jueves, 9 de marzo de 2017

DÉCADAS DE CONTAMINACIÓN: RÍOS CARGADOS DE METALES PESADOS RECORREN LAS COMUNIDADES DE ORURO EN BOLIVIA



El color plomo de las aguas del río es lo primero que llama la atención al llegar a Huanuni. Aunque impresiona más ver cómo, sin pausa, sale de la mina estatal del mismo nombre una especie de barro negro directamente al río, formando una montaña que una pala mecánica desmonta y carga sobre un camión, una y otra vez.
Ese material, combinado con el agua, es el que contamina el río Huanuni, cuyas aguas abastecían la actividad agropecuaria de más de 50 comunidades que pertenecen a cinco municipios de ese departamento. Esto los llevó a organizarse en 2006 en una coordinadora para exigirles a las autoridades una solución a un problema que afecta a sus cultivos y a su ganado.
Tras varias movilizaciones, en 2009, lograron que el gobierno declarara Emergencia Ambiental en esa cuenca y obligara a la empresa minera más grande de estaño de Oruro a construir un dique de colas (lugar de depósito de residuos del procesamiento de minerales) para detener la contaminación. Tenían hasta el 2011 para hacerlo. Han pasado ocho años y aún no han cumplido. Los comuneros organizados no han parado de exigir y recién, hace dos semanas, les informaron que el dique funcionará a partir de agosto de este año.
Mientras tanto, la migración en las comunidades afectadas no cesa porque sobrevivir en ellas es cada vez más difícil. Los pobladores denuncian que las tierras de cultivo más importantes se perdieron, que su ganado ha disminuido y que la pesca también ha sufrido las consecuencias. Los comunidades siguen esperando acciones de las autoridades para revertir la situación.
Conviviendo con la contaminación
En el departamento de Oruro hay una disputa por el uso del agua para actividades como la minería, la pesca, agricultura, ganadería aparte del consumo humano. Pero según Pablo Flores, mallku (autoridad indígena) de Poopó, los mineros se llevan la mayor parte, “peor con la nueva Ley Minera (de 2014) que les ha dado más ventajas”.
La minería se instaló y se mantiene en las cuencas de Oruro como la principal actividad, a pesar de la contaminación que producen y que data, según algunos autores, del período de la colonia. Varios estudios señalan que la cuenca más afectada es la del Poopó —conformada por las subcuencas Desaguadero, Sora Sora, Huanuni, Poopó, Antequera, Peñas, Pequereque, Tacagua y Azanaques— donde se ha degradado la calidad de las aguas superficiales porque están saturadas con residuos mineros que no han logrado ser asimilados por la naturaleza. En 2008, un estudio de la Universidad Técnica de Oruro identificó al menos 300 operaciones mineras entre grandes, medianas, pequeñas además de cooperativas en esa región.
A inicio de la década del 2000, varias comunidades y organizaciones sociales se pronunciaron contra la contaminación minera y urbana. Para aunar esfuerzos, en 2006, conformaron la Coordinadora en defensa de la cuenca del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), que se consolidó en 2007 en un congreso que agrupó a más de 80 comunidades campesinas de las provincias de Cercado, Dalence y Poopó del departamento de Oruro, territorios donde se desarrolla una actividad minera metalúrgica.
Si bien muchas de estas comunidades son agromineras, en las últimas décadas, la afectación de la contaminación a la producción agropecuaria es insostenible, según un reporte de 2013 de la Liga de Defensa del Medio Ambiente. “Los años anteriores al 2010, (…) fueron de repunte de la intensificación de las operaciones mineras y, por tanto, de la contaminación a gran escala en la cuenca Uru Uru-Poopó, situación empeorada por la baja aplicabilidad de las normas ambientales y la reticencia del sector minero en general de implementar medidas de prevención y control”, señala el investigador Marco Octavio Rivero en ese reporte.
Por eso la meta principal de la Coridup es defenderse y frenar la contaminación ambiental que afecta a las comunidades, que impacta sus condiciones de vida y sus posibilidades futuras de desarrollo socioeconómico, básicamente, por la progresiva degradación del entorno natural que habitan.
Con el apoyo de la ONG Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y tras una serie de acciones y denuncias, en 2009, la Coridup logró que se declarara una Emergencia Ambiental, que fue decretada como una: “Situación de Emergencia de carácter Departamental, debido a la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionadas por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos del área de influencia de la Sub-Cuenca Huanuni del Departamento de Oruro”.
En ese decreto el gobierno reconoce la gravedad de la situación y ordena a la Gobernación de Oruro (por entonces Prefectura) y a los municipios afectados a ejecutar planes y proyectos para detener la contaminación, además de trabajar en la mitigación y la remediación ambiental en la subcuenca Huanuni y el río San Juan de Sora Sora, principalmente.
Pero en el 2013 el problema persistía. Por eso, tras varias movilizaciones de protesta de la Coridup, se realizó una reunión de evaluación entre comuneros y autoridades de gobierno. En esta se reconoció que la empresa Huanuni aún no había construido el dique de colas previsto para el 2011. También se estableció que la minera estatal no cumplió con abastecer de agua potable a las 42 comunidades que necesitaban el recurso para sus campos de cultivo. Solo cuatro fueron atendidas. Poco cambió el panorama desde entonces, le dice a Mongabay Latam, Ángel Flores, presidente de la Coridup.
“En 2006, nosotros teníamos mucha esperanza con este gobierno, de que nos apoyaría, pero no. Más se ha ido al extractivismo, ha ampliado la minería”, lamenta Flores, quien no ve un panorama alentador para las nuevas generaciones de las comunidades afectadas.
“Ahora ya no se puede tomar esa agua, por eso muchos han migrado. Antes en una comunidad vivían unos 150 comunarios, ahora solo hay apenas 20 a 30 personas, como no hay agua ya no se puede vivir allí, el terreno ya no sirve para cultivar”, describe el presidente de la Coridup.
Al margen de la ley ambiental
Ninguna autoridad tiene la voluntad de hacer que la minera Huanuni cumpla con la ley, lamenta Ángel Flores. “Las autoridades están conscientes del delito ambiental que está cometiendo la empresa minera Huanuni. Las aguas que bajan desde Santa Elena hasta el lago Poopó son totalmente plomas, no se puede ocultar que tiene una gran cantidad de material suspendido.  A las autoridades no les importa el tema ambiental, solo les interesa cuánto dinero reporta la mina al Tesoro General del Estado”,  manifiesta a Mongabay Latam Jaime Caichoca, miembro del directorio de la Coridup.
Recuerda que el vicepresidente Álvaro García siempre repite que se trata de una empresa social, “solo piensan en los trabajadores mineros pero no en los trabajadores agropecuarios que están saliendo de sus comunidades para buscar otras fuentes de trabajo”, reprochó.
En 2009, tras declarar la emergencia ambiental en la cuenca Huanuni, se estableció entre otros puntos que la minera estatal debía construir un dique de colas. Ya sabemos que esto no se ha cumplido hasta ahora. Y el gerente general de la mina Huanuni, Wiston Medrano, se defiende diciendo que se tardaron por los problemas que tuvieron con los comuneros, “si no hubiéramos sufrido ese retraso ya estaría listo”.
Según el contrato firmado con la empresa constructora, el dique debía estar listo en noviembre de 2016, pero los comuneros de Villa Kollo, lugar donde se construye, impidieron la continuidad de la obra por al menos cuatro meses. Tras una negociación, en la cual la empresa se comprometió principalmente a construir un camino hacia la zona, se retomaron los trabajos que debían finalizar este mes de marzo. Ahora, el nuevo plazo de entrega se ha fijado para fines de julio. Se espera que en agosto comience a operar el dique que tendrá una vida útil de 20 años.
“Cuando entre en operación todas las colas que genera la mina se llevarán a través de un ducto hasta el dique. Ya nada será depositado en el río”,  afirma Medrano.  Para entonces, la minera cerrará el ingenio Santa Elena que actualmente produce 1000 toneladas de estaño por día y comenzará a operar el ingenio Lucianita que alcanzará las 3000 toneladas al día. “Ahí se termina la contaminación. Empezaremos a trabajar en la remediación. Son años de años que no se hizo nada”, dijo Medrano. Se estima que la mina opera desde 1909 o antes.
El río Huanuni lleva años arrastrando los desechos mineros de la operación del ingenio Santa Elena (donde se separa la tierra del mineral utilizando agua), así como el agua ácida también llamada copajira. “Actualmente, las colas arenas, las colas lamas y colas sulfuro van directamente al lecho del río. Eso se suspenderá porque se bombeará directamente hasta el dique en Villa Kollo. Se evacuan aguas de ácido de mina al río. Eso queremos controlar, para eso vamos a construir una planta de tratamiento de aguas ácidas”, aseguró a Mongabay Latam Juan Carlos Sánchez, jefe de Medio Ambiente de la empresa Huanuni.
El líquido es negro y cae constantemente desde lo alto del cerro. Circula por tubos plásticos dentro la mina para luego despeñar en tres piscinas sin que cambie de color al ingresar al afluente.
El líquido se torna plomo oscuro en el río y luego viaja por el cauce a lo largo de la ciudad de Huanuni. A medio kilómetro, más o menos, se canaliza hacia unos pozos donde los “relaveros” (dependientes de la estatal minera) extraen el estaño. Luego echan el agua nuevamente al río, sin ningún tratamiento.
El analista en temas mineros de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, explica a Mongabay Latam que en realidad la minería no consume gran cantidad de agua, la usa y la devuelve contaminada al río. “Muy pocas veces se puede devolver limpia. Cuando se usan reactivos químicos es la responsabilidad del minero procesar el agua para devolverla al ciclo natural. Pero a veces no se hace eso”, dijo.
“Tenemos un plan de medidas correctivas para suspender el trabajo de los relaveros que están más abajo. Se les reubicará para empezar el proceso de remediación”, explicó  Juan Carlos Sánchez.
Toda esta operación minera se realiza en medio de la ciudad, es decir, por donde transitan los habitantes realizando sus actividades diarias, acostumbrados, por cierto, a convivir con el polvo y las aguas contaminadas. Prácticamente, todas las familias tienen al menos a uno de sus miembros trabajando en la mina.
Kilómetros de contaminación
Ya fuera de la ciudad, el río se ensancha y arrastra también basura doméstica. “Eran tierras de cultivos”, dijo Flores, “pero ahora ya no sirven, se quemaron”. Aunque metros más abajo se ven cultivos de papa y haba. “Se riega con agua que se extrae de pozos”, explicó.
A unos 25 kilómetros está la población de Machacamarca, donde la mina Huanuni tiene un ingenio que procesa 200 toneladas de estaño por día. No cuenta con dique de colas ni planta de tratamiento de aguas, todo va al río, describe Ángel Flores.
Esta operación también será cerrada cuando esté funcionando el ingenio Lucianita, se adelanta a asegurar el Jefe de Medio Ambiente de la estatal Huanuni.
En esa parte del río Huanuni se instalaron también cooperativistas mineros que rescatan el mineral que es desechado por el ingenio de Machacamarca.
Según un estudio de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), las poblaciones de Pacopampa y Sora Sora (ubicadas entre Huanuni y Machacamarca) usan las aguas de ese río para el riego de sus cultivos —alfalfa, cebada, haba, entre otros— y para su ganado (vacuno, ovino y camélido).
En 2012,  las ONG Caminar y CEEDI publicaron la investigación Síntesis del Diagnóstico Ambiental de la cuenca del Poopó en la cual revelan que el área de mayor impacto en la cuenca Poopó es la parte Noreste, cuyos ríos están expuestos a altos niveles de contaminación por los metales pesados, el arsénico y las aguas ácidas que son vertidos en ellos. “Un total de 19 ríos son reportados con contaminantes mineros por encima de los límites permisibles, en especial el conjunto cadmio-plomo-arsénico. También reportaron más de 17 millones de toneladas de desechos mineros (colas, desmontes, relaves), en las zonas de Oruro-urbano,  subcuenca San Fe, subcuenca Huanuni-Sora Sora, subcuenca Caravi-Desaguadero y subcuenca Antequera”, según Lidema.  
En el municipio de El Choro, el panorama también es desolador. La comunidad de Santo Tomás  está afectada por la extracción a cielo abierto que realizó por años (hasta 2015) la mina Inti Raymi, utilizando  gran cantidad de cianuro y también grandes cantidades de agua, cuenta Jaime Caichoca, oriundo del lugar. Las aves lacustres han muerto en el sector, entre las afectadas están los patos y las parihuanas (flamenco andino).
“Las comunidades que vivimos aguas abajo hemos pedido que todas las mineras cuenten con medidas de prevención. Todavía no hemos pedido que los suelos sean recuperados. Si cumplieran con las medidas de prevención, el 90 % de la contaminación estaría mitigado”, resalta Caichoca.
En otra comunidad del municipio El Choro, donde vive Ángel Flores, han dejado de producir hortalizas y forrajes. Es un municipio ganadero y cada vez les cuesta más alimentar a sus animales. “Teníamos totorales en el río desaguadero, más arriba hortalizas. El río se ha ensanchado  y contaminado,  y ya no sirve para cultivar. Por eso muchos comunarios se fueron a otros países”, cuenta.
La exigencia también es que draguen los ríos y principalmente el lago Poopó. El mallku Pablo Flores dice que ese lago ahora solo tiene tres metros de profundidad, antes tenía 10. “El pueblo Uru está pidiendo que se limpie el lago. Y estamos preocupados porque poco avance hay con el decreto. Las autoridades no están moviendo las leyes que nos pueden proteger. Apenas estamos sobreviviendo en este momento”, dijo.
La autoridad indígena cuenta que los totorales de su comunidad han disminuido y lo que queda está contaminado, y que prácticamente su actividad pesquera se ha paralizado porque ya no hay pejerrey ni ningún otro pez como solía haber hace cinco años atrás. “El 31 de enero hemos recorrido el lago y no hay agua, no hay peces ni parihuanas”, lamenta.
Las cooperativas contribuyen a la contaminación
Un estudio, realizado en 2008 por la UTO, estableció que existen al menos 300 operaciones mineras entre Huanuni y el lago Poopó. Mongabay Latam busco información en la Gobernación de Oruro y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) sobre cuántas operaciones tienen autorización en la región. A la fecha, no recibió respuesta de ninguna de las reparticiones estatales.
En 2010, la entonces Prefectura realizó un recorrido por los municipios de Pazña, Poopó, Huanuni, Santa Fe, Uru Uru y Desaguadero donde encontraron operando a 25 empresas y cooperativas mineras, de las cuales 16 no contaban con licencia ambiental.
La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, dijo a Mongabay Latam que con la Ley Minera de 2014 toda operación minera debe contar con un contrato que además le exige poseer licencia ambiental, por tanto las empresas y cooperativas que cuentan con la misma están cumpliendo la norma. “No es que desde el ámbito ambiental seamos permisivos y miremos a otro lado”, afirmó Silva y adelantó que el gobierno está trabajando en una solución estructural contra las operaciones ilegales.
En minas que antes eran trabajadas por la Corporación Minera de Bolivia como Morococala y Santa Fe, en Machacamarca, ahora operan los cooperativistas. “Hay algunos legales, otros no. Ahora que son un gran número y están en el poder hacen lo que quieren. La Ley Minera también les ha favorecido. A pesar que hemos hecho observaciones grandes, no nos hicieron caso, igual no más han aprobado”, reclama el presidente de la Coridup.
La remediación: ¿una utopía?
El decreto establece también que las operadoras mineras deben hacerse cargo de los residuos tóxicos que producen. Aunque los pobladores afectados ven con escepticismo que vaya a efectuarse una remediación, principalmente por la actitud de las autoridades que no hacen cumplir la ley y por los mineros que se resisten a obedecer al Estado.
“En el Choro nos dedicamos a la ganadería y hemos perdido nuestros terrenos para cultivos, se han quemado con la contaminación, quién nos va a responder por eso, cómo se van a recuperar esas tierras. Ni los proyectos de dotación de agua para riego se han ejecutado. Todo esto nos desalienta. No hay voluntad para resolver de parte del gobierno”, señala Ángel Flores.
Los afectados saben que se necesita alta inversión de dinero para recuperar las tierras quemadas por la contaminación. Caichoca considera que tiene un alto costo la remediación y que “ni con todo el dinero que han ganado con la explotación de minerales podrán hacerla”.  La misma minera Huanuni dice que tendrá un proceso largo la implementación de un plan de remediación.  El mismo se haría durante los 20 años de vida útil del dique de colas que empezará a funcionar en agosto.
Mientras tanto, los comuneros ven incierto el futuro de sus hijos porque en sus comunidades cada vez hay menos oportunidades para trabajar en la agricultura y la ganadería. Además porque tampoco se desarrollaron actividades productivas alternativas, como se había solicitado a los ministerios involucrados en la declaración de la emergencia ambiental, señaló Ángel Flores. Por como van las cosas, la seguridad alimentaria está comprometida para las más de 500 familias afectadas que en los últimos años se han visto obligadas a migrar a otras comunidades. Revista Mongay de Indonesia (www.es.mongabay.com)





MUSEO DE EVO MORALES, LA HISTORIA “NO OFICIAL” DE BOLIVIA

La Tribuna de Honduras (www.latribuna.hn)
                                                                            
El nuevo museo boliviano se ha convertido en un eje de la polémica entre Gobierno y oposición, pero quiere proyectarse como un nuevo destino turístico en la zona andina.
El denominado Museo de la Revolución Democrática y Cultural está ubicado en Orinoca, el pueblo natal de Morales, con poco más de seiscientos habitantes y a unas seis horas de distancia de La Paz por carretera y tres de Oruro, la ciudad más cercana.
El cineasta Juan Carlos Valdivia y su productora CineNómada estuvieron a cargo de diseño de las exhibiciones en el nuevo centro cultural.  En declaraciones a Efe, Valdivia explicó que hay “una puesta en valor de las luchas del pueblo de Bolivia” que cuenta “la historia no oficial”, una que comienza en la región andina.
“Es por ello que el personaje Morales es central. Es el primer indígena que llega al poder, no solo que llega al poder sino que llega con tanta fuerza”, dijo en referencia a su primera victoria electoral en Bolivia en 2005, con el 53,72 % de los votos.
La instalación, construida gracias a una inversión pública de 7,1 millones de dólares, es el museo más grande de Bolivia, levantado sobre una superficie de 10.814 metros cuadrados y cuenta con tres módulos con la forma de otros tantos animales sagrados de la cultura andina: el puma, la llama y el quirquincho o armadillo.
Las autoridades bolivianas buscan ahora consolidar el legado político de Morales, durante los once años que lleva en el Gobierno, a través del museo e integrarlo en un circuito turístico para esa región.
DIVIDIDO EN TRES BLOQUES
Valdivia se encargó de diseñar la puesta en sala del centro cultural durante cuatro meses a finales de 2015, un empeño en el que se llegaron a emplear más de cien personas simultáneamente.  Dos de los tres bloques estaban listos entonces, pero el Gobierno espero a tenerlo completo para inaugurarlo en febrero de este año.
El primero de los bloques -el puma- recoge la historia de los pueblos indígenas y sus luchas contra la colonia española y el periodo republicano anterior a la llegada de Morales al poder.
El segundo, el bloque central y más grande -que representa a la llama-, busca poner en valor las costumbre del don y la reciprocidad, elementos centrales de las culturas andinas. Y lo hace precisamente mediante la exposición de los regalos que ha recibido el presidente a lo largo de sus once años de mandato.
Se calcula que el líder indígena ha recibido alrededor de 16.000 regalos, muchos aún sin catalogar. Su exposición organizada permite un recorrido por las culturas de las diferentes regiones bolivianas a través de sus tejidos, sus bailes, cantos, gastronomía y todo tipo de tradiciones.
En el bloque de la llama se pueden ver desde ponchos y otros atuendos tradicionales, hasta camisetas de fútbol y obsequios que otros presidentes le han hecho a Morales.
El tercer bloque – que simboliza a un armadillo propio de la región andina- incorpora un auditorio y sala de cine, elementos interactivos y multimedia y aspira a ser un centro de documentación digital sobre los pueblos indígenas y las reformas que Morales ha implementado en Bolivia desde el 2006.
“Lo que es interesante es que nosotros no sabemos dónde han ido a parar los regalos de otros presidentes de Bolivia, los de Evo él los guardó y los llevó al museo”, apuntó Valdivia.
PROMOCIONANDO ORINOCA
La inauguración el 2 de febrero de 2017 suscitó duras críticas de la oposición, que acusó al presidente boliviano de promover el culto a su propia personalidad y cuestionó la utilidad de una obra de tal envergadura en un lugar poco accesible y casi deshabitado.
A pesar de estas circunstancias, el plan del Gobierno es promover Orinoca como un destino integrado en un circuito turístico más amplio que incluiría el emblemático Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, o las ciudades de Potosí y Oruro.
La empresa estatal de turismo Boltur ya ofrece paquetes con costos que van desde 120 dólares hasta 200, en función de si el itinerario es de dos días y una noche o tres días y dos noches, y si del turista es boliviano o extranjero.
La intención de la empresa estatal es, según explicó su jefe de Planificación, Miguel González, “integrar este destino en otros paquetes más amplios y sobre todo vincularlo con el destino turístico más concurrido de Bolivia: el salar de Uyuni”.
Por ello,  tanto los paquetes de dos como de tres días acaban en este lugar, aunque también abarcan otros destinos menos turísticos, como una visita a la comunidad de Pampa Aullagas, donde el cartógrafo británico Jim Allen cree que estuvo la civilización perdida de la Atlántida, y a Salinas de Garci Mendoza, un pueblo productor de quinua.
De hecho, es en este último lugar donde se podrá pasar la noche, porque aún no se ha estructurado una oferta con pernocte en Orinoca, ya que este pueblo no cuenta con la posibilidad de un hospedaje grande de turistas.
Las posibilidades turísticas del museo generan más dudas entre los operadores privados, que encuentran pocos atractivos en Orinoca más allá del museo y hacen notar la lejanía del lugar de las ciudades más grandes de Bolivia.
La presidenta de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), Paula Arias, señaló a Efe que, si bien la carretera de Oruro hasta Orinoca es asfaltada y de buena calidad, desde ahí hasta Uyuni, donde podrían terminar los tours, el camino es de tierra.
“Me ha impresionado particularmente la infraestructura que tiene como para hacer reuniones o eventos organizados ahí mismo”, reconoció Arias sobre el museo, que elogió por ser “muy interactivo”, aunque también señaló que falta información sobre algunos de los objetos expuestos.
DEPENDERÁ DE LA EFICIENCIA CON LA QUE EL ESTADO MANEJE
También lamentó que casi no existen opciones de alojamiento en Orinoca y las posibilidades de turismo comunitario en los alrededores están por desarrollarse.
Por estas razones, desde Canotur plantean ofertar recorridos de un día, sin alojamiento, que saldrían de Oruro y podrían terminar en la misma ciudad o en el salar de Uyuni. Esa es una posibilidad que ya oferta Boltur a un precio bastante más bajo que las opciones de varios días y que estaría entre los 20 o 30 dólares.
Arias, como González, coinciden en que para la proyección turística de Orinoca es clave integrarlo en el entorno como parte de un recorrido por el salar de Uyuni, la ciudad de Potosí o las minas de Oruro.
Independientemente de la polémica y las carencias de infraestructuras, sólo el tiempo dirá si el proyecto de Museo de la Revolución Democrática y Cultural se consolida o se queda en una obra sin proyección.
Al respecto, Valdivia opinó que la vida del museo “va a depender de la eficiencia con la que el Estado lo maneje”, pero si se trabaja con perseverancia será “una herramienta importante para contar la historia” del país.
No obstante, también existe el riesgo que, dada la asociación del museo al proyecto político de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), el proyecto se abandone si un Gobierno de otro signo político llega al poder.
“Una de las desgracias de mi país es que siempre borramos lo que hizo el otro”, reflexionó le cineasta, que denominó esa costumbre como “guerra de imaginarios”.
Valdivia considera que la polarización política del país afecta al juicio del museo, una circunstancia que ha ocasionado muchas críticas y polémica, mucho más relacionada con el signo político de cada uno, que con el conocimiento del centro cultural.
“Una institución como un museo debería durar mucho tiempo”, dijo.  Sin embargo, agregó que “todo va a depender de las alianzas que haga, de cómo ese museo se relacione con otros y cree una comunidad de visitantes”.





ANÁLISIS. BOLIVIA, ANTE RETO DE EXPLICAR EL AUMENTO DE COCALES

La Vanguardia de España (www.lavanguardia.com)

La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de aumentar el límite legal de los arbustos de coca pone al país en una vía con desafíos ante la comunidad internacional, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, para justificar una medida que la oposición considera beneficiosa para el narcotráfico.
El mandatario cumplió hoy con uno de los objetivos políticos que tenía desde que llegó al poder en 2006, consolidar una nueva política sobre la hoja de coca, que reivindique para siempre los cultivos en estado natural y los diferencie de la cocaína.
Formado como líder entre los cocaleros de la zona del Chapare, un puesto que nunca dejó siendo mandatario, Morales firmó la ley que aumenta los cultivos de hojas de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, enterrando una ley antidroga vigente durante 29 años.
El gobernante aprobó la norma reivindicando que ahora "la hoja de coca se ha impuesto frente al imperio norteamericano" y le ha ganado una "dura batalla" porque, en su opinión, EEUU quiso eliminar por completo los cocales pese a que la masticación o el "acullicu" es una práctica ancestral entre los indígenas.
La nueva norma permite cultivar 14.300 hectáreas de coca en la zona de Los Yungas (oeste) y 7.700 hectáreas en el Chapare.
Hasta ahora, la legislación permitía solo cultivos de coca en Los Yungas, que son los destinados al consumo tradicional y legal, mientras que sobre una gran parte de las plantaciones del Chapare siempre hubo la sospecha de que eran desviadas al narcotráfico.
Esa presunción tiene como base el dato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de que el mercado legal de La Paz capta un 93 % de la producción de los Yungas y el de Sacaba (centro) solo el 7 % de lo producido en el Chapare.
Aunque actualmente no se sabe cuántos cocales hay en Bolivia, Naciones Unidas certificó que en 2015 había 20.200 hectáreas, mientras que un reciente informe de Estados Unidos elevó la superficie a 36.500 hectáreas.
Ya sea tomando en cuenta los datos de la ONU o de Estados Unidos, Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca y de cocaína, después de las otras naciones andinas, Colombia y Perú.
Estados Unidos acusa a Bolivia de haber fracasado de "manera demostrable" en la lucha antidroga, algo que ha rechazado el presidente Morales replicando que "el único fracaso demostrable" es la lucha estadounidense contra el narcotráfico.
Ambos países no tienen relación a nivel de embajadores desde 2008 y su reanudación parece menos probable con la administración del presidente Donald Trump, a quien Morales crítica constantemente.
El Gobierno boliviano también tiene por delante la tarea nada fácil de justificar las razones del incremento de cocales ante la Unión Europea (UE), ya que un estudio financiado por ese bloque estableció que sólo se requieren 14.705 hectáreas para el consumo legal de la planta.
Se trata de un estudio realizado por estadísticos del Ejecutivo tras una larga exigencia de parte de la UE pero que nunca fue aceptado plenamente por el Gobierno, ni por los cocaleros, porque su reconocimiento planteaba una reducción drástica de los cocales.
Hace unos días, tras la aprobación de la norma en el Congreso, una fuente de la UE dijo a Efe que había preocupación por la norma ya que varios ministros se comprometieron en una visita a Bruselas a que la superficie de cocales no aumentaría más de 20.000 hectáreas.
Según el Gobierno, se necesitan 18.000 hectáreas para satisfacer la costumbre del "acullicu" y otras 4.000 pueden ser exportadas de forma directa o como derivados industriales para naciones como Argentina, donde hay una gran comunidad de bolivianos.
Sin embargo, hasta ahora ningún plan de industrialización de la planta para producir energéticos, harinas, cremas y medicamentos ha sido exitoso, salvo los mates para combatir el mal de la altitud.
Pero, además, cualquier plan de exportación choca ahora con la vigencia de la convención antidroga de Naciones Unidas de 1961, que veta esa comercialización al mantener la coca en su lista de estupefacientes por contener alcaloides que son base de la cocaína.
La ONU accedió en 2013 a reconocer el "acullicu" en territorio boliviano aceptando el retorno del país a la citada convención, pero Morales siempre ha expresado su objetivo de hacer una nueva campaña para lograr que la planta sea despenalizada en el mundo.





EVO MORALES DESAFÍA Y DA PASO A MÁS CULTIVOS DE COCA EN BOLIVIA

Pese a críticas, el presidente boliviano promulgó una ley que amplía las hectáreas para este fin.

El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com)

Una polémica norma que amplía la superficie de cultivo legal de coca en Bolivia fue promulgada este miércoles por el presidente Evo Morales, quien busca reelegirse por un cuarto mandato, alentando temores de que una sobreproducción alimente al narcotráfico.
El gobernante boliviano, líder vigente de seis sindicatos cocaleros del Chapare (centro), desestimó esas críticas y anunció en un acto público que con la promulgación de la nueva ley, su gobierno quiere “garantizar coca de por vida”, un cultivo ancestral y místico de la población andina.
“Es el momento de enterrar la Ley 1008 (vigente desde 1988 e impulsada por Estados Unidos), que buscaba cero coca en Bolivia”, manifestó Morales en su primera aparición pública tras volver de Cuba, donde fue sometido a una evaluación médica. A la ceremonia de promulgación no asistieron cocaleros del sector los Yungas, descontentos porque consideran que la ley privilegia al Chapare, cuya coca, dicen, no sirve para el consumo tradicional.
La nueva norma fue aprobada por el Congreso, de mayoría oficialista, el 24 de febrero, tras duras exigencias de los aliados cocaleros del presidente.
Reconoce un total de 22.000 hectáreas de coca, contra las 12.000 que regían desde 1988. Así, Bolivia tendrá 14.300 hectáreas de coca en la región de los valles subandinos de los Yungas, donde se siembra desde tiempos precolombinos, y 7.700 en la región de Chapare, centro del país.
Morales llegó al poder en 2006 con un discurso indigenista, nacionalista y antiestadounidense y revalidó el cargo en dos gestiones consecutivas (2010-1015 y 2015-2020), y ahora aspira a una reforma legal que lo habilite para un cuarto mandato (2020-2025), pues la actual Constitución lo prohíbe.
Entre coca legal y excedente, Bolivia tiene actualmente 20.200 hectáreas cultivadas, y la nueva frontera legal de cultivos casi coincide con los cultivos existentes. Un estudio del gobierno del 2013, financiado por la Unión Europea, señala que la demanda legal de la coca, para infusión, mascado y rituales religiosos, se satisface con el cultivo de 14.700 hectáreas.
Bolivia es el tercer mayor productor mundial de coca después de Colombia y Perú, países que luchan por disminuir sus cultivos.
Para la oposición, la nueva norma tendría serios efectos colaterales. El expresidente boliviano Jorge Quiroga está convencido de que esta ley “va a traer vergüenza internacional y hará un daño enorme” a la imagen del país, a los ciudadanos, por el estigma y el narcotráfico que va a generar y la criminalidad que va a crear en Bolivia.
Según dijo, “los informes de instituciones como la Unión Europea o de la ONU indican que el 90 por ciento de la coca del Chapare va al narcotráfico”.
Un dirigente de los cocaleros de los Yungas, Franklin Gutiérrez, también sostiene que la producción de esa región “no se destina al mercado tradicional”, legal. “No somos de la cultura de la cocaína”, se defendió Morales.
De acuerdo con los planes oficiales, unas 7.000 hectáreas serán industrializadas en té, medicamentos y licores, para la exportación a Ecuador y Venezuela, en volúmenes que no precisó, además de que está en curso una gestión con Paraguay. La exportación de la planta como tal está prohibida por la Convención de Viena de 1960. El presidente Morales ha insistido en que debe despenalizarse mundialmente el uso de la hoja de coca, sobre todo el ‘acullico’ o mascado ancestral de los campesinos para no padecer hambre ni fatiga durante sus labores en las alturas.
La flamante ley será presentada por el gobierno boliviano la siguiente semana, ante el 61.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, según anuncio oficial.
Según la diputada opositora y politóloga Jimena Costa, la nueva norma “acarreará dificultades internacionales”, ya que “estaría poniendo a disposición del narcotráfico más de 11.000 toneladas métricas anuales de hoja de coca”, que resultan del rendimiento de la ampliación de la frontera de cultivo.
El zar boliviano antidroga, Felipe Cáceres, explica que la nueva meta de 22.000 hectáreas es “para que el Estado nacional tenga control sobre ellas mismas y lleve adelante nuestra política de lucha contra las drogas en todo el territorio nacional, evitando excedentes que alimenten el narcotráfico”.
Morales cree que las críticas obedecen a que la derecha busca “enfrentar” a sus aliados. “¿Qué moral tiene la derecha para criticar cuando en sus gobiernos había 37.000 hectáreas de coca?”, protestó.





BOLIVIA CASI DUPLICA EL ÁREA PERMITIDA PARA LA PLANTACIÓN LEGAL DE LA HOJA DE COCA

Revista Time de EEUU (www.time.com)
                                          
El cultivo legal de plantas de coca en Bolivia se dará un impulso, ya que el presidente del país, Evo Morales, firma un proyecto de ley que amplía ampliamente el área donde se permite que la coca se cultive legalmente.
En virtud de la muy controvertida ley, hasta 22.000 hectáreas de tierra en el país se pondrán a disposición de los cocaleros legítimos, informa la BBC - casi el doble de las 12.000 hectáreas permitidas en las leyes anteriores.
Los legisladores de la oposición están argumentando en contra de la ley, diciendo que la expansión de la tierra para el cultivo de coca impulsaría el comercio ilícito de drogas. Según la BBC, también dicen que la ley, violando los tratados internacionales, sería inconstitucional.
Si bien la planta se conoce principalmente fuera de América del Sur como un ingrediente de la cocaína, se ha utilizado tradicionalmente en la región de los Andes, ya sea para hacer té que alivia el mal de altura, o para ser masticado para la estimulación suave, Sed y dolor. En 2015, el Papa Francis probó una bebida hecha en parte con hojas de coca durante su viaje al país.
Un ex agricultor de coca, Morales es partidario de la legalización de la hoja de coca que mastica en todo el mundo. Ha instado a la ONU a declarar la práctica legal - una convención de 1961 sobre estupefacientes ha prohibido la plaga - y lidera una unión regional de productores de coca, según la BBC.





BOLIVIA PRESENTA OBSERVATORIO DE PARIDAD PARA VERIFICAR DERECHOS DE MUJERES

Terra de España (www.noticias.terra.es)
                                              
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Uriona, presentó hoy el Observatorio de Paridad Democrática, un instrumento que sirve para verificar el ejercicio y respeto de los derechos políticos de las mujeres.
El observatorio, que cuenta con el impulso de la cooperación española en Bolivia, contiene información sobre la participación de las mujeres en la política y los derechos políticos.
"El observatorio se plantea como una iniciativa estratégica que ha definido el Órgano Electoral para acompañar y jugar un rol en la profundización democrática en nuestro país reconociendo a las mujeres como actores políticas", expresó Uriona en un acto.
El coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Francisco Sancho, resaltó el esfuerzo de las instituciones para que se cree este observatorio con el propósito de contar con datos sobre paridad.
"Es muy importante que la cultura democrática aparezca, se forme y que exista una observatorio externo que nos permita obtener datos importantes y confiables para saber cómo está la salud democrática", sostuvo Sancho en la presentación del portal.
El objetivo del observatorio es promover, generar y difundir conocimiento en relación al sistema político, la aplicación de paridad y los derechos políticos.
Una de las áreas con las que se trabajará será la difusión de información sobre el acoso y violencia política en razón de género, su visibilización y el tratamiento institucional y jurídico.
En 2009, Bolivia se constituyó en el primer país en América Latina en alcanzar la paridad en la representación política de nivel nacional que también ocupó este puesto en las elecciones generales en 2014, según destacó el órgano electoral.
En 2014, la representación de las mujeres en la Asamblea Plurinacional de Bolivia alcanzó a más del 50 % en la cámara de diputados y 47 % en la cámara de senadores.
Bolivia ocupa el segundo lugar, después de Ruanda, en la participación parlamentaria femenina en el mundo.





BOLIVIA BUSCA NUEVOS COMPRADORES DE GAS NATURAL YA QUE PETROBRAS APUNTA A REDUCIR IMPORTACIONES

Marco Trade News de Argentina (www.marcotradenews.com)
                                                                                 
Bolivia busca nuevos compradores para su gas natural después que la firma brasileña controlada por el Estado Petrobras señaló que planea reducir las importaciones desde el país vecino, dijo el miércoles la estatal boliviana YPFB Chaco.
Un contrato actual entre YPFB Chaco y Petrobras involucra 30 millones de metros cúbicos por día de gas bajo el mecanismo de compra garantizada, lo que convierte a Brasil en el mayor comprador de gas boliviano. Expira en 2019.
Pero como la producción propia de Petrobras se incrementa, la compañía notificó a YPFB que no renovará el contrato bajo los mismo términos, obligando a la firma boliviana a buscar nuevos compradores en Brasil.
"El contrato con Brasil nos preocupa. Actualmente negociamos con Petrobras los términos de un nuevo contrato o una adenda al contrato existente", dijo Oscar Claros, gerente general de YPFB Chaco, al margen de la conferencia CERAWeek en Houston.
Los precios para Petrobras después del 2019 no han sido acordados, aunque "muchos potenciales compradores" también en Brasil están involucrados en las conversaciones, agregó Claros.
"Eventualmente podríamos establecer diferentes precios para varios compradores, lo que es bueno para nosotros, pero tomará un tiempo tener más de cinco contratos listos", aseguró Claros.
Por otro lado, la demanda de Argentina por gas importado sigue creciendo, pero el contrato que le permite adquirir gas boliviano a un precio muy competitivo en comparación a las compras de gas natural licuado (GNL) no expira sino hasta el 2026.





BAUMAN Y LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA ARGENTINA

La indignación de la comunidad boliviana por la nueva norma migratoria se debe a que ya no se siente visitante, porque también aporta y juega de local.

El Observador de Uruguay (www.elobservador.com.uy)
                                                                                      
Un acto tan cotidiano como viajar en bus o en tren, puede convertirse en una experiencia que merece contarse si se percibe inquietud entre los viajeros. Por ejemplo, un viaje en hora pico en el primer vagón de la línea "E" del Subte de Buenos Aires, con destino en la estación Plaza de los Virreyes, en Flores. Una línea y un vagón que suelen ser usados por bolivianos, paraguayos y peruanos, que los conectará con un tranvía hacia zonas como Villa Soldati y Villa Lugano, con alta concentración de migrantes.
Los comerciantes eligen el primer vagón porque llevan bultos, que si bien no impiden el paso, provocan miradas de recelo entre los bonaerenses. Pero más allá de la molestia, lo que llama la atención es que esta "toma" del espacio público desconcierta a quienes no están acostumbrados a ello. Se les hace extraño, y lo extraño es impredecible, no controlable. Esto causa ansiedad y a veces incluso miedo. Pero más a menudo simplemente inquietud.
El ejemplo es nuestro. La relación de actitudes y reacciones corresponden a Zygmunt Bauman, el reconocido sociólogo polaco fallecido recientemente, que en su última obra, Extraños llamando a la puerta, analiza "los orígenes, la periferia y el impacto de las actuales olas migratorias".
La paraguaya y boliviana son las dos principales comunidades inmigrantes en Argentina. Hay nietos y hasta bisnietos de bolivianos nacidos en este país y se cree que pasan del millón de personas. La mayoría se dedica a la producción, transporte y comercialización de frutas y verduras. También a la labor textil, el comercio informal, la construcción, y a la actividad académica y profesional, especialmente con médicos y enfermeras, algunos formados en la Argentina.
Bauman afirma que una de las reacciones de los locales o "naturales" frente a los visitantes o "extraños" es la clasificación de ciertos migrantes en pisos inferiores de la escala social, una marca que los distingue del resto y que también los estigmatiza frente a todos. Algo así sucede con la comunidad boliviana, que por su actividad y procedencia, no es ubicada al "nivel" de un migrante europeo, por ejemplo. Aunque tampoco se la asocia a la delincuencia, como sí sucede con otras nacionalidades. Si se pregunta a un argentino medio sobre el "boliviano", la respuesta generalmente es que es "trabajador y honrado", aunque algo tímido y afecto a la fiesta y al alcohol. Pero no, salvo excepciones, ladrón o asesino.
Esto explica la reacción de la comunidad boliviana, y de las representaciones consular y diplomáticas de este país, frente a las modificaciones de la política migratoria argentina, aprobadas vía decreto por Mauricio Macri a fines de enero. Las nuevas disposiciones endurecen los controles de ingreso al país y amplían las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular.
La reacción fue de indignación, pero más que por su alcance jurídico (que aún se debate), por las declaraciones de algunos representantes como la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que afirmó que el 33% de los presos por narcotráfico, entre otros delitos, procede de Perú, Paraguay y Bolivia, y por ello es necesario "ordenar las relaciones" con esos países. "El que tiene antecedentes no entra y el que comete un delito se va", afirmó.
Esta declaración desató la protesta boliviana, sustentada, por otro lado, en las cifras del propio Ministerio de Seguridad argentino, que afirma que el 6% de los presos son migrantes, y de ellos –completa la estadística el cónsul boliviano, Ramiro Tapia–, el 0,7% son bolivianos: alrededor de 190 personas y solo 14 por tráfico de drogas.
Al hacer estas declaraciones, ¿no se corre el riesgo de confundir delincuencia con migración o de avivar el estigma? Para organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, no hay duda de que se ha puesto en la misma bolsa migración y delincuencia. Por si quedaran dudas, el propio embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, pidió a la ministra Bullrich disculparse.
Aquí volvemos a Bauman, que acuña el término de "securitización", que consiste en "desplazar la preocupación ciudadana de problemas que los gobiernos son incapaces de manejar", especialmente, la inseguridad. Y agrega que "la decisión política de dar seguridad a la gente a costa de los migrantes debe ir acompañado de una demostración pública de fuerza". Es decir, usar a los migrantes como chivo expiatorio.
Algo de ello hubo hace algunas semanas al ponerse en práctica el nuevo sistema de controles migratorios. Tras la inspección a más de mil pasajeros en la terminal de buses de Liniers, Lucy Luna, integrante del Comité de Comerciantes de la Comunidad Boliviana en esta zona, contó al diario La Razón: "Vi policías con chalecos antibalas, escaners, escudos... Justo en ese momento, cerca del mediodía, llegó el bus Potosí, y los policías rodearon a los pasajeros como si estuviese llegando Pablo Escobar..."
El problema –dice Bauman– es que todo esto azuza el estigma, y "roba la autoestima de los migrantes". El estigmatizado se reagrupa y mimetiza, adoptando el acento, las costumbres y los modismos locales. Pero no todos. Hay miles de hijos, nietos y bisnietos de bolivianos nacidos en Argentina que se apropian de su pasado migrante.
Una de ellas es Laura Rivero Chambi, la reina de las 17 morenadas de Buenos Aires, que una vez al año, paraliza con su fraternidad un sector de la 9 de Julio. "Soy nieta de bolivianos e hija de padres argentinos. Siempre me sentí orgullosa de mi origen, de mis abuelos que vinieron de Oruro para buscar una mejor calidad de vida, y que este país maravilloso se los dio. Ya no tengo el acento boliviano pero valoro que el boliviano nunca olvide sus raíces, y no tenga vergüenza en mostrarlo. Es cierto que hay discriminación, aunque cada vez menos. Debemos sacarnos esa idea de que los bolivianos, peruanos o paraguayos vienen a robar laburo, eso no es cierto, la gente viene en busca de nuevas oportunidades".
Esta declaración bien podría haber cerrado el libro de Bauman, que concluye que las fronteras son porosas, y que si bien el mundo es cosmopolita, aún le falta una conciencia cosmopolita. "El desafío es aprender a vivir como una tribu global".
Pero también es cierto que la migración continuará mientras no se equiparen los niveles de bienestar en los países. Al final, la idea es fusionar los horizontes y, mejor aún, tener un horizonte común. No se trata –dice Bauman– de que dos países hablen un lenguaje común, sino que logren, durante el proceso, hablar un lenguaje común como efecto del entendimiento.
La indignación de la comunidad boliviana por la nueva norma migratoria se debe a que ya no se siente visitante, porque también aporta y juega de local. Las autoridades no siempre se percatan que hoy todos somos Argentina, aunque no todos somos argentinos. Y sí, esperamos las disculpas de la señora ministra.





SI PUEDE TRABAJAR EBRIO O BAJO LOS EFECTOS DE DROGAS, EN COLOMBIA YA NO LE DESPEDIRÁN

Una sentencia de la Corte Constitucional divide a los expertos sobre legislación laboral

El País de España (www.internacional.elpais.com)

¿Es posible trabajar drogado o bajo los efectos del alcohol? Una polémica sentencia de la Corte Constitucional de Colombia ampara a los trabajadores que logren hacerlo sin que su rutina laboral o productividad se vea afectada. El fallo ha levantado pasiones y ha dividido a los expertos en un país donde en los últimos años ha repuntado la producción y el consumo de cocaína. El tribunal colombiano ha reinterpretado una parte de un artículo del Código del Trabajo que explicita la prohibición de “presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”. ¿Por qué? Porque no siempre esas sustancias entorpecen el desempeño del trabajo diario, argumenta la corte. La sentencia aborda también una reflexión que equipara la adicción con una enfermedad laboral, pero la rectificación de ese supuesto de la legislación laboral se debe a que “la prohibición allí contemplada solo se configura cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga enervante afecte de manera directa el desempeño laboral del trabajador".
Esta decisión empezó a gestarse el año pasado en la facultad de Derecho de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga. Dos estudiantes presentaron un recurso de inconstitucionalidad apelando a una cuestión de principios. Según el escrito que enviaron a la Corte, ese precepto del Código del Trabajo chocaba con dos artículos de la Constitución. El primero consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y llama a la protección del Estado de “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. El segundo artículo establece la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.
El tribunal fija excepciones para “actividades que involucran riesgos para el trabajador, para sus compañeros de trabajo o para terceros”. "Un ejemplo de ello es lo que sucede con relación al personal aeronáutico", señala. En cualquier caso, aclara que "igualmente, respecto de actividades que impliquen un menor riesgo también puede exigirse el cumplimiento de la prohibición establecida en la norma demandada, en la medida en que es interés legítimo del empleador que los trabajadores presten de manera adecuada las labores contratadas". "Con todo, respecto de estos casos, no se podrán tomar medidas disciplinarias si no se demuestra por parte del empleador la incidencia negativa que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores", concluye el fallo.
La sociedad colombiana, los expertos y los políticos han encontrado otro motivo de polarización. El constitucionalista Juan Manuel Charry defiende la sentencia en conversación con EL PAÍS.  "El solo hecho de estar bajo los efectos de una sustancia no puede ser sancionable si no hay daño o una negligencia de una conducta”, explica, poniendo el clásico ejemplo de un trabajador que toma dos copas de vino durante el almuerzo. “A uno no se le puede sancionar por cómo es o por cómo está, sino por lo que hace”, señala. 
En las antípodas, la opinión de Augusto Pérez, terapeuta y director de la Corporación Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación de las adicciones. Según su análisis, la sentencia “tiene consecuencias malas para la sociedad”. Aunque apunta que el fallo no abarca solo los casos de evidente embriaguez, lo considera “peligroso para los mismos empleados”, ya que sienta un precedente dudoso y da “patente de corso para que hagan lo que quieran”.

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