya zanjó la cuestión en el referéndum. En esta disputa por la voluntad del pueblo transcurre la política boliviana actual.
"Yo no estaba tan decidido, pero frente a esta amenaza del Departamento de Estado, que dice que yo debo renunciar a la candidatura en 2019, ahora estoy decidido y voy a ser candidato, hermanas y hermanos. Todo por bronca contra los Estados Unidos", lanzó Morales durante un discurso en la entrega de una escuela en el departamento de Cochabamba. En el ideario de Evo, más práctico que teórico, el antiimperialismo que moldeó su pensamiento desde su época de dirigente campesino cocalero es uno de sus sedimentos más duros.
En programas de Radio Líder, ubicada en El Alto (4100 metros de altitud) y opositora a Morales, los llamados de los oyentes hablaban de "dictadura" y proponían usar el voto nulo en la elección del pasado domingo para repetir el mensaje del referéndum del 21 de febrero, que para la oposición representó el "día de la democracia".
Así resultó: algo más del 50% impugnó el voto, a lo que se sumó casi un 15% de votos en blanco, lo que relegó el voto a algún candidato a alrededor del 35%, según el tribunal elegido. Ya en 2011, el voto nulo había conseguido más del 40%. En ese entonces la razón fue el desconocimiento de los candidatos a jueces; el domingo, ese desconocimiento se repitió, pero se sumó el mensaje plebiscitario contra la reelección.
Sin embargo, los porcentajes parecieron conformar a todos: el gobierno esperaba un escenario peor y, con los datos del conteo provisorio, se sintió en alguna medida aliviado; la oposición, por su parte, conseguía pasar el techo simbólico de la mitad más uno.
Pero precisamente porque todos están contentos es que la batalla política se mantiene abierta. Evo es un candidato fuerte y, en varios sentidos, un presidente que está los 365 días del año en campaña. Desde hace doce años se sostiene en una poderosa intuición política, en el control de un Estado con recursos económicos y en una economía que, a diferencia de la Venezuela de Nicolás Maduro, ofrece resultados que son elogiados incluso por los organismos internacionales del capitalismo global.
La expansión de restaurantes sofisticados, de la construcción y de autos de alta gama es sólo uno de los resultados más visibles de esta década en la que la economía boliviana mantuvo niveles de crecimiento de alrededor del 5% anual.
En las redes sociales aparecen críticas a la tibieza de los empresarios para enfrentar la reelección. También quienes hacen negocios en la populosa calle Huyustus de La Paz, donde la llamada "burguesía chola" puede vender desde plasmas de 65 pulgadas hasta todo tipo de ropa, parecen aprovechar el boom. El núcleo del descontento se ubica en las clases medias urbanas, con activa participación en las redes sociales: desde el referéndum de 2016, los memes comenzaron a ser una variable no despreciable de la erosión del gobierno, y Morales se volvió desde entonces un presidente tuitero.
Con un récord de permanencia en el poder en un país históricamente remiso a las reelecciones, Evo parece transitar por dos caminos que en principio resultan inconciliables: el de presidente electo democráticamente por los mecanismos de la democracia representativa y el de líder de indígenas y campesinos que "llegaron al poder para quedarse".
Las dos juras presidenciales de 2006 -ante el Congreso y ante las ruinas de Tiwanaku, con atuendos "ancestrales"- son las dos imágenes del "desacuerdo" fundante de la presidencia del todavía hoy líder cocalero boliviano. En la decisión de Morales de ir por otro período hay una razón, sin duda, prosaica: permanecer en el poder, con sus beneficios inherentes. Pero también juega con la idea de que su misión es demasiado trascendente como para quedar sujeta al humor cambiante de mayorías circunstanciales y estrechas, como la del referéndum. En esta tensión se jugará el destino del proceso boliviano, que hoy se mueve entre la democracia pluralista y el forzamiento de las instituciones y el culto a la personalidad.
Los costos de la reelección por vía judicial (el gobierno no se atrevió a convocar otro referéndum) serán elevados, tanto en el interior de Bolivia como en el exterior, donde Morales se construyó como un figura-emblema seguida por millones de personas alrededor del globo. Uno de ellos es el retorno de la polarización, que se había debilitado en 2014, cuando Morales ganó incluso en la esquiva región agroindustrial de Santa Cruz.
Un socialismo que se apoya en el mercado
Por Pablo Stefanoni
El ex ministro de Economía boliviano Luis Arce Catacora dijo alguna vez que el socialismo debía convivir con la estabilidad macroeconómica. Arce se mantuvo once años como titular de esa cartera, todo un récord en el país, y salió por motivos de salud, no de gestión. Desde la campaña por la reelección de 2014, y para justificar su permanencia en el cargo, el presidente boliviano Evo Morales se presentó como el garante de la estabilidad más que de la "revolución".
Grandes medios internacionales se refirieron a él como un "populista prudente". Además, elogiaron el crecimiento económico sostenido y su política fiscal disciplinada. "Bolivia: tres claves del éxito económico del país que más crece en América del Sur", tituló la BBC un informe publicado en octubre. Evo siempre quiso ser un indígena modernizador, y hoy por ejemplo la nueva red de teleféricos manejados por la Empresa Estatal de Transporte por Cable es una de las nuevas postales paceñas.
Sin duda, Bolivia sigue dependiendo de sus materias primas (gas, minerales y soja) y arrastra muchas inequidades históricas. Sin embargo, las reservas monetarias acumuladas -que llegaron al 50% del PBI- le permitieron un aterrizaje suave. En estos ocho años de "revolución democrática y cultural" fueron quedando atrás algunas de las utopías iniciales del "proceso de cambio", como la del indianismo radical, el anticapitalismo o el socialismo comunitario. La que se mantiene en pie es la de la inclusión, la de una foto de familia que incluya verdaderamente a todos los habitantes de Bolivia. Pero esta utopía transcurre por diferentes vías y algunas de ellas, paradójicamente, son el mercado, el consumo y la movilidad social ascendente.
Los cholets (chalets cholos) de El Alto, con su disruptiva estética, o la cantidad de funcionarios de origen indígena, son caras diversas del mismo proceso.
La paradoja boliviana reside, quizás, en que el otrora líder cocalero que bloqueaba las rutas y generaba "caos" fue quien más avanzó, desde el gobierno, en volver a Bolivia un país más "normal". Pero esa normalidad podría debilitarse con la perseverancia reeleccionista, un viejo hábito latinoamericano que pone en jaque los principios de la democracia republicana.





Violando la Constitución
                                                                                                                                                                                  
REELECCIÓN, FENÓMENO ELECTORAL VULNERADO EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
                                                                               
Carlos Romero, internacionalista y profesor universitario, indica que la reelección ha sido un tema trascendental y a la vez problemático en la historia reciente de América Latina. La Organización de Estados Americanos solo puede ejercer presión para que se respete la materia electoral en estos casos

El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
                                                                         
Bolivia, Nicaragua y Honduras conviven con fases de tensión política y social en los últimos años,  pues los mandatarios de estos países manipularon el factor de la reelección controlado por sus Constituciones y cuestionado por los organismos internacionales, alterando la continuidad democrática.
El escenario se repite generalmente en Latinoamérica y los resultados no siempre son favorables. Este arbitraje provoca alarma en parte de la sociedad de un país y suscita un mar de incertidumbre en la misma.
En Ecuador el panorama es antagónico pero no deja de ser polémico. El presidente Lenin Moreno, en medio de disputas con el exmandatario Rafael Correa, aprobó  por decreto sin esperar el dictamen de la Corte Constitucional, una consulta popular para determinar si los ciudadanos optan por suprimir la reelección indefinida.
Son numerosos los casos que se han presentado en la región, dónde mandatarios dispuestos en el poder, buscan establecer imposiciones y alterar puntos clave en materia electoral. Todos estos  contextos surgen  violentando la Constitución de cada uno de los países que ya establecen esas posibilidades.
Carlos Romero, internacionalista y profesor universitario, indica  que la reelección ha sido un tema trascendental y a la vez problemático en la historia reciente de América Latina.
En la colectividad suele trascender la pregunta de cuál organismo internacional posee potestad para aclarar estos casos que terminan desafiando la verdadera democracia e  implantando un conflicto político y social por la manera en que son enmendados los cambios.
La Organización de Estados Americanos (OEA), instaurada hace casi 70 años y que busca fomentar en los estados miembros la justicia y paz, se encarga de ejercer medianamente presión en los países de la región al momento de germinar una crisis de esta índole. Sin embargo, Romero explica que este organismo garante “sólo puede condenar este tipo de interpretaciones negativas para la vida democrática”.
Romero acentúa que las reelecciones presidenciales son catastróficas, “un ejemplo notable es como en el segundo mandato de Correa o el cuarto gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua no brotaron resultados positivos como pasó en sus primeros mandatos”.
“En Honduras vemos un claro y abierto reto al derecho internacional y al derecho interno del país por la manipulación que ha hecho el presidente al resultado electoral que está buscando la reelección” señala Romero en relación a lo que ocurre actualmente en ese país.
La oposición de Honduras, encabezada por el candidato Salvador Nasralla y el expresidente derrocado por también buscar la reelección, Manuel Zelaya, solicitaron un nuevo escrutinio ante presencia de observadores de la OEA, Unión Europea por irregularidades en el proceso.
Bolivia no se aparta de esta insistencia. Hace unos días el presidente  Evo Morales consiguió que el Tribunal Constitucional aprobara un decreto para definir la reelección indefinida en el país.
Por su parte, Ecuador refleja “una competencia  del dominio de la política en ese país entre Correa  y Moreno”,  según el internacionalista.  “Todo esto de una manera u otra afecta el desenvolvimiento de la vida democrática en la región” puntualiza Romero.
Derecho interno infringido
Los cambios que puedan hacerse en la Constitución  de un país para alterar las medidas  electorales del mismo, y llevar adelante los procesos de reelección, o dictámenes de un Tribunal Supremo “son de derecho interno, y la comunidad internacional solo puede presionar más no cambiar el estatuto electoral porque sería un elemento claro de injerencia”, asegura.
Un personaje que permanece en el poder de un país bajo el dictamen de la reelección despliega subversión en algunas partes sociales e “impide la posibilidad de circulación de las elites y  lleva a convertir la política en un tema de personalismo que le ha hecho mucho daño a América Latina”, afirma Romero.
“La materia electoral es factor de derecho interno de un país y no está sujeta al derecho internacional. No se ha desarrollado a tal punto de pensar que la comunidad internacional  pueda en un momento dado definir para bien o para mal el tema de la reelección”, concluye Romero.
El analista político Carlos Alberto Montaner declaró en una ocasión para la cadena CNN que “una república constitucional no es exactamente una democracia electoral mayoritaria”. Los mandatarios se ven obligados con la no reelección a hacer lo mejor posible pues no tendrán una nueva oportunidad para remendar las fallas, determina el analista. 





NICARAGUA Y BOLIVIA: ¿DICTADURAS INSTITUCIONALES?

Si bien el régimen venezolano merece atención internacional y hace falta presión colectiva para restaurar el orden democrático allí, también se debería prestar atención a lo que está pasando en estos otros dos países. Ya han dejado de ser democracias híbridas, y están más cerca de ser dictaduras institucionales.

Portafolio de Colombia (www.portafolio.co)
                                                                                   
Mientras todos observamos cómo Venezuela se ha convertido en una dictadura, se ha prestado poca atención a la desaparición en cámara lenta de la democracia en otros dos países: Nicaragua y Bolivia. Si siguen así, bien podrían estas dos naciones pasar a ser llamadas ‘dictaduras emergentes’ de América Latina.
La gradual erosión de las libertades en Nicaragua y Bolivia me vino a la mente cuando entrevistaba hace pocos días a Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense y exvicepresidente sandinista que muy merecidamente acaba de ganar el codiciado premio Cervantes de Literatura, considerado por muchos como un premio nobel del mundo de habla hispana.
Ramírez, a quien conozco desde sus días en el gobierno sandinista en la década de 1980, rompió filas con el exlíder sandinista y actual presidente Daniel Ortega a principios de los años noventa. En 1996, Ramírez se postuló para presidente como líder de un partido de izquierda democrático que fundó, y luego de perder esa elección, abandonó la vida política para dedicarse de lleno a la escritura y el periodismo.
Tras convertirse en el primer escritor centroamericano en ganar el premio Cervantes, Ramírez recibió llamadas de felicitación de todo el mundo, y la noticia fue celebrada por muchos en Nicaragua. Pero no hubo un llamado de felicitación de Ortega, ni reconocimiento alguno de su gobierno.
Cuando le pregunté a Ramírez cómo describiría políticamente a Nicaragua, respondió que “no es una democracia”. También criticó duramente al régimen de Venezuela, señalando que su presidente, Nicolás Maduro, está tratando de “despoblar el país de todos los líderes de la oposición” para quedarse con poderes absolutos.
Pero Ramírez me dijo que, desafortunadamente, “casi nadie se ocupa de lo que ocurre en Nicaragua”. Nicaragua ha celebrado recientemente elecciones municipales, en las que el régimen de Ortega ganó fraudulentamente a todos, menos 15 de los 155 municipios en juego, y no hubo protestas internacionales al respecto, dijo.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó estas elecciones municipales, a pesar de que fueron supervisadas por “un tribunal electoral sin ninguna legitimidad”, me dijo Ramírez.
Añadió que “por eso veo a la OEA como un tanto esquizofrénica: mientras tiene una crítica muy fuerte para la situación en Venezuela, en Nicaragua lo que hace es venir a dar una bendición”.
Preguntado al respecto, un alto funcionario de la OEA me señaló que “mientras las recientes elecciones municipales en Nicaragua pudieron tener deficiencias, no fueron fraudulentas”.
De cualquier manera, hay pocas dudas de que Ortega –que gobernó entre 1985 y 1990 y fue reelecto en el 2007– ha ido erosionando gradualmente la democracia en Nicaragua. Siguiendo los pasos de Venezuela, ha cooptado prácticamente todas las instituciones estatales, incluido el Tribunal Electoral, la Corte Suprema y el Congreso.
Además, el régimen izquierdista de Ortega, en una alianza tácita con el partido derechista del expresidente Arnoldo Alemán, ha inhabilitado a varios partidos de oposición.
Y gran parte de la clase empresarial de Nicaragua ha permanecido vergonzosamente callada, bajo un acuerdo no escrito por el cual Ortega permite que los empresarios hagan prácticamente lo que quieran, con tal de que no lo critiquen.
Ortega ganó una muy dudosa reelección presidencial en el 2011, en la cual tenía prohibido constitucionalmente volver a postularse. Ahora, hay una “concentración del poder en una sola mano”, me dijo Ramírez.
En Bolivia, mientras tanto, la situación es parecida. El presidente Evo Morales ocupa el cargo desde el 2006, y se está postulando para un cuarto mandato consecutivo en el 2019, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, y de que perdió un referendo el año pasado que él mismo convocó para cambiar la Constitución y volver a postularse.
Muchos políticos de la oposición boliviana han sido expulsados o forzados al exilio, y según un decreto del 2013, Morales tiene amplios poderes para intervenir grupos independientes de la sociedad civil. Sin embargo, como en Nicaragua, pocos fuera del país están prestando atención.
Si bien la dictadura venezolana merece atención internacional y hace falta presión colectiva para restaurar el orden democrático allí, también se debería prestar atención a lo que está pasando en Nicaragua y Bolivia. Ya han dejado de ser democracias híbridas, y están más cerca de ser dictaduras institucionales.





LOS ERRORES VENEZOLANOS DE LA OPOSICIÓN BOLIVIANA

Perú 21 (www.peru21.pe/opinion)
                                                           
  




LA IZQUIERDA AÚN VIVE EN AMÉRICA LATINA

El Diario NTR de México (www.ntrguadalajara.com)
                                                                 
La izquierda en América Latina enfrenta un mal momento, pero el ciclo progresista no ha finalizado: puede resurgir con fuerza si mejora y aprende de sus propios errores. Ésa podría ser la conclusión de una extensa mesa redonda celebrada en Montevideo y en la que participaron el ex presidente uruguayo José Mujica, su colega brasileña Dilma Rousseff y el actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, además de Estela de Carlotto, presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo.
 “Entiendo que la izquierda en América Latina tiene que luchar por renovar su pensamiento”, dijo Mujica ante una multitud que colmó el auditorio de la municipalidad de Montevideo y varias salas contiguas a las que se retransmitió la mesa redonda por circuito cerrado de televisión.
Como parte de esa renovación, el ex presidente uruguayo y hoy senador sostuvo que las fuerzas de izquierda deben preocuparse por la vida cotidiana de la gente, procurando que cada persona tenga más tiempo para sí misma. Reclamó, por ejemplo, un mejor diseño urbanístico para que los trabajadores no pierdan horas de su vida en ir y volver de sus empleos.
“La izquierda tiene que incorporar la lucha por la felicidad humana y no sólo la lucha por el desarrollo”, sostuvo.
Mujica coincidió con García Linera en que el progresismo latinoamericano debe superar fenómenos de corrupción que han minado sus gobiernos.
“No se puede criticar a los burgueses y vivir como un burgués”, afirmó Mujica sin señalar a quién se estaba refiriendo, afirmación que provocó una ovación de los presentes.
García Linera dijo que caer en la corrupción es una desgracia más grave que perder una elección, “porque es una derrota moral que a la izquierda le va a demorar décadas superar”, y sostuvo que los gobiernos izquierdistas deben asumir que un buen manejo de la economía es ineludible.
“Si la economía falla, la política falla. Si la economía va bien, la política puede ir bien”, afirmó.
García Linera remarcó que en la última década la vida en América Latina mejoró gracias a los gobiernos progresistas: señaló que los pobres cayeron de 210 a 140 millones, lo que supuso que 70 millones dejaran de preocuparse por su sustento diario. También remarcó que entre 2000 y 2015 el gasto social continental pasó del 10 al 15 por ciento del producto interno bruto (PBI).
“Pero hoy no es un buen momento para la izquierda y hay que decirlo”, manifestó. “Las cosas no están como hace cinco años, pero no es cierto que el ciclo progresista se haya acabado. La izquierda tiene que volver a levantar las banderas de la justicia social y la igualdad”, agregó. “Mientras haya injusticia y desigualdad en el continente, la izquierda tiene futuro”.
El discurso menos autocrítico fue el de Rousseff, quien fue presentada una y otra vez como presidente de Brasil y se declaró víctima de un golpe de estado.
El panel cerró un congreso continental de la Asociación Latinoamericana de Sociología y fue organizado en conjunto por esa institución y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
“Las cosas no están como hace cinco años, pero no es cierto que el ciclo progresista se haya acabado. La izquierda tiene que volver a levantar”. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia





DARKO ZUAZO: "MI PAÍS (BOLIVIA) OFRECE OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA"

El Economista de España (www.eleconomista.es)

Darko Zuazo preside desde 2011 el Banco Mercantil Santa Cruz, la mayor entidad financiera privada de Bolivia. Ahora, está totalmente volcado en la construcción de la mayor torre de oficinas del país, un proyecto en el que colabora la empresa leonesa Tvitec y que quiere ser emblema del papel activo de su grupo en el despegue económico del país que más crece en Hispanoamérica.
Para situarnos, ¿qué peso tiene el Banco Mercantil Santa Cruz en el mapa financiero de Bolivia?
Desde 2006, en el que tuvimos un crecimiento importante por adquisiciones, somos el banco más grande de Bolivia en prácticamente todos los indicadores: activos, pasivos, oficinas, patrimonio... Tenemos 130 oficinas y alrededor de 700.000 clientes.
¿Cómo prevén cerrar este ejercicio?
En la historia del banco siempre ha habido beneficios, a veces más altos y otras veces más bajos, pero siempre en positivo. Este año vamos a crecer y yo diría que vamos a lograr un beneficio histórico para el banco.
¿Es Bolivia un país interesante para las empresas españolas?
Sí. Una de las cosas que tiene Bolivia es que posee, además de una enorme belleza, muchos recursos naturales y, al ser un país a veces olvidado, ofrece muchas oportunidades. Un claro ejemplo es nuestro grupo, que sigue invirtiendo solamente en Bolivia, no tenemos inversiones en otros países, y hay muchas oportunidades y mucho por hacer, mucho crecimiento por delante.
Además, el Gobierno tiene un plan de inversión en marcha de 48.000 millones hasta 2020...
Ya hay muchas compañías españolas, especialmente en el sector de la construcción, en el que durante los últimos años ha habido un gran crecimiento de las empresas, entre ellas las españolas, y el Gobierno va a seguir invirtiendo, especialmente, en infraestructuras.
En un país en el que el Estado controla el 45% de la economía, ¿es fácil el negocio bancario?
El negocio bancario es complicado en todas las partes del mundo porque viene de la mano de la salud del país. En momentos de ciclo económico positivo, generalmente a la banca le va bien, pero cuando hay ciclos negativos es muy duro también y exige adoptar políticas conservadoras para sobrellevarlos.
El Banco Mercantil de Santa Cruz ha recibido muchos premios. Estamos hablando de una entidad de primer nivel...
En tecnología, en administración es un banco muy sólido. Nosotros somos el banco más grande, pero dado el tamaño del país, el sistema financiero es mucho más pequeño que el de otros países.
El pasado año compraron el Banco Pyme. ¿Habrá nuevas operaciones a la vista?
Las compras que se han hecho durante los últimos años no vienen de un plan estratégico, sino de las oportunidades que van llegando. No tenemos plan de seguir comprando, pero sí de seguir creciendo aunque desde un punto de vista orgánico, pero siempre mirando oportunidades.
¿Cuál es el principal reto de la economía boliviana?
El principal reto hoy por hoy es el precio del petróleo y del gas, que es nuestro principal producto de exportación y el ingreso más importante para Bolivia. No creo que el precio del gas vuelva al que tenía cinco o seis años atrás, pero por lo menos que no baje a los precios a los que estaba hace dos años.





TVITEC VESTIRÁ EL EDIFICIO MÁS EMBLEMÁTICO DE BOLIVIA

El Economista de España (www.eleconomista.es)
                                                                                      
Tvitec, la principal transformadora de vidrio arquitectónico de altas prestaciones de nuestro país y una de las más importantes de Europa, desarrollará su primer proyecto en Bolivia.
Se trata del acristalamiento de una torre de 30 pisos en la localidad de Santa Cruz, la capital financiera del país, promovido por el mayor grupo bancario privado boliviano, que se destinará al alquiler de oficinas para grandes compañías multinacionales.
Una delegación del Banco Mercantil de Santa Cruz, con su presidente a la cabeza, Darko Zuazo Batchelder, visitó la pasada semana las instalaciones de la compañía leonesa para dar a conocer a la prensa boliviana los detalles de un proyecto que estará concluido en la primavera de 2019 y que pretende convertirse en uno de los edificios emblemáticos de Bolivia.
La torre, con un presupuesto de 50 millones de euros, de los que el 20% se dedicarán a sufragar la fachada y el acristalamiento con vidrio de altas prestaciones de Tvitec, dispondrá también de helipuerto -el único sobre un edificio en toda Bolivia-, y marcará el neuvo sky line de la emergente Santa Cruz.
El edificio formará parte del moderno complejo comercial Las Brisas, que el grupo bancario inauguró en 2016 en la que es la capital económica del país andino.
Desde que inició su actividad en 2008, Tvitec no ha parado de incorporar su vidrio de altas prestaciones a algunos de los edificios más señeros de Europa y América. De la mano de Inbobe, experta en revestimiento de fachadas, la compañía de Cubillos del Sil participa en muchas de las grandes torres y rascacielos que se están levantando en Londres o en Nueva York, así como en las obras más destacadas que se ejecutan en España, como las nuevas sedes del grupo Inditex, las recién terminadas oficinas centrales del Real Madrid o residenciales de lujo, como Lagasca 99.
"Este año estamos trabajando en 50 torres, lo que supondrá producir un millón de metros cuadrados de vidrio", afirma Javier Prado, fundador y director general de Tvitec.
Para el edificio de Santa Cruz, la empresa producirá más de 5.000 piezas de vidrio de altas prestaciones, que Inbobe instalará con un sistema constructivo que permitirá regular la entrada selectiva de luz y calor para reducir los costes de mantenimiento, además de la completa insonorización, según explicó Javier Seguín, socio director de Inbobe.
La visita de la delegación empresarial contó también con la presencia del embajador de España en Bolivia, Enrique Ojeda Vila, quien destacó que este proyecto es "un buen ejemplo de la interacción de Grupo Santa Cruz, una de las empresas más fuertes de Hispanoamérica, y una compañía puntera a nivel mundial como Tvitec".
Una relación ascendente
Ojeda destacó la "relación bilateral sólida, fluida y fuerte" entre los dos países, que en el plano comercial "es especialmente vital y ascendente" en un contexto favorable marcado porque Bolivia "es el país que más crece en Hispanoamérica y España en la Unión Europea".
Alberto Sutil, socio y director comercial de Tvitec, destacó que la torre mercantil Las Brisas contará con las mismas exigencias de calidad que los edificios más singulares de Londres, Nueva York o París.
Tvitec incrementó un 20 por ciento su volumen de negocio durante 2016, año en el que registró unas ventas de 92 millones de euros. El 70 por ciento de su facturación procede de los mercados internacionales.





SUIZA QUIERE AYUDAR A BOLIVIA A ENCONTRAR EL MAR

El presidente boliviano Evo Morales llega a Suiza el jueves. Firmará una declaración de intenciones para apoyar un proyecto ferroviario transoceánico en el que varias empresas suizas están interesadas.

Le Temps de Suiza (www.letemps.ch/suisse)
                                                                                       
El presidente boliviano, Evo Morales, llega a Suiza el jueves. Se reunirá con la Presidenta de la Confederación, Doris Leuthard, en una visita de trabajo. En su presencia, los representantes de los dos ministerios de la infraestructura - el director de la Oficina Federal de Transportes, Peter Füglistaler para Suiza - firmarán una declaración de intenciones, un Memorando de Entendimiento (MoU) para un mega proyecto en el que participan 14 empresas suizas y alemanas: la construcción de una línea ferroviaria que une el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil, Bolivia y Perú.
Este proyecto se llama Bioceánico. Es llevado a Suiza por la asociación paraguas de la industria ferroviaria, Swissrail. Esta es una inversión colosal, estimada entre $ 12 y $ 15 mil millones, para el desarrollo de una línea de ferrocarril de 3.700 kilómetros entre los puertos de Santos (Brasil) e Ilo (Perú). Debería contar con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La suma incluye el trabajo de planificación e infraestructura, así como la adquisición y mantenimiento de material rodante.
Los actores alemanes y suizos del proyecto también estarán presentes. Se espera que el Secretario de Estado de Transportes, Rainer Bomba, y el director de la Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Ben Möbius, viajen a Berna para la ocasión. Empresas como Alpiq Infra, Bombardier, Deutsche Bahn Engineering & Consulting, Molinari Rail, Siemens, Thales y Stadler Rail forman parte del consorcio germano-suizo. Las empresas asociadas deberían contar con el apoyo del Seguro suizo contra riesgos de exportación (ASRE) y su equivalente alemán. La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (Seco) también participa en las discusiones.





«ME HE LLEVADO A VICTORIANA A LA TUMBA»

La Guardia Civil esclarece el asesinato de una boliviana cuyo cuerpo fue hallado en diciembre de 2015, escondido entre unos matorrales en la rambla de Béjar. El presunto homicida, su exnovio, huyó a su país natal antes de que se descubriera el cuerpo, y aún no ha sido detenido.

La Verdad de España (www.laverdad.es)
                                                                                                                       
El perro se quedó clavado en el sitio. La mirada fija en un punto. Las fosas nasales dilatadas. Una de las patas delanteras suspendida en el aire, apenas el esbozo de un paso que no llegaría a completar. El viento le acercó hasta el hocico los inconfundibles efluvios de la muerte. Entonces rompió la muestra y se encaminó con trote alegre hacia sus amos. Un ser muerto, tan muerto como para que la putrefacción ya se hubiera adueñado de sus restos, no era motivo de interés.
Los dueños del animal, un ciudadano británico y su hijo, no eran de la misma opinión. Plantados sobre sus deportivos, con el estupor y el miedo reflejados en sus rostros, semejaban dos estatuas vivientes, los protagonistas de un cuento fantástico a quienes acabara de paralizar alguna bruja malvada. Cuando por fin recuperaron parte del resuello y la sangre volvió a circular por sus venas, alertaron a las fuerzas de seguridad. «Hay una mujer muerta en la rambla de Béjar», acertó a chapurrear uno de ellos por el móvil.
Minutos después, el lugar resplandecía de luces policiales, como una penosa verbena.. El cordón que el cadáver llevaba fuertemente anudado al cuello y las ropas levantadas sobre su torso eran razones más que suficientes para justificar el despliegue. Victoriana, resultaba evidente, no había exhalado el alma de buen grado.
Los agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil que asumieron la investigación no tardaron en identificar a la víctima. Las primeras conclusiones de los forenses, emitidas en el propio escenario del crimen, apuntaban a que la víctima había sido estrangulada unos cuatro días antes, en torno a la madrugada del 26 de diciembre de 2015, y en los archivos policiales constaba precisamente la desaparición de una mujer boliviana en esa misma fecha. Una amiga suya, con la que compartía domicilio en Lorca, había denunciado en Comisaría que no había noticias de Victoriana Ríos de Fernández, de 47 años, desde las diez de la noche del Día de Navidad.
Más tarde, a requerimiento de los guardias civiles, la chica explicó que después de recibir una llamada telefónica hacia esa hora, Victoriana se había vestido y había abandonado el piso de la calle Narciso Yepes en el que tenía arrendada una habitación. Al día siguiente, la mujer, empleada agrícola, ya no se presentó a trabajar.
El hecho de que la mujer hubiera sido estrangulada y su cuerpo arrastrado hasta una zona de matorrales, sumado a los indicios que señalaban que había sido víctima un intento -cuando menos- de abuso sexual, habían orientado ya las pesquisas hacia un varón. El dato de la llamada nocturna al teléfono móvil de Victoriana apuntaba además a que ella se había marchado con alguien a quien conocía bien.
«¿Tenía novio? ¿Algún amigo con quien salía?», interpelaron a la amiga. Y esta les aportó el nombre de Ignacio, un compatriota con el que había mantenido una relación afectiva entre noviembre de 2014 y agosto de 2015. «¿Y por qué lo dejaron?», insistieron los agentes, sabedores de que estaban ante un testimonio clave para resolver el crimen.
Fue entonces cuando la mujer les habló de «desavenencias» motivadas por los fuertes celos de Ignacio. También les relató algunos episodios de malos tratos, el último de ellos ocurrido apenas unos días atrás, que la mujer nunca se decidió a denunciar.
Mucho antes de ponerle la firma al folio de la toma de declaración, los especialistas de Homicidios ya solo eran capaces de imaginarse a sí mismos leyéndole los derechos al menda, mientras apretaban unas esposas en torno a sus muñecas. Pero no iba a resultar tan sencillo. De hecho, a día de hoy aún no ha sido posible.
El apartamento de la cuarta planta del edificio de la avenida Juan Carlos I en el que residía Ignacio A.D., en plena milla de oro de la Ciudad del Sol, se había convertido desde largos meses atrás en una pesadilla para los acomodados propietarios del residencial, que habrían sobrellevado con mejor ánimo un brote de paperas que el trasiego generado por el 'piso patera'. Pero a la Guardia Civil no le preocupaban en ese momento los alquileres y realquileres de habitaciones y hasta de camas, que se solapaban unos con otros. Tocaron a la puerta y preguntaron por Ignacio. «Regresó a Bolivia», les informó un compañero. «Dijo que su padre había enfermado, que estaba muy grave, y pidió que le prestáramos dinero para el viaje». Entre unos y otros habían conseguido reunir unos 600 euros, cantidad aún alejada de los 1.000 euros que dijo necesitar, pero suficientes sin embargo para tomar un autobús a Madrid y subirse al primer vuelo que salió hacia La Paz.
El pájaro se había esfumado, y desde luego no había sido por falta de diligencias en las averiguaciones. Todavía no había sido hallado el cadáver de Victoriana cuando el presunto asesino ya estaba fuera de España. En esa tesitura, lo que quedaba era llevar la investigación con la mayor minuciosidad y rigor, ponerle la vela a la tarta y confiar en que la cooperación internacional hiciera el resto. Que igual era mucho confiar, aunque no les quedaba otra.
Tenían al presunto homicida, pero había que situarlo en el lugar del crimen. Y que no quedara resquicio alguno para la duda.
Para empezar, resultaba evidente que el sospechoso se había desplazado hasta las proximidades de la rambla de Béjar en un turismo, pero el asunto ofrecía alguna complejidad si se tenía en cuenta que Ignacio no disponía de coche. Las gestiones policiales se orientaron así hacia un amigo que ya le había dejado su coche en alguna ocasión, pero que se limitó a negar la mayor. De hecho, cerca estuvo de entorpecer gravemente la investigación al sostener que no tenía trato con el presunto homicida y que en ningún caso le había prestado su Hyundai Lantra la noche de autos.
No fue hasta unos días más tarde cuando confesó. Le animó a hacerlo el hecho de que los agentes hubieran logrado casar las rodadas que el coche del asesino había dejado en un camino, curiosamente, con impresiones de dos neumáticos de distintas marcas, con las gomas que 'calzaba' el Hyundai. «Más vale que empieces a hacer memoria o te vas a meter en un lío muy serio», vinieron a advertirle. Una frase, como la de 'abracadabra' o 'ábrete, sésamo' en las películas de Simbad, que rara vez deja de ser efectiva.
El hombre, desde luego, recuperó la memoria como por ensalmo. Y no solo admitió que aquella aciaga noche le dejó el vehículo, sino que Ignacio le telefoneó más tarde desde una zona descampada, ya que escuchaba soplar el viento, y que al día siguiente le devolvió el Hyundai cubierto de polvo y con huellas de pisadas de barro en las alfombrillas.
Los investigadores no dejaron caer en saco roto los datos aportados con tan prodigiosa recuperación memorísticas y obtuvieron pruebas en el habitáculo del coche -principalmente, unos cabellos- que demostraron que Victoriana había viajado como copiloto. Iba camino de la rambla, se dijeron. Camino de la muerte.
Las pruebas contra Ignacio A.D. comenzaban ya a ser abrumadoras, pero no por eso los funcionarios del Grupo de Homicidios dieron el asunto por cerrado. Buscando y buscando, hablando con unos y con otros, recabaron el testimonio de un amigo que admitió que el sospechoso, horas antes de emprender viaje hacia su Bolivia natal, le había hecho una confesión: «Me he llevado a Victoriana a la tumba».
Además, el posicionamiento de los repetidores de telefonía móvil situaba al exnovio de la víctima, aquella misma noche, en la zona de la rambla de Béjar donde se halló el cadáver. Y por si faltaba algo, las muestras indubitadas de ADN de Ignacio A.D., obtenidas de su cepillo de dientes -que había dejado olvidado en su piso, junto a otros efectos- también coincidieron plenamente con algunos restos obtenidos de las ropas de la mujer asesinada.
El paquete había quedado perfecto, con su lacito y todo, y ya solo quedaba remitir el atestado con el resultado de todas las investigaciones al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, cuyo titular había asumido la coordinación del asunto desde su origen.
Con tales evidencias, el juez no tardó en dictar una orden internacional de busca y captura y en reclamar la colaboración de las autoridades bolivianas, al objeto de que Ignacio A.D. fuera localizado, detenido y trasladado a España para ser sometido a juicio.
La Policía boliviana, con la que la Guardia Civil ha mantenido frecuentes contactos en los últimos meses, informó de que el sospechoso había retornado a su localidad natal, Quillacollo, en la provincia de Cochabamba, lo cual hizo concebir algunas esperanzas de una rápida resolución del caso. Pero las últimas informaciones sostienen que han perdido su rastro, lo cual no debería ser extraño en una zona rural y caracterizada por sus extensas plantaciones de plátano, cítricos y maíz, aunque se ha constatado que no ha abandonado el país, al menos por vías legales.
Aunque policialmente el asunto está resuelto, los agentes de la Benemérita que tomaron parte en las pesquisas no pierden la esperanza de ver un día a Ignacio A.D., de 48 años, sentado en el banquillo, enfrentándose a las pruebas que recabaron sobre su aparente participación en el crimen. Lo esperan por ellos mismos, por una cuestión de prurito profesional, pero también por la memoria de Victoriana, otra de esas mujeres que cayeron abatidas por la violencia machista y que, por un tiempo, ni siquiera constó en las estadísticas oficiales como víctima de ese salvaje fenómeno.