miércoles, 31 de enero de 2018

CEBRAS EN LOS CRUCES: LA SOLUCIÓN DE BOLIVIA POR LA SEGURIDAD VIAL


Caminar por las calles de algunas ciudades de Bolivia puede ser una gran experiencia para los europeos que estamos acostumbrados a carreteras ordenadas, un parque móvil más moderno, calles más limpias y sin perros callejeros acostumbrados a vivir entre la gente. Las diferencias con este país sudamericano son más que claras con un simple paseo por sus calles o una agradable conversación con sus ciudadanos. Son ciudades diferentes, que no peores. A los perros que se pueden encontrar por las calles se unen, gatos, algún roedor y lo más extraño de todo, cebras. Sí sí, has leído bien, cebras.
Más de 300 de estos animales rayados velan por la seguridad vial en las calles de Bolivia. A los ciudadanos de cuatro ciudades del país latinoamericano ya no les extraña encontrase por la calles a personas disfrazadas de cebras guiando a los peatones, enseñándoles a cruzar correctamente, haciendo que los conductores respeten los semáforos, los pasos de cebra y se pongan el cinturón.
En el año 2001 se inició en La Paz este plan vial diferente, un proyecto de "ordenamiento vehicular y educación vial en el centro histórico de la ciudad" explica a FCINCO Sergio Caballero, secretario municipal de Educación y Cultura de La Paz. Actualmente, en la sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia hay 160 cebras educadoras viales, una iniciativa que empezó hace más de 15 años sin mucho apoyo de los ciudadanos, que "al principio no acogieron muy bien a las cebras, pero poco a poco se ganaron a toda la ciudadanía", explica Caballero. La imagen que se tiene de ellas ha cambiado radicalmente, hasta el punto de que hace dos años fueron declaradas patrimonio inmaterial de la ciudad.
El Programa Cebras Educadores Urbanos fue todo un éxito, y eso provocó la extensión de esta iniciativa a otras ciudades de Bolivia, donde a las 160 cebras que hay actualmente en La Paz se suman las 80 cebras educadoras de El Alto, las 60 de Tarija y otras 60 que hay en Sucre. El orden en las ciudades bolivianas mejoró visiblemente y "los conductores respetan más que antes los pasos de cebra y los semáforos", todo un éxito de esta iniciativa curiosa, donde el animal elegido, evidentemente, tiene que ver con el nombre del cruce peatonal, que reivindica como "espacio de ejercicio ciudadano", aclara este secretario municipal de Educación y Cultura.
Los jóvenes que se encuentran dentro de estos disfraces "vienen de fundaciones que les ayudan en procesos de inserción social y laboral", explica Caballero. Este programa que gestiona cada municipio con un constante contacto entre los responsables de cada ciudad, se ha extendido más allá de la educación vial, ayudando en otros aspectos como la lucha contra el cáncer, acciones feministas y el apoyo a gente sin hogar. El Mundo de España (www.elmundo.es)





LA ‘JUSTICIA’ DE QUEMAR VIVO A UN HOMBRE

'Tribus de la inquisición', de Mabel Lozano, opta al Goya al mejor corto documental denunciando los linchamientos en Bolivia.

El País de España (www.elpais.com)
                                                      
Durante una quincena de minutos, lo cuentan con palabras. Pero el relato de las víctimas y sus familiares impresiona tanto que cuesta creérselo. Si hasta la propia directora, Mabel Lozano, dudó, ¿cómo no iba a hacerlo el público? Así que la cineasta optó por el remedio más directo: las imágenes. “Tenía que poner esos vídeos para que la gente supiera que ocurre de verdad”, asegura. De ahí que hacia la mitad de su metraje Tribus de la Inquisición, que opta el sábado al Goya al mejor corto documental, propine un puñetazo en pleno estómago. Hasta entonces, se ha hablado de linchamientos. De repente, ahí están. Una serie de grabaciones aficionadas muestra a varios hombres devorados por las llamas. Cuerpos casi carbonizados se remueven desesperados. De la cabeza de uno no para de salir humo. Arden vivos en la plaza del pueblo, mientras los vecinos los rodean y observan el fruto de su castigo. Nadie interviene. Alguien come patatas fritas, asisten hasta niños. Ivirgarzama, región de Cochabamba, Bolivia, 1 de junio de 2013. El día en que Roberto Ángel Antezana fue atado, golpeado, bañado de gasolina e incendiado junto con cinco familiares. Murió pocas horas después, con el 90% del cuerpo quemado. Había, presuntamente, robado un camión.
“Lo que aparece en el documental es de lo más suave”, agrega la cineasta. Como indicio, lo que describe a continuación. Ella lo vio en fotos, pero esta vez prefiere limitarse a las palabras: dice que había cadáveres rescatados del río ya mutilados por los peces, cuerpos de jóvenes carcomidos por las hormigas reinas o una madre que desentierra una bolsa de basura de la que sobresale la cabeza inane de su hijo. Presuntos homicidas, ladrones de móviles o de una motocicleta, privados del derecho a un juicio justo, y a la vida.
De todo ello va Tribus de la Inquisición. Resulta que, en pleno siglo XXI, ojo por ojo diente por diente” sigue valiendo allá donde las autoridades no llegan ni se les espera. El artículo 7 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional de Bolivia reconoce la “potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originarios campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio”; oficialmente, el linchamiento vulnera la ley del país. De facto, sin embargo, se produce, se tolera, se ampara y se silencia en más de un municipio. Tanto que, según la película, Bolivia es el segundo país del continente con más casos registrados, tras Guatemala. En 2015 se verificaron 32; en el 90%, no hubo sanción para los agresores. El filme sostiene que es bastante más probable que en la cárcel acabe el linchado, por su presunto crimen. Si sobrevive, claro está.
Todo ello ya lo denunció el periodista local Roberto Navia, con un reportaje que obtuvo el premio de periodismo Rey de España en 2015. El reportero acudió a recibirlo, y quiso entrevistarse con Lozano, que andaba metida en su anterior documental: ChicasNuevas24Horas, sobre la trata de mujeres, también nominado a los Goya. De ahí nació el proyecto, que pronto será también una novela del periodista. Pero, ¿por qué encerrar tamaña historia en un corto de apenas 30 minutos? “Me planteé un largo, pero si lo que rodamos ya fue peligroso, hubiese hecho falta una investigación mucho más larga, también sobre la relación del fenómeno con el narcotráfico. Y, sobre todo, la película me contaminó mucho. ¿Se podrían aguantar 80 minutos así?”. Desde luego, lo visto en media hora basta y sobra. Y deja una pregunta: ¿cómo puede ocurrir esa barbarie?
“Lo más importante es que los bolivianos no creen en su justicia. Y además, cuando sucede algo como eso no hay presencia del Estado”, defiende la directora. Lozano describe un sistema en el que los pocos policías locales se ven desbordados e impotentes ante las turmas; los familiares que acuden al rescate son a su vez amenazados; mientras, fiscales generales y altas esferas miran al otro lado. Tanto que hay un informe policial sobre el supuesto robo de Roberto Ángel Antezana pero ningún documento da fe de su linchamiento.
Oficialmente, nunca se produjo. Como casi todos. Lozano se entrevistó con agentes y fiscales, con los padres de los Ángel Antezana y con varias víctimas, hasta con el cura del pueblo. Un médico le contó que se mantuvo a un lado porque la cosa no iba con él, y porque hay muchos casos así. Además, le explicó que “el gordito [uno de los linchados] amenazó con que los iba a matar a todos”, lo que en su visión justifica que le asesinaran antes a él. Pero la directora no consiguió ningún testimonio de un verdugo que avalara la ley del talión ante la cámara. Se ampararon todos en otra ley demasiado común en esos casos: la del silencio.





MARÍA CASH: HABRÍA MÁS COINCIDENCIAS CON EL CRÁNEO HALLADO EN BOLIVIA

El abogado de la familia dice que varios análisis arrojan una "probabilidad alta". Pedido del gobierno argentino al boliviano para apurar cotejo de ADN

La Capital de Argentina (www.lacapital.com.ar)

Un cráneo encontrado en Bolivia en el mes de noviembre del 2011 continúa siendo considerado por estas horas, luego de la evaluación de peritos forenses, como probablemente perteneciente a María Cash, la joven desaparecida en la frontera ese año. Ante esto, autoridades de la Cancillería argentina se reunieron con diplomáticos bolivianos para pedir cooperación judicial para determinar su identidad.
Los peritos confirmaron por estas horas que ese hallazgo en una zona cercana a Rosario de la Frontera, el último lugar donde se supo de María Cash, es un cráneo con características que coinciden con las de la muchacha argentina. Pertenecía a una mujer de entre 18 y 25 años y que tenía el pelo oscuro.
Como detalló Pedro García Castiella, el abogado de la familia Cash, al diario El Tribuno, de Salta, cuando hallaron el cráneo, hace poco más de seis años en una ruta cerca de la ciudad de Oruro, "aún tenía tejido y cabellos, que es el material que utilizó el equipo que encabeza el doctor Edgar Quisbert para realizar la descripción y un estudio de ADN que ellos hicieron en Bolivia".
Esos datos los solicita desde mayo de 2017 la Justicia Federal en Salta a su par de Oruro.
"Queremos tener la cadena de ADN que se hizo en el vecino país, pero a nosotros nos interesaría tener una muestra para que el ADN se haga aquí", prosiguió el abogado.
"Profesionales médicos de Bolivia en cooperación con argentinos hicieron un estudio de sonrisa y les dio una similitud muy importante con las imágenes de María. Nos explicaron que una dentadura y una sonrisa son similares a la huella digital", declaró el letrado a una radio de Salta.
García Castiella remarcó que el trabajo de antropometría del rostro —en pómulos y mentón— "dio una certeza muy llamativa y una probabilidad alta, sumado a que se trata de un resto de un cráneo caucásico que no es compatible con la raza de la región".
Después de un largo tiempo sin novedades, la búsqueda de María Cash volvió a ocupar los primeros planos. Sin embargo tanto la madre de la joven como un hermano, se mostraron escépticos (ver aparte).
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino expresó la "preocupación" del gobierno argentino ante autoridades bolivianas, por la demora a la respuesta de un exhorto que envió el juez federal de Salta.
El magistrado pidió a través de varios oficios a Bolivia el envío de una muestra de los restos óseos para poder hacer un análisis de ADN, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
Si las muestras llegan al país, serán analizadas por el reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense, "lo que nos dará una certeza absoluta sobre el resultado", agregó el abogado García Castiella.
"En un clima cordial y de cooperación, las autoridades argentinas expresaron su vocación por el estricto cumplimiento de los acuerdos bilaterales y multilaterales donde Argentina es parte", señaló el comunicado de Cancillería.
El Tribuno publicó las comparaciones, hechas por el doctor Oscar H. Heit, de Entre Ríos, y su par salteño Pablo Medina en contacto con una dentista forense de Bolivia, que les pidió colaboración para tratar de identificar la dentadura.
Las fotos fueron incorporadas al expediente judicial. Se habla de "múltiples coincidencias": una grieta en uno de los incisivos, la forma del mentón y las inclinaciones de otras piezas dentarias.
María Cash desapareció el 8 de julio de 2011, a los 29 años, mientras viajaba por el noroeste del país.
La joven, diseñadora de ropa, se dirigía a la ciudad de Jujuy, pero, por motivos que se desconocen, se bajó del autobús en el que viajaba mientras atravesaba la provincia de Salta.
En la última llamada a su familia dijo sentirse "incómoda", pero no precisó por qué.
El padre de la desaparecida, Federico Cash, falleció en un accidente de tráfico en 2014 mientras viajaba a Jujuy para investigar llamadas de personas que decían haber visto a su hija.





LA MISTERIOSA RUTA DE MARÍA CASH, DESDE LA TERMINAL DE RETIRO HASTA SU DESAPARICIÓN EN EL NORTE ARGENTINO

La diseñadora iba a encontrarse con un amigo en Jujuy, donde se radicaría para comercializar la ropa que ella misma producía. Nunca llegó a destino. 

Clarín de Argentina (www.clarin.com)

El 4 de julio de 2011, la diseñadora María Cash (29 años) salió de su casa en Barracas rumbo a la provincia de Jujuy, donde iba a encontrarse con Juan Pablo Dumon, un compañero de yoga, quien aparentemente le proporcionaría casa y trabajo.
Su desaparición ocurrió cinco días después, el 8 de julio, cuando fue filmada por última vez mediante una de las cámaras del peaje Aunor, de la ruta nacional 34, en Salta, mientras hacía dedo para dirigirse a Jujuy.
Esos cinco días -y los posteriores- desataron un misterio que todavía hoy sigue sin develarse. Preguntas sin respuestas, hipótesis de todo tipo, una investigación prolongada y la angustia de los familiares y allegados. De esos cinco días se sabe bastante, pero no todo. Hay un dato que se desconoce y una pregunta que sigue vigente: ¿Dónde está?
Las huellas del misterioso viaje comenzaron aquel frío lunes de julio en la terminal de Retiro, de donde partió el micro que la llevaría hasta San Salvador de Jujuy con el propósito de comercializar la ropa que ella misma diseñaba.
Sin embargo, imprevistamente se bajó unos 200 kilómetros antes de llegar, en la localidad salteña de Rosario de la Frontera. Fue entonces cuando llamó al joven que la esperaba en el norte y le contó que se había bajado porque no se sentía “cómoda”. Hizo dedo y viajó hacia el sur hasta llegar a Santiago del Estero.
Con un boleto que le compró por Internet su amigo, retomó su viaje a Jujuy, donde llegó en la madrugada del miércoles 6. Allí María habló con la hermana de Dumon desde un taller mecánico para que la fueran a buscar, a lo que la hermana, Paula, le respondió que se tomara un remis. Nunca lo hizo.
Sus movimientos fueron extraños e indescifrables. Después se la vio en la entrada de Pampa Blanca haciendo dedo. Llamó a su familia y les dijo que no estaba bien, que se había quedado sin plata.
Se supo que el jueves 7 Cash se había presentado con su DNI en el hospital San Bernardo de Salta y pidió que la atendieran, aunque se fue antes de que el médico la revisara. Es un misterio dónde durmió después de irse del centro de salud. Parecía desorientada, errática, iba y venía sin un destino fijo.
Un transportista que la había visto en Pampa Blanca (Jujuy) el día anterior contó que volvió a verla caminando por la calle Las Heras, en el centro de Salta. Una señora declaró ante los investigadores de la División Trata de Personas de la Policía salteña que por la misma zona María estaba buscando un local de artesanías que tenía un gimnasio en el primer piso.
Desde un ciber envió un mail a sus hermanos pidiendo sus teléfonos. Dijo que había perdido todo. También le solicita a una amiga un contacto en esa ciudad.
Recién se la volvió a identificar en la madrugada del viernes 8, haciendo dedo antes del peaje AUNOR. Se subió a una camioneta Chevrolet, que la llevó hasta la rotonda General Güemes para luego empalmar con la ruta 34 hacia el sur. Volvió a hacer dedo hasta pasar el peaje de Cabeza de Buey de la ruta 34 y se bajó sin dar explicaciones en el paraje de la Difunta Correa.
No se sabe cómo ni por qué se presentó en un consultorio médico de Jujuy, a 73km de distancia. Cuando salió del centro médico en el pasaje Sánchez de Bustamante 233 de San Salvador de Jujuy, a las 8 de la noche, María Cash no dejó más rastros.
Desde entonces, sólo hubo hipótesis. Que está enterrada en Santiago del Estero, que fue secuestrada para integrar una red de trata, que está perdida en tiempo y espacio, o que se radicó en Bolivia. El cráneo encontrado en la ciudad de Oruro en noviembre de 2011 sigue sembrando interrogantes. Pero lo cierto es que Cash todavía no aparece.





BOLIVIA: EL GOBIERNO DE EVO MORALES ESTÁ CERCA DEL FIN?

Con popularidad en caída, Evo Morales cumple 12 años en el poder y es el más longevo presidente de América del Sur. ¿Hasta cuándo?

Epoca de Brasil (www.epoca.globo.com/mundo)
                                                    
La semana pasada el presidente de Bolivia, Evo Morales, cumplió 12 años como huésped principal del palacio Quemado, la sede del gobierno en La Paz. Es el presidente que está más tiempo en el poder en América del Sur de forma ininterrumpida. A pesar del fuerte crecimiento económico - Bolivia es actualmente el país con mayor aumento del PIB en América del Sur -, Morales acumula desgastes por medidas polémicas. Una encuesta del diario boliviano El Deber indica que Morales, en las cuatro principales ciudades del país, sufrió una caída profunda en su aprobación, pasando del 58% al 34% durante el último año. Esa es la menor aprobación en esta docena de años. La investigación de El Deber revela que el 70% de los entrevistados rechazan el reglamento jurídico en el Tribunal Constitucional que él consiguió en noviembre pasado para poder ser candidato presidencial por cuarta vez en 2019, algo prohibido en la actual Carta Magna (una Carta Magna que él mismo aprobó) . ¿Será que el gobierno longevo de Morales se está acercando al fin?
No fue la primera maniobra de Morales para perpetuarse en el poder. Este tipo de alteración de las reglas del juego ha sido constante en sus gestiones. La primera posesión presidencial de Evo fue en 2006. En 2009, promulgó una nueva Constitución, que permitía dos mandatos consecutivos y cambió el nombre de "República de Bolivia" a "Estado Plurinacional de Bolivia". Fue reelegido. Él no podría ser candidato a una nueva reelección, pues acumulaba dos mandatos. Pero en 2014 dijo que quería presentarse de nuevo. En la época argumentó que no estaba ejerciendo su "segundo mandato", sino su "primer". Ante una audiencia estupefata, Morales explicó que su primer mandato había sido en la vieja "República de Bolivia". Y que con la nueva Carta Magna todo empezaba desde cero. Según esa tesis, Morales estaba ejerciendo su primer mandato como presidente del "Estado Plurinacional de Bolivia".
"Eso es como decir que una persona toma su coche usado, con 100.000 kilómetros rodados, lo pinta de otro color y lo vende en el mercado como coche cero-kilómetro", resumió un integrante de la oposición. Sin embargo, la justicia aceptó el argumento del presidente. Morales fue reelegido con el 61,3% de los votos. Después de vencer en las urnas, sostuvo que ese sería su mandato final y que, tras terminar su período, dejaría el palacio Quemado.
A finales de 2015, sin embargo, Morales convocó un plebiscito para intentar una vez más modificar la Carta Magna. El plan era permitir reelecciones adicionales. La oposición criticó su intención de "atornillarse en la silla" (expresión hispanoamericana para designar a un político que intenta aferrarse al poder).
Los bolivianos fueron a las urnas y sólo cuatro días más tarde-después de un escándalo por la demora- la Justicia Electoral anunció el resultado final. El "No" ganó con el 51,29% de los votos. El "Sí" reunió el 48,71%. A pesar de la derrota, Morales no desistió. Recurrió al Tribunal Constitucional -formado por jueces alineados con el presidente- y allí logró la autorización para ignorar la Carta Magna y ser nuevamente candidato. Nuevas investigaciones indican que si el referéndum se celebrara hoy, el 60% votaría contra el permiso para reelecciones.
El Evo Morales de hoy no es el mismo del inicio de su gestión. Se hizo famoso al comienzo de su primer mandato al nacionalizar varias empresas del sector de gas y petróleo. Fue incisivo en el discurso de alineamiento con los gobiernos de Venezuela y Cuba. En los últimos años, sin embargo, ha dejado de lado la política de estatizaciones y ahora realiza reuniones con inversores internacionales mientras recibe elogios del FMI y del Banco Mundial y los títulos de la deuda pública boliviana consiguen intereses bajos en Wall Street. En la práctica, se convirtió en un presidente de mercado amigable. No alardea ese lado, sin embargo, y mantiene en la fachada el discurso duro con los mercados, además de hacer constantes poses para fotos con Nicolás Maduro y Raúl Castro. Los sindicalistas de la Central Obrera Boliviana (COB) afirman que Morales se "aburguesó".
Morales no logró celebrar con gran estilo su 12º aniversario en el poder, ya que en las últimas semanas el país ha sido sacudido por protestas de diversos sectores. El clima social se hizo más tenso debido a la reciente aprobación del nuevo Código Penal, que generó manifestaciones de médicos, del sector de transporte, de religiosos y de otros grupos que se consideraron afectados por las reformas. Morales, para poner paños calientes, pidió al Parlamento que revocara el nuevo conjunto de leyes, un retroceso político que no suele hacer.
El nombre del palacio del gobierno guarda una alerta para los presidentes. La denominación "Quemado" ilustra la inestabilidad que asoló el país en la mayor parte de su historia: construido en 1845, fue totalmente incendiado en 1875 por una multitud furiosa con el gobierno de turno. El palacio también fue escenario del único linchamiento de un presidente sudamericano en el siglo XX. El 21 de julio de 1946, una multitud invadió la oficina del presidente Gualberto Villarroel y lo jugó por la ventana. El epílogo de Morales puede ser menos violento y dramático, pero los ejemplos históricos muestran el grado de combustión política alrededor.





ARTICULARÁN CON LA EMBAJADA DE BOLIVIA LA PRESENCIA DE UN CONSULADO ITINERANTE EN RÍO GRANDE

Actualidad TDF de Argentina (www.actualidadtdf.com.ar)

Es el marco de las acciones de la Secretaría de Modernización e Innovación para la atención a ciudadanos del vecino país radicados en la ciudad. La iniciativa es promover esta iniciativa en asistencia a las diversas colectividades extranjeras en Río Grande.
El subsecretario de Modernización e Innovación, Andrés Dachary, mantuvo un encuentro con el Embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, para avanzar en la concreción de esta iniciativa que estará dando respuesta a tantos bolivianos viviendo en la ciudad, como en las otras localidades de la Patagonia austral.
“Acercamos al Embajador de Bolivia una propuesta que se había desarrollado desde la oficina de Asuntos Internacionales y que parte de la detección de la problemática  común a muchos vecinos de la ciudad de otros países, que han elegido Río Grande para vivir y progresar, y que tiene que ver con regularizar gran parte de los trámites que ellos necesitan. Muchas veces el no contar con Consulados en Río Grande le aporta una complejidad extra, porque implicaba que tienen que desplazarse hasta Comodoro  Rivadavia,  Bahía Blanca o hasta la propia ciudad de Buenos Aires, no solamente con el gasto en tiempo, sino también con un costo económico muy alto en cuestiones logísticas”, sostuvo Dachary.
“Felizmente el Embajador nos recibió, se vio muy contento por la ayuda y la presencia que tiene el Municipio con la colectividad boliviana en la ciudad y obviamente accedió, así que  de cierta manera vamos a inaugurar este Programa de Asistencia con la comunidad boliviana en Río Grande pero también la intención es hacerlo con otras colectividades extranjeras como la de Paraguay, Republica Dominicana, de España, entre otros, que están todos atravesados por esta problemática”, señaló el Subsecretario de Modernización e Innovación.
El funcionario aclaró que “el compromiso del Municipio tiene que ver con facilitar la infraestructura, también tenemos que pensarlo de manera generosa,  no sólo para los riograndenses sino también que vamos hacer toda una difusión para que vecinos de Tolhuin, Ushuaia y de Río Gallegos, es decir todas aquellas personas que necesiten regularizar puedan hacerlo y tener una equidad de derechos para poder garantizar que todos estén con sus trámites administrativos resueltos”.
“No tenemos aún una fecha de lanzamiento, en función a la agenda del Embajador y del Cónsul se va a estar anunciando con el tiempo suficiente para que los vecinos se puedan organizar y hacer de manera ordenada y amena la resolución de sus trámites”, adelantó el licenciado Dachary.





EL PSOL SALUDA A BOLIVIA POR LA EMPRESA ESTATAL YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANO

Cañuelas Noticias de Argentina (www.canuelasnoticias.com)
                                                                                                  
Desde el Partido Solidario queremos saludar y congratularnos por la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de Bolivia, de la ley de creación de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).
La nueva empresa pública boliviana desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con una participación del 100% estatal para la producción y comercialización de los distintos productos del litio. Según el ministro de Energías, Rafael Alarcón: “al aprobar la creación de la empresa, se cambiará el futuro del país”.
Esta es una muy buena noticia para los integrantes del PSol, dado que en 2014, sus entonces dos diputados, Carlos Heller y Juan Carlos Junio, presentaron un proyecto de ley (2733-D-2014) para la creación en Argentina de la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado, y la declaración de interés público de la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus derivados. El proyecto ha sido vuelto a presentar con las debidas actualizaciones por el diputado Carlos Heller en 2016 (2598-D-2016) y a fines de 2017 (6270-D-2017).
Los motivos que han llevado a los diputados del PSol a presentar el proyecto (y posiblemente a la Cámara de Diputados de Bolivia a aprobar la citada ley) están vinculados, entre otros, con el hecho de que aun cuando la oferta de litio en la actualidad sea mucho mayor que la demanda efectiva en el mercado mundial, el recurso litio será estratégico en el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, y por lo tanto su demanda comenzará una curva exponencial y sostenida. Además, este recurso tiene una particularidad única: más del 80% del litio existente en el planeta está en lo que se conoce como el “triángulo del litio”, una zona que abarca el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina.
En la actualidad, en Argentina se están concesionando los yacimientos de litio a grandes corporaciones extranjeras a precios que no tienen en cuenta el verdadero potencial futuro del recurso y en condiciones desventajosas para el país, desaprovechando la oportunidad de mantener soberanía política y estratégica sobre el recurso. Ello determina la ineludible necesidad de avanzar en una ley como la presentada por Heller y Junio.
En el caso de Bolivia, la ley establece que para los procesos posteriores de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos, la estatal YLB podrá realizar contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado. La razón de esta norma se encuentra en que la fase de industrialización del litio requiere de elevada inversión y conocimiento, por lo cual se requerirán socios que aporten tecnología que Bolivia no tiene, según definió su ministro Alarcón.
El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas de Bolivia, Luis Alberto Echazú, informó que se prevé que la explotación del litio le generará al Estado boliviano ingresos por al menos U$S 1.500 millones al año a partir de la puesta en marcha de las plantas de tratamiento.
En el proyecto de los diputados del PSol de Argentina, la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado será la ejecutora de las políticas nacionales sobre el litio y tendrá a su cargo el estudio, prospección, explotación o cateo, y explotación del litio, como asimismo el proceso, la industrialización y comercialización de este mineral y sus derivados directos e indirectos. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, podrá promover la constitución de entidades oficiales, fundar, asociarse o participar en sociedades privadas, del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. El proyecto de ley prevé, además, declarar las reservas minerales de litio como recurso natural de carácter estratégico, y sostiene que los yacimientos de litio situados en el territorio de la República Argentina pertenecen al dominio privado de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren.
En resumen, el proyecto de Carlos Heller (presidente) y Juan Carlos Junio (secretario general) del Partido Solidario tiene por objeto establecer los instrumentos para la exploración, explotación, comercialización e industrialización del litio y sus derivados, garantizando, como resultado de estas actividades, el desarrollo sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales, y el mantenimiento de la soberanía estratégica de este recurso.





LITIO: UNA NUEVA OPERACIÓN CONTRA EL INTERÉS SUPERIOR DE CHILE

Aporrea de Venezuela (www.aporrea.org)

Contrarrestar a las depredadoras mafias mineras es un asunto que requiere únicamente de la voluntad política de la Presidencia de la República y de los partidos políticos que la secundan.
Ya es un hecho de la causa, indesmentible e inaceptable. Las autoridades de los distintos gobiernos duopólicos de derecha y centroderecha socialdemócrata (léase Chile Vamos y Nueva Mayoría) insisten en actuar premeditadamente contra la voluntad mayoritaria de la sociedad civil, atropellando incluso artículos de la Constitución Política del Estado.
Asociadas a intereses y mandatos de poderosas mega empresas transnacionales, nuestras autoridades conculcan la soberanía del pueblo hipotecando el bienestar general y el futuro del país, en beneficio no sólo de las ambiciones predadoras de esas transnacionales sino, también, de su propio enriquecimiento económico personal.
La desvergonzada corrupción del reciente acuerdo CORFO-SOQUIMICH (SQM), señala que esa empresa corrupta y corruptora -de claro origen mafioso- ganará US$ 22.000.000.000 en 15 años (veintidós mil millones de dólares), y Chile-CODELCO perderán la magnífica posibilidad de industrializar el litio (como lo hará Bolivia), perdiendo más de US$ 60.000.000.000 (sesenta mil millones de dólares) que podrían ser generados por esa mentada industrialización.
Nuestra actual Constitución Política del Estado (publicada oficialmente en 1980) señala –en sus artículos 6 y 7- que ninguna autoridad, persona o grupos de personas puede atribuirse derechos que la Constitución no les ha expresamente conferido. Es así entonces que en esta disposición queda claro que ninguna ley, decreto o sentencia pueden estar por sobre la Constitución, y tales leyes, decretos o sentencias resultan "nulas de nulidad absoluta, y las autoridades infractoras deben responder por los daños que se le infrinjan al país".
Sin embargo, en el año 1982, en pleno ejercicio del gobierno dictatorial, la Junta Militar promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM), mediante la cual se contravino el texto de la Carta Fundamental al considerar "dueños" de los recursos mineros a quienes se les otorgaba concesión sobre los mismos, lo que transforma en inconstitucional el citado texto de la LOCCM, más aún al revisar la reforma constitucional del año 1971 que estableció el dominio minero patrimonial del Estado al atribuirle a este una naturaleza y carácter jurídico de exclusivo, absoluto, inalienable e imprescriptible, principio literalmente transcrito en la Constitución de 1980.
Desde el punto de vista jurídico, ninguna norma puede estar por sobre la Constitución; así de simple y claro, por ello, considerar "dueño" a un privado es nulo e irrevocablemente nulo..
Debe entenderse que cuando el Estado otorga una concesión minera a un particular, ella debe cumplir los mismos requisitos que si el Estado fuese el empresario. Además, si no se desea expropiar o nacionalizar tales recursos mineros, la misma Constitución Política abre otro camino administrativo, cual es la atribución que tiene el Presidente de la República al estar autorizado para cancelar la concesión minera de acuerdo al Art.19 Nº 24 del texto constitucional, que señala: "la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento".
Así, entonces, no se trata solamente de "dar trabajo", como insisten algunos políticos y empresarios al referirse al concepto ‘interés público’, sino cumplir a cabalidad con todo el interés social, regional y nacional -especialmente en recursos naturales no renovables- respecto a tributación, renta minera, aprovechamiento y buen y adecuado uso de aguas, cumplimiento irrestricto de normas ambientales, etc., requisitos que como bien se sabe algunas empresas mineras incumplen abiertamente.
Hay una especie de intocabilidad jurídica que viste con ropajes de acero a ciertos megaempresarios y a muchos políticos del duopolio gobernante, ya que se les permite realizar jugosos negociados en materias que las mismas leyes prohíben.
El caso de la gran minería es ejemplo activo. No solamente referida al cobre. También al salitre y, ahora, al Litio, ese metal alcalino que no existe en estado libre en la naturaleza, sino solamente en compuestos. Metal blanco plateado, blando, dúctil y muy ligero, que se corroe rápidamente al contacto con el aire, y que se utiliza en la fabricación de acero, en esmaltes y lubricantes, y en medicina bajo la forma de carbonato de litio.
Chile es el mayor productor del mundo, con 41% de la producción mundial, seguido por Australia (20%), China (14%) y Argentina (11%). Se ha llegado a decir que Chile es "la Arabia Saudita del Litio". Aclaremos esto. En Sudamérica se localiza la mayor reserva de este mineral. Aquí se encuentra lo que se ha bautizado como "El Triángulo del Litio", cuyos ejes o vértices lo forman el Salar del Hombre Muerto, ubicado en Argentina, el Salar de Uyuni, en Bolivia, y el Salar de Atacama en Chile; a ellos se suman los otros salares que se ubican dentro de esa gran área y se localizan en altura, más precisamente en la región de la Puna de Atacama.
Ahora bien, en cuanto al Litio, el Art.19 Nº 24, señala: " La exploración o beneficio de los yacimientos que tengan sustancias no susceptibles de concesión, podrá ejecutarse directamente por el Estado o sus empresas o por medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación.....por tanto el litio, de acuerdo a la Constitución, está dentro de las sustancias no concesibles y solo puede ser explotado por el Estado, o por una empresa pública o privada con un contrato de operación y sólo para el Estado, de acuerdo a lo que expresa la Constitución -"Concesiones administrativas o contratos de operación"-, por lo que "operar administrativamente" es completamente distinto a entregarlo de manera inconstitucional a un tercero en calidad de ‘dueño’.
El Estado, siempre será el dueño exclusivo, absoluto, inalienable e imprescriptible de los recursos extraídos y, por cierto, sigue siendo el dueño de los recursos mineros cualesquiera sean los requisitos para su explotación fijados por el Presidente de la República, independiente de que ello se ejecute a través de una empresa del Estado o por un contrato de operación administrativa de un particular.
Además, no debemos olvidar que el litio, con su capacidad de almacenar energía eléctrica mediante baterías, es una riqueza sustitutiva del petróleo (que está en fase de agotamiento). Pero, ello no es todo, pues tiene otras utilidades tanto o más relevantes que aquella, como la combinación de litio 6 con nitrógeno 2, lo que produce energía nuclear limpia. Hecho tan importante para la generación de energía barata en Chile se ha ocultado mañosamente para beneficiar intereses económicos privados por sobre el interés superior nacional.
Para evitar las ventas fraudulentas que se hacen con nuestro cobre, y en especial con los contenidos de los concentrados de cobre, molibdeno, oro, y en la posible explotación del litio, el Presidente de la República, de acuerdo a nuestra legislación vigente, mediante decreto supremo tiene las necesarias atribuciones para declarar el estanco del cobre, del litio, del azufre, del yodo, etc. , lo cual significa que todas las exportaciones de nuestros recursos mineros pueden ser vendidas en el exterior por intermedio de COCHILCO, evitando así las ventas fraudulentas ya señaladas.
Es dable concluir que el mantenimiento de las actuales concesiones, que explotan recursos mineros en contra del interés nacional - o que no cumplen con un fin público-, no es materia de una ley o reforma de la actual Constitución, sino de un simple decreto supremo, vale decir entonces que combatir y contrarrestar las mafias mineras es un asunto que requiere únicamente de la voluntad política del primer mandatario y de los partidos que lo secundan.
De hecho, si esa voluntad existiese, ella estaría sustentada en la soberanía popular, en cuyo seno reina la convicción de cuán necesario es –para el futuro y bienestar del país- renacionalizar el cobre y dejar el litio en manos del Estado, porque resulta obvio entender que sesenta mil millones de dólares obtenidos en 15 años por la explotación del litio, superan con creces los escuálidos ocho o nueve mil millones de dólares que, en ese mismo período, ingresarían a las arcas fiscales -como "tributación y royalty"- aportados por la empresa corruptora llamada SQM a la cual se le ha entregado la concesión de nuestros recursos mineros.





ORGANISMOS DE DDHH REPUDIAN LEY DE MACRI CONTRA MIGRACIÓN

Hispan Tv de Irán (www.hispantv.com)

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente argentino, Mauricio Macri, que limita las condiciones de permanencia e ingreso de extranjeros a Argentina, es objeto de rechazo generalizado por organismos de derechos humanos del país.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), y el Colectivo por la Diversidad (Copadi), muestran su enérgico rechazo al decreto — ayer, 30 de enero se cumplió un año de su vigencia—, tachándole como una política regresiva.
Por ello, estas organizaciones presentaron en febrero de 2017 un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal, para que la justicia anulase y declarase inconstitucional el decreto del mandatario argentino. Una ley, que en su día, fue censurada por Amnistía Internacional (AI).
Desde el CELS afirman que la modificación por decreto de la Ley de Migraciones deja atrás el paradigma de protección de derechos y lo cambia por el estado de sospecha.
“Con el DNU todos los migrantes son sospechosos. La medida tendrá como efecto el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”, denunció este organismo.
Para CELS, con la aplicación del DNU se pasa de una ley que respeta los derechos humanos a una que entiende la migración como una amenaza a la seguridad del Estado y, a juicio de esta sociedad, este edicto utiliza los delitos como excusa para perseguir a los migrantes en el suelo argentino.
En esa línea, esta entidad argentina hace un paralelismo entre este precepto presidencial con la política antimigratoria encarada por el dirigente estadounidense Donald Trump.
Por otra parte, la abogada de la Caref, Lucía Galoppo, informó que en los primeros días de febrero se espera que el citado tribunal se pronuncie y dicte sentencia al respecto.





NUEVO CONFLICTO DE BAGAYEROS CON DENUNCIAS, AMENAZAS Y ARMAS DE FUEGO

Usurpaciones y violencia en un negocio aún no regulado y que deja buenas ganancias. Una cooperativa de trabajadores de frontera denunció a otra recientemente formada.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)
                                                                                                   
La actividad de los bagayeros en Orán volvió a escena con denuncias de amenazas con armas de fuego que presentó el presidente de una cooperativa, quien asegura que gente vinculada al poder político "usurpó" y cobra bajo amenazas un canon para que los bagayeros puedan cruzar mercadería en la zona conocida como La Finca, en la ruta 50, cerca del puesto 28 de Gendarmería.
La denuncia es de Manuel Barrios, presidente de la Cooperativa 15 de Abril de Orán, con la figura de "transporte de frontera".
Barrios asegura que gente de otra cooperativa, que se conformó "de la noche a la mañana", usurpó terrenos por donde los bagayeros cruzan la mercadería y con armas de fuego corrieron a los de la 15 de Abril.
Barrios admite que esa tarea estaba a cargo de la cooperativa que él preside y que los usurpadores están "liderados por una persona conocida como el Pelao Sánchez".
"A punta de pistola corrieron a nuestros trabajadores y se hicieron cargo de ese canon e impiden el paso si no les pagan 30 pesos por lona", señaló y agregó: "Nosotros somos una cooperativa con todo en regla. Pagamos el paso al dueño de la finca y luego repartimos las ganancias diarias de esa actividad".
Barrios aseguró a una radio de Orán que, ante la situación y habiendo recibido anteriormente amenazas de muerte, puso una denuncia ante la fiscalía. "Queremos hacer la cosas bien pero la delincuencia es lo que aquí prevalece. Esto es grave" dijo, y aseguró que aún no hay respuesta de la Justicia y cuestionó que armaron otra cooperativa en tiempo récord. "Nosotros tardamos tres años en armarla y ellos en menos de un mes la pusieron en funcionamiento. Vino el vicegobernador Miguel Isa a inaugurarla y uno puede darse cuenta el por qué de la demora de la Justicia", disparó.
La nueva cooperativa a la que Barrios hizo referencia es Fronterizos, y funciona con la figura de "transporte, exportación e importación". Isa asistió a su inauguración el viernes.
La respuesta
Marcelo Nieva, coordinador de la otra cooperativa, desmintió categóricamente los dichos de Barrios, y aseguró que es una barbaridad lo que plantea. “Esta cooperativa contiene a mucha gente que no tiene trabajo y nos costó una enormidad ponerla en funcionamiento”. Nieva aseguró que tiene todos los papeles en regla y que Fronterizos posee un playón de mercaderías en un sector ubicado entre Orán y el puesto 28 de Gendarmería. “Barrios se peleó con todo el mundo y él es el que no tiene un lugar para trabajar, pero nosotros no tenemos la culpa de su situación”, dijo.