La inversión
y el gasto social son dos de los principales mecanismos que tiene el Estado
para desarrollar su política social y luchar contra la pobreza y la
desigualdad. Pero la eficacia de las políticas sociales vendrá también
determinada por el contexto de estabilidad macroeconómica y, en este sentido,
mantener la inflación en niveles relativamente bajos es clave para el éxito de
la dichas políticas.
Un caso
paradigmático de éxito de la política social, consiguiendo buenos resultados a
la hora de la reducción de la pobreza y desigualdad, ha sido boliviano desde el
año 2006. En función de los datos de la Encuesta de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística (INE), Bolivia ha conseguido pasar de un nivel de
pobreza del 59,9% en el año 2016, al 36,4% para finales del 2017, cifra que
supone el nivel histórico más bajo. En cuanto a la desigualdad de ingresos
medida por el índice de Gini, ésta se ha reducido desde el 0,60 hasta el 0,47
entre el año 2005 y el 2014, según los datos publicados por el Banco Mundial
(BM). Este éxito se ha conseguido mediante la puesta en marcha de diferentes
programas sociales que han contribuido a la redistribución de los ingresos.
Estos
programas sociales se han nutrido de los recursos provenientes principalmente
de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos que se llevó a cabo en
el año 2006 y que dio la vuelta al reparto de los ingresos de la extracción del
gas. Actualmente, más del 80% de las utilidades quedan en manos de los y las
bolivianas mediante la propiedad estatal. Esto ha permitido financiar los
programas sociales a través de una fuente abundante de ingresos públicos sin
verse, además, mermada la inversión privada en los campos hidrocarburíferos.
Pero, ¿cuáles
son los principales programas sociales llevados a cabo por el Estado boliviano,
y cuáles son las principales claves del éxito de los mismos?
Principales
programas sociales
Desde el año
2006 -y con los objetivos de reducir la pobreza y los niveles de desigualdad
existentes- el Gobierno boliviano ha venido implementando una serie de
programas de transferencias condicionadas que se han focalizado en los
estudiantes, las personas de la tercera edad y en las madres embarazadas o con
niños menores de dos años. Los tres principales programas son el Bono Juancito
Pinto, el Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad.
El Bono
Juancito Pinto fue el primero de estos tres programas que se pusieron en
marcha, estando vigente desde octubre de 2006. Su objetivo es el de incentivar
la matrícula, permanencia y culminación del año escolar de los niños y niñas
durante los primeros 5 años de primaria. El programa hace entrega de un bono
anual de 200 bolivianos (USD 28) a los estudiantes de escuelas públicas de
educación formal, juvenil alternativa y/o especial con la condicionalidad de
una asistencia mínima al 80% de las clases.
Según los
datos hechos públicos por el Ministerio de Educación de Bolivia, en el año 2018
se han destinado 444 millones de bolivianos para el pago del Bono Juancito
Pinto, y beneficiará a unos 2.221.000 estudiantes de primaria y secundaria de
unidades educativas fiscales, de convenio, y centros de educación especial del
país. Junto con la redistribución de ingresos que se hace a los estudiantes de
las escuelas públicas, el otro gran objetivo del programa es la lucha contra el
abandono prematuro de los estudios. Los publicados por el Ministerio de
Educación muestran cómo, desde el año 2005 al año 2018, se ha reducido la
deserción escolar en primaria desde el 6,5% al 1,8%, mientras que para el mismo
periodo en la educación secundaria la reducción ha sido del 8,5% al 4%.
El segundo
programa que se puso en marcha fue el de Renta Dignidad, vigente desde
noviembre de 2007. La Renta Dignidad es un programa de transferencia monetaria
no contributiva y de carácter vitalicia para las personas de 60 años o más.
Supone un complemento de 250 Bs para las personas con pensiones de jubilación y
de 300 Bs para personas que no tienen pensiones de jubilación. Su financiación
se lleva a cabo a partir de los ingresos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) así como a partir de los dividendos de las empresas
públicas. Actualmente alcanza al 12% de la población.
El tercer
programa social destacado es el Juana Azurduy, que es un mecanismo de
transferencia monetaria condicionada implementado en el año 2009 por el
Ministerio de Salud. Se trata de un incentivo económico para mujeres gestantes
condicionado al cumplimiento de 4 controles prenatales, parto institucional y
control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles
integrales de salud bimensual. Es, por tanto, una transferencia monetaria
condicionada al uso adecuado de los servicios públicos de salud por parte de
mujeres gestantes o de madres de niños de menores a dos años.
La financiación
del bono Juana Azurduy se hace a través de los recursos internos del Tesoro
General de la Nación. La aplicación de este programa ha permitido mejorar el
bienestar social de las población más vulnerable de Bolivia, y actualmente
beneficia -según los datos hechos públicos por el Ministerio de Economía y
Hacienda de Bolivia- a algo más de dos millones de personas.
La política
de transferencias directas ha sido complementada con fuertes programas de
inversión pública dirigidos a la construcción de nuevas infraestructuras y la
ampliación de los servicios básicos. La ampliación de los servicios de
educación, salud, comunicación, acueducto y alcantarillado han tenido un
impacto fuerte en la población de menores recursos. Toda la política social ha
venido, además, acompañada de los incrementos continuos de los salarios, y
ejemplo de ello es la suba experimentada por el Salario Mínimo Nacional (SMN)
que pasó de los 440 Bs (57,3$) en el año 2005, hasta los 2.060 Bs (296$) en el
año 2018. Esto, además, en un contexto económico estable que contribuye a
magnificar los impactos de la política social.
Estabilidad
económica y control de la inflación
La economía
boliviana se ha caracterizado, en la última década, por el amplio crecimiento
económico de carácter inclusivo[1] que ha tenido. En buena parte de los
últimos años, Bolivia ha sido el país suramericano que mayor crecimiento
económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo de crecimiento por
encima del 4% a pesar del contexto de debilidad regional que vive la región
desde el año 2015.
Las claves
principales del buen desempeño económico se encuentran en la inversión pública,
el fortalecimiento de la demanda interna y la política contracíclica aplicada
desde la gestión económica. Siendo, por tanto, la política social aplicada
(relacionada directamente tanto con la inversión pública como con el
fortalecimiento de la demanda interna) uno de los pilares de la estabilidad
económica. Sin embargo, al mismo tiempo, la efectividad de la política social
para alcanzar sus objetivos en cuanto a reducción de la pobreza y la
desigualdad, mejorar las condiciones de acceso a los servicios básicos y la
ampliación de los beneficios económicos de la mayoría de la población, está
fuertemente relacionada con las estabilidad económica y, más concretamente, con
la estabilidad de los precios.
Siguiendo el
trabajo[2] de Rashid Talukdar (2012) sobre los efectos de la inflación
sobre la pobreza en países en desarrollo, se concluye que altos niveles de
inflación están correlacionados positivamente con niveles altos de pobreza. En
su trabajo se analiza el efecto de la inflación sobre la pobreza en 115 países
en desarrollo durante el periodo 1981-2008, utilizando la clasificación entre
los mismos en función del nivel de ingresos realizado por el Banco Mundial
(BM).
Según esta
clasificación, Bolivia aparece en el grupo de países de ingreso medio-bajo, y
sobre este grupo de países existe correlación positiva entre la inflación y la
pobreza. Por tanto, podemos igualmente concluir que la efectividad de la
política social para reducir la pobreza viene determinada por el mantenimiento
de niveles de inflación bajos.
En este
sentido, Bolivia ha conseguido mantener los niveles de inflación reducidos, con
una tendencia clara a la baja (como puede verse en el gráfico 1), haciendo que
los amplios programas sociales aplicados por el Gobierno boliviano hayan tenido
fuerte impacto sobre la reducción de la pobreza que se anunciaron al comienzo
de este texto.
Por el
contrario, sin el mantenimiento de la inflación en niveles controlados, se
corre el riesgo de que las transferencias de recursos del Estado a la población
queden desfasados y a remolque de la misma. Esto exige la continua
actualización de los montos ligados a dichas transferencias, pero con el evidente
retraso que conlleva una inflación elevada.
El éxito de
la política social boliviana está ligado al éxito de su política económica
pero, a su vez, el éxito de su política económica se liga al éxito de su
política de inclusión social. Bolivia ha demostrado que para liderar el
crecimiento económico regional durante la última década la clave está en hacer
partícipe del mismo a la población que tradicionalmente había quedado excluida.
En función de los datos de la Comisión Económica Para América Latina y el
Caribe (CEPAL), este 2018 Bolivia volverá a liderar el crecimiento económico de
la región suramericana. Esto lo hará, además, con un nivel de inflación por
debajo del 3% y manteniendo y reforzando las políticas sociales de
transferencias para la población más desfavorecida. Las Nueva Tribuna de España (www.nuevatribuna.es)
LAS RELACIONES CHILE-BOLIVIA: ¿EN UN PUNTO CERO?
Catalunya Press de España
(www.catalunyapress.es)
El resultado
del fallo de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de la Haya, dado a conocer el primero de octubre pasado,
dejaron las relaciones entre ambos países, aparentemente en un punto cero. De
ahí en adelante, al margen de las declaraciones a los medios de comunicación
por parte de las autoridades de los gobiernos de Bolivia y de Chile, a nivel
diplomático, o bien de política de Estado, no ha habido ningún tipo de
relaciones, ni de contactos al más "alto" nivel entre estas dos
naciones. Previo a ir al recuento político y jurídico del Fallo del CIJ y del
estado de las relaciones chileno-bolivianas, en nuestra opinión, entregar
algunos antecedentes históricos de una disputa que lleva más de 139 años de
controversias entre estas dos naciones de América del Sur.
CONTEXTO
Las
relaciones entre Chile y Bolivia
han sido relativamente conflictivas desde la Guerra del Pacífico de 1879.
Bolivia perdió entonces 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros
cuadrados de territorios en favor de Chile. El Tratado de Paz y de
Amistad, firmado entre Chile y Bolivia en 1904, tuvo el "agravante"
de que las tierras transferidas por el país vecino dejaron a Bolivia
enclaustrado y sin derechos a una salida al mar, por cuanto la búsqueda de una
salida marítima ha sido una constante en la historia de la nación boliviana.
A partir del
fin de la Guerra del Pacífico, Chile desplegó sus esfuerzos diplomáticos para
consolidar los nuevos límites en el norte, mediante tratados capaces de
constituir un sistema jurídico acordado con Perú y Bolivia, a la vez que una red de mecanismos de solución
pacífica de las controversias. Uno de ellos es el Pacto de Bogotá (1948), mediante el cual los
Estados que lo suscriben se obligan a recurrir a la CIJ para resolver sus
diferencias.
Durante más
de cien años Chile ha impulsado la construcción de una arquitectura multilateral
que permita el diálogo, la cooperación y la solución pacífica de las
controversias, tanto en el mundo como en la región latinoamericana.
El
fortalecimiento del derecho
internacional y la creación de los instrumentos necesarios para asegurar
la concordia, sobre todo entre países vecinos, constituyen objetivos
prioritarios de la política exterior chilena, razón por la cual numerosas
personalidades políticas, parlamentarias, académicas, expertos en política internacional son de la opinión de permanecer
en el Pacto de Bogotá, puesto que dicha participación no depende del resultado
en una causa u otra, sino que del convencimiento acerca de la forma en que debe
ser resuelta cualquier posible divergencia o conflicto. La permanencia en el
Pacto de Bogotá ha sido puesta en cuestión por diversos analistas y ex
funcionarios de la Cancillería de Chile. Hasta el momento, las autoridades
máximas del gobierno de Chile han llamado a no entrar en la discusión de la
permanencia o no, en el Pacto de Bogotá.
EL FALLO
En abril del
2013 Bolivia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya, en busca de un fallo que obligara a Chile a negociar de buena fe en
una solución a su petición de salida al mar, tras más de un siglo de diálogos
sin resultados.
Importante es
destacar que el alegato boliviano no puso en cuestión el Tratado de Paz y
Amistad de 1904.
El mundo
político progresista de la izquierda democrática e incluso autoridades del
actual gobierno, hicieron tempranamente un llamado a la ciudadanía a asumir con
tranquilidad la decisión del más alto tribunal internacional, El gobierno de Piñera convocó a los tres poderes del
Estado a que se mantuviesen unidos en relación a los resultados sobre este
diferendo. En este escenario, la defensa de los intereses nacionales concitó el
apoyo mayoritario de la población. Los resultados del fallo mismo fueron una
inesperada sorpresa para Chile. Es una sentencia contundente y demoledora para
las pretensiones del gobierno boliviano. El fallo estuvo fuera de todo cálculo
por parte de las naciones litigantes. Algunos analistas hablan de un triunfo
total para Chile.
La CIJ
dictaminó que Chile no está obligado a tener que negociar con Bolivia una
salida al Pacífico tal como lo reclamaba el gobierno boliviano de Evo Morales.
En la lectura
de la sentencia, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el
libanés Abdulqawi Ahmed Yusuf, fue refiriéndose uno a uno los fundamentos
presentados por Bolivia y, desechándolos. Fueron 12 los jueces que votaron a
favor del fallo y 3 en contra. Frente a este categórico fallo de la CIJ y,
asumiendo la sentencia, el presidente Morales y otras altas autoridades paceñas
optaron por rescatar el párrafo 176 del fallo, que destaca lo siguiente:
"La Corte agrega que su conclusión no debe entenderse como impedimento
para que las partes continúen con sus diálogos e intercambios en un espíritu de
buena vecindad, para abordar las cuestiones relacionadas con la situación sin
salida al mar de Bolivia, solución que ambos han reconocido como una cuestión
de interés mutuo. Con la voluntad de las partes, se pueden emprender
negociaciones significativas". Es absolutamente indesmentible que el
fallo de la CIJ dejó como un gran perdedor al Estado boliviano y, especialmente
a su presidente, Morales.
El presidente
Morales, de una u otra manera había estado utilizando este litigio de soberanía
marítima, para fines de política interna, especialmente en la perspectiva de su
reelección en las próximas presidenciales de fines del año 2019.
El debate
interno en el país vecino acerca de las consecuencias de este fracaso de la
diplomacia paceña, deberá atender a las consecuencias políticas y sociales
producidas de esta larga y costosa demanda de Bolivia en el tribunal de La
Haya. ¿Tendrá esto, implicaciones en lo referente a la elección presidencial
próxima? Es una incógnita que estará por verse en un tiempo más.
En Chile,
también observamos perdedores y derrotados: todos aquellos que previo al fallo
y, con un análisis derrotista de cómo le iría a Chile, clamaban por la salida
de Chile del Pacto de Bogotá y,a desconocer el fallo de la CIJ: gran derrota
para esos sectores nacionalistas, chovinistas y pseudo militaristas. El fallo
vino a confirmar los compromisos internacionales asumidos por el país, el apego
al Derecho Internacional y a los organismos internacionales. Una posición
adversa, como lo pregonaban algunos ex militares y ex diplomáticos hubiese
significado un alejamiento de los principios tradicionales en política
internacional que Chile ha asumido a través de décadas de apego a la
institucionalidad internacional.
UNA AGENDA DE
FUTURO, MÁS ALLÁ DE LA HAYA
Con el fallo
del 1 de octubre, estamos frente a un escenario que podría señalarse como: el
término de una etapa en que predominó una manera áspera y endurecida de
plantear los conflictos limítrofes entre ambas naciones, particularmente por
dichos del presidente paceño y otras autoridades bolivianas Chile no estuvo
ajeno a estos dimes y diretes con el gobierno boliviano. Es más, algunos
analistas nacionales han argumentado que la cancillería chilena bolivianizó de
manera innecesaria la política exterior del gobierno de Bachelet II. La actual
administración del gobierno del presidente Piñera, en estos nueve meses de
gestión ha proseguido con esta política confrontación con el gobierno
boliviano. En una entrevista reciente al ex presidente, Ricardo Lagos, éste
expresaba lo siguiente, refiriéndose entre otras cosas al fallo de La Haya:
"Yo me olvidaría de seguir hablando de Bolivia. Quisiera que la Cancillería
hable de otras cosas" (Ver www.latercera.cl Entrevista a Ricardo Lagos
Escobar, Reportajes, pág. 9 y 10, domingo 07 de octubre de 2018).
Sin embargo,
el fallo también entrega importantes oportunidades de iniciar una nueva época en las relaciones bilaterales entre
ambos países. Por cierto, habrá que esperar un tiempo, que permita a la parte
boliviana, digerir los profundos alcances del fallo mismo y, por cierto,
acatarlo sin dilación. Hay algunas opiniones que señalan que es necesario
"esperar" un tiempo prudente con el fin que las heridas cicatricen.
Las naciones de nuestra región y, Chile y Bolivia, no son una excepción,
enfrentan dificultades políticas, económicas, ambientales, migratorias y sociales que demandan un
esfuerzo mancomunado para su solución en un marco de diseños e iniciativas
favorables al desarrollo conjunto.
Desde esta
perspectiva, el escenario signado por La Haya, no debe impedirnos seguir
trabajando en otros ámbitos de cooperación política bilateral, algunos de ellos
muy bien diseñados en la Agenda de los 13 puntos elaborada bajo el primer
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet
(2006-2010). Hacer los esfuerzos para desarrollar un polo de integración
profundo que implique mejorar la conectividad, las carreteras internacionales,
modernizar las vías ferroviarias y portuarias por las cuales Bolivia exporta e
importa sus productos y, ser parte del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico.
Con una agenda de futuro se podrá ir limando en cierta forma, las asperezas
históricas de ambas naciones y revertir el "punto cero" de las
relaciones bilaterales.
LINCHAMIENTOS DESDE BOLIVIA
HASTA INDIA, ¿QUÉ NOS PASA?
India,
México, Guatemala, Colombia y ahora Bolivia: crecen los números de casos en que
las personas hacen justicia por mano propia y respondiendo a simples rumores.
¿No es hora de detener esta locura?
El
Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
En medio de
la creciente inseguridad que azota a Bolivia, turbas de ciudadanos enfurecidos
por la falta de respuesta del Estado hicieron justicia por mano propia al matar
a sospechosos de delitos, en hechos que han conmocionado al país.
En la última
semana se han registrado tres linchamientos en diferentes regiones de Bolivia,
dejando entrever un malestar con la lentitud de la justicia y la ineficacia de
las fuerzas de seguridad.
En lo que va
del año ya suman seis los casos de justicia por mano propia, que han puesto en
alerta a las autoridades.
El martes, en
San Julián, a 175 km de Santa Cruz (este), fue ahorcado el brasileño Vinicius
Chagas Maciel, de 31 años, por un supuesto asalto a mano armada.
En esta
localidad no hay policías desde que un grupo de personas destruyó recientemente
las modestas instalaciones policiales.
Tuvo que ser
la policía de un poblado cercano, Cuatro Cañadas, la que rescatara el cuerpo
del brasileño. "Ojalá sea el último caso (de linchamiento); están actuando
como personas primitivas", dijo entonces el jefe policial de la región,
Alfonso Siles.
El día
después, a cientos de kilómetros del lugar, en Uncía, un poblado del oeste
boliviano, dos jóvenes acusados del robo de un automóvil fueron lapidados y
luego quemados hasta morir por un grupo de personas que los arrebató de las
manos de la policía.
"Estamos
desplazando fiscales para la investigación, la fuerza policial ha sido rebasada
por la población, han llevado adelante este sangriento hecho contra dos
personas, un menor de edad", lamentó el fiscal general del Estado, Juan
Lanchipa.
Sin embargo,
para la mayoría de autoridades y especialistas estos crímenes no se
corresponden con la norma.
"Bajo
ningún concepto (esa norma) prevé y permite que pueda haber como una sanción
-en el marco de la justicia que practican nuestros pueblos- el linchamiento, la
muerte de ninguna persona", sostiene Javier Tapia, decano de Derecho de la
universidad estatal San Andrés de La Paz.
"Lo que
ha sucedido son asesinatos que merecen una investigación y una sanción
categórica para que nunca más a título de justicia originaria o de que no
existe la presencia suficiente del Estado se cometan estas atrocidades",
agrega.
El ministro
de Justicia, Héctor Arce, se sumó en Twitter a las voces que repudiaron los
linchamientos: "Como Nación no podemos tolerar y permitir que se haga
justicia por mano propia violando el más sagrado de los derechos como es el
Derecho a la vida".
"Los
casos San Julián y Uncía deben ser rápidamente investigados y los responsables
sancionados drásticamente", pidió.
México
En el país la
situación es gravísima. Hasta septiembre, según datos de la prensa, 187
personas habían sido asesinadas de maneras salvajes por turbas enfurecidas. Los
últimos fueron amarrados y asesinados a golpes el 12 de noviembre. Tío y
sobrino de 43 y 22 años mueren, porque así lo decidió la gente. Alberto
Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez fueron acusados de secuestrar niños.
Eran inocentes.
La mayoría
resultan ser falsos, como el de estos dos hombres. Por Facebook hicieron
circular el rumor de que eran secuestradores y la turba llegó a la comisaría y
se los arrebataron a las autoridades, que no hicieron nada para detener el
ajusticiamiento. Los golpearon y quemaron vivos. Un hecho repudiable por el que
nadie va a responder.
La semana
pasada, residentes de Naucalpán detuvieron a un presunto ladrón, según reportó
Excelsior, le quitaron la ropa y lo apedrearon y golpearon salvajemente con un
palo.
"Rumores
y noticias falsas difundidas a través de Facebook y WhatsApp han generado episodios
fatales en países como India, Myanmar y Sri Lanka. En India,
como en México, la tecnología —WhatsApp permite enviar mensajes encriptados a
grandes grupos de personas— ha hecho que estos rumores que siempre han existido
ahora de dispersen con mayor velocidad, a una mayor
distancia y con una menor responsabilidad", señala BBC.
En agosto, el
turno fue para un colombiano en Morelos. Lo acusaron de ser prestamista
"gota a gota2 y fue capturado y quemado. Los testigos dicen que el rumor
se esparció y simplemente la gente reaccionó. Pero contra un inocente.
"Lo
bajaron del carro, le quemaron el carro con el pasaporte. Le decían que allá no
querían a los colombianos. A los negros, por el racismo no los querían allá. No
entiendo, estoy como entre la espada y la pared, la muerte que le dieron a
él no era justa”, lamentó en un noticiero local Beatriz Cardona, esposa
de la víctima.
India
Los casos de
ajusticiamiento por mano propia también son preocupantes en este país, en donde
la tecnología hace su parte. La mayoría de inocentes han caído por cadenas
falsas que circulan por internet. Incluso una familia completa, abuela
incluída, que en un viaje de vacaciones fueron acusados de robar niños. Los
mataron a golpes.
En Bombay, a
mediados de este año, la policía detuvo a 23 hombres que causaron la muerte de
cinco. Animaron a una turba a atacar a un grupo de hombres que hablaban con un
niño. Dijeron que eran secuestradores, según el comisario. Y los mataron.
Para mayo ya
iban 16 linchados por mensajes y videos compartidos en redes sociales,
principalmente Whatsapp. Tan grave fue el problema que la empresa tuvo que
limitar el número de personas a las que se les reenvía un mensaje, entre otras
medidas de seguridad. No ha servido mucho, en varios estados de la India siguen
creyendo todo lo que llega a los teléfonos.
El gobierno y
las autoridades les piden a los habitantes creer sólo en la prensa y lo que
digan las autoridades, pero esto es en vano. ¿Qué pasa? Psicólogos mexicanos
consultados por la prensa de ese país coinciden que la falta de acción por
parte de las autoridades hacen que la gente tome la justicia por su cuenta. Y muchos
no dimensionan que las redes están llenas de mentiras.
MUJERES EN BOLIVIA AÚN SON
OBJETO DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POLÍTICA, SEGÚN AUTORIDADES
Spanish People de
CHina (www.spanish.people.com.cn)
Las
mujeres en Bolivia consolidaron en la última década mayor presencia en espacios
de poder, gracias a medidas legales producto de luchas reivindicativas, pero
aún son objeto de acoso, violencia y discriminación política, según
autoridades.
La
presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, expresó
a Xinhua en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia
contra la Mujer, que el acoso y la violencia política son los principales
obstáculos que enfrentan las mujeres en la función pública en Bolivia.
Esta
violencia amenaza con expulsarlas de los espacios de decisión que han
conquistado tras una larga lucha, reconoció la presidenta.
Alertó
que estas prácticas en el ámbito político constituyen formas de violencia que
menoscaban sus derechos políticos como autoridades electas, para impedir el
ejercicio de sus cargos y evitar que participen en las decisiones.
Choque
destacó que Bolivia fue el primer país en la región con una ley electoral
innovadora que establece la paridad de género, al considerar el 50 por ciento de
espacios electivos para ellas.
En
el país, la mitad de las concejalías la ocupan mujeres, aunque no sucede lo
mismo con los gobiernos municipales, pues sólo 28 de 339 municipios son
liderados por mujeres a nivel nacional, según datos de la Asociación de Concejalas
de Bolivia (Acobol).
La
situación es distinta en la Asamblea Legislativa Purinacional, compuesta por la
Cámara de Senadores y la de Diputados.
En
el caso del Senado, integrado por 36 senadores titulares, 19 escaños
corresponden a varones y 17 a mujeres, mientras que en la cámara baja 69 son
mujeres y 61 hombres.
Por
su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica
Novillo, dijo a Xinhua que si bien la normativa permitió la inclusión de este
sector en cargos electivos, aumentaron también de manera considerable las
denuncias de acoso y violencia política.
Novillo
señaló que los casos de violencia política resueltos no pasan del 5 por ciento,
debido a una inadecuada implementación de la norma y acciones en las que se
evidencia poco apoyo de la justicia.
Consideró
además que los alcances de la norma son aún desconocidos por la sociedad y las
propias autoridades.
A
su vez, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia,
Héctor Arce, manifestó a la prensa que si bien se han logrado adelantos
importantes en la legislación, el trabajo ahora debe concentrarse en la
sociedad para generar una cultura de respeto y no violencia contra las mujeres.
Sostuvo
que en el país se avanzó "bastante" en cuanto a igualdad y equidad de
género, como la inclusión de los derechos de las mujeres, su participación en
la vida política y la lucha contra la violencia hacia ellas.
PRECIOS DIFERENCIALES DE
COMBUSTIBLES: PARA EL CÓNSUL DE BOLIVIA “ES UN TEMA SUPERADO”
Jujuy al Día de Argentina
(www.jujuyaldia.com.ar)
En
diálogo con nuestro medio, el Cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi
Mamani, se refirió a varios temas inherentes a las relaciones bilaterales con
el vecino país de Bolivia, entre ellas la histórica problemática de los precios
diferenciales de combustible, la reciprocidad en salud, el ferrocarril y la
producción de litio.
En
relación al histórico reclamo por los precios “especiales” en la venta de
combustibles a argentinos, el Cónsul expresó al diario JUJUY AL DÍA®, “ese es
un tema superado. El presidente Evo Morales vino a Buenos Aires y una de las
leyes que pudo promulgar es que, a partir del 15 de octubre, si no me equivoco,
ya todo turista con placa argentina va a tener el mismo precio que los
bolivianos”.
“Es
un avance importantísimo que se ha dado, era la pregunta del millón en todos
los lugares y hoy por hoy podemos responder con satisfacción que es un tema
superado”, recalcó, y aseguró que habrá un precio único para todos.
Sobre
los ferrocarriles, señaló “estamos viendo un avance importante en el
ferrocarril Jujuy – La Quiaca, me parece interesante y fortalecer con esto el
turismo”.
“Nosotros
en este momento ya tenemos los trenes funcionando desde Villazón hasta Oruro.
Si ustedes conectan de San Salvador de Jujuy a La Quiaca solo hará falta una
conexión, ponernos de acuerdo en trámites migratorios y será algo fantástico
para ambas regiones, tanto para Jujuy como Bolivia”.
En
relación a la polémica suscitada por la reciprocidad en materia de salud, el
Cónsul señaló a JUJUY AL DÍA®, “ustedes avanzaron años atrás, nosotros ahora en
lo que es salud para todos, en todas las especialidades. En diferentes lugares
nos han planteado que el Estado debe ser un Estado más asistencialista a los
sectores sociales”.
“El
tema de salud es un tema bilateral, hablamos de todo el pueblo argentino, no
solo Jujuy, y luego que se mediatizó se convirtió en agenda bilateral y hemos
trabajo la reciprocidad. Está listo y lo anunciarán las autoridades de ambos
países cuando sea el momento”.
Brevemente,
sobre el tema de colaboración en materia de litio, Guarachi Mamani señaló a
este diario que “ustedes están avanzando, nosotros también, entonces es
positivo el intercambio de experiencia en al área tecnológica, para que podamos
complementarnos mejor. Ustedes tienen litio nosotros tenemos la reserva más
grande del mundo, y compartir esto, conocimiento, e industrializarlo para que
nos pueda generar recursos económicos para ambas regiones, es fantástico”.
PASAJERO TRASLADABA 110 MIL
DÓLARES DE BOLIVIA A AREQUIPA
Los agentes realizaban un operativo de control
de identidad cuando intervinieron la unidad de matrícula VBA-962 conducida por
Juan Jorge Condori Aliaga
Diario Correo de Perú (www.diariocorreo.pe)
Reynaldo
Mamani Canaza (45) fue detenido con más de 100 mil dólares americanos, cuando
se desplazaba de Juliaca hacia Arequipa en una miniván, la intervención se
realizó a la altura del kilómetro 236 en el distrito de Santa Lucía (Lampa), el
viernes a las 15:30 horas, aproximadamente.
Los
agentes realizaban un operativo de control de identidad cuando intervinieron la
unidad de matrícula VBA-962 conducida por Juan Jorge Condori Aliaga, al pedir
documentos a los pasajeros se percataron que uno de ellos mostraba nerviosismo
y tenía un maletín entre sus pertenencias.
Los
policías le pidieron abrir el maletín y mostrar su contenido verificando que
llevaba varios fajos de billetes que tenían en sello del banco de Bolivia, ante
este hecho fue detenido y llevado a la dependencia policial.
En
la comisaría en presencia de Roxana Vega Flores de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Puno, se procedió a las
diligencias en la comisaría.
Dentro
del maletín se halló once fajos de billetes con la denominación de 100 dólares,
haciendo un total de 110,000 dólares, que eran llevados desde el vecino país de
Bolivia hasta la Ciudad Blanca.
El
hombre no supo explicar la procedencia o el destino, solo argumentó que se
dedicaba al intercambio de moneda extranjera y nacional, esto no le sirvió para
que lo dejen en libertad, porque la fiscal dispuso que lo trasladen al
Departamento de Investigación Criminal.
Ahora
el detenido es investigado por el delito de lavado de activos.
ALTOS NIVELES DE ACOSO
SEXUAL EN SURAMÉRICA
Trabajadores de Cuba (www.trabajadores.cu)
En
algunos países de Suramérica, como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay, se da un alto nivel de acoso sexual, pero son pocas las medidas
legales que se aplican para combatirlo, asegura un cable de EFE a propósito del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado
este 25 de noviembre.
La
única de estas naciones que dispone de una ley para prevenir y sancionar el
acoso sexual en los espacios públicos es Perú, gracias a una medida promulgada
en el 2015 por el entonces presidente Ollanta Humala Tasso. No obstante, datos
de la Defensoría del Pueblo confirman que hasta la fecha solo 14 de los 43
distritos de Lima Metropolitana cuentan con ordenanzas municipales para
combatir estos actos.
En
Uruguay, aunque no existe una medida específica, el acoso en las calles está
contemplado dentro de una legislación integral de violencia basada en género;
mientras en Chile, en el 2015, el Observatorio Contra el Acoso Callejero (Ocac)
impulsó en el Congreso un proyecto de “ley de respeto callejero”, aprobada en
octubre pasado por la sala del Senado.
En
Bolivia, en el 2017, hubo un intento de regular el acoso sexual callejero en un
nuevo Código Penal, pero el Gobierno retiró el proyecto completo debido a
cuestionamientos a otros de los apartados. Parecida fue la situación en
Paraguay, que en el 2016 sancionó la Ley Integral de Violencia, donde en un
principio se hablaba de penalizar el acoso callejero, pero, finalmente, ese
punto no se incluyó en el proyecto.
Argentina
está a la espera de que el Parlamento apruebe en el Congreso de la Nación un
proyecto de ley que busca sancionar, con multas de entre unos 150 y hasta mil
500 dólares, los casos de acoso. En ese país el 93 % de las mujeres declaran haber
sufrido acoso sexual callejero a lo largo de su vida y el 80 % dice sentirse
insegura.
LA DEMOCRACIA
LATINOAMERICANA ENFRENTA SU CRISIS DE MEDIANA EDAD
La caída del apoyo a la democracia y el
aumento de los indiferentes demandan atención y acción.
El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com)
La
democracia en América Latina enfrenta su crisis de la mediana edad justo cuando
se cumplen los 40 años del inicio de la Tercera Ola en nuestra región. Los
datos de la encuesta de opinión Latinobarómetro 2018, recientemente divulgados,
nos alertan del momento complejo que esta atraviesa.
El
apoyo a la democracia, promedio regional, vuelve a caer y se dispara la
insatisfacción con la misma. El nivel de apoyo pierde 5 puntos respecto del
2017 y se ubica en el 48 %, el peor indicador desde la crisis de 2001. El
porcentaje de indiferentes (entre sistema democrático y autoritario) sube 12
puntos en los últimos ocho años, pasando del 16 % al 28 %, especialmente entre
los jóvenes de 16 a 26 años, lo que es grave por sus potenciales consecuencias
futuras. El apoyo a gobiernos autoritarios se mantiene estable en 15 %.
Argentina, con 58 %, se ubica en el cuarto lugar, por detrás de Venezuela,
Costa Rica y Uruguay.
Por
su parte, el porcentaje de la población insatisfecha con el funcionamiento de
la democracia dio un gran salto, pasó del 51 % en 2009 al 71 %, mientras la
satisfacción descendió con fuerza del 44 % al 24 %, su nivel más bajo desde que
la encuesta inició hace ya dos décadas. Argentina, con 27 % de satisfacción,
ocupa el quinto lugar, detrás de Uruguay, Chile, Costa Rica y Ecuador.
Los
temas económicos son la principal preocupación en la mayoría de los países.
Salvo en los casos de Bolivia, Chile y la República Dominicana, los
latinoamericanos sienten que sus países están estancados: 49 % opina que no hay
progreso; 28 %, que están retrocediendo; y únicamente, un 20 % estima que están
progresando.
En
Argentina, la grave recesión y la compleja situación social trajo como
consecuencia que el porcentaje de población que se autodenomina “de clase
media” haya disminuido 14 puntos en los últimos cinco años; la caída más alta
en toda Latinoamérica. El crimen es el segundo problema en orden de
importancia, liderando la lista de preocupaciones incluso en países relativamente
seguros, como Chile y Uruguay.
Pese
a los graves y generalizados escándalos de corrupción que vive la región,
únicamente en siete países este flagelo ocupa un lugar de relevancia en la
agenda pública: Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, México, Paraguay y República
Dominicana. Sorprende el caso de Argentina, país en el que pese a la
interminable serie de graves casos de corrupción, solo el 3 % de su población
considera este flagelo como el principal problema.
Este
sentimiento de descontento y frustración impacta negativamente en los niveles
de legitimidad de las instituciones, afectando en especial a los congresos y a
los partidos, cuya credibilidad se desploma al 13 %.
Los
votantes se alejan cada vez más de estos, al tiempo que aumenta el enojo con la
política y las élites e irrumpen candidatos populistas de derecha e izquierda.
Los triunfos de Andrés Manuel López Obrador, en México, y de Jair Bolsonaro, en
Brasil, son dos ejemplos recientes de este fenómeno. Bajos nivel de apoyo a la
democracia (Brasil, con 34 % y México con 38%), alto nivel de indiferencia
entre democracia y autoritarismo (41 % en Brasil y 38 % en México) y un
bajísimo nivel de satisfacción con la democracia (16 % México y 9 % Brasil),
combinado con un desempeño económico mediocre, alta corrupción y elevada
inseguridad son el caldo de cultivo que favorece la llegada de líderes
antisistema.
Reflexión
final: esta caída de los indicadores de cultura política coincide con el
deterioro que experimenta la calidad de la democracia en nuestra región, según
el Índice Democrático 2017 del semanario 'The Economist'. Solo Uruguay califica
como “democracia madura”. Diez países, incluida la Argentina, son
considerados “democracias con fallas”. Otros cinco países son tipificados como
regímenes híbridos: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Paraguay. Y dos
son calificados como autoritarios: Venezuela y Cuba.
¿Cuál
es la causa principal de este descontento y frustración con la democracia? La
falta de resultados. Los latinoamericanos no están pidiendo más autoritarismo.
Menos ideologizados y más pragmáticos, lo que demandan es que sus gobiernos los
escuchen, gobiernen con transparencia y den respuesta oportuna y eficaz a sus
expectativas y demandas.
¿Existe
riesgo de que se produzca un colapso generalizado de la democracia en la
región? No en el corto plazo. Pero si la calidad de nuestras democracias
continúa deteriorándose, sí existe el riesgo de que las actuales tendencias
populistas y autoritarias aumenten peligrosamente.
En
este escenario, una parte cada vez mayor de latinoamericanos estaría dispuesta
a sacrificar trozos de democracia a cambio de mejor bienestar económico y mayor
seguridad. La nueva caída del apoyo a la democracia y el fuerte aumento de los
indiferentes son dos campanazos de alerta que demandan atención y acción.
¿Qué
hacer? Poner en marcha una agenda renovada que apunte a recuperar la confianza
ciudadana con la política, sus élites e instituciones, ampliar los espacios de
participación ciudadana y garantizar una ciudadanía efectiva, todo ello con el
objetivo de fortalecer la gobernabilidad y sentar las bases de una democracia
de nueva generación, de mayor calidad y, sobre todo, resiliente, es decir, con
capacidad para afrontar crisis y desafíos complejos, incluidos los cambios
disruptivos de la cuarta revolución industrial, sobrevivir a ellos, innovar y
recuperarse.
ANÁLISIS SEMANAL: UN PAÍS
SIN RUMBO, CON RECESIÓN ECONÓMICA, INFLACIÓN E INCERTIDUMBRE POLÍTICA
Misiones Online de Argentina misionesonline.net)
En
una semana que quedará marcada triste y escandalosamente por la violencia y lo
extradeportivo, en la que se debió postergar la gran final de la Copa Conmebol
Libertadores por la agresión al equipo de Boca Juniors mientras llegaba en
micro a la cancha de River Plate, las variables de la economía y la política
argentina tampoco dieron buenas noticias al Gobierno Nacional de Cambiemos.
En
materia económica, el dólar que desde el martes (el lunes no hubo actividad
cambiaria por el feriado) mostró una tendencia alcista de unos pocos centavos
diarios, el viernes pegó el salto y se incrementó $ 1.07 cerrando a $ 38,50
logrando así la mayor suba diaria desde septiembre, con lo que enciende una luz
de alarma en la política monetaria que lleva adelante el presidente del Banco
Central, Guido Sandleris, por la presión que significa esta suba en las
expectativas de inflación que sigue en niveles insostenibles.
En
este escenario se conocieron cifras del INDEC que aumentan la preocupación de
los observadores económicos, el retroceso del 5,8% interanual de la economía
indica que se entró nuevamente en recesión al acumular resultados negativos por
seis meses seguidos. La actividad económica en conjunto bajó en el noveno mes
del año debido a la menor producción industrial, el retroceso en el consumo, la
construcción y el transporte, de acuerdo a lo informado por el INDEC.
La
presión cambiaria del viernes no se produjo porque salieron a comprar dólares
la vecina y el cadete, como dijo en algún momento el ministro de Hacienda,
Nicolás Dujovne, sino porque los fondos de inversión que juegan por varios
millones de dólares no renovaron las Lebacs, licitadas ése día y se
posicionaron en la moneda norteamericana lo que significa, además, fuga de
capitales y descenso de las reservas del BCRA que están observando seriamente
hasta los auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Debido
a la estabilidad cambiaria que mantuvo la moneda norteamericana bastante
tranquila durante casi un mes el Banco Central había comenzado a bajar
tímidamente la tasa interés de referencia, que es la que paga por las Lebac y
Leliq que llegó esta semana al 60%, pero con el salto del viernes, la gran
incógnita es que hará Sandleris la próxima licitación de estos derivados
financieros.
Mentiras verdaderas
Así
las cosas, el momento político del presidente Macri sigue empeorando y la
gente, principalmente en Buenos Aires donde está uno de sus mejores anclajes
electorales, empezó a notar el montaje mediático armado para proteger la
gestión. Montaje que no solo maquilla los desaciertos económicos en lo macro
sino también mintiendo en temas graves como la inflación real que, de acuerdo a
lo estimado por consultoras privadas, superaría ampliamente el 50 por ciento.
Se
suman a estas situaciones, desfavorables para el oficialismo, la revelación que
hizo esta semana el financista Federico Elaskar, dueño de la financiera SGI
conocida como “la Rosadita”, al afirmar cuando declaró en el juicio oral de la
denominada Ruta del dinero K que el sindicalista Luis Barrionuevo y el
periodista Jorge Lanata le “llenaron la cabeza” para que declare en contra de
Cristina Fernández en el programa Periodismo para Todos y en la causa judicial.
Se trata de una de las tantas causas que se le iniciaron a la ex presidenta
desde la sede del fuero penal federal en Comodoro Py, donde los principales
acusados son Lázaro Báez y sus hijos, habiendo declarado el fiscal la “falta de
mérito” a CFK, desvinculándola de la causa, aunque hay una apelación de la
Oficina Anticorrupción que comanda Laura Alonso.
Como
si fuera poco, también en el curso de la misma semana, se conoció que la
investigación judicial comprobó que las supuestas cuentas en el exterior a
nombre del hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina, Máximo Kirchner y la
ex ministra de Seguridad y actual diputada nacional Nilda Garré, que denunció
con gran despliegue mediático en 2015, no existieron nunca. El actual diputado
nacional y dirigente de La Cámpora y la ex ministra Garré fueron sobreseídos
por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
En
el complicado laberinto político de Cambiemos, todo indica que quien también
plantaría bandera y no continuaría en el espacio oficialista es el diputado
Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
Pensando que Mauricio Macri no llega a la reelección prefiere tomar distancia.
Igual
que los radicales a nivel nacional que lo están viendo débil a Macri y, como se
dijo, no concurrieron esta semana por primera vez a una reunión de Gabinete.
Ahora que más los necesita, lo empezaron a dejar solo, dijo un dirigente de
tercera línea del Pro que está trabajando en el armado de una línea de jóvenes
militantes pensando en un eventual recambio para el año electoral.
Tantas
desconfianzas, hasta dejó espacio para las dudas acerca de la manera y
oportunidad de comunicar el hallazgo del hundido submarino ARA San Juan, donde
varias fuentes indican que desde el Gobierno se habría manejado la información
del hallazgo del lugar del naufragio mucho tiempo antes.
La alternativa federal
En
la oposición, lo más trascendente de la semana fue la reunión de Alternativa
Federal que conformaron el senador Miguel Pichetto, el gobernador de Salta Juan
Urtubey, el dirigente del Frente Renovador Sergio Mazza y el gobernador de
Córdoba Juan Schiaretti, a la que convocaron a otros mandatarios provinciales.
Un
dato sobresaliente en la política misionera, es que entre los participantes del
encuentro estuvo el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, además de los
mandatarios de Entre Ríos, Chaco, Tucumán, entre otros gobernadores peronistas.
Aunque
no hubo ninguna comunicación oficial ni documento sobre lo tratado en el
encuentro, lo que trascendió es que se está buscando la construcción de un gran
frente opositor para enfrentar a Cambiemos en la presidenciales del 2019,
aunque la gran discusión sigue siendo, con Cristina o sin Cristina y, ahí como
en todo el peronismo, las opiniones están divididas.
Un
hecho anecdótico que no hubiera tenido tanta trascendencia si no fuera por la
situación crítica por la que pasa la mayoría de los argentinos por la debacle
económica en un panorama de incremento del desempleo, la pobreza y la
indigencia, además que el personaje pretende llegar a la presidencia, fueron
las declaraciones del mandatario salteño Juan Manuel Urtubey en un programa de
La Nación TV, donde aseguró que lo que gana como gobernador (una cifra cercana
a los 100 mil pesos mensuales) no le alcanza, habría que preguntarle si sabe
cuánto cobra por mes un jubilado que percibe la mínima, con las últimas
mediciones muy por debajo de la línea de indigencia.
A
todo esto, en una Buenos Aires blindada por las extremas medidas de seguridad
dispuestas por el evento, este viernes comienza la reunión de presidentes del G
20 en la cual el gobernador de Misiones, por un especial pedido del presidente
Macri, participaría en alguna de las reuniones del mandatario argentino con los
líderes mundiales, donde esperan lograr las tan ansiadas inversiones que, hasta
ahora, no fueron lo esperado por el líder del Pro.
Una administración sensata y prudente
En
medio de esta crisis nacional, donde hasta los millonarios se quejan (Eduardo
Constantini, dueño del barrio cerrado Nordelta y el MALBA dijo que ya no
es billonario), Misiones se posiciona como una isla, gracias a
una gestión inteligente que la llevó a ubicarse estratégicamente en un lugar
donde no recibe tan directamente los golpes como otras administraciones
provinciales que tuvieron que tomar deuda para enfrentar gastos corrientes. Con
un área social bien atendida y brindando respuestas holgadamente en el área de
la salud, con calidad y costo cero.
En
sólo 15 días, el gobernador Hugo Passalacqua inauguró dos fábricas,
emprendimientos privados con capitales del exterior, que ya generan empleo en
Misiones, y en momentos en que en el país, las fabricas cierran en el Parque
Industrial de Posadas se inauguraron y están ´produciendo, una fábrica de
lámparas led de bajo consumo y un emprendimiento que producirá baterías de
litio, equipos de almacenamiento de energía y en una próxima etapa una moto
eléctrica que será ensamblada totalmente en Misiones.
Esa
es la razón de que haya cierta satisfacción todavía en las familias misioneras,
donde se vive un clima de paz en comparación con la parafernalia de otras
provincias que han perdido muchos días de clases, viven con conflictos gremiales
permanentes y no tuvieron los manejos ordenados como para enfrenta el pago del
bono de fin de año a los trabajadores estatales.
Si
bien este contexto del pago de un bono a los trabajadores de la administración
pública, que incluyó hasta a los jubilados del IPS, (mientras que el Gobierno
nacional ya aseguró que no habrá bono para los jubilados) con sueldos de
estatales pagados en término, los planes “Ahora” en una muy buena articulación
público privada hace que se viva el clima mencionado, los dirigentes de la
Confederación Económica de Misiones (CEM) esperan ansiosos la visita del
ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien se convirtió en una pieza
clave del gabinete nacional desde la restructuración que eliminó varios
ministerios.
Si
todo se desarrolla de acuerdo a lo programado Sica estará en Posadas el próximo
martes para presentar en la provincia el programa Argentina Exporta,
circunstancia que desde la CEM aprovecharán para solicitar al ministro un mejor
acceso al crédito, la eliminación de retenciones a las exportaciones de las
economías regionales, la aplicación del tan mentado artículo 10 de la Ley Pyme
y medidas compensatorias ante la inminente apertura de zonas francas en
ciudades fronterizas del Brasil.
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