El
escándalo de acoso sexual que sacudió a Hollywood ha desencadenado una ola de
denuncias. Sus réplicas también se sienten en América Latina, donde las mujeres
luchan desde hace décadas contra la violencia de género.
México
De
acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siete de cada 12
asesinatos de mujeres que se registran en América Latina ocurren en México.
Disfrazadas de calaveras, unas 250 mujeres marcharon este primero de noviembre
por las calles de la Ciudad de México portando velas, cruces rosadas y
fotografías de víctimas de violencia de género. En el marco de las
celebraciones por el Día de los Muertos, colectivos de derechos humanos habían
organizado manifestaciones en la capital y otras ciudades del país para
denunciar la impunidad en los crímenes contra las mujeres y exigir un alto a
los feminicidios. Según las Naciones Unidas, en México 7,3 mujeres fueron
asesinadas cada día en 2016.
Perú
El año
pasado, una movilización contra la violencia de género en Lima, promovida por
el colectivo "Ni una menos", marcó récord histórico de asistencia.
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican a
Perú en el octavo puesto entre los países con mayor número de feminicidios. De
enero a septiembre de este año, se han registrado 94 feminicidios y 175
tentativas de este delito en todo el país, así como un promedio de 95
agresiones físicas y 12 violaciones sexuales al día, según cifras oficiales del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Argentina
Como
consecuencia de los feminicidios en este país del Cono Sur, a mediados de 2015
diferentes organizaciones sociales convocaron a una multitudinaria
manifestación bajo la consigna "Ni una menos". El lema
trascendió las fronteras argentinas y es usado desde entonces a nivel
internacional en distintas movilizaciones contra la violencia machista.
En 2016,
según datos de la Corte Suprema de Justicia, se produjeron 254 feminicidios en
el país. Sin embargo, organizaciones sociales como MuMaLá contabilizaron, en
base a los casos relatados en la prensa, al menos 322 asesinatos entre enero y
diciembre del año pasado. Ya en 2017, según esa última asociación, Argentina
registró hasta julio 167 feminicidios.
El Salvador
Entre
enero y octubre de 2017, El Salvador alcanzó una tasa de feminicidios de 9,54
por cada 100.000 mujeres que habitan en el país, acercándose peligrosamente a
la tasa de 10 asesinatos que a nivel internacional se considera una epidemia.
Expertos
explican que en El Salvador el sitio más inseguro para las mujeres es el hogar
y no la calle. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA) también
señala que en este país, al igual que Honduras, Guatemala, México y Colombia,
la violencia letal contra las mujeres está ligada fuertemente al crimen
organizado.
Bolivia
Desde el
año 2013, rige en Bolivia una ley contra la violencia machista que tipifica el
feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de género y lo
castiga con 30 años de cárcel sin indulto, la pena más alta de la legislación
de ese país.
Entre
enero y abril de 2017 se reportaron 22 feminicidios y 9.000 casos de violencia
física y psicológica contra mujeres en este país andino, según la Policía.
Chile
En lo va
de este año se han registrado 25 casos de feminicidio en Chile, donde además se
contabilizaron 56 casos frustrados de este delito, según datos del Ministerio
de la Mujer. En 2016 se cometieron 34 feminicidios.
Colombia
Entre
2015 y 2016 aumentó en un 3 por ciento el porcentaje de casos de mujeres
asesinadas en Colombia, pasando de 970 en 2015, a 997 en 2016. Se estima que al
menos un 50 por ciento de estos casos son feminicidios. En Colombia, 7 de cada
10 mujeres sufren algún tipo de violencia. DW
de Alemania (www.dw.com/es)
¿FOCOS SECESIONISTAS EN AMÉRICA LATINA?
Política Exterior de España (www.politicaexterior.com)
América Latina es de
las regiones del mundo menos familiarizadas con los conflictos de índole
separatista –no ha sufrido cambios formales en sus fronteras desde que en 1903
Panamá se separase de Colombia–, pese a lo cual también cuenta con
manifestaciones secesionistas a lo largo y ancho de su geografía. Si bien no
podemos comparar los secesionismos
latinoamericanos con movimientos en Europa como el vasco, el escocés o el
catalán, entre otros ––dada su larga trayectoria y poderoso impacto en las
sociedades donde operan–, los latinoamericanos son casos que revelan que el
fenómeno del separatismo está lejos de ser exclusivo de las regiones con más
carga histórica.
Los
secesionismos latinoamericanas tienen la particularidad de que, en general, se
dan en bastiones de la oposición al gobierno central que poseen ingentes
recursos naturales (petróleo y gas) y representan una parte importante del PIB
de sus respectivos países. Los secesionismos en la región se han visto
alimentados, además, por intereses del capital financiero internacional y las
compañías transnacionales. Estos actores, junto a las élites locales, se
benefician del discurso secesionista, que les mantiene en una posición
privilegiada. Así, el separatismo sirve y ha servido en ocasiones como
herramienta para desestabilizar gobiernos y hacerse con el control de los
recursos naturales.
Este es
el caso de Bolivia, donde se
promueven movimientos secesionistas en la región de la Media luna, área oriental del país rica en gas, petróleo y con
gran aporte al PIB nacional. Región de mayoría blanca –en contraste con la
mayoría aimara del país– se mostró más determinada en sus acciones desde el
ascenso al poder de Evo Morales
y sus políticas de nacionalización. De ello surgió el Movimiento Nación Camba y los referéndums de autonomía de 2008 en
los departamentos de Santa Cruz,
Tarija, Beni y Pando, que
no fueron reconocidos por el gobierno. Desde entonces, Morales ha buscado
satisfacer las necesidades de la región, al tiempo que forjaba pactos con los
empresarios locales para evitar mayores fricciones. En 2008, Morales llegó a
expulsar de Bolivia al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, acusándolo de dividir el país. Antes de su
retirada, Goldberg se había reunido con los gobernadores de las provincias
rebeldes en visitas públicas.
En Venezuela, la zona de Zulia, separada geográficamente del
resto del país por los Andes, aporta la mayor parte del petróleo extraído por
la potencia energética. El antichavismo reinante, sumado a los intereses
económicos, genera corrientes separatistas como el movimiento Rumbo propio. En Guayaquil (Ecuador), también se encuentran manifestaciones de secesionismo
entre las élites económicas de la región, que han visto mermada la capacidad de
esta ciudad portuaria. Colombia
cuenta con su propia tensión territorial materializada en el movimiento de
autodeterminación de Raizales. Y
Brasil la sufre en los estados
meridionales de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, donde se han dado
movimientos como El sur es mi país
y consultas no vinculantes en 2016 y 2017, sin gran participación ciudadana. São Paulo, el estado más rico de
Brasil, es hogar de tendencias independentistas, que cuentan con su propia
organización, São Paulo Livre.
Otro de
los casos donde planea la sombra de la injerencia extranjera es el del parque Pumalín en Chile, propiedad del estadounidense Douglas Tompkins hasta su reciente
defunción, donado luego al Estado chileno. Este empresario era propietario de
largas extensiones de zonas naturales en la zona limítrofe de Chile con Argentina, lo cual levantaba recelos
acerca de sus planes. Ambos países también sufren las manifestaciones del
movimiento mapuche. Por último,
la Isla de Pascua también ha
expresado su deseo de autonomía.
En México, son los factores económicos,
políticos y la crisis entre sus autoridades lo que explica sus casos
secesionistas. Estos son manifestados mayoritariamente a través de las redes
sociales. Nos encontramos tanto con la propuesta de Aridoamérica, formada por los estados de Nuevo León, Chihuahua
y Baja California, que buscarían
maximizar su eficiencia económica bajo la independencia, como con los
particularismos que presentan Chiapas
y la península del Yucatán.
En
general, los casos presentados son ejemplos de voces minoritarias que carecen
de herramientas políticas que les den soporte, así como de la capacidad de
articular a la sociedad en torno a esas ideas. Sin embargo, sus motivaciones
económicas en ocasiones han recibido apoyo de algunos actores internacionales.
Sobre todo, cuando los movimientos separatistas se dan en zonas ricas en recursos
naturales, donde priman los intereses de los grandes latifundistas y las
multinacionales.
Los
separatismos latinoamericanos también se dan en contextos en los que
determinados sectores se sienten discriminados en el reparto del poder político
o en la distribución de la riqueza. En todo caso, en muchos casos lo que se
busca no es la independencia, sino obtener una mayor autonomía del gobierno
central para poder disponer de y gestionar los recursos locales. Ante esta
situación, los países se ven forzados a adaptar el clásico discurso que apela
al sentimiento nacional, incluyendo los intereses económicos de las regiones
más prosperas.
BRASIL Y BOLIVIA COOPERAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD
El Gabinete Binacional de Seguridad entre Brasil y
Bolivia reforzará el combate a organizaciones criminales y la actuación
conjunta entre las fuerzas armadas y de seguridad de los dos países.
Revista Diálogo de España (www.dialogo-americas.com)
Con más
de 3.400 kilómetros de frontera en común que se extienden por cuatro estados
brasileños (Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Rondônia), Brasil y Bolivia
dieron un paso más hacia la cooperación en la seguridad de la zona con la
creación de un Gabinete Binacional de Seguridad. El gabinete se implementó el
17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el objetivo de combatir
las organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico, la trata de
personas y armas, además del contrabando, el lavado de dinero y otros crímenes.
Desde la
creación del gabinete binacional ya se han implementado algunas acciones en la
frontera entre Brasil y Bolivia. El 18 de agosto, por ejemplo, se cerraron dos
puentes que conectan a Brasil y Bolivia, el puente de la Amistad, en Brasileia,
y el puente Wilson Pinheiro, en Epitaciolândia, en el estado de Acre, entre las
23:00 y las 5:00 horas, para reforzar la seguridad de la zona. Con esta medida
ni bolivianos ni brasileños pueden usar vehículos o motocicletas para cruzar
los puentes en ese horario. El tránsito en ese lugar solo se puede hacer a pie,
todos tienen que pasar por una fiscalización y deben presentar documentos de
identificación. Después de dos meses los puentes siguen cerrados y no hay fecha
para su reapertura.
El 20 de
agosto se cerraron parcialmente durante un mes 37 pasos de frontera entre el
estado boliviano de Pando y el estado brasileño de Acre para combatir al crimen
organizado. Y el 28 de septiembre las Fuerzas Armadas brasileñas llevaron a
cabo una operación de inspección en las fronteras en el estado de Mato Grosso do
Sul, para combatir entre otras prácticas delictivas el tráfico de armas,
drogas, municiones, y el contrabando, según informaciones del portal Capital do
Pantanal, de la ciudad brasileña de Corumbá. De acuerdo con esta publicación,
los vehículos que venían de Bolivia eran revisados minuciosamente y se les
verificaba su documentación. La operación continuó al día siguiente.
Una alianza constante
El
General del Ejército de Brasil César Augusto Nardi de Souza, jefe de
Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de
Brasil, explicó que el gabinete es una reunión bilateral realizada por los
ministerios de Defensa, de Justicia y del Gabinete de Seguridad Institucional
de Brasil con el país vecino. La alianza en el área de la seguridad entre
Brasil y Bolivia es algo que ya sucede. Sin embargo, el objetivo de la reunión
bilateral fue el de ampliar los acuerdos y la actuación en conjunto para
reducir los delitos en la zona transfronteriza”, afirmó el Gral. Nardi. “Se
propusieron acciones de cooperación entre Brasil y Bolivia, como por ejemplo el
combate a organizaciones criminales, la actuación conjunta entre las fuerzas
armadas, las fuerzas de seguridad, policíacas y de inteligencia, y el
intercambio de informaciones entre los países, entre otras”, agregó.
El
departamento de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se
encarga de contribuir con la coordinación entre las autoridades brasileñas y
bolivianas y de facilitar el diálogo y la cooperación entre las agencias involucradas
directamente en el combate a los delitos transnacionales, habló con Diálogo
acerca de la importancia del Gabinete Binacional de Seguridad. “El delito
transnacional representa un reto que enfrentan todos los países de la zona, que
requiere el perfeccionamiento de la cooperación internacional y la coordinación
entre todos los órganos involucrados domésticamente en el tema”, afirmó. “El
combate a los crímenes transfronterizos es un tema prioritario para el Gobierno
de Brasil, por lo que el país viene promoviendo iniciativas para fortalecer la
cooperación en esta área”, agregó.
La
reunión que marcó la instalación del gabinete también tenía como objetivo
implementar la “Declaración de Brasília” sobre seguridad en las fronteras,
firmada el 16 de noviembre de 2016 entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, para establecer objetivos prioritarios y directrices para
el desarrollo de acciones coordinadas en esa zona, además de la cooperación en
el área de la policía y la defensa. “La Declaración de Brasília antecedió a la
reunión bilateral entre Brasil y Bolivia, y concentra el mismo espíritu de la
reunión que se celebró en Santa Cruz de la Sierra”, concluyó el Gral. Nardi.
“El gabinete binacional está alineado con los compromisos asumidos en la
Declaración de Brasília al evidenciar la prioridad de fortalecer la cooperación
entre las agencias de los dos países involucrados en la problemática de la
seguridad en las fronteras y del combate a los delitos transnacionales”,
completó el departamento de comunicaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Punto por punto
Durante
las casi tres horas de reunión que marcó la implantación del Gabinete
Binacional de Seguridad entre Brasil y Bolivia, representantes de las
delegaciones brasileñas y bolivianas presentaron las acciones que ya están en
curso y las propuestas de colaboración entre los dos países. Después del
encuentro, el ministro de Defensa de Brasil Raul Jungmann habló sobre cómo se
desarrollará el trabajo en conjunto.
“Tuvimos
un intenso programa de trabajo con ministros y dirigentes de ellos y nuestros,
del área de seguridad, inteligencia, de Relaciones Exteriores, de Defensa, con
la participación de las fuerzas armadas y policíacas de ambos lados. Armamos un
programa punto por punto para atacar las rutas del tráfico, las bandas
criminales y sus recursos financieros”, afirmó el ministro Jungmann. “Vamos a
armar un laboratorio para ver y hacer el seguimiento del tema de los flujos
financieros. Vamos a compartir información en la punta de las fronteras. Vamos
a integrar, por medio de una línea directa, las fuerzas armadas, policíacas, de
seguridad y de inteligencia, en fin, todo lo que requieren las poblaciones de
Brasil y de Bolivia para que podamos combatir, sofocar y golpear al crimen
organizado”, completó el ministro Jungmann.
Según el
departamento de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores algunas
acciones ya están en curso. Asimismo, los dos países decidieron estudiar la
posibilidad de profundizar la cooperación para el control del espacio aéreo con
vistas a contener el narcotráfico.
TACNA: CANCILLERÍA Y ANA SIN PROBLEMAS CON PROYECTO
HÍDRICO VILAVILANI
Respuestas. Ministerio de Relaciones Exteriores señaló
que Bolivia está al tanto de iniciativa.
La Autoridad Nacional del Agua señala que no habrá afectación para provincia de
Tarata.
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
El
proyecto hídrico Vilavilani II
Fase I no ha sido observado por Bolivia y tampoco significa un peligro para el equilibrio en los acuíferos
tacneños. Ello fue informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) a algunos opositores al proyecto hídrico de
Tacna.
Vilavilani
consiste en el trasvase del algunos acuíferos de la provincia tacneña de Tarata
hacia la ciudad de Tacna. Con esta iniciativa, la región pretende garantizar la
dotación de agua para la ciudad por los
siguientes 18 años. A la fecha se encuentra en plena licitación el
primer componente de Vilavilani, la construcción del canal Vilachaullani.
La región
de Puno y la provincia de Tarata rechazan
el proyecto. Argumentan que se afectará sus acuíferos. En Puno se
ha advertido que las aguas que quiere trasvasar Tacna afectarán la cuenca del
Maure, la cual se comparte con Bolivia.
El
congresista tacneño Jorge Castro
consultó a la Cancillería sobre este último tema. El ministro de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna Mendoza, respondió al parlamentario a través de un
oficio de fecha 7 de setiembre. En el documento se menciona que la Cancillería
ha informado sobre los alcances de Vilavilani al gobierno de Bolivia. "Así
mismo, el PET (Proyecto Especial Tacna, autor de Vilavilani) ha informado que
las obras en la sección Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca no involucran la utilización de recursos
hídricos que aporten actualmente al río Maure", responde el
canciller.
ESTUDIOS
Por su
parte, la Autoridad Nacional del Agua (Ana) también ha respondido a los
cuestionamientos hechos por la Junta de Usuarios del Sector Hídrico de Tarata.
Los
tarateños tienen tres principales observaciones: 1) que Vilavilani no tiene la licencia social de esa
población, 2) que el PET le debe una indemnización a ellos por obras hídricas
pasadas y 3) que Vilavilani perforará pozos que afectarán la cuenca del río
Sama, de la cual usan aguas para el agro.
La ANA ha
respondido a través del informe técnico N044-2017-ANA, de la Dirección de
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. Sobre los dos primeros
puntos, la ANA ha señalado que dichos temas los lleva el PET directamente con la
población.
Sobre el
tercero, el informe señala que Vilavilani no contempla el aprovechamiento
masivo de aguas subterráneas, lo hace
solo en época de estiaje y ese trasvase se hará solo en la zona El Ayro
(provincia Tacna).
El uso de
esas aguas tiene un estudio del año 2007 que lo respalda. Además, El Ayro se
ubica a 50 kilómetros de Tarata, por lo tanto, no habría afectación.
PARAGUAY COMO UN CORREDOR PARA EL NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA
LATINA
Revista Mercado Militar de Brasil (www.mercadomilitar.com)
En las
últimas décadas, gran parte de este comercio se ha llevado a cabo en la ciudad
fronteriza de Ciudad del Este.
Hogar del
mayor mercado ilícito del Hemisferio Occidental y ubicado en la frontera de
Paraguay con Brasil y Argentina, Ciudad del Este es muy conocido en Sudamérica
como un refugio para contrabandistas.
Refugio
de contrabandistas
Las
autoridades de Paraguay prácticamente no intentan hacer cumplir las
regulaciones aduaneras, por lo que los productos electrónicos, productos
falsificados y software pirateado se mueven libremente a través del Puente de
la Amistad que conecta la ciudad con Foz do Iguacu en Brasil. Miles de
brasileños hacen el viaje a Paraguay todos los días para pasar de contrabando
una amplia gama de productos a su país, especialmente drogas ilícitas.
Hoy,
Paraguay es el cuarto productor mundial de marihuana. Menos del uno por ciento
de los paraguayos afirman usarlo. La mayor parte del suministro del país se
distribuye en cambio a las pandillas brasileñas en Ciudad del Este y sus
alrededores, que luego pasan de contrabando a través de la frontera para vender
a proveedores en todo Brasil. Un pequeño porcentaje de la marihuana de Paraguay
también se envía a la cercana Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.
El
comercio de cocaína también se desenfrena en Paraguay. Aunque la droga no se
produce internamente, la cocaína producida en las naciones andinas con
frecuencia se abre paso en la frontera noroeste con Bolivia. Algunos también
son trasladados directamente desde Colombia a la ciudad norteña de Pedro Juan
Caballero y luego traficados hacia el norte. Se estima que cada año se envían
entre 10 y 40 toneladas métricas desde Paraguay a los EE. UU. y Europa.
Ausencia
estatal
A pesar
del papel central del país en el tráfico de drogas sudamericano, el gobierno
paraguayo históricamente ha hecho poco para combatir el tráfico.
Mientras
que los enfrentamientos violentos entre los cárteles de la droga y las fuerzas
gubernamentales en México y Colombia regularmente aparecen en los titulares
internacionales, el gobierno paraguayo ha hecho la vista gorda ante muchas de
las actividades delictivas que ocurren dentro de sus fronteras. Sin embargo,
este enfoque no es una simple aquiescencia de los contrabandistas en nombre de
la paz, sino que se debe a factores históricos complejos que se remontan a la
Guerra del Paraguay.
MICROTRÁFICO: EN 10 MESES SE SECUESTRÓ MÁS DE UNA
TONELADA DE DROGAS EN LOS BARRIOS DE SALTA
Advierten los serios problemas de controlar el consumo en
una provincia con más de 700 kilómetros de frontera.
La Gaceta de Argentina (www.lagacetasalta.com.ar)
El
control del micro y macrotráfico no es una tarea sencilla para el Gobierno, la
Policía y las fuerzas federales en Salta, una provincia con 700 kilómetros de
frontera y productora de sustancias.
Solo un
puente internacional la separa con Bolivia y por su ubicación es un paso
obligado para la ruta de la droga que ingresa o sale del país. Pero, claro
está, los refuerzos de los operativos han obligado a los traficantes a
reinventarse para moverse por rutas desconocidas o pasos fronterizos no
habilitados.
Las
bandas de narcotraficantes operan con conexiones en Argentina, Bolivia, Chile y
Paraguay. La droga se distribuye y se expande por todo el territorio y, según
fuentes consultadas por LA GACETA, aseguran que Salta es una provincia clave
para el millonario “negocio blanco”, como se lo conoce puertas adentro de la
Policía.
La droga
se mueve en pequeñas y grandes cantidades no solo en los pasos fronterizos sino
también en los barrios de todo el territorio. Las “bochitas”, “arrollados” y
dosis se mueven con naturalidad entre pasamanos en las esquinas y a cualquier
hora.
“Somos un
paso obligado para la ruta de la droga que se distribuye en todo el país y el
exterior. La misma problemática de Salta se ve en Misiones y otras provincias
que deben proteger grandes fronteras y luchar contra la permeabilidad”, dijo a
este medio Javier Salgado, flamante director de la Agencia Antidrogas
dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
El
funcionario advierte el notable crecimiento de los procedimientos y secuestros
en el último año en la provincia y agrega que, si bien es saludable quitar de
circulación las sustancias que llegan a hombres, mujeres, niños y jóvenes, la
realidad es preocupante y se debe apuntar a la prevención y capacitación para
prevenir el consumo.
La droga
en números: una realidad preocupante
De
acuerdo a las estadísticas oficiales a las que accedió LA GACETA, en los diez
primeros meses del año se secuestraron más de 1.300 kilos de drogas en los
barrios de la provincia. La mayoría de los operativos hacen mención a causas de
microtráfico, pero hubo investigaciones que iniciaron por una denuncia web
anónima y derivaron en casos de narcotráfico donde debieron colaborar fuerzas
federales como Gendarmería Nacional y la Delegación Salta de la Policía
Federal.
Desde
el 1 de enero al 31 de octubre se realizaron más de 1.700 procedimientos en la
provincia. Algunas como parte de investigaciones iniciadas por denuncias
anónimas en la web de la Agencia Antidrogas –que funciona desde mediados de
2016- y en otros casos por operativos realizados en la vía pública durante
patrullajes preventivos.
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