El presidente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, firmó un
compromiso de inversión con representantes del consorcio que, además de Repsol,
está integrado por la anglo-holandesa Shell, la anglo-argentina PAE y dos
subsidiarias de la petrolera estatal de Bolivia.
El documento
fue suscrito en un evento en Santa Cruz (este) al que asistieron el mandatario
boliviano, Evo Morales; el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y los
ministros bolivianos de Exteriores, Fernando Huanacuni, y de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez.
Morales
resaltó que "se estima una inversión de 900 millones de dólares" y
una producción de 6,5 millones de metros cúbicos diarios de gas en Iñiguazu,
siempre y cuando "la exploración vaya bien".
El área tiene
un potencial de tres billones de pies de cúbicos (TCF en el sistema anglosajón)
de gas y si la exploración tiene éxito, se calcula que aportará una renta al
Estado de 6.000 millones de dólares en los próximos años, según Morales.
En el evento
se anunció que fueron definidos los términos del contrato de servicios bajo el
cual se desarrollará la operación del bloque Iñiguazu, situado en el
departamento sureño de Tarija y que cuenta con una extensión de 644 kilómetros
cuadrados.
El presidente
Morales resalto el trabajo, la "amistad" y la "confianza"
construida en los últimos años con Repsol y se comprometió a que los procesos
administrativos que restan para poner en marcha el acuerdo estén resueltos
hasta fin de año.
"Saben
aquí los bolivianos que Evo cumple y esperamos que Repsol cumpla después",
añadió.
Por su parte,
Brufau destacó que Iñiguazu es "un área muy promisoria" y
"enormemente interesante".
"Repsol
liderará este proyecto como operador, puesto que es una forma de trasladar las
capacidades y experiencias desarrolladas en Caipipendi, en los campos de
Margarita y Huacaya, en el subandino del sur boliviano", señaló.
Según el
ejecutivo, el consorcio que se ha conformado para operar Iñiguazu "es más
rico" que el que tienen Repsol, Shell y PAE en el bloque Caipipendi.
A juicio de
Brufau, con la integración de las filiales de YPFB al trío de petroleras
"se configura un grupo que es la crema de la crema del negocio de los
hidrocarburos en Bolivia" y auguró un "grupo de éxito seguro".
Repsol tiene
una participación de 15 % en el consorcio, Shell un porcentaje similar, PAE un
10 %, YPFB Andina tiene el 46,5 % y YPFB Chaco el 13,4 %, detalló la firma
española en un comunicado.
"El
compromiso de este grupo, de estas cinco compañías es único, es absoluto y
estamos convencidos de que con un poquito de suerte y si la geología no nos
engaña, pues podremos replicar un proyecto como el de Caipipendi, que tantos
éxitos ha aportado a este país", concluyó el presidente de Repsol.
Antes de la
firma del documento, Morales y Brufau sostuvieron una reunión privada en la que
el gobernante obsequió al ejecutivo español su biografía y el "Libro del
Mar", un documento que resume los argumentos históricos, diplomáticos y
jurídicos de la centenaria reclamación marítima boliviana a Chile.
YPFB también
firmó compromisos de inversión con la brasileña Petrobras y YPFB Chaco para la
exploración y explotación de gas en las áreas San Telmo Norte y Astillero,
también en Tarija.
En San Telmo,
el compromiso de inversión asciende a 200 millones de dólares y se calcula que
tendrá una producción de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas.
En Astillero
se proyecta invertir 489 millones de dólares y alcanzar una producción de 4,6
millones de metros cúbicos diarios de gas, indicó Morales.
BOLIVIA
SUSCRIBE CONTRATOS POR US$1.582 MILLONES CON SEIS PETROLERAS INTERNACIONALES
Radio
Bio Bio de Chile (www.biobiochile.cl)
Bolivia
suscribió compromisos de inversión con seis
petroleras internacionales para exploración y explotación de
hidrocarburos por unos US$1.582 millones, que hasta 2021 redituará una renta
petrolera de unos 20.000 millones,
informó este martes el presidente Evo Morales.
Con “la firma
de esos tres contratos de exploración y explotación, se estima una inversión de
US$1.582 millones y una renta petrolera que va estar sobre los 20.000 millones,
una producción de 20 mil metros cúbicos
diarios“, dijo Morales en un acto público.
El compromiso
fue suscrito por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y las petroleras Shell (angloholandesa), Repsol (España), PAE
(Argentina), Petrobras (Brasil) y las subsidiarias de la estatal
hidrocarburífera Chaco y Andina.
Los
compromisos fueron firmados en el marco del IV Foro de Países Exportadores de
Gas (FPEG) que se celebra en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este).
“Tenemos
mucha confianza y mucha esperanza en las empresas que se comprometen a acelerar
las inversiones y también nuestra obligación como Estado es cómo garantizar los
estados transparentes en beneficio de Bolivia y también para que las empresas
tengan derecho a tener utilidades”, señaló Morales.
Bolivia
presentó previamente a las empresas un atlas sobre el potencial
hidrocarburífero del país, en el que se priorizan 80 áreas de exploración para
subasta internacional. En el inicio del evento se anunció que el sector
petrolero internacional espera un aumento en el mercado del gas y una baja en
el consumo de carbón y petróleo.
“El petróleo
básicamente va a disminuir de 32% de la
mezcla energética (global) a 29%, el gas va aumentar del 22% al 26% y el carbón también va
a disminuir dramáticamente de 27% a
20%” hacia 2040, dijo durante la reunión el secretario General del Foro
de Países Exportadores de Gas (FPEG), el iraní Mohammad Hossein Adeli.
El FPEG reúne
a Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria,
Bolivia, Venezuela, Rusia, Irán, Catar y Trinidad y Tobago, y como observadores
a Holanda, Irak, Omán, Perú, Noruega, Kazajstán y Azerbaiyán.
Según el
gobierno boliviano, el foro, que concluirá este viernes, está conformado por
países que poseen entre el 60% y 70% de
las reservas mundiales de gas natural.
Del encuentro
también participan ejecutivos de la rusa Gazprom, la española Repsol, la francesa
Total, la británica Shell y la argentina YPF.
TRABAJAR
DESDE LOS 10 AÑOS ES BASTANTE NORMAL EN BOLIVIA
NPO
Radio de Nueva Zelanda (www.nporadio1.nl)
Bolivia es el
único país del mundo que permite el trabajo infantil desde los 10 años. Esta
polémica ley fue aprobada hace tres años y se reúne con la pierna dolorida de
la Organización Internacional del Trabajo OIT. Esa organización establece que
los niños menores de 14 años no deberían trabajar. La ley, sin embargo,
respondió a los aproximadamente 850,000 niños que trabajan en Bolivia, según
muchos bolivianos, una realidad que debe ser reconocida. El reportero Sytske
Jellema fue a investigar a De Ochtend.
Liceth Castro (18) todavía sabe exactamente cómo recordar la ruta que corrió como una niña de cinco años con sus dulces. Pasó de casa de huéspedes a casa de huéspedes, de plaza en plaza, a través de las concurridas calles de La Paz. Liceth estaba allí donde muchas personas lo estaban, porque eso significaba más ventas. Su madre no caminaba junto a ella, pero nunca estaba lejos. "A una edad temprana aprendí que no siempre tienes a tus padres cerca".
Liceth Castro (18) todavía sabe exactamente cómo recordar la ruta que corrió como una niña de cinco años con sus dulces. Pasó de casa de huéspedes a casa de huéspedes, de plaza en plaza, a través de las concurridas calles de La Paz. Liceth estaba allí donde muchas personas lo estaban, porque eso significaba más ventas. Su madre no caminaba junto a ella, pero nunca estaba lejos. "A una edad temprana aprendí que no siempre tienes a tus padres cerca".
'Me quedo con
mi hijo en el vecindario'
Liceth
utilizó el dinero que ganó para pagar sus aranceles escolares. Uniforme,
zapatos nuevos, lápices y cuadernos, todo fue puesto en el estudio. Ahora tiene
18 años, está en pie y va a la universidad. Ella ahora tiene 8 meses de
embarazo. Liceth aún no está segura de si también dejará que su propio hijo trabaje.
"Tal vez, tal vez pueda ayudar con mi trabajo, pero me mantendré cerca de
él".
El trabajo
infantil es legal en Bolivia, como el único país en el mundo. A partir de los
10 años los niños pueden trabajar, bajo supervisión y bajo la condición de que
el niño también vaya a la escuela. Pero no hay control sobre los 850,000 niños
que trabajan. Eso hizo que muchos niños trabajasen por las noches sin padres en
el vecindario, a veces en lugares peligrosos y, a veces a expensas de su
escuela.
Los niños son forzados a trabajar
Los niños son forzados a trabajar
Julia Valasco
trabaja para la ONG ANNI, informa sobre el trabajo infantil en Bolivia. Según
Valasco, no es realista erradicar el trabajo infantil, ya que la necesidad es
demasiado alta para que los niños trabajen y así contribuir a los costos de la
familia. "El estado falla: no existe una política para enfrentar la
pobreza y eliminar la causa del trabajo infantil, y esa es la razón por la cual
los niños se ven obligados a trabajar".
El propio
Valasco también trabajó de niño. Solo si tiene esa experiencia, dice,
¿considera el trabajo infantil de manera diferente a lo que piensan muchas
personas en Occidente? "Mantiene la imagen ideal del niño jugando, pero
eso no es realista aquí en Bolivia".
NIÑA
ABUSADA Y EMBARAZADA: EL AUTOR FUE UN TÍO QUE ES INIMPUTABLE
El
cotejo de ADN dio positivo para el familiar, de 15 años, de la víctima, de 10.
El joven quedó a cargo del OAL y luego regresó a Bolivia, su país de origen. En
tanto, avanza la causa contra un primo que también habría violado a la pequeña.
El
Sol de Argentina (www.elsol.com.ar)
A principios
de agosto se conoció un caso de reiterados abusos a una menor de 10 años. La
niña había quedado embarazada y las sospechas estaban centradas en su núcleo
familiar. Mientras la víctima permanecía internada en el Hospital Notti, ya
cursando su octavo mes de gestación, dos de sus parientes oriundos de Bolivia
fueron detenidos.
Primero, un
primo paterno de 23 años. Días después
cayó un tío, hermano de la madre, de 15 años. Esa detención cambió
el rumbo de la causa que está a cargo de la fiscal de Delitos Contra la
Integridad Sexual Cecilia Bignert. Es que, la misma se dividió en dos, ya que,
al ser uno de los acusados menor e inimputable, se dio intervención a Liliana
Curri, de la Fiscalía Penal de Menores.
Lo cierto es
que ambos habían sido marcados por los familiares más cercanos de la víctima
como autores de las vejaciones, por lo que uno de ellos sería el progenitor del
bebé que esperaba la pequeña.
El parto por
cesárea se desarrolló a principios de setiembre en el Hospital Regional Diego
Paroissien, en Maipú. Tras el nacimiento, el pequeño –fue un varón– debió ser
separado de madre biológica, pues iba a ser
dado en adopción a una familia que se ofreció a recibirlo.
En el medio
de esa situación se tomó una muestra genética del recién nacido. La misma
serviría para realizar el cotejo de ADN que le permitiría a la Justicia conocer
la identidad del abusador que dejó embarazada a la niña. Todo el proceso se
realizó bajo un estricto secreto para proteger los derechos de la víctima y de
la nueva familia que albergaría al bebé.
Fuentes
judiciales confirmaron a El Sol que el cotejo de ADN dio positivo
para el tío de la víctima, de 15 años.
Una vez que
se comprobó que el menor había sido el progenitor, la pata de la causa que
llevaba la Justicia de Familia y Minoridad se dio por finalizada, por tratarse
de un chico inimputable.
El Órgano
Administrativo Local (OAL) quedó a cargo del adolescente, que regresó a su país
de origen para que no vuelva a tener contacto con la víctima de las
violaciones. Será el OAL el que deberá realizar un seguimiento para tomar los
cuidados necesarios en caso de que, en algún momento, decida volver a nuestra
provincia.
Por su parte,
se mantiene la acusación en contra del primo de la pequeña que fue detenido en
primer lugar.
La situación
del primo acusado
La pesquisa
que lidera la fiscal Cecilia Bignert sigue en pie, pese a que el ADN no
correspondía al imputado.
Existen
fuertes fundamentos para sostener la hipótesis de que el joven
también abusó en diversas ocasiones de su prima.
Ayer se
realizó una audiencia en el Segundo Juzgado de Garantías para solicitar una
prórroga de la investigación. Bignert hizo el requerimiento para agregar un
examen psiquiátrico al expediente.
Desde la
defensa del acusado no hubo oposición, y, el juez Marcos Pereira dio lugar al
pedido. La instrucción no se extenderá demasiado tiempo y la causa podría
elevarse a juicio en los próximos meses, indicaron fuentes consultadas.
El hecho
Durante los
primeros días de agosto, la niña de 10 años fue llevada por su madre al Centro
de Salud Nº300 Dr. Arturo Oñativia, en La Favorita. La progenitora aseguraba
que su hija padecía dolores abdominales.
Cuando una
médica de turno le realizó un chequeo a la nena notó síntomas que indicaban que
podía estar cursando un embarazo, por lo que la derivó al Hospital Notti.
Una vez allí,
la mujer les comunicó a los médicos que su hija podía estar esperando un bebé.
Los profesionales de la salud, primero, constataron
que la niña estaba cursando un embarazo de 32 semanas (octavo mes) y
quedó internada en observaciones.
Además, los
galenos observaron que presentaba lesiones genitales, lo que indicaba que las
vejaciones habían sido reiteradas. Esto se deduce porque las heridas que
descubrieron los médicos correspondían a un hecho reciente y no al que había
provocado que la pequeña quedara embarazada, indicaron fuentes consultadas.
Ante esto, la
madre dijo a los especialistas que no estaba al tanto del embarazo ni de la
situación de abuso que padecía.
En un
principio se dio intervención a la Justicia, y, la Oficina Fiscal Nº2 –que
tiene jurisdicción en la zona donde reside la víctima– comenzó a realizar las
tareas pertinentes para iniciar la investigación. Luego, la causa quedó en la
órbita de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.
LA
NACIÓN Y UN GRUPO DE “BAGAYEROS” BUSCAN UN ACUERDO
Se
elevaría el monto de la importación si es que pagan un impuesto especial
La
Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)
El Ministerio
de Seguridad nacional y una cooperativa de “bagayeros” de Orán, Salta,
avanzarán hoy en un acuerdo sectorial, que implicaría una “flexibilización del
régimen de importaciones” de productos desde Bermejo, Bolivia.
“Este
convenio implicaría poder importar por cada integrante de la cooperativa U$S
12.000 mensuales. En la actualidad se permite hasta U$S 150. Esto fue propuesto
por el propio Gobierno nacional”, remarcó Manuel Barrios, presidente de la
“Nueva Cooperativa 15 de Abril”, que funciona en la localidad salteña, ubicada
a más de 40 kilómetros del paso fronterizo.
El referente
de los “bagayeros” dejó en claro que la posición de este sector es “acogerse a
todas las disposiciones que presentó la Nación”. “De una u otra manera vamos a
incorporarnos a la sociedad. Estamos de acuerdo con que hay que pagar
impuestos. Así no nos sentiremos perseguidos, no seremos delincuentes ni nada
por el estilo”, añadió.
A mediados de
este año, los autodenominados trabajadores de frontera y las autoridades
nacionales y de Salta habían acordado ingreso desde Bolivia hasta dos bagayos
con mercadería por día, aunque luego se sostuvo el límite de U$S 150 por mes.
En ese pacto
habían sido excluidos los bolseros, es decir, las personas que viajan a Bermejo
desde Tucumán u otras provincias del norte en busca de mercadería, como ropa y
juguetes. En esta oportunidad tampoco serán incorporados, pero se estima que
podrán adquirir la mercadería a través de los “bagayeros” y, en prinicipio,
podrían trasladarla sin problemes si es que cuentan con la documentación que
avale la compra.
Días atrás,
Luis Green, secretario de Fronteras, área que depende del Ministerio de
Seguridad nacional, había destacado que era importante reforzar los controles,
la seguridad y los patrullajes en las zonas de frontera para profundizar la
lucha contra el contrabando. Pero también había remarcado que era necesario
abordar el problema del comercio ilegal desde una perspectiva cultural, que
involucre un análisis del contexto social de los “bagayeros”, entendiendo que
la única solución es el trabajo formal, según informó la cartera nacional.
EVO
MORALES, LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y EL TIPNIS
Rebelión
de España (www.rebelion.org)
Arturo D.
Villanueva Imaña.- Vergüenza internacional. La comparecencia del
gobierno de Evo Morales nada menos que ante el Tribunal Internacional de los
Derechos de la Naturaleza que se reunió en Bonn, Alemania, a inicios de este
mes de noviembre de 2017, es resultado de su larga como tozuda intención de
construir “quieran o no quieran” una carretera por medio del TIPNIS. La ironía
es que se produce nada menos que paralelamente a la realización de la
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23), que
el mismo gobierno (en anteriores versiones), contribuyó a que se instalen y
definan principios que ahora se vuelcan contra su propio accionar. Es decir,
que no se puede argüir que se trate de un boicot o de algún acto de
conspiración que el gobierno de Evo Morales suele utilizar como argumento para
explicar estas embarazosas situaciones.
El caso ya
había adquirido impacto mundial cuando se produjo la represión violenta de la
VIII Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas en Chaparina el año 2011, y ahora
vuelve a poner ante los ojos del mundo una grave situación de vulneración de
derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.
Semejante
situación de envergadura mundial, que se ha visto forzada a trasponer los
límites del ámbito nacional en vista de la gravedad de los derechos conculcados
que se denuncia, ya no representa solo una bochornosa situación de vergüenza
ante los ojos del mundo, sino que posiciona en la agenda internacional una
causa y una lucha donde lo que se encuentra en juego es la vida misma (junto a
los derechos de los pueblos indígenas conculcados), así como la forma de
encarar el relacionamiento que se tiene con la naturaleza y el entorno
ecológico y ambiental.
Tratándose de
una instancia de jerarquía internacional que el propio gobierno de Evo Morales
ayudó a constituir, y que además cuenta con un reconocido renombre mundial por
la presencia de connotadas personalidades de intachable solvencia moral,
intelectual y científica, dicha comparecencia ante el Tribunal Internacional de
los Derechos de la Madre Naturaleza desdice cualquier sospecha de que se trate
de algún tipo de conspiración, y además evidencia la más flagrante
incongruencia entre el discurso y la práctica, nada menos que en un foro
internacional donde el gobierno de Bolivia todavía tenía alguna reputación.
Es más, la demanda
internacional emitida para que se adopten medidas precautorias y se declare la
moratoria a la construcción de todas las obras en el TIPNIS (que incluye la
carretera, los puentes y las actividades exploratorias de hidrocarburos), no
solo tiene un fuerte peso ético y moral que debería ser acatado inmediatamente
(si de veras se respeta los derechos de la naturaleza), sino que implica una
poderosa llamada de atención para que cumpla y ponga en práctica aquellos
principios de respeto, protección y relación armoniosa con la Madre Tierra y
los derechos indígenas que el propio gobierno boliviano ayudó a instituir a
nivel internacional.
La inmediatez
o tardanza con la que el gobierno de Bolivia atienda la demanda para detener
todas las obras en el TIPNIS, para que se pueda dar lugar a un clima propicio y
favorable mientras se concluye con el proceso de investigación del Tribunal
Internacional, estará en directa relación con su voluntad para demostrar que
verdaderamente existe un mínimo de congruencia entre los principios que declara
y sus prácticas gubernamentales, así como en la intención de demostrar que está
dispuesto a acatar y respetar los derechos de la naturaleza que en el pasado
ayudó a instituir.
Los alcances
de la denuncia.
En vista de
ello, interpretar el hecho como un triunfo meramente político sería una
equivocación, porque entraña una gran vergüenza y desazón para el pueblo
boliviano y los propios pueblos indígenas que se vieron traicionados por un
gobierno que lo entendían como propio. Ambos habían fincado sus esperanzas y
convicciones de que Bolivia podía encarar con solvencia la tarea de establecer
una relación armónica con la naturaleza, al mismo tiempo de constituirse en un
ejemplo y referente mundial en la construcción de una vía postcapitalista,
sobre la base del respeto y cumplimiento de los derechos de la naturaleza que
inclusive se insertaron en la Constitución Política del Estado.
Ahora el
gobierno de Bolivia ya no se encuentra en aquella cómoda posición de
constituirse en una punta de lanza (colonizada y sometida) al capitalismo y los
intereses corporativos transnacionales, que le habían autoconvencido de
abanderar un desarrollismo salvajemente extractivista como supuesta solución y
respuesta a los problemas de pobreza y exclusión. No hay que olvidar que el
gobierno lee equivocadamente la construcción de la carretera por medio del
TIPNIS como si se tratase de un asunto vinculado al crecimiento, el progreso y
un tipo de desarrollo occidental y capitalista; pero sin reconocer dos aspectos
de fundamental importancia. Primero, que su tozuda intención de construir la
carretera en el TIPNIS (que paralelamente también está asociada a megaproyectos
como las represas del Bala-Chepete; Rositas, Tariquía, el tren bioceánico,
etc.) están vinculadas a lo que se ha dado en llamar los encadenamientos
transfronterizos, que implican la expansión y ampliación de las fronteras de
explotación y extractivismo a nivel continental. Segundo, que dicha ceguera
desarrollista también le ha orillado a rechazar explícitamente y no percibir el
derecho que tienen a la autodeterminación, a la consulta, y sobre todo a
decidir el tipo de desarrollo y la forma de vida, que los pueblos indígenas
desean poner en práctica según su propia cosmovisión, el tipo de
relacionamiento con el entorno y su propia cultura.
Ahora se
enfrenta a un veredicto (y sentencia) mundial que establecerá si efectivamente
cumple y garantiza aquellos derechos de la Madre Tierra que defendía y
contribuyó a establecer como referente.
La
encrucijada a la que lo ha llevado su tozuda intención de imponer el
desarrollismo extractivista como modelo económico y solución a los problemas de
pobreza, desigualdad y exclusión (como si se tratasen exclusivamente de
problemas vinculados al crecimiento y progreso capitalista), ya no se reduce a
la caprichosa intención de construir una carretera, sino de atentar contra
aquellos derechos de la naturaleza que el mismo gobierno ayudó a formular, pero
que ahora adquieren un nuevo sentido porque también atenta contra la vida y a un
medio ambiente sano al que tenemos derecho todos quienes compartimos el
planeta. Es decir, trasciende aquel encapsulamiento que quiso ser infundido, de
que el caso solo entrañaba un problema de vinculación territorial y desarrollo
(en el sentido más prosaicamente entendido como crecimiento), cuando en
realidad atañe al conjunto de la vida, el entorno socioambiental y los derechos
de la naturaleza.
La
resistencia de los pueblos indígenas a partir de esta denuncia internacional,
no solo visibiliza sus derechos conculcados, ni hace patente el grave riesgo de
desaparición y etnocidio al que se encuentran en riesgo; sino que expresa una
profunda interpelación al modelo extractivista del gobierno de Bolivia, y la
intrínseca relación que tiene el mismo modelo con la dependencia y el
colonialismo.
Es decir, que
la gran vitalidad de los procesos de resistencia social emergentes como el que
plantean las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS, no radican en la
fuerza, la capacidad de movilización de mucha gente, o la enorme cantidad de
población que aglutina y representa (tal como nos ha querido acostumbrar la
“lógica” corporativista gubernamental que se asienta en el clientelismo y la
cooptación de diversos sectores sociales numérica y demográficamente amplios), sino
en el incuestionable razonamiento, la justeza de la causa y la contundencia y
autenticidad de la verdad que defienden y por la que luchan. El menosprecio o
íntima convicción de que este movimiento de los pueblos indígenas podía ser
fácilmente sometido, derrotado o cooptado (tal como ha sucedido con otros
sectores como resultado de sus prácticas clientelares), no parece haber tomado
en cuenta de que la fortaleza de las causas y las luchas, finalmente radica en
la justeza y la razón de los argumentos, más allá de la presión numérica y
poblacional que se pueda ejercer.
La dimensión
y profundidad de lo que se encuentra en juego.
El nuevo
plano internacional de la controversia sobre la construcción de la carretera
por medio del TIPNIS, que el gobierno de Evo Morales ha pretendido llevar como
si se tratase únicamente de un problema de vinculación territorial que responde
a legítimas aspiraciones de desarrollo de dos departamentos; ahora muestra la
verdadera dimensión y profundidad de lo que en verdad se juega. Es decir, que
si lo que se quiere es un país altamente dependiente y colonizado por intereses
extractivistas, antinacionales y de carácter transnacional; o más bien un país
que decide vivir en armonía con la naturaleza, respetando los derechos humanos y
de los pueblos indígenas y, un país finalmente, que hará prevalecer su decisión
de construir una vía alternativa al capitalismo depredador y el neoliberalismo
extractivista.
No está en
juego la imagen gubernamental, ni siquiera la estabilidad económica o el
supuesto crecimiento y bienestar circunstancial que pueda emerger como
resultado de la expansión extractivista y desarrollista que abandera el
gobierno; es más bien una decisión acerca del futuro y el tipo de país que
queremos, para demostrar que Bolivia está en capacidad y tiene la voluntad de
establecer una relación armoniosa con la naturaleza, sentando las bases hacia
el postcapitalismo. La contribución del movimiento y la resistencia de los
pueblos indígenas en este sentido, no se limita por tanto a una denuncia
internacional, y ni siquiera al legítimo derecho que tienen de defenderse
contra este nuevo tipo de agresión e intento de sometimiento y etnocidio. En
realidad es un desafío al paradigma predominante y una profunda interpelación
al modelo desarrollista y extractivista vigente.
El gobierno
de Bolivia tiene la palabra, y de la forma cómo responda y reaccione también
definirá su propia identidad política, así como en gran medida el propio futuro
del país.
MIGRANTES
INTERPONDRÁN QUERELLA CONTRA FULVIO ROSSI: “HA TRASPASADO UN LÍMITE PELIGROSO”
La
acción legal se basa en la Ley de Prensa y la Ley Zamudio que condenan a toda
persona que haga un llamado o incite al odio, lo que según los querellantes
habría realizado el desaforado senador durante su campaña.
Radio
U de Chile (www.radio.uchile.cl)
Comunidades
migrantes de la región de Tarapacá presentarán este miércoles una querella en
el Juzgado de Garantía de Iquique, invocando la Ley Zamudio en contra del
senador independiente por la zona, Fulvio Rossi.
De acuerdo a
lo informado por dirigentes de organizaciones migrantes de Bolivia, Colombia,
Haití, Perú y Ecuador, quienes residen en la capital regional, la acción por
ley antidiscriminación se origina en lo que ellos consideran una “falsa
denuncia de ataque” formulada por el parlamentario el miércoles pasado, donde
declaró públicamente que fue atacado por una persona de raza negra con acento
colombiano.
El abogado
representante de las comunidades, Matías Ramírez, indicó que el escrito se basa
en infracciones a la ley de prensa, agravada por la denominada Ley Zamudio,
enfatizando que en casi toda la campaña electoral, Fulvio Rossi se basó en la
estigmatización y el odio racial.
“Se
fundamenta en un delito específico de la Ley de Prensa, que condena a toda
persona que haga un llamado o incite al odio, que tenga razón en grupos, por su
raza o condición social y respecto de ese delito también lo amparamos en la Ley
Zamudio, con la agravante creada por esta ley sobre las transgresiones que se
cometan precisamente en base a un odio racial”, afirmó.
Al respecto,
Ronald Montecinos, vocero de la comunidad boliviana en Iquique, indicó que las
declaraciones de Rossi fueron ilegítimas y que sólo significaron la
criminalización de los migrantes con fines electorales.
El dirigente
advirtió que las organizaciones han expresado su preocupación por la creciente
xenofobia observada entre los ciudadanos de la región de Tarapacá.
“Constantes
declaraciones anti migrantes que ha hecho el ahora desaforado senador, desde
hace un par de meses, cuando los bolivianos estaban detenidos aquí, hace un
llamado similar, que la gente llega a actuar con xenofobia, con estigmatización
que está creciendo cada día más, en los ciudadanos se refleja eso al ver a una
persona de color, ya está causando ese estigma en la población misma”,
argumentó.
Montecinos
agregó que junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos llevarán adelante
una serie de programas de trabajo en la región con el fin de revertir la
estigmatización y el odio contra el migrante.
“Nosotros
estamos trabajando en un proceso de desestigmatización del migrante, hacer ver
el lado positivo, el aporte positivo de la migración en esta región que es
bastante cosmopolita”, sostuvo
En tanto,
para Giovanni Pereira, vocero de la comunidad ecuatoriana en la zona, el acto
de denuncia manifestado por el senador Fulvio Rossi, “ha traspasado un límite
peligroso para la convivencia entre chilenos y migrantes, lo que debe ser
enfrentado con decisión por la justicia”.
Respecto de
la investigación por la acusación de ataque con arma corto punzante
contra el senador, desde la propia Fiscalía indicaron que además de la revisión
de cámaras de seguridad se están realizando diligencias paralelas, pero que se
mantienen en secreto por orden del fiscal a cargo Gonzalo Guerrero.
ANDRÉS ZALDÍVAR ES INDAGADO COMO IMPUTADO POR CASO DE
TRÁFICO DE MIGRANTES Y COHECHO
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
La
Fiscalía Centro Norte investiga a un empresario por el ingreso de 32 ciudadanos
chinos. Informe da cuenta de conversaciones telefónicas con el presidente del
Senado.
“Entendemos (señor juez) que continuar con el
monitoreo de este teléfono del imputado senador Andrés Zaldívar Larraín resulta
fundamental tanto para acreditar el hecho originalmente investigado de tráfico
de migrantes como el de cohecho”. Así, la
Fiscalía Centro Norte solicitaba al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
seguir escuchando las conversaciones del presidente del Senado, dado que es
indagado por sus vínculos con el empresario Alvaro Jofré Cabezas, quien ingresó
con 32 ciudadanos chinos al país entre el 7 de junio y el 12 de julio.
Estos
antecedentes están en un oficio, al que accedió La Tercera, enviado por el fiscal Marcelo Carrasco el 9 de
noviembre, en el que piden extender la interceptación telefónica por otros 15
días. En éste se relata que el caso comenzó a ser investigado el 16 de junio
tras una denuncia de la PDI. Se relata que los inmigrantes entraron con visa de
turista y Jofré “manifiesta a las
autoridades de control migratorio que son sus invitados y proveedores y que se
alojarán en el Hotel Plaza San Francisco”, dice el documento.
La
fiscalía relata que tras la primera interceptación del teléfono de Jofré, fue
necesario ampliarla a otros números telefónicos a raíz del tenor de las
conversaciones y porque “además, se
jactaba de tener amistad con gente del gobierno. Así, el imputado tomó contacto
con Rodrigo Sandoval, ex jefe nacional del Departamento de Extranjería, y que
también se comunicaba con Diego Rivera López, quien actualmente se desempeña
como funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, ostentando
el cargo de Primer Secretario. A ambos les manifiesta de manera abierta que
tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al
país, lo que estaría siendo obstaculizado en el Consulado de Chile en Shangai”.
El fiscal
Carrasco detalla que se estableció también que Jofré “se comunica con el senador Andrés Zaldívar Larraín, quien en al menos en
tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin,
actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar
la gestión que le encomendó, esto es, le habría pedido que revisara la
situación de las visas gestionadas por el imputado”. Incluso, la
fiscalía indica que Jofré fue visto el 26 de octubre saliendo del ex Congreso
en Santiago, tal como lo había anunciado en sus conversaciones con otra de las
imputadas. “Después de salir del
Congreso se comunicó con Diego Rivera y le relató extensamente los detalles de
su entrevista con el senador Zaldívar”.
Luego, el
Ministerio Público, para argumentar su petición de extender la medida
intrusiva, entregó una serie de escuchas. En ellas, el senador habla sobre una
terna para jueces para el Tribunal oral de Talca y menciona que le envió un
correo electrónico al subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. Además, también
hay un llamado del director general de la PDI, Héctor Espinosa, quien relata a
Zaldívar, según el informe de la fiscalía, una gestión que hizo respecto de un
funcionario policial. Además, el fiscal planteó que extender la interceptación
Jofré iba a viajar a China el 12 de noviembre, por lo que ese viaje podría tener
como objetivo obtener las visas.
Reacciones
Al ser
consultado, Alvaro Jofré señaló que “pertenezco
a la agencia China Chile Connection, llevamos mucho tiempo en la gestión de
inversionistas chinos que llegan a Chile. Han llegado a invertir desde un centro
comercial hasta la exportación de cerezas y vinos”.
Consultado
por qué pidió gestionar las visas a autoridades dijo que “cuando uno empieza a gestionar muchas visas,
nosotros tenemos un problema de tiempo. A mí una empresa China va y me dice:
Álvaro usted nos podría gestionar la visita de nuestra delegación a Chile
porque queremos reunirnos con una empresa de los grupos de acero, por ejemplo,
y yo les digo que ningún problema. Eso es algo que hacemos y cobramos por eso.
Ellos nos envían la información a Chile y ellos la presentan en el consulado,
donde yo tengo una petición desde julio a la fecha y me dicen que hay una
investigación, un tema de tráfico de personas”.
En
relación a las conversaciones con Zaldívar, dijo que “lo que hago es decir, senador quiero hacerle una consulta ¿a quién le
puedo preguntar por las visas, quien es la persona idónea? Yo hice una consulta
por Ley de Transparencia y me dan una respuesta estúpidamente correcta:
‘estamos en el tiempo para darle una respuesta’. ¿Usted cree que un empresario
chino va a estar cinco meses esperando que le den las visas?”. Además,
descartó las imputaciones de la fiscalía y rechazó haber cometido delito.
Respecto
del correo enviado por el senador, el subsecretario Mena señaló que “yo no nombro ninguna terna. No recuerdo si
me habrá sugerido algo en particular. A mí me pueden llamar para sugerirme algo
o para recomendarme alguna persona o que efectivamente hay alguien que está en
alguna terna y que tiene una buena evaluación, pero esa es un sugerencia”.
Consultado si es que es regular que un senador le mande una terna y después lo
llame, dijo que “no recuerdo el caso puntual. Ninguna designación del
Ministerio de Justicia sale con mi firma (..) ni siquiera se nombró a la
persona que recomendó Andrés Zaldívar”.
En tanto,
Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería, manifestó que “esta persona (Jofré)
tomó contacto conmigo invocando el conocimiento que tenía de un conocido mío
(..) Me reuní con él, me planteó su tema y le dije que era una cuestión que yo
no manejaba porque su problema no era jurídico sino que él estaba pidiendo
gestiones específicas que no hacía en mi campo profesional para sacar las visas
de los ciudadanos chinos. Yo no hago ese tipo de cosas y le recomendé
judicializar su situación”.
En el
documento se da cuenta de llamados realizados el 31 de octubre y el 6 de
noviembre entre el senador DC Andrés Zaldívar, una persona identificada como
secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán, Juan Pablo Nadeau, y el
subsecretario de Justicia, Nicolás Mena.
Funcionario judicial
“Andrés
Zaldívar recibe un llamado telefónico de un sujeto de sexo masculino, quien se
identifica como ‘Juan Pablo Nadeau’, quien luego de saludar le manifiesta que
le envió vía correo electrónico los datos de la terna, agregando que el oficio
se fue al Ministerio (…) Zaldívar Larraín asiente y señala que verá el tema, a
lo que Nadeau le explica que es la terna para Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Talca, Zaldívar asiente (…) Nadeau le agradece su apoyo y ayuda (…) le
señala a Zaldívar que puede contar con él para lo que necesite”.
Llamada a Mena
El
informe da cuenta de que ese mismo día, el 31 de octubre, llamó a la
Subsecretaría de Justicia para contactar a (Nicolás)Mena, pero no estaba. El 6
de noviembre “Andrés Zaldívar recibe un llamado de ‘Nicolás’ (la PDI vinculó el
número a Mena), a quien luego de saludar le indica que le envió a su e-mail
personal una terna para que la revise, porque le avisó a la secretaria que este
se lo iba a enviar. Nicolás responde que lo va a ver y además le pregunta cómo
le ha ido y quién siente que está compitiendo con él, manifestando que él cree
que sacará un 8% o un 10% en el Maule, luego se despiden y finaliza la
llamada”.
Llamada del director de la PDI, Héctor Espinosa
También
hay otra llamada del senador. Esta vez en relación con un efectivo policial.
Esa llamada fue efectuada por un NN desde la Municipalidad de Río Claro. La
otra la hizo al día siguiente el director general de la PDI, Héctor Espinosa.
5 de noviembre
“Zaldívar
recibe un llamado de un NN, quien le comenta si se recuerda que lo llamó por un
niño policía, respondiéndole este que sí se recuerda y que habló con el
Director de Investigaciones. El hombre le señala que se definió el viernes y
por la información que le estaba llegando al policía, al día siguiente se
definía y lo más probable es que le iban a dar de baja. Zaldívar indica que
llamará al director, porque este le había dicho que se iba a preocupar
especialmente (…) pidiéndole que le envíe los antecedentes por WhatsApp o por
e-mail, porque él se lo envió al Director y no lo tiene registrado”.
6 de noviembre
“Zaldívar
recibe un llamado de Héctor Espinosa, Director de la PDI, a quien le comenta
que estaba preocupado por la persona que le había hablado, un inspector de allá,
a lo que Espinosa Valenzuela le responde que el inspector es de apellido
Barramuño y le señala que éste se encontraba en Lista 3 y en la cuota anual de
retiro, logrando solo sacarlo de la cuota anual de retiro, por lo que quedará
condicional, solicitándole que no le cuente a nadie aún, porque lo van a
notificar por la vía que corresponda. Además, le señala que la otra persona,
que se quería ir a Cauquenes, está más complicado porque lo sancionaron, pero
que de todas formas está cerca. Zaldívar Larraín le dice que al otro lo deje
ahí no más, que no se preocupe”.
223.000
EUROS PARA COOPERACIÓN EN GUATEMALA, BOLIVIA, BURUNDI E INDIA
El
Ayuntamiento de Alcobendas firma un convenio de colaboración para desarrollar 5
proyectos de tres ong’s y dos entidades humanitarias
Cadena
Ser de España (www.cadenaser.com)
La
solidaridad de los alcobendenses llegará a los proyectos de Bomberos Unidos Sin
Fronteras, UNICEF, Manos Unidas, Cruz Roja Española y Fundación Vicente Ferrer.
Una selección realizada por la
Universidad Carlos III.
Dos de los
proyectos beneficiarán a Guatemala, un país donde la pobreza alcanza a una gran
parte de la población. Bomberos Unidos
Sin Fronteras desarrollará la segunda fase para instalar una red de saneamiento
en Panimache, de la que se beneficiarán unas 14.000 personas, tras la
instalación de una planta potabilizadora. Mientras que UNICEF paliará la desnutrición crónica entre las poblaciones indígenas de
Alta Verapaz, con un proyecto que tendrá a casi 8.000 personas como
beneficiarios indirectos.
Alcobendas
también subvenciona otro proyecto en América Latina, el de Manos Unidas en Bolivia, para la mejora de la
producción y comercialización de productos agrícolas en el municipio de Aiquile,
que supondrá un progreso para más de 5.500 personas.
Por su parte Cruz Roja Española recibirá ayuda para la
mejora de la nutrición de las comunas de Mabanda y Makamba, en Burundi,
con casi 5.000 personas afectadas por la desnutrición, es decir: dos de cada
tres habitantes.
Asimismo, la
ayuda a la cooperación de Alcobendas también alcanzará a la Fundación Vicente Ferrer, que continúa
trabajando para mejorar el derecho a la vivienda y al saneamiento en las
poblaciones rurales del estado de Andhra Pradesh, en India.
EL DAKAR 2018 APUESTA POR LA DIVERSIDAD EN PERÚ,
BOLIVIA Y ARGENTINA
El Economista de España (www.ecodiario.eleconomista.es)
El rally
Dakar, para celebrar sus 40 años en 2018, apuesta por distintos tipos de
terreno y condiciones de carrera diversas, para su recorrido de más de 8.700
kilómetros entre Lima y Córdoba (6-20 enero), recorriendo Perú, Bolivia y
Argentina, según los detalles del trazado presentados este miércoles en París.
Después de
cinco años, la mítica prueba vuelve a Perú, antes de poner rumbo a Argentina
previo paso por Bolivia, dos países bien conocidos por competidores y
aficionados.
"Tenemos
un recorrido excepcional con un tríptico andino que me gusta mucho porque vamos
a tener tres geografías extremadamente diferentes, tres condiciones de carrera
y climáticas también muy variadas", declaró a la AFP Etienne Lavigne,
director de la carrera, que volverá a tener un ojo puesto en el cielo, después
de que la meteorología provocara la anulación de casi la tercera parte de
especiales en 2017.
Se esperan
más de 525 competidores, que tomarán la salida en una larga secuencia de
recorrido sobre arena en Perú, como guiño al primer Dakar, que unió París con
la capital de Senegal pasando por el Sahara en 1978. Lavigne destacó que el
recorrido ideado para este 2018 permite ir "al corazón del ADN del Dakar,
el desierto".
El número de
vehículos inscritos es de 337 (190 motos/quads, 105 autos, 42 camiones), con
representación de 54 nacionalides, con Francia como país con más competidores,
seguido de Argentina.
Tras la
salida, el recorrido diseñado para 2018 incluye dos trazados alrededor de las
ciudades de Pisco y San Juan de Marcona, antes de dirigirse al sur, hacia
Arequipa, desde donde los competidores se dirigirán a La Paz por el lago
Titicaca.
Después de
un paso rápido por Bolivia -dos etapas completas de las catorce-, la caravana
serpenteará por las montañas en Argentina. La especial del jueves 18 de enero,
la más larga (522 km cronometrados) entre Fiambalá/Chilecito y San Juan, se
presenta especialmente decisiva para los aspirantes al título, antes de la
llegada a Córdoba.
Entre los
favoritos en la categoría de coches destacan nombres como el francés Sebastien
Loeb, segundo el año pasado y nueve veces campeón del Mundial de rallies (WRC),
pero que todavía no logró su primera corona en el Dakar. Frente a él estarán
otros pesos pesados de la competición, como los españoles Carlos Sainz y Nani
Roma o los también franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres.
ASÍ SE HAN LIBRADO DE LA EXTINCIÓN TRES ESPECIES DE
AVES
El trabajo de los habitantes de las áreas donde
sobreviven el guacamayo barbazul (Bolivia), el loro orejiamarillo (Colombia) y
el guacamayo de Lear (Brasil) está fructificando
ABC de España (www.abc.es)
El programa
de recuperación del guacamayo barbazul
llevado a cabo por Loro Parque
Fundación en Bolivia ha
permitido no solo recuperar la especie, que se encontraba en peligro de
extinción, sino también crear para los habitantes de la zona un negocio de
fabricación de plumas artificiales. La recuperación de esta ave forma parte del
programa que desde el año 1994 desarrolla Loro Parque Fundación y con el que se
ha conseguido recuperar nueve especies
que estaban en peligro de extinción.
El director
científico de la Fundación, Rafael Zamora, señala que durante estos años se han
invertido 17 millones de dólares en la conservación de especies y entre las que
se ha conseguido salvar de la extinción se encuentra el guacamayo barbazul, que
vive en un
hábitat
muy especial, en El Beni, de
amplias llanuras de vegetación y barro que se inundan durante gran parte del
año.
La especie
estaba amenazada porque sus coloridas
plumas se utilizaban para los tocados que se lucían en la danza de los
macheteros, tradicional en la zona, y que precisaban para su elaboración las
plumas de unos diez guacamayos.
Zamora
explica que junto con la ONG local se consiguió convencer a los habitantes de
la zona de que el guacamayo estaba en peligro de extinción y a través de talleres formativos, se les enseñó
cómo hacer los tocados con telas y plumas artificiales. Los pobladores de la
zona se han involucrado en la conservación de «la paraba», tal y como denominan
a este guacamayo, de tal forma, señala Zamora, que se hacen concursos de
tocados artificiales y se utilizan para la moda.
Se ha pasado
de unos 50 ejemplares de guacamayo barbazul en 1995 a más de 300 en la actualidad, afirma el
director científico de la Fundación, quien recuerda que en este proyecto se han
invertido 1,5 millones de dólares.
América del
Sur
Zamora cita
también al loro orejiamarillo de
Colombia como otra de las
especies recuperadas y recuerda que de menos de cien ejemplares cuando se
comenzó a trabajar en la zona en 1998, se ha pasado a más de 3.700 en la
actualidad.
Explica que
en la mayoría de los casos Loro Parque Fundación trabaja con una ONG local y se
intenta involucrar a la población en la conservación del ave amenazada, tal y como ocurrió con
este
loro,
cuyo hábitat es un tipo de palmera cuyas ramas eran utilizadas por la población
local para, entre otros fines, ser usadas el domingo de Ramos. La intermediación de los párrocos locales
e incluso del Vaticano permitió
convencer a los habitantes de esa zona de Colombia del uso de ramas
alternativas e incluso utilizar a la especie como reclamo turístico.
El guacamayo de Lear, de Brasil, es otra de las nueve especies
que se han conseguido librar de la extinción y, en este caso, explica Zamora,
se trata un ave que vive en un bosque arrasado por el sol, en el que muchas
especies no logran sobrevivir.
La pobreza
extrema de la zona hacía que los huevos,
e incluso el propio loro, que cría en rocas, formara parte de la dieta, pero en
esta ocasión, añade el representante de la Fundación, también se convenció a la
población local de que desistiera de esta caza. El trabajo realizado por las ONG locales y los biólogos han permitido salvar a esta
especie de su desaparición, indica.
El
Gobierno brasileño encargó asimismo a la Fundación la reproducción del
guacamayo de Lear y envió a Tenerife dos parejas de esta especie. Zamora indica
que llegaron a finales de 2006 y seis meses después ya comenzaron a
reproducirse gracias a que se pudo reproducir su hábitat al tener la
instalación tinerfeña todo lo necesario, además de un tipo de palmera de la que se alimenta esta
ave. En la actualidad, se han logrado 32 ejemplares y su recuperación ha sido
un éxito a nivel mundial, afirma Zamora.
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