A
Bolivia le gustaría tener uno o dos puertos. Durante más de un siglo, ha
llevado a cabo una batalla diplomática y legal con Chile por el acceso soberano
al Océano Pacífico y el territorio que Bolivia perdió en una guerra del siglo
XIX con el país vecino.
Bolivia
había establecido su esperanza en la Corte Internacional de Apelaciones el
pasado octubre. Sin embargo, llegó a la conclusión de que Chile no está
legalmente obligado a dar a Bolivia acceso soberano al océano.
Una
declaración que cayó mal con el presidente boliviano, Evo Morales, quien tenía
grandes expectativas de un acceso restaurado al mar. El acceso soberano al
Océano Pacífico traería considerables beneficios económicos para Bolivia.
Bolivia está particularmente interesada en las ciudades portuarias de Arica y
Antofagasta. Ambas ciudades tienen alrededor de un cuarto de millón de
habitantes y son cruciales para las exportaciones a Asia.
La
mayoría de los envíos internacionales desde Chile tienen lugar desde
Antofagasta o Arica. Bolivia también puede exportar desde aquí; Esto
generalmente involucra materias primas (como el estaño) y productos básicos
como las semillas de soja y las semillas de girasol. El ochenta por ciento de
las exportaciones bolivianas se enviaron en 2017 desde Arica.
El
principal argumento de Bolivia fue que la falta de acceso al océano socava el
progreso como país en desarrollo. Bolivia espera que el acceso soberano al
Pacífico mejore considerablemente su posición negociadora en América Latina y
en todo el mundo. Si Bolivia hubiera tenido éxito en obtener acceso al océano,
el producto interno bruto (PIB) habría aumentado en un quinto, según las
estimaciones.
Actualmente,
el PIB de Bolivia es inferior al 15 por ciento del de Chile. Chile tiene
ventajas considerables por su largo litoral. El comercio internacional, la
mayoría de los cuales con países fuera de América Latina, representa el 56 por
ciento del PIB de Chile. Especialmente los puertos a los que Bolivia también
quiere acceder, son perfectamente adecuados para Chile en los sitios mineros
donde se extraen cobre, molibdeno, plata y oro. Estos productos van a China,
Japón y Corea del Sur, entre otros.
Mayores
costos
Chile
otorga a Bolivia acceso libre de impuestos a los puertos de Arica y
Antofagasta. Bolivia también puede instalar sus propios funcionarios de
aduanas. A pesar de esto, el acceso soberano mejoraría significativamente la
posición comercial de Bolivia. La falta de acceso soberano al Océano Pacífico
lleva a un costo adicional de 55.7 por ciento por contenedor enviado en
comparación con el precio pagado por Chile.
Debido
a que Bolivia está rodeada de tierra, los costos de transporte aumentan. Son
más altos en tierra que en mar. Además, las tarifas para el transporte
terrestre en los países vecinos a menudo están sujetas a monopolios. La mayoría
de los países que están rodeados de tierra, por lo tanto, tienen una desventaja
económica. En promedio, el crecimiento en estos países es 3.5 puntos
porcentuales más bajo que en otros países. La investigación también muestra que,
a pesar de la sustancial liberalización comercial de los países en desarrollo
en la década de 1990, el desempeño de las exportaciones de los países sin
litoral entre 1995 y 2015 fue más débil que el de los países en desarrollo que
tuvieron acceso al mar. Los costos adicionales del comercio fueron la causa
principal de esto.
En
países ricos, incluidos en países como Austria y Suiza, la ubicación tiene
menos impacto en el desempeño económico. De los 45 países incluidos en el
mundo, no hay una diferencia significativa de crecimiento estadístico en los
nueve países ricos de Europa en comparación con otros países ricos. Esto se
debe a que estos países están rodeados de otros países ricos que tienen acceso
a buenas redes de comercio internacional. Los desafíos para estos países son,
por lo tanto, muy diferentes de los de los países en desarrollo.
Bolivia
no está tan lejos y no solo aceptará la decisión del Tribunal de Apelación. Las
emociones políticas también juegan un papel importante aquí: el acceso al
Pacífico es un tema emocional para los bolivianos. Pero el país puede estar
mejor económicamente si se enfoca en diversificar la estrategia comercial, en
lugar de enfocarse únicamente en el acceso soberano a Arica y Antofagasta.
En
lugar de centrarse en las rutas marítimas, debería construir mejores relaciones
comerciales con los bloques comerciales de América del Sur. Mercosur
(incluyendo Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Alianza del Pacífico
(con Chile, Perú, Colombia y México) son opciones. El crecimiento económico de
Bolivia se beneficia más de las alianzas con los países vecinos que de una
batalla legal larga e incierta. Knack
de Bélgica (www.knack.be/nieuws)
La empresa ACI Systems Alemania de Zimmern ob Rottweil está deconstruyendo litio en Bolivia. La materia prima juega un papel cada vez más importante para los coches eléctricos.
suedkurier de
Alemania (www.suedkurier.de)
El
Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo con más de 10,000
kilómetros cuadrados, un área casi veinte veces mayor que el lago Constanza. A
una altitud de más de 3,600 metros en los Andes, la sal se extiende hasta donde
el ojo puede alcanzar; La vista sobre la deslumbrante superficie blanca es
magnífica, en el horizonte se refleja en estos volcanes cubiertos de nieve. En
el medio hay lagunas con flamencos, extrañas formaciones rocosas y cactus de un
metro de altura. El paisaje del Altiplano boliviano, las tierras altas, es una
experiencia única para muchos turistas. Los bolivianos están extrayendo 25,000
toneladas de sal al año, y el turismo es un buen negocio. Pero el tesoro del
lago salado es diferente.
Salar
de Uyuni es el hogar de uno de los depósitos de litio más grandes del mundo.
Según la agencia científica "Estudio Geológico de los Estados
Unidos", se cree que 5.4 millones de toneladas de litio están aquí. Para
promoverlo, las empresas estatales bolivianas Yacimientos de Litio Bolivianos
(YLB) y ACI Systems Alemania (ACISA) de Zimmer ob Rottweil se asocian en una
asociación estratégica. El contrato se firmó en la representación de
Baden-Württemberg en Berlín, entre otras cosas, el Ministro Federal de
Economía, Peter Altmaier (CDU), el Ministro de Energía de Bolivia, Rafael
Alarcón, y el Presidente de Bolivia, Evo Morales.
El
litio es considerado nuevo aceite.
"El
litio es uno de los productos clave del siglo XXI", dijo el CEO de ACISA,
Wolfgang Schmutz, una empresa mediana que pretende promocionar hasta 50,000
toneladas de litio anualmente en la empresa conjunta desde 2021 hasta más de 70
años. Algunos se refieren a la materia prima, que rara vez ocurre en la corteza
terrestre en comparación con otros minerales, como "oro blanco" o
"aceite nuevo"; el triángulo de litio entre Bolivia (Salar de Uyuni),
Chile (Salar de Atacama) y Argentina (Salar del Hombre Muerto), que posee al
menos la mitad del litio conocido y técnicamente degradable del mundo, como la
"Arabia Saudita del litio".
Hasta
el momento, la plata, el estaño y el gas natural han determinado la exportación
de Bolivia. Con las ganancias de la venta de gas natural, el presidente
Morales, quien ha estado en el cargo desde 2006, ha financiado programas
sociales para los pobres y un teleférico en La Paz. "El litio es el nuevo
gas natural", dice Morales, que también tiene que ver con el hecho de que
el metal liviano se usa en la producción de baterías de iones de litio, que a
su vez son muy buscadas por los fabricantes de vehículos eléctricos o híbridos.
Volkswagen, por ejemplo, planea gastar más de 44 mil millones de euros en
futuras tecnologías para 2023, con su filial VW Audi con 14 mil millones de
euros para el desarrollo de automóviles eléctricos y la conducción autónoma.
Según las previsiones, la demanda de litio se triplicará para 2025.
El
presidente Morales quiere evitar la explotación.
Aunque
los fabricantes de automóviles alemanes y las compañías internacionales están
muy interesados en el tesoro del lago salado, el izquierdista y nacionalista
Morales ya ha declarado que su mejora es una prioridad máxima hace más de
diez años. Quería evitar un contrato con una empresa extranjera, que solo está
interesada en la venta de la materia prima e intentó elevar la producción de
litio por su cuenta.
Esto
ha significado que el negocio de los países vecinos Chile y Argentina haya
florecido durante mucho tiempo, mientras que Bolivia promovió pequeñas
cantidades como parte de un proyecto piloto y rechazó todas las ofertas del
exterior. "Compañero, no caballeros" es el lema de Morales. En la
provincia de Potosí, propietaria del Salar de Uyuni, los conquistadores
españoles una vez robaron y saquearon enormes yacimientos de plata. La historia
no debe repetirse, el litio sirve para el desarrollo de Bolivia, así como la
esperanza del gobierno.
Bolivia
retiene la mayoría de la empresa conjunta.
El
gobierno boliviano invitó a ocho compañías internacionales a presentar
conceptos para construir una cadena de valor agregado desde la extracción de
materia prima hasta la batería terminada. También porque ha adquirido confianza
durante tres años y tiene buenos contactos con Bolivia, uno de los socios más
cercanos de Wolfgang Schmutz está casado con un boliviano. Obtuvo los sistemas
ACI alemanes, que forma parte del grupo ACI con sede en Zimmer ob Rottweil y
sobre almacenamiento de energía y Los generadores se especializan en ganar la
asociación estratégica. "Gracias a la empresa conjunta, Alemania asegura
el acceso directo a importantes materias primas no nacionales por primera vez
en décadas", dice Schmutz, CEO de ACISA. Sin embargo, Bolivia tiene la
mayoría con el 51 por ciento. A través de una minería socialmente aceptable y
ecológicamente justa, el panorama debe preservarse no solo para los turistas,
sino también para el medio ambiente.
CRISIS:
ARGENTINOS BUSCAN TRABAJO EN BOLIVIA
MDZOL de
Argentina (www.mdzol.com)
La
devaluación argentina y la crisis económica produce un doble efecto en las
ciudades fronterizas con Bolivia. Así como en Mendoza puede apreciarse que la
salida hacia Chile ha disminuido notoriamente, tirando hacia abajo la explosión
comercial de los centros de ventas trasandinos que se movían con el motor de
las tarjetas de crédito argentinas, en Bolivia ocurre lo mismo, principalmente
en Tarija.
Según
un informe publicado en Bolivia por el diario El País, se agrega un nuevo efecto: argentinos que cruzan la
frontera para conseguir empleo. Según declaró a ese medio la Directora de
Migraciones Lourdes Aldana, “hasta hace unos cinco años era bastante el
movimiento de bolivianos que se dirigían al vecino país para trabajar, eso actualmente
ha cambiado -puntualizó-, porque en los últimos tres años recibieron familias
argentinas con hijos bolivianos que tramitaron la doble nacionalidad para que
puedan ingresar a nuestro territorio sin problemas”.
Turismo
Según
la prensa boliviana, hace siete meses eran más los ciudadanos argentinos que
visitaban Bermejo para realizar compras, ahora las cifras se han revertido,
actualmente por día unos 1.200 bolivianos se dirigen a Argentina y esta cifra
aumenta a 12.000 en las fechas que se realizan ferias en ciudades como Orán y
Salta.
De
acuerdo a datos de la Dirección departamental de Migración en Bolivia, si bien
el mayor destino, en el caso de los tarijeños, era Argentina, antes se
registraba un 50 por ciento más de personas que ingresaban a Bolivia que los
que salían, pero en los últimos cuatro años esta situación cambió, “ahora es
más la gente que sale que la que entra”.
"ESTÁ ENFERMA DE ANGUSTIA PORQUE QUIERE
VOLVER": ASÍ FUERON LAS DENUNCIAS DE LA FAMILIA DE LA MUJER ESCLAVIZADA EN
BOLIVIA DURANTE 32 AÑOS
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
P. está de vuelta con su familia luego de 32 años de
cautiverio y esclavitud en Bermejo, Bolivia, junto a su hijo de apenas 9
años. G., su hermana menor, una
mujer que se dedica a la cosecha de frutas, la misma que había denunciado su
desaparición en julio de 2014, la aloja
en su casa en la zona sur de Mar del Plata.
Volver a
verse no sería fácil, no desde el comienzo. La hermana recibió una foto de P. tal como su hermana se ve hoy
de parte de las autoridades argentinas antes de su llegada, una forma de
aminorar el shock. Su cara actual le era totalmente desconocida: P. desapareció de su casa con apenas 13 años
de edad.
Ocurrió en
1987. P. se fue a Bolivia con su
hermana mayor, D., en ese entonces de 19 años, madre de una bebé de seis
meses. El padre de esa bebé fue quien las llevó, un hombre llamado A.C, en ese entonces de 52 años, ciudadano boliviano,
que les prometió a una adolescente y a una mujer pobre de la zona de quintas de
Mar del Plata una vida de trabajo y bienestar, posibilidades, los cuentos que les cuentan los tratantes y
los esclavistas a sus víctimas.
D. logró
irse. Su hija quedó ahí. P.
también, entre la incertidumbre, en la oscuridad. Terminaría convertida en una
esclava, trabajando sin paga en un
puestito de comida del Mercado Central de Bermejo, un complejo de
pequeños techos de chapa, tendales de verduras y ropa de marca falsificada,
viviendo encerrada por dos candados
junto a su hijo en una cochera tras un placard, en condiciones
deplorables.
Allí fue
donde la liberó el 22 de diciembre la Unidad Antitrata de la Policía de Bolivia
luego de una investigación iniciada por
la PROTEX, el ala de la Procuración encabezada por el fiscal Marcelo
Colombo que investiga los delitos de trata de personas, con una denuncia remitida a la fiscalía federal
de Orán de José Luis Bruno, con tareas de campo encargadas a Gendarmería Nacional, un rastreo de pistas que llegó
hasta el Mercado Central en Bermejo.
Cuando la
rescataron, los médicos legistas vieron que P. misma estaba en condiciones
deplorables: pesaba 20 kilos menos de
lo que debía pesar según el índice de masa corporal, su hijo también
presentaba signos de malnutrición.
La
investigación para llegar hasta ella duró más de tres años. En julio de 2014, su hermana menor se presentó
en la Justicia argentina para denunciar
la captación y esclavitud. Por qué su familia lo denunció
formalmente recién 27 años después es algo que los investigadores argentinos
todavía no pueden precisar. Infobae
accedió a la denuncia original
de la hermana de P.: lo cierto es que hubo señales a lo largo del tiempo. Y venían de un lugar mucho más
cercano que Bolivia.
Ante la
Justicia argentina, G. contó que el
ciudadano boliviano que se había llevado a su hermana había vuelto al país,
que se había instalado en la zona de Gloria de la Peregrina en Sierra de los
Padres con su actual mujer. La nueva pareja del captor le dijo a G. que su
hermana estaba "enferma de
angustia, llora mucho porque quiere volver con su familia, pero que no la
dejan, está esclavizada".
La nueva
pareja le dijo que su hermana ahora
"vendía ropa" y que había pasado a manos de "una señora que no
la deja volver". También, le reveló que su hermana había sido
madre, que el chico tenía "4 o 5
años" y que llevaba el apellido de su mamá.
Otro hermano
también se acercó a ella. Le confió que la última vez que había visto a P.
"fue hace ocho años en Bermejo, muy desmejorada, le dijo que no aguantaba más, que no le pagaban nada, estaba vendiendo
ropa, se quería volver, pero no tenía documentos, que mi hermana le
pidió ayuda, pero él no la pudo ayudar".
Días después, la PROTEX envió una alerta a la división
Interpol de la Policía Federal para encontrarla. Apuntó a encontrar a
P., a su hijo, que estaría en un jardín de infantes, a la hermana de su captor original, su cuñado, que sería una madama en un
cabaret de prostitutas de Bermejo. El oficio también pidió encontrar a
la hija que la hermana mayor de P. tuvo con su captor, hoy de casi 30 años de
edad. La Justicia argentina tenía su
nombre completo, algo con qué empezar.
P. no tuvo documentos en su cautiverio,
al menos no en su poder. La mujer que la explotaba por nada fue encontrada e
identificada por la Policía boliviana según fuentes de la investigación a nivel
nacional: tenía en sus manos los
papeles de la mujer argentina, que fue nacionalizada boliviana en algún
punto de sus tres décadas de esclavitud.
Sorprendentemente,
esa mujer no quedó detenida. Hoy,
según información publicada por la agencia EFE, el gobierno boliviano ofrece
una versión diferentes de los hechos. Carlos Romero, ministro de Gobierno,
aseguró que "la Policía Nacional
está manejando la hipótesis de que no se trataría de un caso de trata"
y que le llamaba la atención "que tenga documento otorgado en Bolivia".
Por otra
parte, existen indicios de que la
hermana de P. mantuvo un contacto con su hija que quedó en Bolivia a lo largo
de los años y que P. también se habría contactado con su familia a
través de redes sociales. En estas horas, los investigadores de la PROTEX
esperan los contenidos de la investigación hecha en Salta por la fiscalía
federal de Orán y los resultados
preliminares del informe psicológico de la víctima.
EL DETRÁS DEL RESCATE: ¿CÓMO HALLARON A LA
ARGENTINA ESCLAVIZADA EN BOLIVIA?
El Litoral de Argentina (www.ellitoral.com)
El rescate de
una mujer argentina y que fue esclavizada durante 32 años en la ciudad
boliviana de Bermejo demandó la acción coordinada de ambos países y la
convicción de que a pesar del tiempo transcurrido, su hallazgo era un
imperativo, informaron hoy organismos que intervinieron en la búsqueda.
La causa se
inició en 2014 para hallar a una chica que en 1987, cuando tenía 13 años, se
fue de Mar del Plata junto a una hermana y su esposo boliviano y nunca regresó,
sin saber que fue víctima de trata hasta que la rescataron el sábado pasado y,
a los 45 y con un hijo de 9, pudo pasar la Nochebuena en familia.
Sin embargo
aunque la policía de Bolivia maneja "la hipótesis de que no se trataría de
un caso de trata, igualmente va a colaborar con cualquier investigación que
requiera la Justicia argentina", expresó el ministro de Gobierno
(Interior), Carlos Romero, en una conferencia de prensa con los medios en La
Paz.
Romero dijo
que les llamó la atención que la mujer tenga DNI de Bolivia y que vendiera
comida en el mercado central de Bermejo "públicamente, con todo el entorno
de personas conocidas dedicadas a esa actividad, y nunca se había registrado
ningún tipo de denuncia, indicio o actividad sospechosa".
La familia de
la mujer rescatada "hizo la denuncia de desaparición ante la Justicia
Federal de Mar del Plata a través de la organización La Alameda" dijo
Marcos Parera, secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas
(Protex), a cargo de Marcelo Colombo.
"Nosotros
tomamos intervención y nos ocupamos de articular la información que reunimos en
Argentina y la proporcionamos a los organismos internacionales capaces de
llevar adelante la investigación", explicó Parera a la agencia de noticias
Télam.
A medida que
la Procuraduría de Trata obtenía información proveniente de la familia,
descartaba una simple búsqueda de persona para encontrarse ante una víctima de
un delito cometido, además, en otro país.
"A
través de la Cancillería argentina pusimos a las autoridades bolivianas al
tanto de la denuncia y derivamos el caso a la Fiscalía de Orán, la ciudad
salteña más cercana a la zona relacionada con una hipótesis de la
investigación", dijo. Una de las hipótesis, indicó, fue que "la mujer
podía estar entre las localidades bolivianas de Aguas Blancas y Bermejo".
La secretaria
de la Fiscalía de Orán, María del Carmen Núñez, dijo que tras el rescate llegó
el momento "más esperado: el regreso de la víctima a su entorno familiar y
social".
El fiscal de
Orán, José Luis Bruno, "desde un principio descartó la posibilidad de no
encontrar a una persona desparecida, a pesar de que Interpol de Bolivia no daba
con el paradero", señaló la funcionaria.
"La
familia -explicó Núñez- buscaba a su ser querido que había viajado a los 13
años junto a una hermana llamada Delia y su esposo -de origen boliviano- a La
Paz, en busca de trabajo".
La mujer fue
rescatada de una casa de Bermejo gracias a que otra hermana, Graciela, denunció
el caso en 2014 e impulsó así "la apertura de la causa que concluye en el
rescate de la víctima de trata laboral", apuntó.
Esto -dijo-
fue posible "gracias a un trabajo articulado" que también contó con
el aporte de la Fuerza de Lucha contra el Crimen (FLCC) de Bolivia y la
Gendarmería argentina. Núñez explicó que la mujer aún no declaró y que no le
consta "que haya sido víctima de esclavitud sexual".
Según datos
de la Procuraduría de Trata, desde que rige la Ley de Prevención y Sanción de
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se dictaron 271 sentencias y
564 personas fueron condenadas por someter a ese delito a 1.204 personas.
El número de
sentencias fue en aumento de año en año: 3 en 2009, 18 en 2010, y 27 en 2011 y
2012, precisa el informe.
Si bien en
2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 a 34, en 2015 a 48 y en 2016
y 2017 la cifra trepó a 51 por año, mientras que en el transcurso de 2018
llevaban contabilizadas 29 hasta la elaboración del informe.
LO MACABRO DEL CASO DE LA ARGENTINA
ESCLAVIZADA EN BOLIVIA
Estuvo secuestrada durante 32
años. Había sido engañada por el novio de su hermana, que le prometió un
trabajo en ese país. Atendía un puesto en un mercado y vivía encerrada junto a
su hijo de 9 años.
MDZOL de Argentina (www.mdzol.com)
Una mujer
argentina de 45 años fue rescatada el pasado fin de semana tras haber
permanecido secuestrada durante 32 años en la localidad
boliviana de Bermejo, a 200 kilómetros del límite entre ambos países. Su hijo
de 9 años, a quien tuvo durante su extenso cautiverio, también pudo ser puesto
a resguardo y ambos fueron trasladados a la ciudad de Mar del Plata para
reencontrarse con su familia, según informó el portal local La
Capital.
La víctima
fue secuestrada en esa ciudad balnearia, de donde es oriunda, cuando tenía 13
años. De acuerdo a la investigación, iniciada en 2014 por la
Gendarmería Nacional de Argentina, la mujer había viajado en
1987 junto a su hermana mayor y el novio de ésta, un hombre de 50 años de
nacionalidad boliviana que le prometió a su pareja un trabajo mejor en su país.
Ambos habían sido padres meses atrás de un varón.
Ya en tierras
bolivianas, el hombre incorporó a las dos jóvenes argentinas a trabajar en un
bar que regentaba su hermana, donde se ofrecían servicios sexuales. Tres
meses después de haberse consumado el engaño, y con la relación de pareja ya
deshecha, la hermana mayor regresó a la Argentina, pero el proxeneta no le
permitió llevarse a su hermana ni a su bebé.
Al arribar a
su país, la joven denunció el delito de trata del que fueron víctimas ella y su
hermana, además de la apropiación de su bebé, pero no supo describir en qué
lugar preciso habían ocurrido los hechos.
Recién en
2014, la mujer volvió a denunciar la desaparición de su hermana y su hijo, y el
caso quedó en manos del Ministerio Público de la Nación de Argentina y la
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Ese mismo año, una denuncia
anónima aportó un dato clave al afirmar que la mujer buscada podía estar en la
ciudad de Bermejo, en Bolivia. Se inició entonces la búsqueda con la
intervención de la fiscalía federal de Orán, en la provincia argentina de
Salta, y la Gendarmería Nacional que opera en esa jurisdicción.
Entre los
meses de octubre y noviembre de este año, los investigadores hallaron una
pista: la mujer estaría siendo forzada a atender un puesto de comida al paso en
el Mercado Central de Bermejo.
Finalmente,
el pasado sábado 22 de diciembre, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha
contra el Crimen de la Policía boliviana pudieron dar con el paradero de la
mujer en la tienda de comida que había sido señalada. Se encontraba con
ella un niño de 9 años que la mujer tuvo durante su cautiverio. Ambos
estaban muy delgados y presentaban problemas de malnutrición.
La mujer y su
hijo quedaron a disposición de la Oficina de Rescate y Asistencia a las
Víctimas del Delito de Trata de Personas de la ciudad de Salta y,
posteriormente viajaron hasta Mar del Plata, en donde se reencontraron con su
familia.
La víctima
relató a la policía que tenía el deseo de regresar a su país desde hacía
tiempo, pero su captora la mantenía encerrada en un garaje junto a su hijo, y
le había retenido sus documentos, informaron las fuentes del caso.
Con el
allanamiento de la vivienda, la policía pudo comprobar que la mujer y el menor
vivían en forma muy precaria en el interior de un garaje, donde un
ropero dividía los vehículos del espacio que ocupaban las víctimas.
La mujer
boliviana acusada de secuestro y trata de personas fue detenida. La policía
local se ocupará ahora de la búsqueda del sobrino de la mujer rescatada, que
tendría actualmente 32 años.
CASO DE LA MUJER ARGENTINA
SECUESTRADA EN BOLIVIA POR 32 AÑOS
La mujer
fue sometida a explotación sexual por una red de trata de personas que operaba
en un bar ubicado en una zona fronteriza entre Argentina y Bolivia.
Telesur de
Venezuela (www.telesurtv.net)
Una mujer de
nacionalidad argentina, de 45 años de
edad, fue secuestrada en 1987 en
la ciudad de Bermejo, Bolivia,
zona costera a la que viajó con su hermana mayor y
cuñado con el objetivo de encontrar un supuesto
empleo y mejores oportunidades de vida.
La joven,
que entonces tenía 13 años de edad, y su hermana llegaron a la
localidad para percatarse que las promesas eran un engaño, ya que el
hombre, de 50 años de edad, las trasladó a un poblado donde
vivieron bajo condiciones precarias, explotación y otras vejaciones.
Ambas fueron
retenidas y obligadas a trabajar en un bar que pertenecía a la hermana del
sujeto y era la sede de una red de trata de personas; allí fueron sometidas a
ofrecer servicios sexuales.
La hermana
mayor, quien ya tenía un hijo con el hombre que la engañó, se fue
del bar tres meses después del secuestro para regresar a Argentina. Sin
embargo, el individuo no le permitió irse con el niño ni con su hermana.
Tras llegar a
su país, acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido y salvar a sus
familiares, pero no recordaba el lugar exacto donde se encontraba el bar.
Rescate
La joven que
logró escapar presentó la demanda ante la Gendarmería Nacional de Argentina y el caso fue
abierto nuevamente en 2014. Las
autoridades iniciaron las averiguaciones y, luego de varios años,
en noviembre pasado recibieron una llamada que suministró los datos
precisos del paradero de la mujer secuestrada.
Unos 32 años
después, el pasado fin de semana, la hermana menor fue rescatada en una
operación conjunta entre autoridades argentinas y bolivianas. Al encontrarla,
también rescataron a su hijo de nueve años de edad.
La victima y
su hijo se encontraban bajo el control de una mujer boliviana que no ha sido
identificada, quien la forzó a trabajar en un mercado en el estado
fronterizo de Bermejo.
Además, escondió sus documentos legales para impedir que escapara a su país.
La
mujer y el pequeño fueron hallados en estado de desnutrición y fueron
puesto bajo custodia de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas
del Delito de Trata de Personas, en la ciudad argentina de Salta.
Posteriormente,
viajaron a Mar del Plata para reunirse con sus familiares, pero el
hijo de la hermana mayor, quien tendría 32 años de edad, no ha sido
encontrado por las autoridades.
BOLIVIA DESMIENTE EL CASO DE LA MUJER RESCATADA
TRAS 32 AÑOS
Autoridades afirmaron que "manejan la
hipótesis que no es la de un caso de trata".
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)
El gobierno
de Evo Morales puso en duda afirmaciones de la Gendarmería Nacional de
Argentina respecto a que una mujer argentina recientemente rescatada en Bolivia
habría sido víctima de trata de personas durante décadas en Boliva, aunque
aclaró que apoyará todas las investigaciones necesarias.
"La
policía nacional (de Bolivia) está manejando la hipótesis de que no se trata de
un caso de trata", afirmó en conferencia de prensa el ministro de Gobierno
(Interior), Carlos Romero.
Según la
Gendarmería argentina, la mujer de 45 años habría sido víctima del delito de
trata de personas hace 32 años y fue ubicada en el poblado boliviano fronterizo
de Bermejo. Al ser rescatada, se encontraba junto a su hijo de 9 años.
Romero
destacó varios elementos que "llaman la atención", como que la mujer
tenía una cédula de identidad y se dedicaba a la venta de comida al menudeo en
el mercado de la ciudad de Bermejo, "una actividad que desarrollaba con
normalidad, públicamente".
"Nunca
se había registrado una denuncia o indicio de actividad sospechosa",
relató.
"Resulta
bastante sui géneris esta denuncia" y "la información inicial hace
debilitar la hipótesis de un caso de trata".
Pese a esas
dudas, el gobierno y la policía de Bolivia colaborarán en todas las
investigaciones necesarias, dijo.
La mujer,
según la Gendarmería argentina, fue restituida a su ciudad natal, Mar del
Plata.
Según explicó
la fuerza de seguridad, la mujer le narró a las autoridades bolivianas que
deseaba volver a la Argentina con su hijo pero que la ciudadana para la cual
trabajaba no la dejaba y le retenía los documentos de ambos por lo que
funcionarios judiciales y policiales de Bolivia encabezaron un operativo para
recuperar su documentación.
Se comprobó
que vivían en el fondo de un garaje, donde el estacionamiento de los vehículos
estaba dividido con un placard y tenía el acceso cerrado desde afuera.
RUSIA BARAJA
LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR CEREALES Y SUS DERIVADOS A BOLIVIA
Sputnik News
de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
Rusia
considera exportar grano y productos derivados a Bolivia, informó el Servicio
Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosseljoznadzor).
Este
tema fue examinado en una reunión de trabajo del jefe del organismo ruso,
Serguéi Dankvert, y el embajador de Bolivia en Rusia, Hugo Villarroel Senzano.
"Rusia
está interesada en exportar grano y derivados a Bolivia", dice
Rosseljoznadzor. Se señala que el organismo ruso solicitó a la Embajada de
Bolivia ayuda para conocer los requisitos de importación para cereales del
país.
"La
solicitud fue enviada al organismo competente boliviano", destaca el
texto.
Además,
durante la reunión se examinó la importancia de establecer una cooperación
científica y técnica, de intercambio de conocimientos y experiencia entre los
institutos científicos de los dos países, incluidas las visitas recíprocas de
investigadores y profesionales del laboratorio.
BOLIVIA: LA
CAÍDA EN EL REELECCIONISMO
El Clarín de
Argentina (www.clarin.com)
Muchos
creyeron que la soberanía del pueblo, expresada a través de elecciones libres y
justas podía conjurar la amenaza del despotismo en Latinoamérica. Sin embargo,
la soberanía popular se convirtió en un instrumento de adquisición y
acumulación de poder por parte movimientos populistas demagógicos, con el
propósito de construir un sistema hegemónico que les permita permanecer
indefinidamente en el gobierno, inclusive cuándo ya ni siquiera cuentan con el
apoyo de la mayoría.
Eso
precisamente ha sucedido con los gobiernos de Chávez/Maduro, Daniel Ortega y
Evo Morales, quienes llegaron al poder vía elecciones democráticas, pero que
una vez en control del Estado comenzaron a alterar el orden democrático para
instaurar sistemas autoritarios, en una suerte de golpe de estado en cámara
lenta, casi imperceptible desde afuera.
En
el caso de Bolivia, Evo Morales, tras su re-elección ilegal de 2010, habiendo
forzado la cláusula provisoria contra la reelección de la Constitución de 2008,
ha embarcado a su país en un camino hacia el despotismo, copando las
instituciones democráticas, cercenando las libertades, persiguiendo y
encarcelando a los opositores.
La
Constitución boliviana, aprobada en 2008 por referéndum, prevé un mandato de 5
años y sólo una reelección de manera continua. Esta disposición es propia de
muchos regímenes presidencialistas del mundo, y especialmente en las Américas.
Morales, que ya ejerció la presidencia por tres períodos continuos, intentó en
2016, reformar dicha norma constitucional convocando a un referéndum para que
los bolivianos modifiquen la Constitución y aprueben la reelección indefinida.
Seguro de ganar la consulta, Morales prometió que si perdía dicha consulta se
iría a su casa.
El
21 de Febrero de 2016 los ciudadanos dijeron No a dicha modificación
constitucional, cerrando la puerta a la reelección de Evo Morales. En un acto
insólito de desesperación, Morales siguió el consejo de los cubanos, del
madurismo y de su amigo Daniel Ortega y presentó al Tribunal Constitucional una
acción de inconstitucionalidad, arguyendo que el artículo de la Constitución
que prohíbe su reelección viola su derecho humano a reelegirse indefinidamente,
al amparo del Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El
mismo argumento usó Ortega en Nicaragua, cuando hizo modificar la Constitución
para permitir su reelección indefinida en 2009 por medio de la Sala
Constitucional de la Corte Superior de Justicia, y luego en 2014, vía la
Asamblea Nacional. Hugo Chávez en Venezuela, por su parte, con el pretexto de
“ampliar los derechos políticos de los venezolanos” forzó vía la Asamblea
Nacional chavista una reforma constitucional que incluía subrepticiamente la
reelección inmediata e ilimitada, la que fue aprobada por referéndum en febrero
de 2009. La enmienda constitucional había sido rechazada en el referéndum de
2007.
Lo
más sorprendente de este absurdo jurídico y moral en Bolivia es que el Tribunal
Constitucional, controlado por militantes del partido de gobierno (MAS), aceptó
esa interpretación maliciosa de la Convención Inter-americana; y luego el
Tribunal Electoral, también controlado por el gobierno, recientemente habilitó
como candidato a Evo Morales para las elecciones presidenciales del 2020.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una extensa jurisprudencia según
la cual “la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos
políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos
políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a
limitaciones”.
También
ha señalado que los Estados pueden regular el derecho de participación
política, siempre que sean conforme con los principios de participación
democrática. Es de destacar aquí que el Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, pidió a la Comisión de Venecia (Órgano de Consulta Constitucional del
Consejo de Europa) su opinión en la materia, dado que sus Misiones de
Observación Electoral han determinado que la “reiterada práctica de modificar
la Constitución durante un mandato, para buscar la reelección o la posible
perpetuación en el poder...” son negativas para la democracia, y “peor aun
cuando se hacen “vía simples sentencias judiciales”. La Comisión señaló que “el
derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites
objetivos y razonables”, agregando que “limitar los mandatos presidenciales en los
sistemas presidencialistas apunta a garantizar la democracia y no equivale a
discriminación”, y que ello no significa un límite al derecho de participar,
sino de postularse indefinidamente.
Los
límites o prohibiciones constitucionales a la reelección indefinida son en
realidad un derecho político, o una garantía contra la perpetuación en el poder
y su correlato: el abuso del poder y la tiranía. Ningún derecho es absoluto e
ilimitado, siempre termina donde comienza el derecho del otro. Las Constituciones
existen para eso, para limitar el poder y prevenir la tiranía. Los límites son
parte de los pesos y contrapesos de constituciones republicanas, como la
alternancia, la separación de poderes, el federalismo, la prensa libre -todo
para prevenir la perpetuidad en el poder, o la tiranía de las mayorías.
Este golpe en Bolivia contra la voluntad popular, expresada en los referéndums
de 2008 y 2016, erosiona aun más la democracia boliviana y constituye una clara
alteración del orden democrático. Los Estados miembros de la OEA, comprometidos
todos con la defensa de la democracia cuando adoptaron la Carta Democrática
Inter-americana en 2001, deberían activar el instrumento y condenar esta
grosera afrenta a la democracia.
LA VIOLENCIA
MACHISTA NO DA TREGUA A LAS BOLIVIANAS EN 2018
Agencia EFE
de España (www.efe.com)
La
violencia contra las mujeres en Bolivia no ha dado tregua en 2018, en el que se
han registrado más de un centenar de feminicidios y hubo sucesos como la
reciente violación grupal a una joven que sacudieron al país.
Bolivia
tiene en vigencia desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de
violencia y que castiga el feminicidio con 30 años de prisión, la pena máxima
de la legislación boliviana.
Pese
a ello, la violencia machista sigue siendo un problema mayor en el país, donde
cada tres días ocurre un feminicidio, según datos oficiales citados por
organismos internacionales y entidades defensoras de la igualdad de género.
A
falta de datos actualizados, los medios bolivianos han registrado al menos 108
feminicidios este año, mientras que las denuncias de violencia familiar
registradas en el Ministerio Público entre enero y septiembre alcanzan los
18.576 casos.
Entre
los que más han conmovido está el denunciado por la organización feminista
Mujeres Creando, de una campesina de un municipio rural de La Paz que pasó
medio año en la cárcel por haber asesinado a su esposo tras pillarle en plena
violación de su hija de 14 años.
Una
juez determinó esta semana que la mujer, acusada de "asesinato por emoción
violenta", podrá defenderse en libertad.
También
causó indignación la violación grupal a una muchacha de 18 años que terminó en
un hospital en terapia intensiva, ocurrida hace pocas semanas en la mayor
ciudad del país, Santa Cruz.
El
caso sucedió a menos de un mes del anuncio del presidente boliviano, Evo
Morales, sobre la creación de un "gabinete especial" para tratar
asuntos de violencia contra la mujer y la niñez.
Cuatro
de los jóvenes acusados fueron detenidos preventivamente, mientras que un
quinto es menor de edad.
El
hecho generó una indignación en el país comparada con el caso de "La
Manada" de España, el grupo de cinco jóvenes condenados a nueve años de
prisión por la agresión sexual a una chica en las fiestas de San Fermín en
2016.
Mientras
que hubo voces de apoyo a la víctima, también hubo quienes la culparon por lo
ocurrido, como la madre de un acusado.
El
vicepresidente del país, Álvaro García Linera, se mostró la pasada semana
"horrorizado" por el caso e instó a la sociedad a detener la
violencia contra mujeres y niños.
En
declaraciones a Efe, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer,
Mónica Novillo, lamentó que Bolivia cierre el año con estos hechos "que
están consternando a la opinión pública".
Novillo
remarcó "la necesidad de transformar los imaginarios colectivos" de
la sociedad, que ha reaccionado "de una forma muy conservadora ante un
hecho de violación" como el de Santa Cruz.
ONU
Mujeres en Bolivia ha expresado su "preocupación e indignación"
porque los hechos de violencia sexual, infanticidios y feminicidios sean
"justificados con mensajes de odio, machismo, racismo, homofobia y
discursos anti derechos" que apuntan a las víctimas como culpables.
El
organismo recordó que un informe difundido en noviembre por la Comisión
Económica para América Latina (Cepal) muestra a Bolivia como el país de América
del Sur con la prevalencia más alta de feminicidios seguido por Paraguay,
"con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres", respectivamente.
"Este
fenómeno se acrecienta debido a los altos índices de impunidad, la
naturalización de la violencia y la justificación de esta", manifiesta ONU
Mujeres.
Las
organizaciones feministas estarán atentas a las propuestas sobre demandas de
las mujeres que presenten los candidatos a las elecciones generales de 2019 en
Bolivia, concluyó Novillo.
LAS RUTAS DE
LA COCAÍNA
El Economista
de Argentina (www.eleconomista.com.ar)
¿Hacia
donde va una de las drogas más demandadas del mundo? ¿Qué caminos toma para
llegar a destino? ¿Quiénes sus los principales consumidores? Sin duda, estas
son las primeras preguntas que surgen cuando se analiza el mercado de la
cocaína.
En
primer lugar, es importante destacar que sólo existen tres países en los que se
produce hoja de coca, que luego será convertida en cocaína. Esos productores
son Colombia, que es el principal y ha incrementado significativamente la
cantidad de superficie cultivada con hoja de coca en los últimos años; Perú,
que actualmente produce un tercio de lo que genera Colombia pero entre 2010 y
2013 lideró la producción mundial y Bolivia, que aunque cultiva un número
residual de hectáreas – comparado con la superficie que se destina en Colombia
y Perú – sigue sumando áreas de cultivo que sirven para la producción del
estupefaciente, aunque una parte de lo cultivado es destinado al uso ancestral
de la hoja de coca. Juntos, los tres países superan las 200.000 hectáreas
cultivadas, que potencialmente generan poco más de 1.200 toneladas de cocaína
de máxima pureza.
Esa
droga, fraccionada y reducida –mejorando de esa forma su rendimiento y
maximizando ganancias, bajando la calidad de la droga distribuida– es destinada
a distintos mercados a través de diferentes rutas. Vale decir que Estados
Unidos es, desde hace años, el principal consumidor mundial de cocaína a pesar
de que en los últimos tiempos el mercado norteamericano parece estar volcándose
paulatinamente hacia la heroína. Por su parte Brasil, se ha posicionado como el
segundo consumidor mundial del estupefaciente en términos absolutos. Es decir,
por la cantidad de individuos de entre 15 y 65 años que declaran haber
consumido cocaína al menos una vez en el último año.
Sin
embargo, en términos relativos, esto es, de acuerdo con el porcentaje de la
población en esa franja etaria que consumió cocaína en el último año, es
necesario destacar el rol de otros países. Gran Bretaña, España, los Países
Bajos y hasta Argentina, se posicionan como grandes consumidores en tanto más
del 3% de su población económicamente activa viene incrementando el consumo del
estupefaciente desde hace años.
En
este contexto, vale decir que Brasil es uno de los países de tránsito más
importantes de Sudamérica, no sólo porque mueve y exporta la droga procedente
de Colombia sino porque también hace lo propio con parte de la producción
peruana y boliviana. En este sentido, el norte y noreste del país da cuenta del
transporte de la cocaína colombiana mientras que el puerto de Santos, en San
Pablo moviliza la droga proveniente de Perú y Bolivia. El hecho de haberse
convertido en un país central de tránsito ha generado un incremento en el
consumo local de cocaína y ha desatado un serio conflicto entre las
organizaciones criminales más poderosas del país que buscan mejorar su posición
dentro del mercado ilegal, incorporando el dominio de nuevos territorios.
Otro
país de tránsito que vale la pena mencionar es Venezuela. Su emplazamiento
estratégico, en conjunto con los altos niveles de corrupción que han logrado
penetrar al Estado, dan cuenta de los incentivos que obtienen las organizaciones
criminales para trasportar la droga a través de sus fronteras. Además, no es
sólo la puerta hacia el Caribe sino que también es el punto más cercano entre
América Latina y Africa Occidental, dos rutas centrales para el abastecimiento
de Estados Unidos y Europa.
Aunque
el Caribe sigue siendo la ruta que más cocaína mueve, en tanto debe abastecer
al mercado norteamericano, en los últimos años Africa Occidental se ha
posicionado como una atractiva alternativa para los traficantes que buscan
responder a la creciente demanda europea. Este cambio de estrategia estuvo
motivado por el incremento en los controles europeos, pero también por la
mejora en el posicionamiento del euro frente al dólar.
Además,
la debilidad de los Estados africanos ha generado los incentivos necesarios
para que las organizaciones criminales desarrollen alianzas con sus pares
africanas, que les permitan ubicar la droga en el oeste de ese continente para
que luego sea llevada hasta Europa por diferentes vías. Concretamente se cree que
existen tres puntos de ingreso a Africa Occidental desde América Latina.
Guinea
Bissau, que es el punto más cercano a Latinoamérica y cuenta con un
archipiélago sin habitar en el que se descargan y redistribuyen envíos de
cocaína
Mauritania,
para luego adentrarse en territorio africano, moverse hacia el norte y cruzar
el Mediterráneo a la altura de Libia o Argelia.
El
Golfo de Benín, que contiene las costas de Ghana y Nigeria, desde donde
provienen gran parte de los criminales que se dedican al tráfico de cocaína.
A
pesar de ser poco conocida, esta ruta viene ganando relevancia en tanto un
tercio de lo que se consume en Europa ingresa por esta vía y potencialmente, el
porcentaje podría ampliarse, siempre y cuando se mantenga la “cooptación” de
funcionarios públicos que garantizan la falta de control territorial y
fronterizo en esta región del mundo. Además, esta ruta permite incrementar el
flujo de cocaína hacia nuevos mercados como Asia e incluso Oceanía (que ha
incrementado su demanda estrepitosamente).
Es
claro que la falta de controles fronterizos así como la incapacidad de las
fuerzas del Estado de controlar los movimientos que se producen dentro del
territorio, sumados al alcance de la corrupción en países donde las ganancias
que genera el crimen organizado en dos meses equivalente al PIB anual, han
facilitado el desempeño de organizaciones traficantes de drogas y, seguramente,
lo seguirán haciendo.
Una
vez más parece central poner el foco en la demanda a fin de reducir el consumo
y, con él, el volumen del tráfico de cocaína mundial.
Marcha de
Argentina (www.marcha.org.ar)
Si
bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por
la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna
argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes
etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana
pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se
hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando
explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la
oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro,
ubicada a 8 Km de la mina Géminis.
Algunas
generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina
El
hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria
microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y
crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de
Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de
una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría
“condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.
Si
bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso
pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está
desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía
mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales
yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una
técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última
resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir
de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías
extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste
Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo
del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como
“oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.
El
hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado
entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha
despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito
inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación
primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones
legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el
Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de
recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan
los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan
las transnacionales.
Lo
cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente
desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los
dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran
escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan
exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones
impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como
tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento
de otras actividades económicas.
La
problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o
no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la
forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste
en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se
encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos
piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación
del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua
dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros
componentes que contiene la salmuera.
El
bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una
ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que
reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las
cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y
esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de
artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta
contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados
incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter
al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las
Comunidades.
Con
tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son
invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos
ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos
proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes
grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.
Ahora
San Luís
En
este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio,
en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones
mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un
mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas
concentraciones de litio en roca.
Sobre
la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante
mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de
Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San
Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en
dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De
hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San
Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo
bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia
de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante
a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.
Como
decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica
fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse
como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran
profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad,
la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes
reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados
consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso
de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la
explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias
localidades.
En
relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources,
informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís
posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas
pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086
Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de
2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se
observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría
recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la
legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera
en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca,
también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.
Lo
curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación
titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del
litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y
que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos
sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota,
un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza
Pringles para informarse sobre la situación).
El
debate sobre la transición energética
El
hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha
traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de
estudios, no resultaría responsable dejar de lado.
En
primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían
permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil.
Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es
relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán
eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la
energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser
más fácilmente almacenada.
El
segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir
baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos
altamente remunerados en la región.
Sin
entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que
en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición
energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se
asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores
de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de
estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética
post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y
gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto
“discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que
hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el
litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero
fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de
pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del
Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la
transición energética”.
¿Qué
hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico
En
primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de
años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad
a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del
mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente
qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.
En
segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario
que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición
energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden
(des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante,
que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la
democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular
requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas,
sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al
tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate
político.
En
concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de
extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras
de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con
geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del
espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la
explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del
“reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las
salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se
hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de
reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por
parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas
a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro
juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el
del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos
del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello,
para incluso así mejor resistir en el territorio.
