En
algún momento del próximo año, Evo Morales, presidente de Bolivia, podría tener
que sentarse con Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil para negociar
un nuevo acuerdo para la venta, de gas natural.
Morales,
el primer presidente indígena de Bolivia, es un líder que sigue el ejemplo del
fallecido líder cubano Fidel Castro y de Hugo Chávez de Venezuela, y considera
a Trump como un tirano imperialista. Mientras que Bolsonaro, quien el mes
pasado resultó electo como el nuevo presidente de Brasil, es un cristiano
conservador y exoficial militar que considera a Trump como “un gran aliado”.
El
asunto que está en juego es la renovación del contrato de 20 años de venta de
gas de Bolivia a Brasil, que llega a su vencimiento a finales del próximo año.
Es el acuerdo de exportación más importante de Bolivia, que canaliza alrededor
de la mitad de su gas para el país vecino. Ambas partes quieren renegociar
condiciones más favorables.
El
gas es una fuente de tensión entre los dos países. En 2006, Brasil amenazó con
llevar a Bolivia a los tribunales por los aumentos de precios previstos.
Morales al final logró un acuerdo con su amigo, y entonces presidente
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Pero lograr un acuerdo con Bolsonaro tal
vez no sea tan fácil.
“Va
a ser muy complejo”, dice Gonzalo Chávez, economista de la Universidad Católica
de la Paz, quien agregó que Brasil es menos dependiente del gas boliviano de lo
que era antes y que es probable que juegue rudo.
El
tema es más que un dolor de cabeza para Morales, cuya popularidad en Bolivia
cayó y donde su modelo económico se ve cada vez menos sostenible. Uno de los
últimos sobreviviente de la “marea rosa” de izquierda que surgió con Hugo
Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador, ya debería
haberse retirado del poder: la Constitución que aprobó en 2009, limita al
presidente a dos mandatos consecutivos.
Pero
en 2016, realizó un referéndum para cambiar esa regla y perdió. Sin
intimidarse, acudió al Tribunal Supremo de la Nación, y afirmó que se
infringieron sus derechos humanos. El tribunal, favorable al gobierno, autorizó
a Morales para que busque su cuarto mandato consecutivo en las elecciones del
próximo año.
“Bolivia
tal vez todavía no es Nicaragua, ni Venezuela, pero Morales, sin duda sigue los
pasos de Correa y Maduro”, dice Centa B Rek, abogada de Human Rights Foundation
en Nueva York.
Bajo
el mandato de Morales, la pobreza, el analfabetismo y la desigualdad cayeron,
aunque Bolivia se mantiene como el país más pobre de Sudamérica con un Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita de solo 3,400 dólares al año.
La
economía creció un promedio de 4.9% —muy por encima del promedio de América
Latina—, lo que llevó a algunos a aclamar las “Evonomics” como el único ejemplo
brillante de socialismo exitoso en la región.
Pero
las Evonomics se ven inestables. Los superciclos de las materias primas, que
canalizaron 60,000 millones de dólares (mdd) a las arcas de Bolivia entre 2005
y 2015 por las ventas de petróleo y gas, se terminaron, y los ingresos por
exportaciones cayeron un tercio en cinco años.
Las
importaciones aumentaron durante el mismo periodo. “Puedes ir a cualquier
mercado en La Paz y verás al socialismo boliviano en acción”, dice Chávez.
“Importamos cebollas, papas y todo tipo de cosas que no solíamos importar
jamás, muchas de ellas ilegalmente”.
Mientras
que el país tuvo un superávit fiscal durante ocho años consecutivos hasta 2014,
el año pasado acumuló un déficit de 7.8% del PIB. El saldo de la cuenta
corriente pasó de un superávit de 8.3% en 2012 a un déficit de 6.3% en 2017.
Torino
Capital, un banco de inversión, dice que consideraba que “un duro aterrizaje es
casi inevitable” para la economía boliviana. “El país debería experimentar
tarde o temprano una crisis clásica de balanza de pagos”. La próxima gran
prueba de Morales vendrá en las elecciones primarias en enero. La oposición
está notablemente dividida, pero podría unirse en la campaña de Carlos Mera,
presidente de 2003 a 2005. Las encuestas sugieren que podría derrotar a Morales
en las elecciones que probablemente se celebrarán en octubre próximo.
Con
Castro y Chávez muertos; da Silva, Correa y la argentina Cristina Fernández de
Kirchner luchando contra las acusaciones de corrupción, y Ortega y Maduro
acorralados, Morales parece una figura cada vez más aislada en una América
Latina que se inclina hacia la derecha. En el nuevo orden regional, Jair
Bolsonaro parece estar en ascenso, como bien se podría demostrar en las
negociaciones sobre el gas del próximo año. Milenio
de México (www.milenio.com)
EN BOLIVIA,
UNA REACCIÓN VIOLENTA CONTRA LAS MUJERES EN POLÍTICA
Bolivia
cuenta con uno de los índices más altos de participación política por parte de
mujeres en el mundo. Pero para las mujeres en poder, como Bertha Quispe,
alcaldesa de Collana, a menudo sufren acoso y violencia política.
NACLA Org de
EEUU (www.nacla.org/news)
Bertha
Quispe tenía 28 años cuando la eligieron alcaldesa de Collana, un pequeño
municipio del Altiplano boliviano de poco más de 5.000 habitantes que se dedican
a la ganadería y a la minería a cielo abierto. Quispe es joven, indígena
aimara—como la mayoría de los habitantes de Collana—y originaria de una pequeña
comunidad en el municipio.
Entraba
a un mundo dominado por hombres en un país donde la participación política de
las mujeres crece a marchas forzadas. Desde 2014, la mitad del Parlamento nacional son mujeres y, desde las
elecciones municipales de 2015, las mujeres tienen un 51% de representación en los concejos
municipales. No obstante, Quispe es una de las 29 alcaldesas que hay en
Bolivia: sólo el 8% de los municipios están gobernados por una mujer.
Hasta
entonces, todos los alcaldes de Collana habían sido varones, de más edad que
ella y residentes en el núcleo urbano principal del municipio. Pero también las
autoridades indígenas y los representantes sindicales locales, interlocutores
cotidianos de la alcaldesa, son mayoritariamente varones.
Quispe
había comenzado sus estudios en el municipio y terminó la Secundaria en la
ciudad de El Alto, a una hora de distancia en transporte público. En esa misma
ciudad, la segunda más grande de Bolivia, estudió la carrera universitaria de
Trabajo Social antes de volver a su pueblo, donde trabajó como maestra de
escuela y comenzó a participar en las organizaciones de base, como el sindicato
de mujeres campesinas Bartolina Sisa.
Antes
de las elecciones municipales de 2014, cada uno de los siete territorios en los
que se divide Collana hizo una asamblea para presentar candidatos a alcalde y
concejales, una suerte de caucus locales del Movimiento al Socialismo
(MAS), el partido del presidente Evo Morales. Atendiendo a los principios de
igualdad y complementariedad entre el género masculino y el femenino, cada
asamblea debía proponer dos candidatos: un hombre y una mujer. A ella la consultaron
por teléfono e, identificada con “el proceso de cambio” liderado por Morales,
aceptó postularse.
Después,
una asamblea con todos los candidatos eligió a Quispe para representar al MAS
en la elección local. El 29 de marzo de 2015, ganó las elecciones con un pequeño margen de 51 votos. La victoria fue tan estrecha
que su partido se quedó con minoría en el Concejo, con dos representantes de
cinco, producto de que algunos electores votaron por ella para la alcaldía,
pero no por los candidatos a concejales que la apoyaban.
Pocos
meses después de que asumiera la Alcaldía, en junio de 2015, Bertha Quispe
comenzó a sufrir acoso y violencia política. Antes hubo tensiones con
concejales y dirigentes sociales varones, pero el verdadero conflicto se
desencadenó a finales de febrero del año siguiente.
La
alcaldesa ideó una nueva planificación urbana que cambiaba los límites entre
las diferentes comunidades de Collana y sus oponentes la acusaron de beneficiar
a su comunidad, Ichuralla Chico, y de actuar sin la aprobación del Concejo, lo
que ella niega. El cambio del que se la acusaba consistía en una ampliación del
territorio de su propia comunidad a expensas del de la comunidad principal
—llamada simplemente Collana—. “Por un malentendido se ha empezado a
malinterpretar la gestión”, dice. Quienes hicieron las acusaciones durante unos
trabajos topográficos en los que Quispe no estaba presente—el día 27 de
febrero—fueron algunos concejales, además de un líder indígena y el presidente
de la cooperativa minera local CIMCO, que es el principal poder económico local
con 1.200 socios y otros 300 empleados en tareas auxiliares. La queja
desencadenó una protesta en el pueblo principal y un grupo de personas cerró
las oficinas del Ayuntamiento.
El
día 28 estaba programa una rendición pública de cuentas del municipio, pero en
su lugar hubo una manifestación donde se detonaron petardos y cartuchos de
dinamita, Bertha Quispe no pudo participar por el clima de violencia, según
relató. “Entramos a la asamblea y había gritos de ‘fuera’; cuando yo quería dar
uso de la palabra, no me permitían…y pues tuve que retirarme del lugar,
salvaguardando mi integridad física porque era fea la manifestación que se
realizó ese día”, rememora Quispe. Sus oponentes pedían su dimisión, sin permitirle dar explicaciones.
Dos
semanas después, los oponentes políticos de Quispe tapiaron la entrada de las
oficinas municipales. La alcaldesa, que no aceptó dimitir de su cargo, pasó
cuatro meses sin poder entrar en sus oficinas ni aparecer públicamente en el
pueblo principal de Collana. En todo ese tiempo siguió realizando su trabajo de
alcaldesa, pero tuvo que desplazar los servicios y la actividad del municipio a
otra comunidad más pequeña y a la ciudad El Alto.
Bolivia
es el tercer país del mundo con más mujeres parlamentarias, según la
Unión Interparlamentaria. Sólo están por delante Cuba, que no tiene
elecciones convencionales, y Ruanda. Esto es resultado de una reforma de la ley electoral que la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó en 2010, que requiere que la mitad
de todos los candidatos de cada partido sean mujeres al nivel federal, estatal,
y municipal.
Como
resultado de esta norma, las mujeres pasaron de ocupar el 28% de los escaños de
la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2009 a conseguir la paridad total tras las elecciones de 2014.
Durante la gestión de 2015, la Cámara de Diputados la presidía una mujer,
Gabriela Montaño, y las jefas de las tres bancadas representadas eran mujeres.
A día de hoy hay 70 mujeres en la Cámara de Diputados, que tiene 130 miembros,
y 18 senadoras en una cámara con 36 representantes. En total, las mujeres
son el 53% de la ALP.
Los
efectos de esa reforma electoral también se hicieron notar en el ámbito
municipal. Mientras que en 2004 sólo había un 18,7% de concejalas electas, en
2015—dos elecciones y una reforma electoral después—se eligieron al 51% de
concejalas titulares, según recoge un informe de la Coordinadora de la Mujer, la principal red de
organizaciones de mujeres en Bolivia.
El
aumento de mujeres representantes ha puesto en el punto de mira el asunto de
acoso y la violencia política contra ellas. Katia Uriona, presidenta del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), asegura que las instituciones ponen
obstáculos extra a las mujeres. “Las mujeres ingresan a un sistema patriarcal y
machista que va a generar mecanismos de contención, de exclusión y de violencia
y acoso político”, dice, y asegura que antes esos fenómenos no eran visibles
porque “antes no había mujeres en la política”.
El
problema del acoso y la violencia política con motivos de género es tan notorio
que en 2012 Bolivia fue pionera al aprobar una ley específica para afrontarlo.
Se trata de la ley 243, que ONU Mujeres calificó como “una ley histórica”. En la norma, el acoso y la
violencia política se definen como actividades ejercidas en contra de mujeres
candidatas, designadas o electas para la función político-pública o sus
familias con el objetivo de “acortar, suspender, impedir o restringir el
ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de
su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus
funciones o en el ejercicio de sus derechos.” El acoso y la violencia política
se diferencian por la gravedad de las crímenes. Es decir, el acoso y la
violencia política son actos contra las mujeres dirigidos específicamente a
restringir sus derechos políticos. Incluyo actos concretos como divulgar
información falsa sobre la actividad institucional de las mujeres políticas para
desprestigiar su gestión, o la presión para que una mujer renuncie a un cargo
para el que fue electa antes de terminar su mandato. En Collana, Bertha Quispe
sufrió las dos.
Para
Bernarda Sarué, directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia —Acobol,
una red de apoyo entre mujeres en cargos de representación locales surgida en
1999 y principal impulsora de la ley contra el acoso y la violencia política—lo
que originó el conflicto en Collana fue que Quispe se enfrentó a los grupos de
poder local al tratar de crear una planificación moderna para el
aprovechamiento de los recursos del municipio. En particular, contra la
cooperativa minera, que explota la tierra caliza del territorio, utilizada para
la fabricación de cemento.
Quispe
admite que ella planteó varias iniciativas que podrían afectar a la cooperativa
minera en reuniones con el Concejo: comprobar sus licencias de operación,
indagar sobre el pago de impuestos y limitar el impacto ambiental de la minería
a cielo abierto. Cree que esa información pudo llegarles a los dirigentes de la
cooperativa, que habrían impulsado el hostigamiento.
Cuando
Quispe presentó una denuncia penal acogiéndose a la ley 243, una de las
personas que ingresó en prisión en régimen de detención preventiva entre mayo y
julio como presunto instigador de los actos de hostigamiento contra la
alcaldesa fue el director de la cooperativa, Antonio Tancara. La otra fue
Zenobio Chambilla, el hombre que perdió la elección municipal contra ella.
Ambos fueron puestos en detención preventiva como medida cautelar por un
presunto delito de violencia política contra la alcaldesa Quispe.
Según
una sentencia firme del Tribunal Constitucional Plurinacional datada en Sucre
el 22 de agosto de 2016, Tancara usó su poder para movilizar a los trabajadores contra la
alcaldesa bajo amenaza de descuentos salariales y multas.
Bertha
Quispe cree que, más allá de poder afectar a los intereses mineros en el
territorio, ella sufrió acoso por ser mujer joven y provenir de una comunidad
pequeña. En entrevistas por separado, las dos concejalas de Collana
reconocieron haber sufrido prácticas discriminatorias por parte de los otros
tres concejales varones y habitantes del pueblo. Aunque ninguna de las dos
recurrió a la Justicia, los actos que sufrieron también están recogidos en la
ley contra la violencia y el acoso político.
La
concejala María Luz Chipana, del partido opositor de centro derecha Unidad
Nacional, acusa a los concejales varones de cuestionar su experiencia por ser
demasiado joven—tenía 25 años cuando la eligieron—de no atender a sus
convocatorias de reuniones oficiales y de tratar de apartarla de sus funciones
por haber tenido un hijo durante su mandato. La regidora denuncia que el
Concejo llegó a retener un subsidio para la maternidad que todas las mujeres
pueden cobrar a través de los municipios.
Evitar
que una mujer electa participe en reuniones oficiales, restringir la
reincorporación a sus funciones tras una licencia justificada o discriminar a
una autoridad pública por estar embarazada o en estado de recuperación del
parto son tres conductas recogidas en la ley 243 como ejemplos de acoso y
violencia política.
Chipana
dice que tuvo que pagar asesorías jurídicas de su propio bolsillo para salir de
esa situación. Pensó en hacer una denuncia por acoso político al que entonces
era presidente del Concejo, Antonio Tito, del MAS, presunto responsable de
negarle el acceso y el voto en las reuniones oficiales. No lo hizo por falta de
confianza en el proceso y la amenaza de otras acciones penales contra ella.
La
otra concejala de Collana, Graciela Mamani, es ganadera y madre de siete
hijos adultos, también sufrió violencia política. Después de que la alcaldesa
Bertha Quispe hiciera la denuncia penal por acoso político, personas cercanas
al presidente de la cooperativa la retuvieron y dejaron durante ocho horas en
la iglesia del pueblo sin ni siquiera permitirle comunicarse con su familia.
Mamani no denunció para no perjudicar a la población. “Eso era ya acoso
político. Pero por querer al pueblo yo no lo hice esa denuncia”, dice.
En
opinión de Mamani, la alcaldesa tenía derecho a hacer una denuncia penal, pero
considera que se equivocó porque debía haber tratado de solucionar las cosas de
otra manera. “Primero debía dar la cara al pueblo, si no le escuchaba el pueblo
hacía la denuncia”.
El
acoso a las mujeres políticas es una dinámica transversal, pero es
especialmente fuerte a nivel local, donde la exposición pública es menor y los
mecanismos de denuncia son menos accesibles. Acobol reportó 65 denuncias de
acoso y violencia política hacia concejalas durante el año 2017, pero este año
ya se han superado esas estadísticas. Sólo en la primera mitad de 2018,
recibieron 79 denuncias. A pesar de los esfuerzos de Acobol, la mayoría de los
expedientes se pierden en un mar de burocracia y procesos que se retrasan, de
modo que pocos concluyen satisfactoriamente.
Durante
un periodo de 21 meses entre 2016 y 2017, Acobol recibió 89 denuncias que
afectaban a 114 víctimas, según datos proporcionados para esta investigación.
Veinte de ellas eran denuncias penales, pero ninguna ha terminado en una
condena firme desde que la ley contra el acoso y la violencia se aprobó en
2012, que abrió la puerta a condenas de hasta diez años en casos con
agravantes.
Otra
limitación de la igualdad política es la brecha que existe entre la
participación de las mujeres en instancias legislativas y la poca representación
que tienen en cargos ejecutivos. Las mujeres siguen siendo una minoría en los
más altos niveles de gobierno: no hay ninguna gobernadora en las nueve regiones
y el gobierno nacional, con 18 ministerios, sólo cuenta con tres ministras.
Gabriela
Montaño es la mujer con más poder político en Bolivia. Dirigente del MAS,
presidenta del Senado entre 2012 y 2013, y presidenta de la Cámara de Diputados
desde 2015 hasta la fecha, vincula el acoso político en el ámbito municipal a
las denuncias de irregularidades.
“El
hecho de que las mujeres hayamos ingresado al ámbito de los espacios de toma de
decisión, de la responsabilidad pública, genera una reacción por parte de
aquellas fuerzas que plantean mantener las cosas como estaban”, afirma Montaño.
Sarué,
la directora de Acobol, se expresa en términos similares. “Nos hemos dado
cuenta de que muchas de nuestras compañeras concejalas, por lo menos en
municipios con poblaciones dispersas y rurales, son mujeres que se niegan a
firmar ciertos documentos”, dice, en alusión resoluciones que permiten
prácticas corruptas. “A mayor nivel de educación de nuestras compañeras
concejalas, mayor acoso y violencia”, subraya.
Montaño
cree que el acoso político contra parlamentarias como ella es menos frecuente
porque una asambleísta nacional tiene más fácil denunciar y “podría rápidamente
generar un escándalo público en relación a ese tema”. Sin embargo, reconoce que
en etapas anteriores de su carrera política sí sufrió acoso, especialmente a
través de su familia.
“A
las mujeres políticas generalmente no nos atacan directamente, atacan a lo que
queremos. A nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras parejas. A las
mujeres políticas nos juzgan por si tenemos una vida ordenada como no juzgarían
a un hombre”, reflexiona.
A
seis años de su promulgación, es evidente que la ley contra el acoso político y
la violencia no ha logrado erradicar el fenómeno. Para Uriona, presidenta del
Órgano Electoral, es un valor que la norma exista porque reconoce el delito y
es un mecanismo para exigir derechos. “La ley no es el mecanismo que cambia el
acoso, pero genera condiciones desde las cuales las mujeres vamos a pelear la
protección, el ejercicio, el conocimiento de derechos”, dice.
La
alcaldesa Bertha Quispe pudo solucionar su caso, en parte gracias a la ley.
Ella ganó un amparo constitucional que le permitía volver a su cargo y a sus
oficinas, pero eso no le garantizó automáticamente la restitución de sus
derechos. Tuvo que negociar con las personas que la acosaron, porque cuando
debía volver al Ayuntamiento, el Gobierno no garantizó su seguridad por no
disponer suficientes efectivos policiales.
Para
la intervención en contextos de violencia política, la ley prevé la formación
de una comisión interinstitucional con representación de los ministerios de
Justicia y Gobernación, el Defensor del Pueblo o la propia Acobol. Eso hicieron
en Collana, y una delegación de esa comisión se desplazó al pueblo para
respaldar a la alcaldesa a su vuelta. Un grupo de personas opuestas a su
gestión atacaron su vehículo y secuestraron a tres personas de ese comité.
Durante
los tres días que esas personas estuvieron retenidas, Quispe negoció su
liberación y su vuelta al gobierno municipal a cambio de retirar la denuncia
penal que tenía contra el presidente de la cooperativa y el que había sido su
oponente en las elecciones, además de otros seis dirigentes cívicos que no
entraron en prisión preventiva. También obligaron a dimitir al consejero legal
del municipio, Christiam Nattes, un joven abogado muy cercano a la alcaldesa.
Como
resultado de retirar los cargos, Tancara y Chambilla recobraron la libertad y
el pueblo poco a poco recuperó la normalidad. Quispe asegura que, como
resultado de la inestabilidad, el municipio perdió oportunidades de inversión
de programas nacionales y de fondos internacionales.
Es
inevitable que algunos se queden con la sensación de que la violencia política
es un delito que, a pesar de haberse visibilizado, permanece impune. “A la
fecha no tenemos ni una sentencia clara, condenatoria, que muestre
jurisprudencia clara y legítima que muestra que existe el acoso político”,
lamenta Nattes, que defendió a la alcaldesa en todo este proceso.
A
seis años de una ley pionera en el mundo, los casos de impunidad le recuerdan
al país que tiene una deuda con la justicia y con la igualdad política más allá
de los números y los derechos formales. Las mujeres ya ocupan todos los
espacios públicos, pero aún tienen que transformarlos radicalmente para vivir
una vida libre de violencias y con derechos políticos plenos.
MUJERES DE
PUNO Y BOLIVIA SE REÚNEN
En encuentro
Binacional de Mujeres Autoridades y Lideresas del Perú y Bolivia
Los Andes de
Perú (www.losandes.com.pe)
En
el encuentro Binacional de Mujeres Autoridades y Lideresas del Perú y Bolivia,
la representante de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales de Puno,
Verónica Gálvez, dio a conocer que el principal objetivo de dicha actividad es
seguir el ejemplo del vecino país sobre la integración de las mujeres.
“Estamos
viendo que Bolivia tiene una normativa sobre igualdad de género, también la
tenemos en el Perú, pero cuesta mucho esfuerzo su implementación; eso tiene que
ver con el tema del machismo y el sistema”, expresó.
En
otro momento de la entrevista, refirió que en dicho evento también participaron
autoridades electas de todo el Perú, quienes evaluaron las ordenanzas sobre
esta problemática.
TEMEN QUE GAS
NO ALCANCE PARA PUNO
Quintanilla
reveló que planta petroquimica se irá a Ilo, mientras Aduviri insiste con
Bolivia
Los Andes de
Perú (www.losandes.com.pe)
El
congresista puneño Alberto Quintanilla Chacón, de las filas de Nuevo Perú, dio
a conocer que el proyecto de la construcción de la Planta Petroquímica, que
tendría que ser construida en la ciudad de Juliaca, sería llevado a Ilo. Por su
parte, el gobernador electo de la región, Walter Aduviri Calisaya, insiste con
traer gas de Bolivia como una segunda opción.
VENDEN
EL GAS
El
parlamentario expresó que el gas de Camisea cuenta con una reserva de 14
trillones de metros cúbicos de gas natural, de los cuales 8 trillones fueron
vendidos a México y Estados Unidos, por lo que considera que el anhelado
proyecto de gas barato para la región altiplánica podría verse truncado.
“En
el gobierno de Toledo y Alan García vendieron 8 trillones a México y Estados
Unidos, lo que beneficiará al norte de México y el sur de baja California.
Actualmente solo se tiene 6 trillones, y para la construcción de una planta
petroquímica se requiere 4”, manifestó Quintanilla Chacón.
En
ese marco, el parlamentario reveló que la ciudad de Ilo pretende este proyecto
que en un inicio fue propuesto para la ciudad de Juliaca. “Tenemos que estar
pendientes de este tipo de proyecto, de manera que se integre a toda la macro
sur”, expresó.
Por
su parte, el gobernador electo de Puno, Walter Aduviri Calisaya, dio a conocer
que las autoridades de Bolivia estarían dispuestas a abastecer de gas a la
región Puno; sin embargo, enfatizó que como primera opción está el proyecto de
Camisea.
“Sí
existe la buena disposición de las autoridades de Bolivia sobre el gas para
Puno, pero tenemos que verlo como una segunda opción”, señaló.
BOLIVIA
INVERTIRÁ 700 MILLONES DE DÓLARES EN PUERTO BUSCH
Logy News de
Argentina (www.noticiaslogisticaytransporte.com)
Las
estimaciones indican que en los próximos cinco años el Gobierno y empresarios
de Bolivia invertirán en Puerto Busch
unos 700 millones de dólares, comenzando con los 250 millones de dólares
prometidos por el Ejecutivo nacional.
El
cálculo lo hace Antonio Rocha, líder de los despachantes de Aduana de la ciudad
de Santa Cruz, vibrante capital económica boliviana.
Puerto Bush,
que hace poco recibió la autorización que lo convirtió en internacional, está
sobre el canal Tamengo,
cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná,
que lleva los productos bolivianos directamente al océano Atlántico, desde
donde tiene acceso a exportar e importar a África y Europa.
“Debería
ejecutarse una inversión en infraestructura vial y férrea, que se requiere
para los accesos a Puerto Bush, lo que debería demorar menos de 4 o 5
años. La infraestructura férrea probablemente demore un poco más; es más
costosa, pero sabemos que la inversión que se requiere en la zona son más o
menos unos 700 millones de dólares”, agregó Rocha.
Las
inversiones en mueles, centros de almacenamiento y toda la infraestructura que
requiere Puerto Busch
vendrán, pero es necesario que se construyan los acceso a la dársena, según
plantean empresarios bolivianos.
DIEZ DE LOS
DOCE ACUSADOS POR LA RED QUE BLANQUEÓ 8 MILLONES DE LA COCAÍNA NO ENTRARÁN EN
PRISIÓN
Los hechos se
remontan al periodo comprendido entre agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuando
dos de los acusados, de nacionalidad boliviana, residentes en el Bierzo y en
situación irregular en España, previo concierto con otras personas residentes
en España y en Bolivia, recibieron gran cantidad de cocaína procedente del
territorio boliviano
La Nueva
Crónica de España (www.lanuevacronica.com)
Doce
acusados estaban citados ayer en la Audiencia Provincial de León para ser
juzgados por delitos de blanqueo de capital y tráfico de drogas. Dos no se
personaron, una de las acusadas de ser cabecilla de la red está en paradero
desconocido y se dictó busca y captura para ella, y otro, que se encuentra en
prisión por otro delito y no pudo ser trasladado a la Audiencia por la huelga
de los funcionarios de prisiones. Los otros diez, salieron de la Audiencia con
el ‘visto’ para sentencia de conformidad y nueve de ellos no entrarán en
prisión, pues se solicitó la suspensión de las condenas que, en ningún caso,
superan los dos años de cárcel, aunque eso sí, las todos juntos suman 18 años y
multas de miles de euros.
Por
otra parte, el acusado como uno de los dos cabecillas de la trama, se conformó
con una pena de cuatro años de prisión, dos por un delito de tráfico de drogas
y otros dos por un delito de blanqueo de capitales tras alcanzar un acuerdo con
el Ministerio Fiscal que inicialmente pedía casi 13 años, lo mismo que solicita
para la fugada pendiente de ser juzgada.
Los
hechos se remontan al periodo comprendido entre agosto de 2009 y septiembre de
2010, cuando dos de los acusados, de nacionalidad boliviana, residentes en el
Bierzo y en situación irregular en España, previo concierto con otras personas
residentes en España y en Bolivia, recibieron gran cantidad de cocaína
procedente del territorio boliviano para su posterior reparto a otras personas
que las vendían en distintos puntos del territorio español utilizando para ello
un almacén y punto de distribución localizado en Madrid.
El
dinero obtenido de la venta de la cocaína, apuntaba el fiscal en el relato de
los hechos, fue ocultado y, con la ayuda de otras personas (el resto de
acusados) se trató de incorporar al tráfico legal con ingresos en efectivo en
diversas sucursales bancarias de Ponferrada, Galicia y Portugal para su
posterior transferencia a cuentas corrientes de entidades financieras de Bolivia
bajo el concepto de servicios de la construcción o similares «consiguiendo
retornar de ese modo más de ocho millones de euros ilícitos al circuito legal
de capitales».
BOLIVIA: HALLARON UN
SORPRENDENTE CEMENTERIO INCA
El cementerio pertenece a la
cultura Pacajes, cuyo pueblo fue ocupado por los incas.
LM de
Argentina (www.lmneuquen.com)
Restos
humanos en fardos funerarios tejidos con paja,vasijas y otros objetos
decorativos fueron encontraron recientemente en un increíble hallazgo de un cementerio
inca de más de 500 años de antigüedad en Bolivia. Estos objetos ofrecen
valiosos datos sobre la identidad y cultura ancestral.
Más
de cien restos humanos y más de 30 vasijas, con las que se realizaban ritos
comunes a los muertos, forman parte del descubrimiento en una cantera explotada
por una compañía minera cerca de La Paz, según contó el arqueólogo Jedu
Sagárnaga, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, quien dirigió la
investigación.
El
especializa indicó que dentro de la tumba común ningún cuerpo estaba intacto ya
que se habían desintegrado, pero acotó que sí se encontraron restos. Entre
ellos se hallaron cráneos alargados producto de la deformación artificial, una
práctica común entre los incas para diferenciar el rango social de los individuos.
El cementerio
pertenece a la cultura Pacajes, cuyo pueblo fue ocupado por los incas. Por su
parte, el arqueólogo Julio Condori, director del Centro de investigaciones
arqueológicas y antropológicas de Tiwanacu, calificó el hallazgo de “importante
para el país”, pues “muestra que no solo hubo una influencia de los incas, sino
de otros pueblos”.
DIPUTADO CASTILLO INVITADO POR PRESIDENTE EVO
MORALES PARA REUNIÓN EN BOLIVIA DE EUROLAT-CELAC
Metro Libre de Perú (www.metrolibre.com)
El presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, sostuvo un desayuno- reunión
con el diputado Elías Castillo, presidente del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño (PARLATINO) y copresidente de EUROLAT, en el marco de la Vigésima
Sexta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El encuentro
donde participó el eurodiputado Ramón Jáuregui, también copresidente de la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT), sirvió como preparatorio
para la reunión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), prevista a realizarse el próximo año en Bolivia.
El mandatario
Evo Morales, en su condición de Presidente Pro-tempore de la Cumbre de la
CELAC, invitó al diputado Castillo y al eurodiputado Jáuregui, a celebrar una
reunión de EUROLAT en Cochabamba, Bolivia, previa a la Cumbre de la CELAC.
FORO MUNDIAL PENSAMIENTO CRÍTICO ALERTA A
LATINOAMÉRICA DE AUGE ULTRADERECHA
El Diario de España (www.eldiario.es)
Las
expresidentas de Argentina y Brasil, Cristina Fernández y Dilma Rousseff,
alertaron hoy en el Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico en Buenos Aires,
del auge de la ultraderecha y el neoliberalismo en los países latinoamericanos.
La
expresidenta argentina y actual senadora, Cristina Fernández (2007-2015)
culminó la mañana de la primera jornada del Foro con duras críticas al Gobierno
de Mauricio Macri, a quien acusó de haber endeudado el país con políticas
neoliberalistas.
"Hoy la
Argentina vuelve a tener el cepo estructural que tuvo durante décadas a partir
de 1976 y una deuda externa sin precedentes. Endeudaron el país", declaró
la exmandataria.
Con una
multitud que se agolpó desde las primeras horas de la mañana a las puertas del
pabellón donde se celebra el Foro para tratar de saludarla, la actual senadora
señaló ante los presentes la crecida del dólar -que pasó de 9,76 pesos al final
de su gestión y actualmente cotiza a 36,90- y los "supermercados
vacíos".
"Los
desafío a que recuerden si en otro momento se acuerdan de una ciudad de Buenos
Aires con la cantidad de familias enteras durmiendo en la calle como está
sucediendo ahora", expresó Fernández, "producto de tres años de
neoliberalismo".
La
"contracumbre", como no quiso llamarla Fernández, reúne este lunes y
martes a cerca de 70 referentes políticos de distintos países latinoamericanos
y europeos, justo una semana antes de que los líderes políticos del mundo
acudan a la capital argentina para celebrar la cumbre del G20.
"Esto no
es una contracumbre, tenemos que comenzar a pensar con otras categorías",
indicó la senadora argentina durante la conferencia "Capitalismo,
neoliberalismo y crisis de la democracia".
Su par
brasileña Dilma Rousseff, participó del encuentro con el panel
"Democracia, ciudadanía y Estado de excepción", y expuso la
"trágica" situación que, en su opinión, vive su país tras la
ascensión de Jair Bolsonaro.
"Era
inimaginable en Brasil que la extrema derecha ganara un proceso
electoral", consideró.
Rousseff
advirtió que la crisis democrática en Brasil, se prueba en el incremento de las
desigualdades en la población y la falta de protección estatal ante los más
débiles.
Cuando las
instituciones se muestran frágiles ante los árbitros, aseveró, aumenta la
sensación de que la política es el "principal enemigo" y con ello la
"despolitización" de la población.
"Surge
en Brasil una oposición contra el partido de los trabajadores, justamente
porque es el partido hegémonico, el más fuerte entre los de izquierda",
explicó Rousseff.
El Foro se
encuadra dentro de la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, y además de los actos de apertura, en los que se congregan los
paneles más relevantes del Foro, las actividades se prolongarán en la capital
argentina hasta el jueves, e incluyen un ciclo de cine o la Feria Internacional
del Libro "Social Latinoamericano".
Al final de
la primera jornada, se repartirán los Premios Clacso 2018, entregados por el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), uno de los organizadores
del evento.
En esta
ocasión, se condecorará, entre otros, al exvicepresidente de Bolivia, Álvaro
García Linera; al Premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, y a la
presidenta de la organización de Derechos Humanos Madres de la Plaza de Mayo
Línea Fundadora, Estela de Carlotto.
El próximo
martes, Linera ofrecerá un panel junto al español Juan Carlos Monedero sobre
"El futuro de la izquierda y de la dignidad humana".
Entre los más
de 300 invitados al Foro, destacan el expresidente y exsenador uruguayo, José
Mujica; el vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; autoridades de países
europeos como Holanda, Francia, Inglaterra, Portugal, así como representantes
llegados desde Jordania o Palestina, como la joven activista Ahed Tamimi.
La
representación argentina corre por cuenta de Taty Almeida (Madres de la Plaza
de Mayo Línea Fundadora); Juan Grabois, fundador y referente de la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y Hugo Yasky, secretario
general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
La apertura
terminará el martes con el coloquio "Brasil: la esperanza vencerá al
miedo", que protagonizarán los excandidatos a la presidencia de Brasil,
Fernando Haddad y Guilherme Boulos, y Manuela D'Avila, candidata a
vicepresidenta.
Por último,
se dará paso a la "cumbia guerrera" de la cantante argentina Miss
Bolivia.
Cerca de mil
paneles y 7.000 ponencias para los miles de asistentes que participarán tanto
del Foro como de las actividades de la Conferencia.
"Acá
está la lucha. Acá está la síntesis de todo el pueblo Latinoamericano",
expresó al culminar la primera ponencia del día Nicolás Trotta, rector de la
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet).
¿RENACIMIENTO DE LA IZQUIERDA O RESURRECCIÓN DEL
AUTORITARISMO?
La anomalía mexicana sucede cuando el 'socialismo
del siglo XXI' da sus últimos estertores.
El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com.co)
Al contrario
de la tendencia de rechazo electoral a los gobernantes de izquierda en América
Latina, casi 30 millones de mexicanos eligieron presidente a Andrés Manuel
López Obrador, un activista de izquierdas admirador de Fidel Castro. Y no solo
eso, a su coalición política le dieron la mayoría en ambas Cámaras del
Congreso, y un enorme peso político en las legislaturas estatales.
Ominosamente, dada la contundencia de su triunfo y la consecuente debilidad de
los partidos de oposición, Amlo gobernará en México sin contrapeso político.
La anomalía
mexicana sucede justo cuando el llamado ‘socialismo del siglo XXI’ –iniciado a
principios de siglo en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay,
Chile y otros países del subcontinente– está dando sus últimos estertores.
Justo en el momento en el que buena parte de los líderes que encabezaron los
gobiernos de estos países están en la cárcel o en tela de juicio por delitos
que cometieron en el ejercicio de sus funciones.
En Brasil,
por ejemplo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien entre aciertos y
desaciertos gobernó de 2002 a 2010, está preso acusado de corrupción, blanqueo
de dinero y ocultación de patrimonio, y podría pasar más de una década en
prisión.
El escándalo
Lava Jato y sus ramificaciones en la petrolera estatal Petrobras mostraron cómo
la clase política brasileña, de izquierdas, derechas y centro, se benefició con
favores y contratos corruptos. Mientras que la complicada saga de la
constructora Odebrecht expuso la dimensión continental del contubernio entre el
sector privado y el público.
En Ecuador,
la justicia le reclama a Bélgica, el país donde actualmente vive, la
extradición del expresidente Rafael Correa, acusado de estar vinculado al
secuestro del exasambleísta ecuatoriano Fernando Balda, en Bogotá, en agosto de
2012. También estudia acusarlo de peculado y otras causas más.
En Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner está acusada de asociación ilícita, lavado de
dinero, encubrimiento del atentado iraní contra la mutual judía Amia y
administración fraudulenta. Hasta ahora se ha salvado de ir a la cárcel por
tener fuero de senadora.
En Bolivia,
Evo Morales lleva 12 años en la presidencia de su país y si se sale con la suya
se mantendrá en el puesto hasta el 2025. No por que él lo quiera, sino porque
“el pueblo” lo necesita, “no puedo decepcionar a mi pueblo”, ha dicho, no
obstante que en un referendo popular, en el 2016, ese mismo pueblo votó en
contra de su reelección en el 2019.
En Venezuela,
el éxodo de más de tres millones de personas que no resisten más el agobio
político y económico de Nicolás Maduro atestigua de forma dramática y
contundente el rotundo fracaso del socialismo del siglo XXI en el atribulado
país.
En Nicaragua,
el régimen criminal de Daniel Ortega se sostiene matando, encarcelando y
reprimiendo a sus oponentes con la misma displicencia con la que la dinastía de
los Somoza eliminó a los disidentes por décadas.
En términos
generales, y con algunas variantes en cada caso, el socialismo del siglo XXI
fracasó por su endémica corrupción, por su incompetente gestión de los recursos
naturales de sus países, por sus abusos del poder, por su incapacidad para
generar empleos con salarios dignos para los trabajadores y por su ineptitud para
disminuir la inseguridad.
Los
seguidores de Andrés Manuel López Obrador dicen que su gobierno marcará el
renacimiento de una izquierda honrada y competente en América Latina. Sus
detractores creen que más que un renacimiento, su gestión será la resurrección
de un partido hegemónico tipo PRI, que buscará perpetuarse en el poder si los
votantes mexicanos no reaccionan para restablecer los contrapesos necesarios en
un sistema democrático.
"AMÉRICA LATINA HA PERDIDO SU ÍMPETU DE
CRECIMIENTO"
La recuperación económica de América Latina y el
Caribe continúa su camino, pero desilusiona. Las tensiones comerciales, las
condiciones financieras más restrictivas y la volatilidad en los mercados de
materias primas sirven de marco para una recuperación heterogénea entre los
distintos países de la región. Una situación “decepcionante” para Juan Ruiz,
economista jefe de BBVA Research para América Latina, y que preocupa al Fondo
Monetario Internacional, tal y como muestra en su informe ‘Perspectivas para América Latina y el Caribe: una recuperación despareja’.
BBVA de España (www.bbva.com)
En medio de
un clima no del todo favorable, las grandes
economías de América Latina y el Caribe
(ALC) han sufrido un parón en el avance de sus economías: Brasil y México, principales potencias
regionales ya no crecen como antes, y, en Argentina, este crecimiento es inexistente. En esta línea de
incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) presentó su nuevo informe ‘Perspectivas
para América Latina y el Caribe: una recuperación despareja’, durante
una jornada celebrada en la Fundación Ramón Areces y coordinada por Ramón Casilda, del Instituto de
Estudios Latinoamericanos, y Juan Yépez,
economista en el Área de Estudios Regionales, Departamento del Hemisferio
Occidental, del FMI.
En los
últimos años, las perspectivas a corto plazo de varias economías de la zona han
tendido a disminuir: aunque depende del caso, el alza de los precios del petróleo, la incertidumbre política, o la fuerte depreciación de las monedas
regionales lo explican. Esto, junto a los elevados niveles de deuda, crea un margen muy limitado para aplicar
políticas contracíclicas en el corto plazo. Juan Ruiz, economista jefe de BBVA Research para América Latina
explicó: “América Latina nos decepciona en el corto plazo al atrasar una vez
más la recuperación, pero, incluso cuando llegue, no muestra un potencial
suficiente para recuperar la convergencia con los países desarrollados.
Asimismo, la dinámica política no apunta a que haya consensos suficientes para
llevar a cabo las reformas que impulsen el crecimiento de la productividad”.
A nivel
global, la actividad económica sigue siendo razonablemente sólida, pero se
pueden observar algunos elementos de riesgo que afectan a la región. Por un
lado, la demanda externa y el crecimiento del comercio están perdiendo impulso y
el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento para 2018 y 2019 del
3,7%, dos puntos porcentuales más bajo que pronosticado en el anterior informe.
Por otro, la actividad continúa
creciendo más rápido que el potencial en Estados Unidos, lo que se
explicaría por el importante estímulo fiscal aplicado por la administración
Trump.
Además, las condiciones financieras se han vuelto más
restrictivas como consecuencia de la volátil coyuntura externa, pero
siguen siendo acomodaticias y en general, favorables. “Va a ser difícil
contener las presiones inflacionarias en algunos de los países”, explicó Jorge
Roldós, jefe del Área de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio
Occidental del FMI, y uno de los autores del informe. Sin embargo, la subida de tasas de interés y el
fortalecimiento del dólar en Estados Unidos ha provocado que muchas
monedas se deprecien y que los flujos de capital de la región hayan tomado sendas
negativas en los últimos meses, ejerciendo aún más presión sobre los tipos de
cambio. Juan Yépez, economista
del FMI, consideró durante su intervención que “es preocupante que pueda haber
sorpresas inflacionarias y que Estados Unidos tenga que ajustar sus tasas de
interés más rápido de lo que los mercados esperan. Esto tendría una gran
repercusión en la región”.
En este
contexto, la recuperación de América
Latina y el Caribe ha perdido fuelle y las previsiones de las diferentes
instituciones financieras han tenido que ser revisadas a la baja. Esto deja un
escenario de crecimiento moderado en la mayoría de los países
latinoamericanos, con el especial caso de Argentina, detenido
actualmente, pero que aún tiene oportunidades. “La región tiene que aprovechar esta ventana de oportunidad para
avanzar en reformas estructurales que aseguren un crecimiento robusto e
inclusivo”, aseguró Roldós.
La inversión,
la gran asignatura pendiente para la región
Los expertos
prevén que los niveles de inversión permanecerán por debajo de los niveles
observados en otras regiones, atribuible, en cierta medida, al bajo
nivel de las tasas de ahorro agregadas. En contraposición, a pesar de que en
los últimos meses varios bancos centrales han acabado con el ciclo expansivo en
sus políticas monetarias, éstas
siguen siendo acomodaticias. Aún
así, Silvia Hernández, directora de Análisis Económico, Economía y Estructura
Financiera de Telefónica, pronostica: “los precios más altos de la energía y
las continuas presiones a los tipos de cambio limitarán el margen de maniobra
de la tasa de interés en el caso de ‘shocks’ inflacionarios”.
¿A qué
riesgos se enfrentarán Latinoamérica y el Caribe?
Los riesgos
para la región se han intensificado y materializado, como es el caso de la reversión en los flujos de capital o la
guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tantas repercusiones
está teniendo en los mercados mundiales. Además, la coyuntura económica deja
riesgos externos, pero también internos. Los externos se refieren a la moderación del crecimiento en las principales potencias
comerciales de la región, pero, también, debe tenerse en cuenta las desviaciones de precios de la energía,
que podría agudizar aún más este estancamiento económico al que se aboca ‘ALC’.
A escala regional y nacional, algunos de los riesgos más destacados que
encuentran los expertos son los políticos,
los efectos de contagio regionales y otros factores no económicos. En
cuanto a los riesgos políticos, las elecciones de Brasil, en las que salió
vencedor el ultraderechista Bolsonaro, y la perspectivas de los futuros
comicios en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Uruguay o El
Salvador, crean una gran incertidumbre económica en los inversores. Por otro
lado, los contagios regionales deben evitarse: una recesión mayor de la
prevista en Argentina podría dar lugar a grandes efectos en sus países vecinos.
Por último, los factores no económicos, como la lucha contra el cambio
climático, constituyen un grave riesgo para ciertas partes de la zona, como el
Caribe.
Una región
heterogénea
Todos los
expertos de las jornadas coincidieron: América
Latina es una región muy heterogénea y no deben extrapolarse las situaciones
individuales de cada país. Esto se ha puesto de manifiesto en los
diferentes comportamientos de los países respecto a las presiones del mercado.
Aun así, las políticas deben seguir
marcos de políticas sólidas, que favorezcan la resiliencia en contextos
económicos menos favorables. En el caso de los países exportadores de materias
primas, el mayor crecimiento mundial y el alza de precios debe ser una
oportunidad para recomponer sus, en algunos casos, escasas reservas fiscales.
Con ello, en ciertos casos será necesario acelerar el ritmo de la consolidación
fiscal, mientras que deben revisarse
las políticas de inversión públicas, incapaces de absorber la demanda de
la ciudadanía, y que cada vez se vuelven más insostenibles. Para Roldós y
Yépez, personal técnico del FMI, la política monetaria tiene que gestionar la
disyuntiva entre apoyar la actividad y mantener ancladas las expectativas en
materia de inflación, ante la subida de precios de materias primas y las
depreciaciones del tipo de cambio.
Cabe
mencionar que la flexibilidad cambiaria ha aportado beneficios a la región. Pilar L’hotellerie, directora general
adjunta de Asuntos Internacionales del Banco de España, encuentra en ella una
forma de resiliencia a los ‘shocks’ del
mercado. Sin embargo, la volatilidad excesiva de los tipos de
cambio, favorecidos por la subida de tasas de la Reserva Federal de EE.UU., la
inestabilidad de los mercados y la falta de instrumentos para capear estos
posibles ‘shocks’ puntuales, podrían justificar
intervenciones de los distintos bancos centrales en el mercado de cambios.
Pero las vulnerabilidades son diferentes. “En Argentina destaca el deterioro de
su deuda pública, pero en Chile es preocupante su endeudamiento privado. No
tienen la misma vulnerabilidad”, comentó L’hotellerie.
Otro de los
puntos en el que todos los ponentes coincidieron es en la escasa contribución de la productividad, que crea
dudas sobre la sostenibilidad de este crecimiento regional. América
Latina ya no es lo que era: los bonos demográficos se están agotando. Además,
hay una disyuntiva: las empresas poco productivas se ven protegidas de la
competencia y sobreviven a pesar de su ineficiencia y, las muy productivas,
encuentran trabas a su expansión. Esto crea una situación que hace de los
mercados latinoamericanos poco eficientes. En esta línea, Juan Ruiz relaciona:
“en términos de perspectivas de largo plazo hay preocupación en la región,
sobre todo porque no está claro cuáles serán los elementos que gatillen las
reformas necesarias para el crecimiento de la productividad”.
KIMBERLY-CLARK ANUNCIA EXPANSIÓN DEL PROGRAMA
"BAÑOS CAMBIAN VIDAS" EN AMÉRICA LATINA
Compañía renueva su compromiso con la mejora de
la crisis mundial de saneamiento
Prnew Swire
d Brasil (www.prnewswire.com)
A propósito
de la celebración del "Día Mundial del Baño", Kimberly-Clark renueva su
compromiso con la mejora de la crisis mundial de saneamiento, al anunciar la
expansión de su programa global "Baños Cambian Vidas" en Latinoamérica a partir del 2019.
Luego de su implementación en Perú y Bolivia (por tercer y cuarto año,
consecutivamente), este programa se lanzará en Costa Rica durante el mes de
enero, con planes de expandirse a otros países durante todo el año.
"En
Kimberly-Clark creemos que la higiene no es un privilegio, sino algo que todos
merecen tener. Cada comunidad que tocamos en América Latina, a través de
nuestros programas de saneamiento, nos permite evidenciar que las mujeres y los
niños están cada vez más seguros al momento de utilizar el baño, que más niñas
se quedan en la escuela, que el riesgo de que las enfermedades se propaguen por
la falta de saneamiento básico se sigue reduciendo, y que las comunidades donde
operamos son cada vez más saludables", dijo Sergio Cruz, Presidente de
Kimberly-Clark para América Latina. "Cuando vemos el impacto que están
haciendo nuestros esfuerzos, reafirmamos nuestro compromiso por continuar
buscando soluciones y nuevas asociaciones que nos ayuden a mejorar la crisis
mundial de saneamiento".
El acceso al
saneamiento básico afecta a unos 2.300 millones de personas en todo el mundo.
Para ayudar a resolver la crisis, Kimberly-Clark presenta su programa
"Baños Cambian Vidas", en conjunto con las comunidades locales, ONG´s
y otras empresas, para así mejorar los servicios de saneamiento, el acceso al
agua potable y la educación sobre cómo tener una mejor higiene. El programa
está actualmente activo en Bolivia, Brasil, Nicaragua, Honduras, Guatemala y
Perú, en alianza con sus clientes y ONG´s, incluyendo Water For People y Unicef.
"El
acceso a una higiene digna afecta a casi 89 millones de latinoamericanos",
dijo Agustina Mattioli, Gerente de Sostenibilidad de Kimberly-Clark
Latinoamérica. "Se requiere de mucho esfuerzo y de trabajo en equipo para
ayudar a resolver esta crisis. Si bien éste será un viaje, es gratificante ver
el gran apoyo que tenemos de nuestros colaboradores, la comunidad, los clientes
y sobre todo los consumidores para marcar la diferencia".
Este año, a
través de su marca Scott® en Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y su
marca Suave® en Perú, Kimberly-Clark se asoció con Water For People para
brindar servicios de saneamiento, acceso a agua potable y educación sobre
higiene a un estimado de 35,000 personas en más de 95 comunidades.
"Como
líderes en el mercado, es esencial que demos nuestro tiempo, recursos y voz
para resolver la crisis de saneamiento global", dijo Robert Raines,
Gerente General de Family Care con marcas líderes como Neve, Scott y Kleenex.
"Hemos visto de primera mano, la gran problemática de no contar con saneamiento
básico en las comunidades que nos rodean, y puedo decirles que la inversión
siempre ayuda".
Kimberly-Clark
también implementó un programa piloto a través de su marca Kotex, junto al Plan International USA.
Esta iniciativa contribuyó con el saneamiento de instituciones educativas en
Bolivia para combatir las enfermedades basadas en la falta de higiene, y
disminuir la probabilidad de que las niñas falten o abandonen la escuela debido
a la falta de saneamiento adecuado durante sus períodos.
"Nuestra
asociación con la marca Kotex de Kimberly-Clark nos ha ayudado a brindar acceso
y educación a cientos de estudiantes en Bolivia. Educamos a las niñas y a las
comunidades sobre la higiene menstrual y contribuimos a la eliminación de los
tabúes dañinos y el estigma que impide que las niñas vayan a la escuela.
Juntos, estamos haciendo una diferencia que cambia la vida de estas
niñas", Tessie San Martin, Presidenta y CEO de Plan International USA.
Además de
"Baños Cambian Vidas", Kimberly-Clark dirige otros esfuerzos de
saneamiento; diseñados para brindar defensa, educación y mejoras en el acceso a
una higiene más digna en sus comunidades. Este mes, la compañía patrocinó
actividades voluntarias en Perú y Bolivia, llamadas "Días de
Saneamiento", en el que nuestros empleados junto a las autoridades
escolares realizaron acciones sociales para brindar educación a los niños y
renovar los baños escolares.
"Las
personas en todas partes están conectadas por las mismas necesidades: un
entorno limpio y saludable, buena salud y bienestar, y comunidades sólidas
donde las familias reciben la atención que necesitan para crecer y
prosperar", dijo Douglas Franco, Gerente General de Kimberly-Clark Perú.
"Los niños son nuestra generación futura, por lo que es esencial poder
brindarles educación y mejores baños a través de nuestro día de
voluntariado".
Para obtener
más información sobre los objetivos de impacto social de Kimberly-Clark, visite
Sustainability2022.com. Para obtener más información sobre el programa
"Baños Cambian Vidas", visite @ToiletsChangeLives
en Facebook.
Acerca de
"Día Mundial del Baño"
La Asamblea
General de las Naciones Unidas designó oficialmente el "Día Mundial
del Baño" en 2013 para crear conciencia e inspirar esfuerzos
para hacer frente a la crisis mundial de saneamiento. La falta de saneamiento
básico afecta a unos 2.300 millones de personas en todo el mundo, haciendo del
"acceso al agua y al saneamiento para todos" una plataforma
importante para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Acerca de
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark
(NYSE: KMB) y sus marcas reconocias son una parte indispensable en la
vida de las personas en más de 175 países. Cada día, más de 1.3 billones de
personas confían en productos de Kimberly-Clark y las soluciones que proveen
para mejorar la salud, higiene y bienestar. Nuestro portafolio de marcas, que
incluye Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex,
Pull-Ups, GoodNites, Intimus, Neve, Plenitud, Viva y WypAll, tienen la posición
de participación No. 1 o No. 2 en 80 países. Usamos prácticas sostenibles que
apoyan un planeta saludable, construimos comunidades más fuertes y aseguramos
que nuestro negocio prospere en las próximas décadas. Para mantenerse al día
con las últimas noticias y obtener más información sobre los 146 años de
historia de innovación de la compañía, visite kimberly-clark.com o
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