viernes, 28 de diciembre de 2018

'BOLIVIA REQUIERE ACCESO AL OCÉANO PACIFICO PARA TRABAJAR MEJOR EN SUS RELACIONES COMERCIALES EN AMÉRICA DEL SUR': BELÉN OLMOS GIUPPONI Y HOMAGNI CHOUDHURY DE LA UNIVERSIDAD DE KINGSTON EN GRAN BRETAÑA


A Bolivia le gustaría tener uno o dos puertos. Durante más de un siglo, ha llevado a cabo una batalla diplomática y legal con Chile por el acceso soberano al Océano Pacífico y el territorio que Bolivia perdió en una guerra del siglo XIX con el país vecino.
Bolivia había establecido su esperanza en la Corte Internacional de Apelaciones el pasado octubre. Sin embargo, llegó a la conclusión de que Chile no está legalmente obligado a dar a Bolivia acceso soberano al océano.
Una declaración que cayó mal con el presidente boliviano, Evo Morales, quien tenía grandes expectativas de un acceso restaurado al mar. El acceso soberano al Océano Pacífico traería considerables beneficios económicos para Bolivia. Bolivia está particularmente interesada en las ciudades portuarias de Arica y Antofagasta. Ambas ciudades tienen alrededor de un cuarto de millón de habitantes y son cruciales para las exportaciones a Asia.
La mayoría de los envíos internacionales desde Chile tienen lugar desde Antofagasta o Arica. Bolivia también puede exportar desde aquí; Esto generalmente involucra materias primas (como el estaño) y productos básicos como las semillas de soja y las semillas de girasol. El ochenta por ciento de las exportaciones bolivianas se enviaron en 2017 desde Arica.
El principal argumento de Bolivia fue que la falta de acceso al océano socava el progreso como país en desarrollo. Bolivia espera que el acceso soberano al Pacífico mejore considerablemente su posición negociadora en América Latina y en todo el mundo. Si Bolivia hubiera tenido éxito en obtener acceso al océano, el producto interno bruto (PIB) habría aumentado en un quinto, según las estimaciones.
Actualmente, el PIB de Bolivia es inferior al 15 por ciento del de Chile. Chile tiene ventajas considerables por su largo litoral. El comercio internacional, la mayoría de los cuales con países fuera de América Latina, representa el 56 por ciento del PIB de Chile. Especialmente los puertos a los que Bolivia también quiere acceder, son perfectamente adecuados para Chile en los sitios mineros donde se extraen cobre, molibdeno, plata y oro. Estos productos van a China, Japón y Corea del Sur, entre otros.
Mayores costos
Chile otorga a Bolivia acceso libre de impuestos a los puertos de Arica y Antofagasta. Bolivia también puede instalar sus propios funcionarios de aduanas. A pesar de esto, el acceso soberano mejoraría significativamente la posición comercial de Bolivia. La falta de acceso soberano al Océano Pacífico lleva a un costo adicional de 55.7 por ciento por contenedor enviado en comparación con el precio pagado por Chile.
Debido a que Bolivia está rodeada de tierra, los costos de transporte aumentan. Son más altos en tierra que en mar. Además, las tarifas para el transporte terrestre en los países vecinos a menudo están sujetas a monopolios. La mayoría de los países que están rodeados de tierra, por lo tanto, tienen una desventaja económica. En promedio, el crecimiento en estos países es 3.5 puntos porcentuales más bajo que en otros países. La investigación también muestra que, a pesar de la sustancial liberalización comercial de los países en desarrollo en la década de 1990, el desempeño de las exportaciones de los países sin litoral entre 1995 y 2015 fue más débil que el de los países en desarrollo que tuvieron acceso al mar. Los costos adicionales del comercio fueron la causa principal de esto.
En países ricos, incluidos en países como Austria y Suiza, la ubicación tiene menos impacto en el desempeño económico. De los 45 países incluidos en el mundo, no hay una diferencia significativa de crecimiento estadístico en los nueve países ricos de Europa en comparación con otros países ricos. Esto se debe a que estos países están rodeados de otros países ricos que tienen acceso a buenas redes de comercio internacional. Los desafíos para estos países son, por lo tanto, muy diferentes de los de los países en desarrollo.
Bolivia no está tan lejos y no solo aceptará la decisión del Tribunal de Apelación. Las emociones políticas también juegan un papel importante aquí: el acceso al Pacífico es un tema emocional para los bolivianos. Pero el país puede estar mejor económicamente si se enfoca en diversificar la estrategia comercial, en lugar de enfocarse únicamente en el acceso soberano a Arica y Antofagasta.
En lugar de centrarse en las rutas marítimas, debería construir mejores relaciones comerciales con los bloques comerciales de América del Sur. Mercosur (incluyendo Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Alianza del Pacífico (con Chile, Perú, Colombia y México) son opciones. El crecimiento económico de Bolivia se beneficia más de las alianzas con los países vecinos que de una batalla legal larga e incierta. Knack de Bélgica (www.knack.be/nieuws)





LITIO PARA AUTOS ELECTRÓNICOS: LA COMPAÑÍA ROTTWEILER ALCANZA EL ORO BLANCO EN BOLIVIA

La empresa ACI Systems Alemania de Zimmern ob Rottweil está deconstruyendo litio en Bolivia. La materia prima juega un papel cada vez más importante para los coches eléctricos.

suedkurier de Alemania (www.suedkurier.de)
                               
El Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo con más de 10,000 kilómetros cuadrados, un área casi veinte veces mayor que el lago Constanza. A una altitud de más de 3,600 metros en los Andes, la sal se extiende hasta donde el ojo puede alcanzar; La vista sobre la deslumbrante superficie blanca es magnífica, en el horizonte se refleja en estos volcanes cubiertos de nieve. En el medio hay lagunas con flamencos, extrañas formaciones rocosas y cactus de un metro de altura. El paisaje del Altiplano boliviano, las tierras altas, es una experiencia única para muchos turistas. Los bolivianos están extrayendo 25,000 toneladas de sal al año, y el turismo es un buen negocio. Pero el tesoro del lago salado es diferente.
Salar de Uyuni es el hogar de uno de los depósitos de litio más grandes del mundo. Según la agencia científica "Estudio Geológico de los Estados Unidos", se cree que 5.4 millones de toneladas de litio están aquí. Para promoverlo, las empresas estatales bolivianas Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y ACI Systems Alemania (ACISA) de Zimmer ob Rottweil se asocian en una asociación estratégica. El contrato se firmó en la representación de Baden-Württemberg en Berlín, entre otras cosas, el Ministro Federal de Economía, Peter Altmaier (CDU), el Ministro de Energía de Bolivia, Rafael Alarcón, y el Presidente de Bolivia, Evo Morales.
El litio es considerado nuevo aceite.
"El litio es uno de los productos clave del siglo XXI", dijo el CEO de ACISA, Wolfgang Schmutz, una empresa mediana que pretende promocionar hasta 50,000 toneladas de litio anualmente en la empresa conjunta desde 2021 hasta más de 70 años. Algunos se refieren a la materia prima, que rara vez ocurre en la corteza terrestre en comparación con otros minerales, como "oro blanco" o "aceite nuevo"; el triángulo de litio entre Bolivia (Salar de Uyuni), Chile (Salar de Atacama) y Argentina (Salar del Hombre Muerto), que posee al menos la mitad del litio conocido y técnicamente degradable del mundo, como la "Arabia Saudita del litio".
Hasta el momento, la plata, el estaño y el gas natural han determinado la exportación de Bolivia. Con las ganancias de la venta de gas natural, el presidente Morales, quien ha estado en el cargo desde 2006, ha financiado programas sociales para los pobres y un teleférico en La Paz. "El litio es el nuevo gas natural", dice Morales, que también tiene que ver con el hecho de que el metal liviano se usa en la producción de baterías de iones de litio, que a su vez son muy buscadas por los fabricantes de vehículos eléctricos o híbridos. Volkswagen, por ejemplo, planea gastar más de 44 mil millones de euros en futuras tecnologías para 2023, con su filial VW Audi con 14 mil millones de euros para el desarrollo de automóviles eléctricos y la conducción autónoma. Según las previsiones, la demanda de litio se triplicará para 2025.
El presidente Morales quiere evitar la explotación.
Aunque los fabricantes de automóviles alemanes y las compañías internacionales están muy interesados ​​en el tesoro del lago salado, el izquierdista y nacionalista Morales ya ha declarado que su mejora es una prioridad máxima hace más de diez años. Quería evitar un contrato con una empresa extranjera, que solo está interesada en la venta de la materia prima e intentó elevar la producción de litio por su cuenta.
Esto ha significado que el negocio de los países vecinos Chile y Argentina haya florecido durante mucho tiempo, mientras que Bolivia promovió pequeñas cantidades como parte de un proyecto piloto y rechazó todas las ofertas del exterior. "Compañero, no caballeros" es el lema de Morales. En la provincia de Potosí, propietaria del Salar de Uyuni, los conquistadores españoles una vez robaron y saquearon enormes yacimientos de plata. La historia no debe repetirse, el litio sirve para el desarrollo de Bolivia, así como la esperanza del gobierno.
Bolivia retiene la mayoría de la empresa conjunta.
El gobierno boliviano invitó a ocho compañías internacionales a presentar conceptos para construir una cadena de valor agregado desde la extracción de materia prima hasta la batería terminada. También porque ha adquirido confianza durante tres años y tiene buenos contactos con Bolivia, uno de los socios más cercanos de Wolfgang Schmutz está casado con un boliviano. Obtuvo los sistemas ACI alemanes, que forma parte del grupo ACI con sede en Zimmer ob Rottweil y sobre almacenamiento de energía y Los generadores se especializan en ganar la asociación estratégica. "Gracias a la empresa conjunta, Alemania asegura el acceso directo a importantes materias primas no nacionales por primera vez en décadas", dice Schmutz, CEO de ACISA. Sin embargo, Bolivia tiene la mayoría con el 51 por ciento. A través de una minería socialmente aceptable y ecológicamente justa, el panorama debe preservarse no solo para los turistas, sino también para el medio ambiente.





CRISIS: ARGENTINOS BUSCAN TRABAJO EN BOLIVIA

MDZOL de Argentina (www.mdzol.com)
                                                                
La devaluación argentina y la crisis económica produce un doble efecto en las ciudades fronterizas con Bolivia. Así como en Mendoza puede apreciarse que la salida hacia Chile ha disminuido notoriamente, tirando hacia abajo la explosión comercial de los centros de ventas trasandinos que se movían con el motor de las tarjetas de crédito argentinas, en Bolivia ocurre lo mismo, principalmente en Tarija.
Según un informe publicado en Bolivia por el diario El País, se agrega un nuevo efecto: argentinos que cruzan la frontera para conseguir empleo. Según declaró a ese medio la Directora de Migraciones Lourdes Aldana, “hasta hace unos cinco años era bastante el movimiento de bolivianos que se dirigían al vecino país para trabajar, eso actualmente ha cambiado -puntualizó-, porque en los últimos tres años recibieron familias argentinas con hijos bolivianos que tramitaron la doble nacionalidad para que puedan ingresar a nuestro territorio sin problemas”.
Turismo
Según la prensa boliviana, hace siete meses eran más los ciudadanos argentinos que visitaban Bermejo para realizar compras, ahora las cifras se han revertido, actualmente por día unos 1.200 bolivianos se dirigen a Argentina y esta cifra aumenta a 12.000 en las fechas que se realizan ferias en ciudades como Orán y Salta.
De acuerdo a datos de la Dirección departamental de Migración en Bolivia, si bien el mayor destino, en el caso de los tarijeños, era Argentina, antes se registraba un 50 por ciento más de personas que ingresaban a Bolivia que los que salían, pero en los últimos cuatro años esta situación cambió, “ahora es más la gente que sale que la que entra”.





"ESTÁ ENFERMA DE ANGUSTIA PORQUE QUIERE VOLVER": ASÍ FUERON LAS DENUNCIAS DE LA FAMILIA DE LA MUJER ESCLAVIZADA EN BOLIVIA DURANTE 32 AÑOS

Infobae de Argentina (www.infobae.com)
                                                                                                          
P. está de vuelta con su familia luego de 32 años de cautiverio y esclavitud en Bermejo, Bolivia, junto a su hijo de apenas 9 años. G., su hermana menor, una mujer que se dedica a la cosecha de frutas, la misma que había denunciado su desaparición en julio de 2014, la aloja en su casa en la zona sur de Mar del Plata. 
Volver a verse no sería fácil, no desde el comienzo. La hermana recibió una foto de P. tal como su hermana se ve hoy de parte de las autoridades argentinas antes de su llegada, una forma de aminorar el shock. Su cara actual le era totalmente desconocida: P. desapareció de su casa con apenas 13 años de edad.
Ocurrió en 1987. P. se fue a Bolivia con su hermana mayor, D., en ese entonces de 19 años, madre de una bebé de seis meses. El padre de esa bebé fue quien las llevó, un hombre llamado A.C, en ese entonces de 52 años, ciudadano boliviano, que les prometió a una adolescente y a una mujer pobre de la zona de quintas de Mar del Plata una vida de trabajo y bienestar, posibilidades, los cuentos que les cuentan los tratantes y los esclavistas a sus víctimas.
D. logró irse. Su hija quedó ahí. P. también, entre la incertidumbre, en la oscuridad. Terminaría convertida en una esclava, trabajando sin paga en un puestito de comida del Mercado Central de Bermejo, un complejo de pequeños techos de chapa, tendales de verduras y ropa de marca falsificada, viviendo encerrada por dos candados junto a su hijo en una cochera tras un placard, en condiciones deplorables.
Allí fue donde la liberó el 22 de diciembre la Unidad Antitrata de la Policía de Bolivia luego de una investigación iniciada por la PROTEX, el ala de la Procuración encabezada por el fiscal Marcelo Colombo que investiga los delitos de trata de personas, con una denuncia remitida a la fiscalía federal de Orán de José Luis Bruno, con tareas de campo encargadas a Gendarmería Nacional, un rastreo de pistas que llegó hasta el Mercado Central en Bermejo.
Cuando la rescataron, los médicos legistas vieron que P. misma estaba en condiciones deplorables: pesaba 20 kilos menos de lo que debía pesar según el índice de masa corporal, su hijo también presentaba signos de malnutrición.
La investigación para llegar hasta ella duró más de tres años. En julio de 2014, su hermana menor se presentó en la Justicia argentina para denunciar la captación y esclavitud. Por qué su familia lo denunció formalmente recién 27 años después es algo que los investigadores argentinos todavía no pueden precisar. Infobae accedió a la denuncia original de la hermana de P.: lo cierto es que hubo señales a lo largo del tiempo. Y venían de un lugar mucho más cercano que Bolivia.
Ante la Justicia argentina, G. contó que el ciudadano boliviano que se había llevado a su hermana había vuelto al país, que se había instalado en la zona de Gloria de la Peregrina en Sierra de los Padres con su actual mujer. La nueva pareja del captor le dijo a G. que su hermana estaba "enferma de angustia, llora mucho porque quiere volver con su familia, pero que no la dejan, está esclavizada".
La nueva pareja le dijo que su hermana ahora "vendía ropa" y que había pasado a manos de "una señora que no la deja volver". También, le reveló que su hermana había sido madre, que el chico tenía "4 o 5 años"  y que llevaba el apellido de su mamá.
Otro hermano también se acercó a ella. Le confió que la última vez que había visto a P. "fue hace ocho años en Bermejo, muy desmejorada, le dijo que no aguantaba más, que no le pagaban nada, estaba vendiendo ropa, se quería volver, pero no tenía documentos, que mi hermana le pidió ayuda, pero él no la pudo ayudar".
Días después, la PROTEX envió una alerta a la división Interpol de la Policía Federal para encontrarla. Apuntó a encontrar a P., a su hijo, que estaría en un jardín de infantes, a la hermana de su captor original, su cuñado, que sería una madama en un cabaret de prostitutas de Bermejo. El oficio también pidió encontrar a la hija que la hermana mayor de P. tuvo con su captor, hoy de casi 30 años de edad. La Justicia argentina tenía su nombre completo, algo con qué empezar.
P. no tuvo documentos en su cautiverio, al menos no en su poder. La mujer que la explotaba por nada fue encontrada e identificada por la Policía boliviana según fuentes de la investigación a nivel nacional: tenía en sus manos los papeles de la mujer argentina, que fue nacionalizada boliviana en algún punto de sus tres décadas de esclavitud.
Sorprendentemente, esa mujer no quedó detenida. Hoy, según información publicada por la agencia EFE, el gobierno boliviano ofrece una versión diferentes de los hechos. Carlos Romero, ministro de Gobierno, aseguró que "la Policía Nacional está manejando la hipótesis de que no se trataría de un caso de trata" y que le llamaba la atención "que tenga documento otorgado en Bolivia".
Por otra parte, existen indicios de que la hermana de P. mantuvo un contacto con su hija que quedó en Bolivia a lo largo de los años y que P. también se habría contactado con su familia a través de redes sociales. En estas horas, los investigadores de la PROTEX esperan los contenidos de la investigación hecha en Salta por la fiscalía federal de Orán y los resultados preliminares del informe psicológico de la víctima.





EL DETRÁS DEL RESCATE: ¿CÓMO HALLARON A LA ARGENTINA ESCLAVIZADA EN BOLIVIA?

El Litoral de Argentina (www.ellitoral.com)
                                             
El rescate de una mujer argentina y que fue esclavizada durante 32 años en la ciudad boliviana de Bermejo demandó la acción coordinada de ambos países y la convicción de que a pesar del tiempo transcurrido, su hallazgo era un imperativo, informaron hoy organismos que intervinieron en la búsqueda.
La causa se inició en 2014 para hallar a una chica que en 1987, cuando tenía 13 años, se fue de Mar del Plata junto a una hermana y su esposo boliviano y nunca regresó, sin saber que fue víctima de trata hasta que la rescataron el sábado pasado y, a los 45 y con un hijo de 9, pudo pasar la Nochebuena en familia.
Sin embargo aunque la policía de Bolivia maneja "la hipótesis de que no se trataría de un caso de trata, igualmente va a colaborar con cualquier investigación que requiera la Justicia argentina", expresó el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, en una conferencia de prensa con los medios en La Paz.
Romero dijo que les llamó la atención que la mujer tenga DNI de Bolivia y que vendiera comida en el mercado central de Bermejo "públicamente, con todo el entorno de personas conocidas dedicadas a esa actividad, y nunca se había registrado ningún tipo de denuncia, indicio o actividad sospechosa".
La familia de la mujer rescatada "hizo la denuncia de desaparición ante la Justicia Federal de Mar del Plata a través de la organización La Alameda" dijo Marcos Parera, secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo. 
"Nosotros tomamos intervención y nos ocupamos de articular la información que reunimos en Argentina y la proporcionamos a los organismos internacionales capaces de llevar adelante la investigación", explicó Parera a la agencia de noticias Télam.
A medida que la Procuraduría de Trata obtenía información proveniente de la familia, descartaba una simple búsqueda de persona para encontrarse ante una víctima de un delito cometido, además, en otro país.
"A través de la Cancillería argentina pusimos a las autoridades bolivianas al tanto de la denuncia y derivamos el caso a la Fiscalía de Orán, la ciudad salteña más cercana a la zona relacionada con una hipótesis de la investigación", dijo. Una de las hipótesis, indicó, fue que "la mujer podía estar entre las localidades bolivianas de Aguas Blancas y Bermejo".
La secretaria de la Fiscalía de Orán, María del Carmen Núñez, dijo que tras el rescate llegó el momento "más esperado: el regreso de la víctima a su entorno familiar y social".
El fiscal de Orán, José Luis Bruno, "desde un principio descartó la posibilidad de no encontrar a una persona desparecida, a pesar de que Interpol de Bolivia no daba con el paradero", señaló la funcionaria.
"La familia -explicó Núñez- buscaba a su ser querido que había viajado a los 13 años junto a una hermana llamada Delia y su esposo -de origen boliviano- a La Paz, en busca de trabajo".
La mujer fue rescatada de una casa de Bermejo gracias a que otra hermana, Graciela, denunció el caso en 2014 e impulsó así "la apertura de la causa que concluye en el rescate de la víctima de trata laboral", apuntó.
Esto -dijo- fue posible "gracias a un trabajo articulado" que también contó con el aporte de la Fuerza de Lucha contra el Crimen (FLCC) de Bolivia y la Gendarmería argentina. Núñez explicó que la mujer aún no declaró y que no le consta "que haya sido víctima de esclavitud sexual".
Según datos de la Procuraduría de Trata, desde que rige la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se dictaron 271 sentencias y 564 personas fueron condenadas por someter a ese delito a 1.204 personas.
El número de sentencias fue en aumento de año en año: 3 en 2009, 18 en 2010, y 27 en 2011 y 2012, precisa el informe.
Si bien en 2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 a 34, en 2015 a 48 y en 2016 y 2017 la cifra trepó a 51 por año, mientras que en el transcurso de 2018 llevaban contabilizadas 29 hasta la elaboración del informe.





LO MACABRO DEL CASO DE LA ARGENTINA ESCLAVIZADA EN BOLIVIA

Estuvo secuestrada durante 32 años. Había sido engañada por el novio de su hermana, que le prometió un trabajo en ese país. Atendía un puesto en un mercado y vivía encerrada junto a su hijo de 9 años.

MDZOL de Argentina (www.mdzol.com)
                                                                                       
Una mujer argentina de 45 años fue rescatada el pasado fin de semana tras haber permanecido  secuestrada durante 32 años en la localidad boliviana de Bermejo, a 200 kilómetros del límite entre ambos países. Su hijo de 9 años, a quien tuvo durante su extenso cautiverio, también pudo ser puesto a resguardo y ambos fueron trasladados a la ciudad de Mar del Plata para reencontrarse con su familia, según informó el portal local La Capital.
La víctima fue secuestrada en esa ciudad balnearia, de donde es oriunda, cuando tenía 13 años. De acuerdo a la investigación, iniciada en 2014 por la Gendarmería Nacional de Argentina, la mujer había viajado en 1987 junto a su hermana mayor y el novio de ésta, un hombre de 50 años de nacionalidad boliviana que le prometió a su pareja un trabajo mejor en su país. Ambos habían sido padres meses atrás de un varón.
Ya en tierras bolivianas, el hombre incorporó a las dos jóvenes argentinas a trabajar en un bar que regentaba su hermana, donde se ofrecían servicios sexuales. Tres meses después de haberse consumado el engaño, y con la relación de pareja ya deshecha, la hermana mayor regresó a la Argentina, pero el proxeneta no le permitió llevarse a su hermana ni a su bebé.  
Al arribar a su país, la joven denunció el delito de trata del que fueron víctimas ella y su hermana, además de la apropiación de su bebé, pero no supo describir en qué lugar preciso habían ocurrido los hechos.
Recién en 2014, la mujer volvió a denunciar la desaparición de su hermana y su hijo, y el caso quedó en manos del Ministerio Público de la Nación de Argentina y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Ese mismo año, una denuncia anónima aportó un dato clave al afirmar que la mujer buscada podía estar en la ciudad de Bermejo, en Bolivia. Se inició entonces la búsqueda con la intervención de la fiscalía federal de Orán, en la provincia argentina de Salta, y la Gendarmería Nacional que opera en esa jurisdicción.
Entre los meses de octubre y noviembre de este año, los investigadores hallaron una pista: la mujer estaría siendo forzada a atender un puesto de comida al paso en el Mercado Central de Bermejo.
Finalmente, el pasado sábado 22 de diciembre, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Policía boliviana pudieron dar con el paradero de la mujer en la tienda de comida que había sido señalada. Se encontraba con ella un niño de 9 años que la mujer tuvo durante su cautiverio. Ambos estaban muy delgados y presentaban problemas de malnutrición.
La mujer y su hijo quedaron a disposición de la Oficina de  Rescate y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la ciudad de Salta y, posteriormente viajaron hasta Mar del Plata, en donde se reencontraron con su familia.
La víctima relató a la policía que tenía el deseo de regresar a su país desde hacía tiempo, pero su captora la mantenía encerrada en un garaje junto a su hijo, y le había retenido sus documentos, informaron las fuentes del caso.
Con el allanamiento de la vivienda, la policía pudo comprobar que la mujer y el menor vivían en forma muy precaria en el interior de un garaje, donde un ropero dividía los vehículos del espacio que ocupaban las víctimas.  
La mujer boliviana acusada de secuestro y trata de personas fue detenida. La policía local se ocupará ahora de la búsqueda del sobrino de la mujer rescatada, que tendría actualmente 32 años.





CASO DE LA MUJER ARGENTINA SECUESTRADA EN BOLIVIA POR 32 AÑOS

La mujer fue sometida a explotación sexual por una red de trata de personas que operaba en un bar ubicado en una zona fronteriza entre Argentina y Bolivia.

Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net)
                                                   
Una mujer de nacionalidad argentina, de 45 años de edad, fue secuestrada en 1987 en la ciudad de Bermejo, Bolivia, zona costera a la que viajó con su hermana mayor y cuñado con el objetivo de encontrar un supuesto empleo y mejores oportunidades de vida. 
La joven, que entonces tenía 13 años de edad, y su hermana llegaron a la localidad para percatarse que las promesas eran un engaño, ya que el hombre, de 50 años de edad, las trasladó a un poblado donde vivieron bajo condiciones precarias, explotación y otras vejaciones.
Ambas fueron retenidas y obligadas a trabajar en un bar que pertenecía a la hermana del sujeto y era la sede de una red de trata de personas; allí fueron sometidas a ofrecer servicios sexuales.
La hermana mayor,  quien ya tenía un hijo con el hombre que la engañó, se fue del bar tres meses después del secuestro para regresar a Argentina. Sin embargo, el individuo no le permitió irse con el niño ni con su hermana.
Tras llegar a su país, acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido y salvar a sus familiares, pero no recordaba el lugar exacto donde se encontraba el bar.

Rescate

La joven que logró escapar presentó la demanda ante la Gendarmería Nacional de Argentina y el caso fue abierto nuevamente en 2014. Las autoridades iniciaron las averiguaciones y, luego de varios años, en noviembre pasado recibieron una llamada que suministró los datos precisos del paradero de la mujer secuestrada. 
Unos 32 años después, el pasado fin de semana, la hermana menor fue rescatada en una operación conjunta entre autoridades argentinas y bolivianas. Al encontrarla, también rescataron a su hijo de nueve años de edad.
La victima y su hijo se encontraban bajo el control de una mujer boliviana que no ha sido identificada, quien la forzó a trabajar en un mercado en el estado fronterizo de Bermejo. Además, escondió sus documentos legales para impedir que escapara a su país. 
La mujer y el pequeño fueron hallados en estado de desnutrición y fueron puesto bajo custodia de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, en la ciudad argentina de Salta.
Posteriormente, viajaron a Mar del Plata para reunirse con sus familiares, pero el hijo de la hermana mayor, quien tendría 32 años de edad, no ha sido encontrado por las autoridades. 





BOLIVIA DESMIENTE EL CASO DE LA MUJER RESCATADA TRAS 32 AÑOS
                                                                                                                                        
Autoridades afirmaron que "manejan la hipótesis que no es la de un caso de trata".

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)
                                                                                                                      
El gobierno de Evo Morales puso en duda afirmaciones de la Gendarmería Nacional de Argentina respecto a que una mujer argentina recientemente rescatada en Bolivia habría sido víctima de trata de personas durante décadas en Boliva, aunque aclaró que apoyará todas las investigaciones necesarias.
"La policía nacional (de Bolivia) está manejando la hipótesis de que no se trata de un caso de trata", afirmó en conferencia de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
Según la Gendarmería argentina, la mujer de 45 años habría sido víctima del delito de trata de personas hace 32 años y fue ubicada en el poblado boliviano fronterizo de Bermejo. Al ser rescatada, se encontraba junto a su hijo de 9 años.
Romero destacó varios elementos que "llaman la atención", como que la mujer tenía una cédula de identidad y se dedicaba a la venta de comida al menudeo en el mercado de la ciudad de Bermejo, "una actividad que desarrollaba con normalidad, públicamente".
"Nunca se había registrado una denuncia o indicio de actividad sospechosa", relató.
"Resulta bastante sui géneris esta denuncia" y "la información inicial hace debilitar la hipótesis de un caso de trata".
Pese a esas dudas, el gobierno y la policía de Bolivia colaborarán en todas las investigaciones necesarias, dijo.
La mujer, según la Gendarmería argentina, fue restituida a su ciudad natal, Mar del Plata.
Según explicó la fuerza de seguridad, la mujer le narró a las autoridades bolivianas que deseaba volver a la Argentina con su hijo pero que la ciudadana para la cual trabajaba no la dejaba y le retenía los documentos de ambos por lo que funcionarios judiciales y policiales de Bolivia encabezaron un operativo para recuperar su documentación.
Se comprobó que vivían en el fondo de un garaje, donde el estacionamiento de los vehículos estaba dividido con un placard y tenía el acceso cerrado desde afuera.





RUSIA BARAJA LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR CEREALES Y SUS DERIVADOS A BOLIVIA

Sputnik News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
                                                                                     
Rusia considera exportar grano y productos derivados a Bolivia, informó el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosseljoznadzor).
Este tema fue examinado en una reunión de trabajo del jefe del organismo ruso, Serguéi Dankvert, y el embajador de Bolivia en Rusia, Hugo Villarroel Senzano.
"Rusia está interesada en exportar grano y derivados a Bolivia", dice Rosseljoznadzor. Se señala que el organismo ruso solicitó a la Embajada de Bolivia ayuda para conocer los requisitos de importación para cereales del país.
"La solicitud fue enviada al organismo competente boliviano", destaca el texto.
Además, durante la reunión se examinó la importancia de establecer una cooperación científica y técnica, de intercambio de conocimientos y experiencia entre los institutos científicos de los dos países, incluidas las visitas recíprocas de investigadores y profesionales del laboratorio.





BOLIVIA: LA CAÍDA EN EL REELECCIONISMO

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
                                                           
Muchos creyeron que la soberanía del pueblo, expresada a través de elecciones libres y justas podía conjurar la amenaza del despotismo en Latinoamérica. Sin embargo, la soberanía popular se convirtió en un instrumento de adquisición y acumulación de poder por parte movimientos populistas demagógicos, con el propósito de construir un sistema hegemónico que les permita permanecer indefinidamente en el gobierno, inclusive cuándo ya ni siquiera cuentan con el apoyo de la mayoría.
Eso precisamente ha sucedido con los gobiernos de Chávez/Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, quienes llegaron al poder vía elecciones democráticas, pero que una vez en control del Estado comenzaron a alterar el orden democrático para instaurar sistemas autoritarios, en una suerte de golpe de estado en cámara lenta, casi imperceptible desde afuera.
En el caso de Bolivia, Evo Morales, tras su re-elección ilegal de 2010, habiendo forzado la cláusula provisoria contra la reelección de la Constitución de 2008, ha embarcado a su país en un camino hacia el despotismo, copando las instituciones democráticas, cercenando las libertades, persiguiendo y encarcelando a los opositores.
La Constitución boliviana, aprobada en 2008 por referéndum, prevé un mandato de 5 años y sólo una reelección de manera continua. Esta disposición es propia de muchos regímenes presidencialistas del mundo, y especialmente en las Américas. Morales, que ya ejerció la presidencia por tres períodos continuos, intentó en 2016, reformar dicha norma constitucional convocando a un referéndum para que los bolivianos modifiquen la Constitución y aprueben la reelección indefinida. Seguro de ganar la consulta, Morales prometió que si perdía dicha consulta se iría a su casa.
El 21 de Febrero de 2016 los ciudadanos dijeron No a dicha modificación constitucional, cerrando la puerta a la reelección de Evo Morales. En un acto insólito de desesperación, Morales siguió el consejo de los cubanos, del madurismo y de su amigo Daniel Ortega y presentó al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad, arguyendo que el artículo de la Constitución que prohíbe su reelección viola su derecho humano a reelegirse indefinidamente, al amparo del Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El mismo argumento usó Ortega en Nicaragua, cuando hizo modificar la Constitución para permitir su reelección indefinida en 2009 por medio de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia, y luego en 2014, vía la Asamblea Nacional. Hugo Chávez en Venezuela, por su parte, con el pretexto de “ampliar los derechos políticos de los venezolanos” forzó vía la Asamblea Nacional chavista una reforma constitucional que incluía subrepticiamente la reelección inmediata e ilimitada, la que fue aprobada por referéndum en febrero de 2009. La enmienda constitucional había sido rechazada en el referéndum de 2007.
Lo más sorprendente de este absurdo jurídico y moral en Bolivia es que el Tribunal Constitucional, controlado por militantes del partido de gobierno (MAS), aceptó esa interpretación maliciosa de la Convención Inter-americana; y luego el Tribunal Electoral, también controlado por el gobierno, recientemente habilitó como candidato a Evo Morales para las elecciones presidenciales del 2020.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una extensa jurisprudencia según la cual “la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones”.
También ha señalado que los Estados pueden regular el derecho de participación política, siempre que sean conforme con los principios de participación democrática. Es de destacar aquí que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pidió a la Comisión de Venecia (Órgano de Consulta Constitucional del Consejo de Europa) su opinión en la materia, dado que sus Misiones de Observación Electoral han determinado que la “reiterada práctica de modificar la Constitución durante un mandato, para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder...” son negativas para la democracia, y “peor aun cuando se hacen “vía simples sentencias judiciales”. La Comisión señaló que “el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites objetivos y razonables”, agregando que “limitar los mandatos presidenciales en los sistemas presidencialistas apunta a garantizar la democracia y no equivale a discriminación”, y que ello no significa un límite al derecho de participar, sino de postularse indefinidamente.
Los límites o prohibiciones constitucionales a la reelección indefinida son en realidad un derecho político, o una garantía contra la perpetuación en el poder y su correlato: el abuso del poder y la tiranía. Ningún derecho es absoluto e ilimitado, siempre termina donde comienza el derecho del otro. Las Constituciones existen para eso, para limitar el poder y prevenir la tiranía. Los límites son parte de los pesos y contrapesos de constituciones republicanas, como la alternancia, la separación de poderes, el federalismo, la prensa libre -todo para prevenir la perpetuidad en el poder, o la tiranía de las mayorías.  Este golpe en Bolivia contra la voluntad popular, expresada en los referéndums de 2008 y 2016, erosiona aun más la democracia boliviana y constituye una clara alteración del orden democrático. Los Estados miembros de la OEA, comprometidos todos con la defensa de la democracia cuando adoptaron la Carta Democrática Inter-americana en 2001, deberían activar el instrumento y condenar esta grosera afrenta a la democracia. 





LA VIOLENCIA MACHISTA NO DA TREGUA A LAS BOLIVIANAS EN 2018

Agencia EFE de España (www.efe.com)
                                                                    
La violencia contra las mujeres en Bolivia no ha dado tregua en 2018, en el que se han registrado más de un centenar de feminicidios y hubo sucesos como la reciente violación grupal a una joven que sacudieron al país.
Bolivia tiene en vigencia desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con 30 años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.
Pese a ello, la violencia machista sigue siendo un problema mayor en el país, donde cada tres días ocurre un feminicidio, según datos oficiales citados por organismos internacionales y entidades defensoras de la igualdad de género.
A falta de datos actualizados, los medios bolivianos han registrado al menos 108 feminicidios este año, mientras que las denuncias de violencia familiar registradas en el Ministerio Público entre enero y septiembre alcanzan los 18.576 casos.
Entre los que más han conmovido está el denunciado por la organización feminista Mujeres Creando, de una campesina de un municipio rural de La Paz que pasó medio año en la cárcel por haber asesinado a su esposo tras pillarle en plena violación de su hija de 14 años.
Una juez determinó esta semana que la mujer, acusada de "asesinato por emoción violenta", podrá defenderse en libertad.
También causó indignación la violación grupal a una muchacha de 18 años que terminó en un hospital en terapia intensiva, ocurrida hace pocas semanas en la mayor ciudad del país, Santa Cruz.
El caso sucedió a menos de un mes del anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, sobre la creación de un "gabinete especial" para tratar asuntos de violencia contra la mujer y la niñez.
Cuatro de los jóvenes acusados fueron detenidos preventivamente, mientras que un quinto es menor de edad.
El hecho generó una indignación en el país comparada con el caso de "La Manada" de España, el grupo de cinco jóvenes condenados a nueve años de prisión por la agresión sexual a una chica en las fiestas de San Fermín en 2016.
Mientras que hubo voces de apoyo a la víctima, también hubo quienes la culparon por lo ocurrido, como la madre de un acusado.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, se mostró la pasada semana "horrorizado" por el caso e instó a la sociedad a detener la violencia contra mujeres y niños.
En declaraciones a Efe, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, lamentó que Bolivia cierre el año con estos hechos "que están consternando a la opinión pública".
Novillo remarcó "la necesidad de transformar los imaginarios colectivos" de la sociedad, que ha reaccionado "de una forma muy conservadora ante un hecho de violación" como el de Santa Cruz.
ONU Mujeres en Bolivia ha expresado su "preocupación e indignación" porque los hechos de violencia sexual, infanticidios y feminicidios sean "justificados con mensajes de odio, machismo, racismo, homofobia y discursos anti derechos" que apuntan a las víctimas como culpables.
El organismo recordó que un informe difundido en noviembre por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) muestra a Bolivia como el país de América del Sur con la prevalencia más alta de feminicidios seguido por Paraguay, "con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres", respectivamente.
"Este fenómeno se acrecienta debido a los altos índices de impunidad, la naturalización de la violencia y la justificación de esta", manifiesta ONU Mujeres.
Las organizaciones feministas estarán atentas a las propuestas sobre demandas de las mujeres que presenten los candidatos a las elecciones generales de 2019 en Bolivia, concluyó Novillo.





LAS RUTAS DE LA COCAÍNA

El Economista de Argentina (www.eleconomista.com.ar)
                                                                    
¿Hacia donde va una de las drogas más demandadas del mundo? ¿Qué caminos toma para llegar a destino? ¿Quiénes sus los principales consumidores? Sin duda, estas son las primeras preguntas que surgen cuando se analiza el mercado de la cocaína.
En primer lugar, es importante destacar que sólo existen tres países en los que se produce hoja de coca, que luego será convertida en cocaína. Esos productores son Colombia, que es el principal y ha incrementado significativamente la cantidad de superficie cultivada con hoja de coca en los últimos años; Perú, que actualmente produce un tercio de lo que genera Colombia pero entre 2010 y 2013 lideró la producción mundial y Bolivia, que aunque cultiva un número residual de hectáreas – comparado con la superficie que se destina en Colombia y Perú – sigue sumando áreas de cultivo que sirven para la producción del estupefaciente, aunque una parte de lo cultivado es destinado al uso ancestral de la hoja de coca. Juntos, los tres países superan las 200.000 hectáreas cultivadas, que potencialmente generan poco más de 1.200 toneladas de cocaína de máxima pureza.
Esa droga, fraccionada y reducida –mejorando de esa forma su rendimiento y maximizando ganancias, bajando la calidad de la droga distribuida– es destinada a distintos mercados a través de diferentes rutas. Vale decir que Estados Unidos es, desde hace años, el principal consumidor mundial de cocaína a pesar de que en los últimos tiempos el mercado norteamericano parece estar volcándose paulatinamente hacia la heroína. Por su parte Brasil, se ha posicionado como el segundo consumidor mundial del estupefaciente en términos absolutos. Es decir, por la cantidad de individuos de entre 15 y 65 años que declaran haber consumido cocaína al menos una vez en el último año.
Sin embargo, en términos relativos, esto es, de acuerdo con el porcentaje de la población en esa franja etaria que consumió cocaína en el último año, es necesario destacar el rol de otros países. Gran Bretaña, España, los Países Bajos y hasta Argentina, se posicionan como grandes consumidores en tanto más del 3% de su población económicamente activa viene incrementando el consumo del estupefaciente desde hace años.
En este contexto, vale decir que Brasil es uno de los países de tránsito más importantes de Sudamérica, no sólo porque mueve y exporta la droga procedente de Colombia sino porque también hace lo propio con parte de la producción peruana y boliviana. En este sentido, el norte y noreste del país da cuenta del transporte de la cocaína colombiana mientras que el puerto de Santos, en San Pablo moviliza la droga proveniente de Perú y Bolivia. El hecho de haberse convertido en un país central de tránsito ha generado un incremento en el consumo local de cocaína y ha desatado un serio conflicto entre las organizaciones criminales más poderosas del país que buscan mejorar su posición dentro del mercado ilegal, incorporando el dominio de nuevos territorios.
Otro país de tránsito que vale la pena mencionar es Venezuela. Su emplazamiento estratégico, en conjunto con los altos niveles de corrupción que han logrado penetrar al Estado, dan cuenta de los incentivos que obtienen las organizaciones criminales para trasportar la droga a través de sus fronteras. Además, no es sólo la puerta hacia el Caribe sino que también es el punto más cercano entre América Latina y Africa Occidental, dos rutas centrales para el abastecimiento de Estados Unidos y Europa.
Aunque el Caribe sigue siendo la ruta que más cocaína mueve, en tanto debe abastecer al mercado norteamericano, en los últimos años Africa Occidental se ha posicionado como una atractiva alternativa para los traficantes que buscan responder a la creciente demanda europea. Este cambio de estrategia estuvo motivado por el incremento en los controles europeos, pero también por la mejora en el posicionamiento del euro frente al dólar.
Además, la debilidad de los Estados africanos ha generado los incentivos necesarios para que las organizaciones criminales desarrollen alianzas con sus pares africanas, que les permitan ubicar la droga en el oeste de ese continente para que luego sea llevada hasta Europa por diferentes vías. Concretamente se cree que existen tres puntos de ingreso a Africa Occidental desde América Latina.
Guinea Bissau, que es el punto más cercano a Latinoamérica y cuenta con un archipiélago sin habitar en el que se descargan y redistribuyen envíos de cocaína
Mauritania, para luego adentrarse en territorio africano, moverse hacia el norte y cruzar el Mediterráneo a la altura de Libia o Argelia.
El Golfo de Benín, que contiene las costas de Ghana y Nigeria, desde donde provienen gran parte de los criminales que se dedican al tráfico de cocaína.
A pesar de ser poco conocida, esta ruta viene ganando relevancia en tanto un tercio de lo que se consume en Europa ingresa por esta vía y potencialmente, el porcentaje podría ampliarse, siempre y cuando se mantenga la “cooptación” de funcionarios públicos que garantizan la falta de control territorial y fronterizo en esta región del mundo. Además, esta ruta permite incrementar el flujo de cocaína hacia nuevos mercados como Asia e incluso Oceanía (que ha incrementado su demanda estrepitosamente).
Es claro que la falta de controles fronterizos así como la incapacidad de las fuerzas del Estado de controlar los movimientos que se producen dentro del territorio, sumados al alcance de la corrupción en países donde las ganancias que genera el crimen organizado en dos meses equivalente al PIB anual, han facilitado el desempeño de organizaciones traficantes de drogas y, seguramente, lo seguirán haciendo.
 Una vez más parece central poner el foco en la demanda a fin de reducir el consumo y, con él, el volumen del tráfico de cocaína mundial.






Marcha de Argentina (www.marcha.org.ar)
                                                                                        
Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.
Algunas generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina
El hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría “condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.
Si bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.
El hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan las transnacionales.
Lo cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento de otras actividades económicas.
La problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros componentes que contiene la salmuera.
El bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.
Con tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.
Ahora San Luís
En este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio, en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas concentraciones de litio en roca.
Sobre la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.
Como decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad, la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias localidades.
En relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources, informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086 Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de 2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca, también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.
Lo curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota, un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza Pringles para informarse sobre la situación).
El debate sobre la transición energética
El hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de estudios, no resultaría responsable dejar de lado.
En primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil. Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser más fácilmente almacenada.
El segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos altamente remunerados en la región.
Sin entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto “discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la transición energética”.
¿Qué hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico
En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.
En segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden (des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante, que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas, sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate político.
En concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del “reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello, para incluso así mejor resistir en el territorio.

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