miércoles, 15 de marzo de 2017

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DE BOLIVIA: VAMOS A SOLICITAR QUE PERITOS DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA VISITEN EL SILALA

El hidrólogo inglés Howard Wheater no piso territorio boliviano para hacer sus estudios sobre el origen de las aguas del Silala, sostuvo el presidente del Senado, José Alberto Gonzales. Su afirmación la sustentó en un reporte migratorio que solicitó a la Dirección de Migración sobre la presencia de este ciudadano inglés en territorio nacional. Gonzales mencionó que en el informe de Migración se da cuenta que desde enero de 2015, “ningún ciudadano inglés de nombre Howard Wheater estuvo pisando territorio boliviano”.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anticipó que el país solicitará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) enviar a sus peritos a los nacientes de los manantiales del Silala.
Gonzales argumentó que el artículo 66 del Reglamento de la CIJ “le da la potestad y la posibilidad a los miembros de ese altísimo tribunal de la humanidad de ir al lugar a hacer una inspección, de visitar los lugares sobre los cuales se ha planteado el diferendo, y en el lugar, con la asistencia de peritos, inclusive, ellos pueden estar haciendo una verificación in situ”.
Por ello, señaló que “obviamente, no quepa la menor duda que nosotros vamos a solicitar que miembros de la Corte Internacional de Justicia o sus peritos puedan estar en el lugar haciendo la evidencia de todo esto (el Silala)”.
Las afirmaciones de Gonzales fueron en respuesta a una entrevista que realizó el periódico chileno El Mercurio al experto en hidrología Howard Wheater, quien asesora a La Moneda para el proceso por el Silala.
Wheater dijo que “un curso de agua internacional es, en palabras simples, un curso de agua a través del que corre un río, para mí es obvio que el Silala lo es y ha estado ahí por varios miles de años. Ha cruzado desde los territorios que hoy son Bolivia a lo que es Chile por muchos miles de años”.
Frente a ello, Gonzales planteó una serie de cuestionamientos a las autoridades chilenas, de forma puntual al canciller Heraldo Muñoz, quien hasta ahora no responde a una invitación para visitar los manantiales.
“Si su experto H. Weather no llegó a los manantiales del Silala, ¿de dónde saca que el Silala es un río?”, preguntó Gonzales, y apuntó: “Si el Silala fuese río, obvio que Heraldo Muñoz ya hubiera aceptado nuestra invitación para ir al lugar. ¿La aceptará?”.
Recordó declaraciones del canciller Muñoz de enero de este año, cuando afirmó que “el Silala fluye por una quebrada milenaria”. Frente a ello preguntó, ¿para qué entonces se tramitó la concesión y se realizó la canalización?
“¿Cómo harán Muñoz y compañía para convertir manantial en río y tubo de 12 pulgadas en ‘quebrada milenaria’? Se verá el 3 de julio”, cuando presente su memoria, indicó el presidente del Senado.
INGLÉS HOWARD WHEATER NO VISITÓ BOLIVIA
El hidrólogo inglés Howard Wheater no piso territorio boliviano para hacer sus estudios sobre el origen de las aguas del Silala, sostuvo el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
Su afirmación la sustentó en un reporte migratorio que solicitó a la Dirección de Migración sobre la presencia de este ciudadano inglés en territorio nacional.
Gonzales mencionó que en el informe de Migración se da cuenta que desde enero de 2015, “ningún ciudadano inglés de nombre Howard Wheater estuvo pisando territorio boliviano”.
De acuerdo con informes de prensa chilenos, Wheater habría iniciado su trabajo en mayo de 2016, pero vive en Canadá. Con esos antecedentes, Gonzales cuestionó cómo el hidrólogo llega al convencimiento de que las aguas del Silala son un río si no ha ingresado a territorio boliviano y no se fijó de dónde salen esas aguas, y supone “kilómetros abajo que es un río”. Según el canciller Muñoz se trata de una quebrada milenaria.
Wheater explicó al periódico chileno El Mercurio que su trabajo se basa en antecedentes históricos y la adecuación en medir el flujo, evaporación, funcionamiento del agua subterránea y cómo interactúa con el agua de la superficie.
Gonzales puso en tela de juicio el hecho de que ninguna autoridad del vecino país quiera visitar la región del Silala, donde hay 94 vertientes conectadas con canaletas, construidas de cal y piedra, que vacían el agua a un canal central y hacen un recorrido de dos kilómetros para unirse con otro canal y forman un caudal en el cerro Silala, a 600 metros de la frontera de Bolivia con Chile.
UN EQUIPO ENCARA LA CAUSA DE LOS MANANTIALES
El canciller Fernando Huanacuni indicó que su despacho, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), el Ministerio de Justicia y el equipo jurídico nacional e internacional encaran la defensa de los manantiales del Silala.
El 6 de junio de 2016, el Gobierno de Chile presentó una demanda contra Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en busca de que juzgue y declare que las aguas del Silala son un curso de agua internacional y que, como tal, tiene derecho “al uso equitativo y razonable”. En la actualidad, Chile consume casi la totalidad de las aguas bolivianas.
Si bien la Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala (DireSilala) carece de secretario general, debido a que René Martínez asumió como ministro de la Presidencia desde el 23 de enero, Huanacuni enfatizó en que ello no significa que la instancia no esté funcionando.
El presidente Evo Morales anunció el lunes que se conformará una comisión permanente para tratar el tema del Silala, una vez que llegue a Bolivia el expresidente y agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé.





BOLIVIA APUNTA A INDUSTRIALIZAR LA COCA; LA COCAÍNA SIGUE SIENDO DIFÍCIL DE VENDER
                                                                                                                                                                                      
Los agricultores ahora pueden crecer más del 'producto estrella', pero los funcionarios subestimaron la resistencia internacional porque la coca es tan ampliamente aceptada como inofensiva en Bolivia.

The Guardian de Londres (www.theguardian.com)

Ricardo Hegedus alzó la voz para que pudiera oírlo a través del sonido de las máquinas de envasado de té. "La coca es un regalo maravilloso de la naturaleza, ofreciendo un estimulante moderado como el café, pero lleno de vitaminas y minerales", dijo.
Hegedus, el gerente de Windsor, el mayor productor de té de hoja de coca de Bolivia, apuntó a cajas apiladas de bolsitas de té y dijo: "Hemos soñado con exportar té de coca durante los 26 años que he trabajado aquí".
Bolivia resiste la presión mundial para acabar con la cosecha de coca
Esa visión de un mercado internacional en expansión para los productos legales de la coca, como la harina, el té y los ungüentos, es ampliamente difundida en Bolivia y fue la fuerza impulsora de una reciente ley firmada este mes por el presidente Evo Morales que eleva las 12.000 hectáreas. 29.640 acres) legalmente reconocida en una ley de 1988 a 22.000 hectáreas.
Pero en la mayoría de los otros países, la coca es aún mejor conocida como el principal ingrediente de la cocaína, y encontrar un mercado legal para productos alternativos ha resultado un reto.
Los funcionarios gubernamentales admiten que subestimaron la resistencia internacional, en gran medida porque en Bolivia la coca es tan ampliamente aceptada como inofensiva.
"Pensamos que sería fácil porque todos conocemos los beneficios de la coca", dijo Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y sustancias controladas. "No teníamos un entendimiento real de que tanta gente piensa que la coca es lo mismo que la cocaína".
La campaña boliviana para legitimar la hoja de coca obtuvo una importante victoria en 2013 cuando se le otorgó el reconocimiento internacional del derecho a consumir la hoja en el país a través de una excepción a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
El esfuerzo involucró a las masticadoras de coca frente a la embajada de Estados Unidos en La Paz, y Morales, un ex productor de coca, comió hojas en la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. "Si es una droga, detenteme", desafió.
Desde que Evo Morales se convirtió en presidente en 2006, 20.000 hectáreas de hoja se han permitido informalmente, una política adoptada para garantizar un ingreso de subsistencia para todos los productores registrados. Como Bolivia utiliza 14.700 hectáreas para masticar y tés de acuerdo con un estudio de la Unión Europea de 2014, esto deja 7,300 hectáreas de "exceso" de coca.
"Si pudiéramos exportar legalmente, los ingresos de los cultivadores de coca mejorarían", explicó Ricardo Hegedus. "No eliminaría el tráfico de drogas, pero haría más difícil y más caro para los traficantes obtener coca".
A fines de 2016, el gobierno firmó un acuerdo de exportación con Ecuador para productos de hoja de coca y se están llevando a cabo negociaciones con Paraguay y Venezuela. Pero dos plantas de productos de coca construidas hace cinco años han languidecido en ausencia de un mercado internacional.
La nueva ley de coca del gobierno de Morales se ha visto con escepticismo. La semana pasada, la Unión Europea, un importante aliado boliviano en la lucha contra la droga, anunció que los cambios de última hora que aumentan la cantidad de coca permitida en la nueva ley significan que "volverán a centrar" sus esfuerzos, aunque seguirán colaborando con Bolivia.
Kathyrn Ledebur, del organismo regulador de la política de drogas de la Red Andina de Información, ve la nueva ley como un paso positivo. "A pesar de los compromisos que aumentan el cultivo, esta ley tiene un valor real porque aumenta significativamente el control gubernamental sobre la producción y comercialización de la coca", dijo.
Las largas y escasamente pobladas fronteras de Bolivia significan que el país no sólo luchará con su propia producción de cocaína, sino también como principal país de tránsito de pasta y cocaína del Perú a mercados en auge en Brasil y Europa.
Jorge Chambi vende hoja de coca en bolsas de una libra desde un puesto exterior en la ciudad montañosa de Oruro. "La coca siempre ha sido parte de nuestras vidas", dijo. "Y nunca tuvimos problemas con él hasta que los narcotraficantes aparecieron y lo convirtieron en cocaína".
Para reducir el flujo, Bolivia firmó acuerdos detallados con los cinco de sus vecinos durante el año pasado. Las incautaciones de cocaína también han aumentado cada año desde que el gobierno boliviano pidió a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que se fuera en 2008.
El gobierno de Morales ha demostrado un gran éxito en limitar el cultivo con un programa innovador de control comunitario de la coca, a través de los sindicatos de productores, que garantiza que los agricultores no crezcan más que la cantidad asignada de coca.
"Las cosas son mucho más duras que en Estados Unidos", dice el productor Emilio Flores. "Antes de que tuviera que evitar a la policía antidrogas. Ahora tus vecinos te pueden entregar.
Bolivia es el tercer mayor productor de coca del mundo después de Colombia y Perú, pero la producción ha caído 35% a nivel nacional desde 2010.
Para los productores, la mayoría con poca conexión directa con el narcotráfico, la coca es lo que los apoya a ellos ya sus familias. "Queremos vender la hoja en todo el mundo", dijo el productor Lucio Mendoza. "Esto sería bueno para el mundo, lo cual se beneficiará como lo hacemos con nuestra sagrada hoja de coca".
Christian Oporto, Supervisor de Ventas Internacionales de Windsor Tea, está de acuerdo. "Tenemos un producto estrella que está atrapado durmiendo en nuestro país", dijo.





ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE BOLIVIA Y CHILE

La Tercera de Chile (www.latercera.com)
                                                                                        
Bolivia reinició la suya obteniendo que los países del ALBA (Alianza Boliviariana para los Pueblos de Nuestra América) apoyen su demanda ante La Haya, luego que el Ex Canciller Choquehuanca fuera elegido su Secretario General. Era de esperar, pues agudizarán su campaña ante la presentación de la Réplica a la Contramemoria chilena, al 21 de marzo. Los “Bolivarianos” (Antigua y Barbuda; Bolivia; Cuba; Dominica; Ecuador; Nicaragua; San Vicente y Granadinas), inspirados ideológicamente, financiados y reunidos por Venezuela, adoptaron una Declaración Especial para el acceso al mar boliviano, que calificaron de “derecho justo”, a obtenerse con “soberanía” y mediante el “diálogo pacífico”. Términos que parecerían inocentes, salvo que constituyen las bases y propósitos de la demanda contra Chile en La Haya. No sólo se procura orientar políticamente la sentencia, sino que presionar su resultado. Una intromisión inaceptable en el pleito y contra Chile.
Reaccionamos calificando acertadamente la declaración como “irrelevante” y de un “organismo intrascendente”.  Sin embargo, es demostrativa de que algunos países Latinoamericanos y Caribeños, continúan apoyando claramente a Bolivia y no a Chile, por razones principalmente políticas, a pesar de los decisivos cambios ocurridos en la región, y el cansancio de mandatarios eternos. Faltan a las prácticas y al principio de no injerencia y debida prescindencia en las controversias internacionales, sobre todo si éstas se encuentran sometidas al principal Tribunal Mundial para aquellas de carácter jurídico. Chile no ha podido contrarrestarlas. Se suman a distintas acciones que se han acumulado, obligándonos a sólo reaccionar; salvo el caso de nuestra demanda por el Silala en que tomamos esa iniciativa.
Con motivo de la renuncia del Asesor de Comunicaciones de muestra defensa, se aseguró de que existe una completa estrategia, anticipativa y efectiva. Sin embargo, permanece en reserva, junto a sus posibles logros. Natural prudencia para las gestiones de política exterior o diplomáticas, pero inapropiada y restrictiva para una campaña que debería buscar la más amplia difusión nacional e internacional, como objetivos naturales. Bolivia utiliza la suya profusamente,  sobredimensiona resultados y aprovecha cualquier buen deseo lógico de que el conflicto se resuelva pacíficamente, como un apoyo concreto a su aspiración y al pleito en La Haya. La Corte  no fallará basada en las comunicaciones, sino en derecho. No inciden. Pero constituyen un aspecto adicional de gran utilidad en el mundo de hoy, para difundir las razones de ambos juicios y precaver desnaturalizarlos, o servir de pretexto a eventuales incumplimientos, si nos favorecen.





EVO SE ENFRENTA A LA IGLESIA POR LEY DE ABORTO Y APELA AL PAPA

La Tercera de Chile (www.latercera.com)
                                    
Por Fernando Fuentes.- Un día después de que la Iglesia Católica de Bolivia rechazara el proyecto de ley impulsado por el partido del Presidente Evo Morales que busca ampliar las causales para el aborto, el gobierno pidió este martes un debate amplio respecto a la problemática, instando a los católicos a conocer las reflexiones del Papa Francisco sobre el tema.
El Vicepresidente boliviano Alvaro García Linera justificó la propuesta oficialista sobre la despenalización del aborto apelando a la decisión que tomó el Pontífice a fines de 2016, cuando en la carta apostólica “Misericordia et misera” autorizó a los sacerdotes a perdonar libremente el pecado del aborto. “Yo pido que los católicos revisen lo que dice el Papa sobre el aborto. El Papa nos ha dado unos lineamientos para adecuar la religión, nuestras creencias religiosas, al siglo XXI”, declaró.
A diferencia de las posiciones anteriores de la Iglesia Católica, que según García Linera condenaban a las mujeres “a los siete infiernos”, “el Papa Francisco da un mensaje fuerte en el mundo, la mujer que comete aborto tiene que ser perdonada (…). Eso nos está reclamando un nuevo equilibrio entre los principios éticos y la protección y la libertad de la mujer. Y es lo que estamos haciendo en el nuevo código penal, buscar ese nuevo equilibrio”, sostuvo el Vicepresidente.
García Linera reaccionó así al rechazo que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) manifestó contra la iniciativa impulsada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que propone que el aborto puede practicarse “durante las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez”, si la mujer es madre de tres o más hijos y no cuenta con recursos suficientes para su mantención o es estudiante.
Actualmente en Bolivia el aborto requiere permiso judicial para todos los casos, salvo cuando el embarazo resulta de una violación, incesto o estupro y cuando esté en riesgo la vida y salud de la madre.
A juicio de la Conferencia Episcopal, el proyecto oficialista “distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio (…). Como si ser pobre fuese justificativo para violar cualquier ley”. “Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos”, indica el comunicado leído el lunes por el secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa.
“La Iglesia ha reiterado su firme oposición al aborto y está consciente de que la norma, que amplía las causales para solicitar la interrupción del embarazo, será aprobada por la Asamblea”, explica a La Tercera el politólogo boliviano Carlos Cordero.
Morales se defendió el lunes de la polémica asegurando que la iniciativa es de los legisladores. “El tema del aborto es complejo, pero es iniciativa de la Asamblea. Yo no hablé ni debatí con ellos. Voy a recabar mayor información”, dijo. A juicio de Cordero, “Evo ha manifestado que él no sabía del tratamiento de la ley, para dar la impresión de separación de órganos, Ejecutivo y Legislativo, y para no ser señalado por las iglesias católicas y evangélicas o por sus fieles”.





LA EMBESTIDA DE LA INMIGRACIÓN ARGENTINA SACUDE A BOLIVIA

La represión del presidente argentino Macri contra los inmigrantes, haciendo eco a Trump, desencadena un feroz debate nacional y suscita tensiones diplomáticas con Bolivia.

NACLA de Estados Unidos (www.nacla.org)
                                                                        
Un presidente recién elegido -un multimillonario y ex magnate de bienes raíces- emite una orden polémica de represión contra los inmigrantes que buscan ingresar al país y facilitan el traslado de extranjeros. Los aliados del Congreso piden un muro fronterizo y una fuerza especial de policía de inmigración.
Esta no es la América de Trump, sino la de Argentina, donde el reciente decreto de inmigración del presidente Mauricio Macri ha encendido un feroz debate nacional y levantado tensiones diplomáticas regionales -especialmente con la vecina Bolivia, que tiene una de las mayores poblaciones de inmigrantes en Argentina.
En virtud del decreto de emergencia promulgado el 30 de enero, los inmigrantes pueden ser expulsados ​​o prohibidos de ingresar a la Argentina no sólo si han cometido un delito mayor, sino también si han sido acusados ​​de prácticamente cualquier delito, aunque aún no hayan sido condenados. Esto incluye, por ejemplo, infracciones menores tales como vender mercancías ilegales en la calle, o participar en un bloqueo o ocupación de la carretera. Los jueces y fiscales argentinos están ahora obligados legalmente a denunciar estos cargos penales a las autoridades de inmigración, allanando el camino para la expulsión.
Es más, el proceso de deportación ha sido modificado para eludir los tribunales, eludir los derechos del debido proceso y acelerar el plazo para la remoción. Se ha establecido un centro especial de detención en Buenos Aires donde los migrantes acusados ​​serán detenidos, en espera de deportación. Una nueva Comisión Fronteriza Nacional reprimirá la entrada de presuntos delincuentes.
Las medidas de emergencia están aparentemente diseñadas para frenar una creciente ola de delitos relacionados con las drogas, que la administración Macri ha vinculado a la afluencia de migrantes predominantemente indígenas y pobres a través de la frontera norte de Argentina. Los funcionarios gubernamentales señalan estadísticas que muestran que el 22% de los reclusos federales argentinos y el 33% de los encarcelados por narcotráfico son extranjeros. Según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, "Muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos actúan como inversionistas, mulas o conductores, o como parte de una cadena [de suministro] en el mundo del narcotráfico".
Las acusaciones provocaron una respuesta enojada del presidente boliviano Evo Morales, cuyo país envía más inmigrantes a la Argentina que en cualquier otro lugar del mundo. "Estas políticas discriminatorias que condenan la migración y la culpa por el crimen, el narcotráfico y el tráfico de personas, [y] el terrorismo ... son una vergonzosa regresión frente a los derechos conquistados a través de la lucha de nuestros pueblos". "Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos una gran patria; No sigamos las políticas migratorias del norte ".
Como han señalado Morales y otros críticos del decreto, el porcentaje de inmigrantes en Argentina (menos del 6%) es aproximadamente el mismo que el porcentaje de inmigrantes en la población general (4,5%). De los 1,3 millones de bolivianos que viven actualmente en Argentina, sólo 273 -o menos de .02 %- son criminales encarcelados.
El nuevo decreto ha desencadenado una oleada de xenofobia contra los inmigrantes bolivianos en Argentina. Desde su promulgación, numerosas incursiones se han llevado a cabo en barrios inmigrantes y en terminales de autobuses en Buenos Aires. Los inmigrantes han permanecido detenidos durante 12 horas mientras se investigan sus antecedentes, lo que hace temer a las comunidades donde las familias bolivianas han vivido, en muchos casos, durante décadas.
La ardua ya veces contradictoria relación de Argentina con los inmigrantes y los pueblos indígenas ha sido central en su historia. Las "guerras de conquista" del siglo XIX mataron a la mayor parte de la población indígena nativa. A principios del siglo XX, el gobierno dio la bienvenida a millones de inmigrantes europeos para ayudar a poblar y desarrollar el país, asociando la inmigración con la prosperidad económica. Se estima que el 79% de los argentinos de hoy, incluyendo a Mauricio Macri, son descendientes de inmigrantes europeos.
Desde finales del siglo XX, la fuerte demanda de mano de obra no calificada de bajo salario ha convertido a Argentina en un imán regional para los emigrantes económicos, especialmente de las naciones más pobres del Cono Sur. Históricamente, los bolivianos, los paraguayos y otros migrantes han ocupado nichos en el mercado de trabajo que los argentinos no están dispuestos a llenar, en la elaboración de alimentos, textiles y, más recientemente, en la economía de servicios informales. Estos inmigrantes de piel más oscura se han enfrentado periódicamente a intensas campañas xenófobas del gobierno nacional y local, así como a los sectores laborales, especialmente durante las crisis económicas cuando han sido chivos expiatorios por el aumento del desempleo, los costos del bienestar social y la delincuencia.
Bajo la notoria "Ley Videla" de 1981, los inmigrantes de Bolivia y otras naciones fronterizas fueron considerados como una amenaza para la seguridad nacional argentina y tratados como criminales. La ley creó una vasta población de trabajadores no autorizados que fueron objeto de una intensa explotación por parte de los propietarios de fábricas y agronegocios, mientras que a sus familias se les negó la salud, la educación y otros beneficios sociales.
Veinte años después, tras la presión de organizaciones inmigrantes y de derechos humanos, así como de otras naciones sudamericanas, una ley de 2003 reconoció la inmigración como un derecho humano democrático y permitió a los inmigrantes de los países vecinos vivir y trabajar libremente en la Argentina. Se otorgó a los migrantes acceso universal a la educación y la asistencia sanitaria, representación legal gratuita y derecho a la reunificación familiar.
La nueva ley, complementada por acuerdos de "libre tránsito" entre las naciones del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además de aliados Bolivia y Chile), ha sido elogiada por la ONU y los migrantes internacionales Como un enfoque modelo para las "fronteras abiertas". Durante los últimos 13 años, ha regularizado los flujos de inmigración y proporcionado un flujo constante de trabajadores de bajos salarios para la creciente economía argentina, al tiempo que alienta a los inmigrantes a pagar impuestos a cambio de protecciones legales. En 2016, Argentina recibió el mayor número de inmigrantes de cualquier país de América del Sur.
Es cierto que los bolivianos y otros pobres migrantes indígenas han continuado experimentando los efectos de la discriminación étnica, racial y de clase en la economía y sociedad altamente estratificadas de la Argentina. Se estima que dos tercios de los inmigrantes bolivianos en la Argentina todavía viven y trabajan "fuera de los libros", a menudo bajo condiciones precarias y explotadoras. Los incendios recurrentes en las fábricas de prendas de vestir clandestinas -incluyendo una en 2006 que mató a seis inmigrantes bolivianos- resaltan la persistencia de las fábricas ilegales y la necesidad de mejorar los esfuerzos del gobierno para legalizar a los trabajadores indocumentados.
Sin embargo, el nuevo decreto de Macri, junto con el discurso xenófobo inflamatorio que lo ha acompañado, ha inaugurado un nuevo capítulo represivo en la historia migratoria argentina. El verdadero propósito, argumentan muchos, es distraer la atención de la economía en crisis, un año después de que Macri fue elegido, prometiendo el crecimiento de las políticas económicas favorables al mercado.
"El verdadero problema es la crisis económica", dice Juan Vásquez, activista boliviano en Argentina. "El sector textil, donde la mayoría de los bolivianos trabajan, está mal porque el país se está abriendo a las importaciones. Todos los talleres están violando la ley hasta cierto punto. Ahora pueden expulsarte por cualquier razón.
Otros ven la medida como una estrategia política estratégica de Macri para apuntalar el "voto duro" de derecha antes de las elecciones legislativas de mediano plazo de Argentina programadas para finales de este año, apelando a los impulsos xenófobos de los votantes de la clase obrera y de la clase media, Después de un año de creciente desempleo y de inseguridad económica. Los críticos señalan que el decreto fue promulgado sin el beneficio de la aprobación del Congreso -que podría ser un desafío obtener en un año electoral, con el partido de Macri carente de mayoría en cualquiera de las legislaturas.
Amnistía Internacional y grupos de derechos humanos argentinos insisten en que el decreto también viola la Constitución argentina, que garantiza a los inmigrantes los mismos derechos civiles que los ciudadanos. Como señaló el ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, "Macri está criminalizando la inmigración a través de órdenes ejecutivas que modifican las leyes nacionales y los compromisos internacionales, al igual que Trump".
Al igual que Trump, Macri es un líder populista derechista que ha impulsado los sentimientos anti-inmigrantes al poder, aunque bajo los auspicios disfrazados, como escribió María Esperanza Casullo para NACLA poco después de las elecciones de Macri. En 2010, como alcalde de Buenos Aires, Macri culpó a la ocupación de un parque de la ciudad de "migración incontrolada" de Bolivia, y desalojó por la fuerza a miles de ocupantes que demandaban vivienda asequible, dejando al menos 4 muertos y heridos. Un prominente fabricante de ropa propiedad de la esposa y cuñado de Macri ha sido acusado de explotar a trabajadores indocumentados bolivianos.
Los lazos de Macri con Trump provienen tanto del negocio como de la política. Como desarrolladores de bienes raíces en la década de 1980, Macri y su padre trabajaron con la familia Trump, sus antiguos rivales de negocios, en un proyecto de la ciudad de Nueva York que finalmente vendieron a los Trumps. Antes de su elección, Trump estaba desarrollando planes para una nueva torre en Buenos Aires, un proyecto que está en espera por ahora.
Mientras que las encuestas muestran que el decreto de Macri tiene un considerable apoyo interno, también ha galvanizado una coalición popular en oposición que podría extenderse a una gama más amplia de asuntos internos. Dentro de la región, el retroceso de Bolivia, Paraguay y otras naciones del Mercosur ya ha tenido algún impacto, con Macri y Morales acordando establecer una comisión bilateral para atender las preocupaciones de inmigración de Bolivia.
Mientras que la política regional está cambiando, la consolidación de la identificación de Macri con Trump debido a sus respectivas iniciativas contra la inmigración no es necesariamente una ventaja para Macri, dada la desacuerdo general con Trump en Sudamérica. Incluso Macri apoyó públicamente a Clinton durante la campaña presidencial estadounidense. En la medida en que Macri aspira a ser el líder de un resurgente centroderecha en América Latina, volverse en contra de los intereses comunes de sus vecinos regionales a favor del trumpismo en la frontera podría ser una receta para el aislamiento de la Argentina.





POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, EL RALLY DAKAR SE CORRERÁ LEJOS DE CHILE

Pese a los contactos preliminares con las autoridades nacionales, los organizadores de la carrera no contemplarán al desierto de Atacama en su recorrido para 2018. El próximo miércoles se formalizará en París el trazado por Perú, Bolivia y Argentina.

El Mercurio de Chile (www.economiaynegocios.cl)
                                                                      
El próximo miércoles 22 de marzo, en el museo Dapper de París, se realizará el anuncio oficial de los países que albergarán el Rally Dakar 2018. En ASO, la empresa francesa que organiza la carrera, tienen una certeza: Chile no formará parte del recorrido por tercer año consecutivo.
Después de los acercamientos producidos en enero, cuando se reunieron Pablo Squella (ministro del Deporte) y Marc Coma (director deportivo del Dakar) en Santiago, ASO se había comprometido a enviar un proyecto para que las autoridades nacionales evaluaran la posibilidad del regreso de la carrera, que pasó por el desierto de Atacama por última vez en 2015.
Sin embargo, en las oficinas de Fidel Oteíza 1956 se quedaron esperando. "Hasta hoy (ayer) no ha llegado nada, siendo que nos dijeron que se comunicarían en febrero", confirmaron fuentes del Mindep.
¿Qué pasó? En dicha cita, Squella le reiteró a Coma la postura gubernamental de no pagar una cuota por tener la carrera (aproximadamente 5 millones de dólares abonaron Paraguay, Argentina y Bolivia por el Dakar 2017), lo cual hizo que ASO no insistiera. Preliminarmente se había hablado de Iquique y Copiapó como las principales alternativas para la ruta.
Vuelve Perú
En su sondeo por el resto del Cono Sur, a los organizadores del Dakar les fue mejor. Perú decidió volver a ser parte de la prueba que ya acogió en 2012 y 2013, con lo que ASO podrá resolver la gran carencia que criticaron los participantes en la última edición: la ausencia de desierto.
"Para garantizar el éxito de la participación peruana, lo estamos anunciando con un año de anticipación", aseguró en enero Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo.
"Lo que sé es que se largará en Perú, seguirá por Bolivia y terminará en Argentina", indica un cercano a la organización. Ya durante el Dakar 2017, el Presidente boliviano Evo Morales y el ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, habían ratificado su interés por seguir siendo parte del evento. Paraguay, que albergó la largada y un tramo de 39 kilómetros cronometrados este año, no sería incluido en 2018, puesto que su territorio no tiene dónde realizar etapas más extensas.
8 pilotos chilenos tomaron parte en la última edición del Dakar, que cruzó Paraguay, Bolivia y Argentina.
5 millones de dólares, aproximadamente, recibe ASO de cada país por donde pasa la carrera.





LUIS ENRIQUE GARCÍA RODRÍGUEZ: "LA MAYOR PREOCUPACIÓN QUE VEO NO ES ECONÓMICA, ES POLÍTICA"

Entrevista con el presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

El País de Uruguay (www.elpais.com.uy)
                                               
Cuando en diciembre de 1991 Enrique García asumió como presidente ejecutivo de la CAF, América Latina recién empezaba a salir de la "década pérdida", las democracias apenas estaban consolidadas y la pobreza había aumentado. Tras 25 años, la región mejoró en varios aspectos, pero tiene deberes pendientes. Este economista boliviano, que se define como socialdemócrata, fue uno de los impulsores de que CAF dejara de ser la sigla de la Corporación Andina de Fomento y pasara a ser Banco de Desarrollo de América Latina. A tres semanas de dejar el cargo, García habló con El País.
—¿Qué recuerda de la CAF cuando comenzó como presidente ejecutivo en 1991?
—Le veía mucha posibilidad. Era una institución pequeña, pero que tenía una base muy sólida con un convenio constitutivo muy flexible, muy creativo, que daba la oportunidad de ajustar a la institución a las situaciones cambiantes. No tiene un directorio residente, los miembros del directorio son los propios ministros. Eso era una gran ventaja.
—¿Porque elimina burocracia?
—Elimina burocracia. Había visto en el BID como podían complicarse las cosas. Además, América Latina salía de la década pérdida de los años 80 que fue resultado de la sobre-expansión de los sectores públicos y la deuda. La región había retomado los sistemas democráticos y había un interés en relanzar la integración regional, con un concepto de regionalismo abierto. Todo eso me motivó para llegar a la institución. Pero quería proyectarla, entonces dije tres claves: no puede quedarse con cinco países y hay que ampliar su espectro, había que financiar la inversión y en eso es importante la infraestructura (allí había una ventana de oportunidad porque al BID y al Banco Mundial le dieron un mandato de priorizar programas orientados a la pobreza) y la tercera cosa es que había que tener independencia financiera y tenía que ser un actor con posibilidades en el mercado de capitales. El foco en la infraestructura hizo que los países del Mercosur tomaran interés en la CAF. Y luego vino un experimento.
—¿Cuál?
—Tratar de ser un banco propiedad de los emergentes. Eso quiere decir que no hay países donantes y otros receptores de los beneficios como en el BID, el Banco Mundial, el Banco Asiático. Tiene identidad de la región y por eso la llamamos "CAF-Banco de Desarrollo de América Latina", el "de" tiene un sentido de propiedad. Eso ha hecho que haya una lealtad mutua. Nunca hemos dejado de ayudar a los países aunque estén en una situación muy difícil. En 47 años, nunca han dejado de pagarle a CAF, es puntual. Somos el banquero que da el paraguas cuando llueve y cuanto más llueve da un paraguas más fuerte. Lo otro es que CAF respeta las diferencias ideológicas y busca la calidad de las iniciativas, pero no pone condicionalidades.
—Otros organismos sí hacen cuestionamientos.
—Claro, cuando tienes países donantes y países receptores. El país donante quiere ver qué beneficios saca. Es un instrumento político, las decisiones se influencian. En nuestro caso no se inserta ese tipo de tema. Tenemos excelente relación con otros organismos como el BID, el Banco Mundial.
—¿Cuánto cambió América Latina en estos 25 años?
—Ha cambiado, ha cambiado. En muchas cosas para bien y en otras no para bien. En los 80 había un porcentaje alto, especialmente en Sudamérica, de gobiernos que no eran democráticos. El cambio positivo es que la mayor parte de los países retornaron a la democracia, es un logro enorme. La región, puede haber diferencias en algunos países, es una zona de paz. Lo otro es que ha habido una etapa de expansión económica, especialmente desde el 2000 hasta el 2008, que ha sido gracias a que se logró en la mayor parte de los países un manejo macroeconómico muy adecuado y al mismo tiempo la coyuntura internacional que le trajo precios de commodities muy altos. Lo más trascendente es que hubo una reducción de la pobreza en forma dramática y la inclusión de vastos sectores de la población en la clase media. En lo negativo, hubo complacencia de que esta riqueza, esta bonanza era para siempre. El mensaje es: estamos bien, pero momento, hay problemas estructurales que no estamos resolviendo. Seguimos con un modelo de ventajas comparativas tradicional. Debemos movernos a un modelo de ventajas comparativas dinámicas que implique mayor valor agregado que se base en tecnología, innovación.
—Hoy el modelo está muy basado en materias primas.
—No ha cambiado sustancialmente. Lo otro es que tenemos una gran concentración en exportaciones de ese tipo. El ahorro interno es relativamente bajo. El ahorro interno de América Latina fluctúa entre el 18% y el 20% del PIB. Comparemos con China, no seamos iguales, pero llega al 45% del PIB. La inversión en América Latina es en promedio 20% del PIB, hay países que invierten muchísimo menos. Para dinamizar la economía y poder sostener un modelo de inclusión social en el tiempo, América Latina tiene que crecer por lo menos al 5% en forma continua. Hay que invertir más, mejor, en áreas como infraestructura que está muy rezagada, en educación que tiene que ser del siglo XXI y no del siglo XIX, habilidades. Tenemos que dar un paso a un modelo de ventajas comparativas dinámicas y para eso se requiere un proceso de transformación productiva que es la base para poder crecer a tasas más altas. El otro tema es que, si bien ganamos muchísimo en la democracia, hay una crisis institucional. Pero, no hay que llorar, hay que buscar soluciones. Y la ventaja es que América Latina no está en la crisis de los 80, si bien la macroeconomía no es lo mismo que hace dos o tres años, la mayoría de los países sigue creciendo. Hay una ventana de oportunidad para llevar adelante esfuerzos de reestructuración de la economía. Se requiere una agenda de largo plazo, donde participen todos los actores y tienen que tener una convergencia en ciertos temas básicos que no se resuelven en tres años. La mayor preocupación que veo en la región no es la económica, es la política.
—Ha visto innumerables crisis que golpean, pero en los últimos tiempos la región ha sobrellevado la crisis internacional, ¿hacia adelante puede ser esa la norma y no la excepción?
—El hecho de que no estemos en esa crisis que fue la típica a fines de los 70 y principios de los 80, hace que haya esta oportunidad. Con muy pocas excepciones no estás en la situación desesperada de que no tienes reservas, de que tienes problemas de deuda y que tienes que hacer un ajuste muy severo. Aquí es más mantener con sabiduría los principios de la estabilidad macroeconómica como condición necesaria pero no suficiente e incursionar en las realidades de la microeconomía. Y la construcción del recurso humano, aplicarlo a lo que viene en los próximos 40 años. En América Latina no se está hablando de la cuarta revolución industrial que significa la economía digital, los robots, etc. Ese modelo es muy diferente. Los empleos que hay hoy ya no van a existir dentro de 50 años, hay que preparar al recurso humano para esa situación.
—¿Cómo imagina a la región en 30 años?
—Depende mucho de que estos sistemas permitan retomar el sendero del desarrollo con un crecimiento que sea menos volátil, más alto y de buena calidad. La macroeconomía, la microeconomía, la equidad y la inclusión social son parte de un sistema que está interactuando uno con otro. Por eso es que los ministros de Finanzas hablan entre ellos, gozan con la macroeconomía, por otro lado están los del medio ambiente. Lo que se necesita es poner en un cuarto a actores de las diversas disciplinas del sector público y privado para que puedan reconocer las necesidades y al mismo tiempo las limitaciones. Todo es importante, si no tengo con qué pagar no se puede hacer, pero tampoco la macroeconomía, lo fiscal, lo monetario es un fin, es un medio, no un fin.
—¿Qué le hubiera gustado ver en estos 25 años y no vio?
—Me hubiera gustado que esos cambios estructurales que permitan dar el salto a una transformación productiva, hubieran avanzado más. Y también que los avances en la reducción de la pobreza no estén en riesgo de revertirse si la economía no marcha bien. Me hubiera gustado que la distribución de la riqueza, de la equidad, que es mala en la región, hubiera mejorado más. Me hubiera gustado que los logros de moverse hacia la democracia, hubieran concretado una institucionalidad más sólida. Es muy electoral la democracia que tenemos.
—¿Cómo ve al Uruguay?
—Es un país con una democracia muy interesante, una civilidad que no es común en la región. Ha logrado avances interesantes por ejemplo, en tocar los temas de la tecnología. Es un país con muy buen recurso humano. Es muy buen actor en los procesos de integración, es un facilitador de articulaciones.
"Cuesta avanzar por la tendencia a ser extremistas"
Para García, a la región le cuesta avanzar porque "tenemos la tendencia de ser extremistas. Cuando somos estatistas, somos hasta la muerte o cuando somos librecambistas, somos hasta la muerte. No es así. Hay que reconocer que es una mezcla, que no es igual en todos los países. Es la institucionalidad democrática la que debe ser fortalecida para permitir esas convergencias. En gobiernos de facto la tienen, los chinos decidieron hacer esto y lo hacen, Singapur con otro modelo lo hacen, pero nosotros no queremos eso, queremos la democracia. En democracia es más difícil, pero hay que hacer el intento".
La integración es un factor clave y al presidente ejecutivo de CAF, le preocupan los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de mayor proteccionismo. Eso supone un riesgo, "pero al mismo tiempo hay que mirar el lado positivo: es una clara invitación para que los latinoamericanos se pongan las pilas y que trabajando juntos vamos a estar mucho mejor. Es muy importante que México vea al sur y que los sudamericanos vean a México y que esas rivalidades que ha habido en algún momento entre los grandes jugadores desaparezcan", afirmó. "La integración regional tuvo su momento de entusiasmo a inicios del 90, pero después ha comenzado a deteriorarse. Hay muchas instituciones, muchos discursos, pero seamos realistas, no está funcionando", agregó.
Experiencia en organismos.
Cuenta con una licenciatura y master en Economía y Finanzas de St. Louis University y estudios doctorales en American University. Desde diciembre de 1991 es el presidente ejecutivo de CAF (ex Corporación Andina de Fomento y actual Banco de Desarrollo de América Latina), cargo que dejará el próximo 31 de marzo al peruano Luis Carranza. Previamente, García se desempeñó como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante 17 años, del que fue Tesorero. Ha sido Gobernador por su país en el Grupo del Banco Mundial, el BID y el Fonplata. Entre 1989 y 1991 fue ministro de Planeamiento y Coordinación de su país y Jefe del Gabinete Económico y Social. Fue elegido Hombre del Año 2005 por la revista Latin Finance. Le han sido otorgadas altas condecoraciones de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil,Colombia, Ecuador, España, Perú, Uruguay, Venezuela.






Radio FM 89.9 de Argentina (www.fm899.com.ar)
                                                                                
Se anunció la posibilidad de llamar a licitación para realizar obras de mejoramiento en el ramal C15.
Con la idea de potenciar el mercado regional e internacional, ayer se anunció la posibilidad de llamar a licitación  para obras de mejoramientos de las vías en el ramal C15 que une Coronel Cornejo con Pocitos.
Así lo anunció el coordinador de la Unidad de Proyectos Ferroviarios, Marcelo Lazarte, quien detalló que el primer beneficiado de confirmarse esta medida sería el mercado de granos entre Bolivia y Argentina.
A la vez contó que existe un interés particular del vecino país por realizar esta obra, ya que la empresa privada que opera el ferrocarril allá, es también productora de agroquímicos con intenciones de arribar a Argentina.





INCREMENTA CONTAMINACIÓN DEL RÍO SUCHES

Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)

El embajador del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia, Félix Denegri Boza, consideró que la contaminación del río Suches se agudiza constantemente, debido a la práctica de la minería informal en el territorio del vecino país, y también por el crecimiento de la población.
“La contaminación del río Suches ha ido agravándose, porque la población ha ido creciendo y las necesidades de esa población también, entonces tenemos que buscar la solución más pronta en este problema”, expresó el diplomático.
Señaló que para ver este tema, están trabajando con la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ABLT), pero dijo que actualmente dicha entidad se encuentra en una etapa de transición, debido a que el mandato del presidente de ABLT concluye.
Finalmente, sostuvo que se necesita hacer ajustes en el funcionamiento de la ABLT, para que sea más eficiente, con el propósito de combatir la contaminación del río Suches que desemboca en el lago Titicaca, para lo cual -a su criterio- se debe buscar la solución más pronta.
BOLIVIANOS SON DEPORTADOS POR INGRESAR ILÍCITAMENTE AL PAÍS
Al menos cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos por la policía debido a que no tenían los documentos necesarios para permanecer en tierras peruanas. Luego de las diligencias tuvieron que ser deportados a su país de origen.
La intervención se produjo la tarde del pasado lunes, en el kilómetro 13 de la vía Puno-Desaguadero, a la altura del Centro Poblado de Ichu, en donde varios efectivos del Grupo Terna realizaban un operativo con la finalidad de erradicar la delincuencia en sus diferentes modalidades.
Como resultado de esta actividad, el personal interviniente logró detener a las personas de Gladys Maribel Oblitas Yauli (22), Wilder Coaquira Cardenas (24), Alex Adalid Céspedes González (25) y un menor de edad de iniciales Y. M. C. O (2).
Posteriormente, los ciudadanos bolivianos fueron conducidos hasta las instalaciones del Departamento de Seguridad del Estado, en donde los agentes tramitaron su expulsión del país porque cometieron una infracción a la ley de extranjería.





SUPREMA VERÁ SI AMPLÍA LA EXTRADICIÓN DE BELAUNDE

La República de Perú (www.larepublica.pe)

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia evaluará este jueves 16 de marzo el pedido de la fiscalía para solicitar a Bolivia ampliar la extradición del empresario Martín Belaunde para que pueda ser procesado por el caso Antalsis.
Belaunde fue extraditado del vecino país altiplánico por los delitos de lavado de activos y corrupción en el caso de La Centralita, por lo que para ser juzgado por otro caso se requiere la autorización de la justicia Boliviana.
En diciembre último, el fiscal Elmer Chirre solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que tramite la ampliación de extradición, lo que ahora será evaluado por la Corte Suprema.
En este caso, conocido como Antalsis, la fiscalía acusa a Belaunde Lossio de encabezar una organización ilícita, que aprovechó sus contactos políticos para promover contratos con el Estado, vía pago de comisiones ilícitas.





HALLAN EN BRASIL 40 MILLONES DE BOLÍVARES VENEZOLANOS ESCONDIDOS EN DOS AUTOS

Panam Post de Panamá (www.es.panampost.com)
                                                            
La Policía de Brasil halló 40 millones de bolívares venezolanos (US$ 4 millones) en una favela de Río de Janeiro. De acuerdo con las informaciones, dicha cantidad de billetes venezolanos estaban en manos de traficantes locales.
Los agentes policiales recibieron una denuncia anónima y encontraron el dinero en el interior de dos vehículos.
La policía se desplazó hasta la favela e intercambió tiros con supuestos traficantes para aprehender el dinero, aunque no hubo heridos.
Los billetes estaban guardados en el interior de maletas y fueron trasladados hasta la comisaría para investigar el origen del dinero.
“Los agentes sospechan que el dinero incautado puede tener relación directa con el tráfico de drogas, pero como no es un valor fácil de transacción en el mercado, es preciso profundizar las investigaciones para saber el destino final de los bolívares “, señaló Agencia Brasil.
El pasado 21 de febrero tras el hallazgo de otras 30 toneladas de bolívares en Paraguay, se conoció que en Brasil podrían existir al menos cinco contenedores de carga con billetes venezolanos.
La revista brasileña Veja publicó el pasado 23 de febrero que Venezuela y Bolivia estarían implicados en un esquema estatal de lavado de dinero.
 Tras el primer hallazgo de los billetes venezolanos en Paraguay, un consultor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos señaló que  “entidades estatales, se amparan en operaciones legales para limpiar los recursos provenientes del crimen”.
“Un pequeño grupo privilegiado de Venezuela y Bolivia puede multiplicar su patrimonio en una única transacción de cambio. Y lo más oscuro es el saqueo del patrimonio venezolano que se hace enteramente dentro de la ley “, dijo el asesor del Pentágono.





VACA MUERTA, UN TIRO DE GRACIA A LA PRODUCCIÓN SALTEÑA DE GAS

Desde 2006, por las diferencias de precios, las operadoras reorientaron la exploración a Bolivia.Ahora, por una medida de promoción nacional, enfocan sus capitales en la Cuenca Neuquina.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
                                                                          
Por Antonio Oieni.- En el departamento San Martín, donde los gigantes del gas agonizan, trabajadores del sector, empresas de servicios y comunidades enteras esperan un cambio de vientos que devuelva a la actividad hidrocarburífera de la zona la dinámica, los ingresos y los puestos de empleo que destruyó la fiebre importadora de los últimos diez años.
A fines de 2016, Pan American Energy (PAE), la operadora del área Acambuco, empezó a explorar las fronteras del enorme potencial de gas no convencional que un informe de Schlumberger, publicado por Oilfield Review en septiembre de 2012, atribuyó a la formación Los Monos. Esos trabajos, con los que el norte volvió soñar, hoy están parados.
Exploración suspendida
Según fuentes de PAE, el plan de perforación encarado en Aguaray en busca del "tigh gas" de Los Monos se frenó por un inconveniente técnico. El despegue del gas no convencional de Salta, sin embargo, quedaría relegado por años.
El pasado lunes, el Ministerio de Energía publicó la resolución 46/17, por la que se pagará el "shale gas" que se descubra en Vaca Muerta a 7,50 dólares el millón de BTU.
En los yacimientos salteños el precio promedio no llega a 4,50 dólares.
La resolución 46/17 se dictó para alentar las exploraciones del recurso no convencional de la Cuenca Neuquina.
La medida, que retribuirá con un precio subsidiado las inversiones focalizadas en Vaca Muerta, terminará de hundir a los yacimientos de Salta, si no se adopta una decisión semejante que estimule la exploración del "tigh gas " norteño.
La fiebre importadora
Desde 2003 los precios se mantuvieron congelados en los yacimientos argentinos a menos de 3 dólares por millón de BTU (unidad equivalente a poco menos de 27 metros cúbicos), mientras se llegó a pagar hasta 11 dólares por gas importado desde Bolivia. Después vinieron las compras de gas en buques, que alcanzaron valores de hasta 18 dólares por millón de BTU.
Este esquema desplomó a las cuencas productoras del país y la que más cayó fue la del NOA, por su proximidad con los bloques gasíferos de Tarija, donde las petroleras que operan las áreas de Salta se asociaron en los campos que siguen despachando gas hacia Argentina a precios internacionales.
En estos días, el valor del recurso importado está casi en paridad con el precio que se paga en los pozos de Salta.
Esto se debe a las fuertes caídas que tuvo la cotización del barril de crudo, que toman Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y Enarsa para ajustar trimestralmente el precio de los despachos .
Frente al nuevo escenario, la medida que se tomó para Vaca Muerta, sin considerar el enorme potencial de gas no convencional que atesora San Martín, dejaría a Salta sin inversiones ni oportunidad de despegue en Los Monos.
En esa formación, el gas se encuentra entrampado en areniscas compactas (se lo conoce como "tigh gas"). Por ello se necesitan menores fracturamientos hidráulicos que en Vaca Muerta para liberar el recurso. Mas allá de esa ventaja, en la Cuenca Noroeste el "tigh gas" está a profundidades dos o tres veces mayores que el "shale gas" de la Cuenca Neuquina.

La perforación de un pozo convencional profundo demanda en la frontera con Bolivia unos 100 millones de dólares, mientras que los pozos no convencionales en Vaca Muerta se perforan con 15 a 20 millones de dólares.

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