La férrea política migratoria con la que el flamante presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, debutó en su cargo no solo perjudica a los
ciudadanos mexicanos y musulmanes. Ahora le toca el turno a los argentinos,
quienes gracias a una resolución firmada por el republicano, ven más complicado
el ingreso al país del norte. El escrito firmado por el magnate surge en el marco
de su objetivo por reforzar los controles en sus fronteras, ya sean terrestres,
marítimas o aéreas. A partir de esa semana, una orden ejecutiva firmada el 27
de enero termina con una facilidad de la que gozaban los menores de 16 años y
los mayores de 66, quienes podían realizar por correo el trámite de solicitud
de visa de ingreso sin tener que hacer una entrevista.
La noticia
fue anunciada por la embajada de Estados Unidos en Argentina mediante un
comunicado publicado en su página web y que tiene por finalidad “aumentar la seguridad del proceso de solicitud de visa en todo
el mundo”. A partir de ahora, el Departamento de Estado requiere entrevistas de
visa para todos los argentinos excepto los “menores de 14 y mayores de 79
años”. La facilidad de realizar el trámite por correo había sido anunciado hace
menos de un año, en consonancia con la visita del exmandatario Barack Obama, en
marzo de 2016. En aquella oportunidad, Obama y Macri habían acordado de palabra eliminar algunas
trabas para el ingreso de argentinos a Estados Unidos. Entre esas iniciativas
hasta se habló de la posibilidad de eliminar la visa entre los países, algo que
con la nueva administración suena imposible.
Pero hubo más
cambios. A partir de ahora se acortan los plazos para la renovación de visas
vencidas y podrán ser eximidos de la entrevista personal aquellos postulantes
que tengan el documento vencido hace menos de 12 meses. El plazo, hasta la
resolución, era de cuatro años.
Las
autoridades diplomáticas del país del norte advierten: “Esto puede tener un
impacto en el tiempo de espera para programar una cita en el consulado. Se
recomienda a quienes planeen viajar a los Estados Unidos que comiencen el
trámite de solicitud de visa con la mayor anticipación posible”.
Según datos
de noviembre de 2015, Argentina era el segundo país del mundo en la emisión de visas
para Estados Unidos, detrás de China. El entonces embajador, Noah Mamet, había
decidido un operativo especial de doble turno para reducir los tiempos de
espera para el otorgamiento del documento. Entonces, se procesaban
aproximadamente 32.000 visas por mes y desde 2007, la cantidad de visitantes
argentinos se incrementó año a año: de los 267.000 pasajeros registrados en
aquel momento se llegó a 685.000 en 2014. El
País de España (www.internacional.elpais.com)
LA
REFORMA MIGRATORIA EN ARGENTINA PREOCUPA A LAS COMUNIDADES LATINOAMERICANAS QUE
VIVEN EN EL PAÍS
Sputnik
News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
El presidente
argentino Mauricio Macri anunció un decreto que modifica y vuelve más estricto
el régimen migratorio vigente. Sputnik consultó la opinión de la presidenta de
la Federación de Asociaciones Civiles de Bolivia en Argentina (FACBOL), Norma
Andía.
"Estamos
muy preocupados por esto que estamos recibiendo y escuchando. Nosotros como
federación boliviana estamos pendiente de toda nuestra comunidad, que esté
documentada y en regla dentro de los marcos de la ley argentina", expresó
Andía. "Buscamos mantener asesorados e informados a todos en la comunidad,
pero lamentablemente todas estas declaraciones, más allá de lo que una puede
decir, por más conocimiento que tenga, da miedo", agregó.
La dirigente
comunitaria se refirió a la actual situación que viven muchos bolivianos en
Argentina. "Hay gente que trabaja más de ocho horas cobrando poco dinero.
Pero la gente aquí empezó a conocer sus derechos y a pedir ayuda en los lugares
que corresponde", dijo. Sobre el paralelismo de esta política con las
medidas anunciadas simultáneamente en Estados Unidos por Donald Trump, Andía
manifestó que "está para pensarlo eso, dicho entre comillas. Parecería que
se hubiesen puesto de acuerdo para que esto pase tanto en Estados Unidos como
acá".
Además en GPS
Internacional, hablamos sobre el concepto y la historia de la geopolítica.
"Es lo relacionado a la dimensión de la organización territorial del ser
humano. Eso es lo esencial. Luego hay que diferenciar entre la dimensión
territorial de la organización humana y lo que es en sí la teoría geopolítica",
indicó Andrés Rivarola Puntigliano, director del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. "Lo que se crea en Suecia
es el concepto de geopolítica con el politólogo Rudolph Kjellen a fines del
siglo XIX. Pero en realidad el análisis se venía dando mucho antes sobre todo
con la geografía alemana", añadió. "Desde el realismo la geopolítica
se asoció mucho a imperialismo, grandes potencias y se ha hecho una especie de
sinónimo de guerra y conflicto. Y por supuesto que lo hay, pero creo que la
geopolítica es mucho más amplia que eso", afirmó Rivarola, autor de varias
publicaciones sobre geopolítica y desarrollo.
En el cierre,
conocemos más sobre la muestra que el Museo de Arte Precolombino e Indígena del
Uruguay (MAPI) estará inaugurando en los próximos días en importantes ciudades
de Rusia. Dialogamos con el director del Museo, Facundo De Almeida.
AMÉRICA LATINA DEBE APOSTAR POR LEYES MIGRATORIAS QUE
GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS
El País de Costa Rica (www.elpais.cr)
El
endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y Argentina, que
incluye un mayor control en sus fronteras, podría crear una nueva tendencia en
América Latina cuando en realidad se necesitan leyes integrales que garanticen
el respeto a los derechos humanos, señalaron el martes expertos consultados por
Sputnik Nóvosti.
Varios
docentes y especialistas advirtieron que al igual que sucede en EEUU, en la
región existen también políticas que criminalizan la migración e insistieron en
que este fenómeno mundial no se frenará con muros.
Los
decretos firmados la semana pasada por el presidente de EEUU, Donald Trump,
establecen la construcción de un muro en la frontera entre EEUU y México y
endurecen las leyes contra el ingreso de inmigrantes indocumentados.
Trump
firmó el viernes una orden ejecutiva que suspende por tiempo indefinido la
acogida a refugiados sirios y por 120 días si provienen de otros países.
Además
vetó por 90 días la entrada de ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia,
Sudán y Yemen.
Pero no
solo EEUU ha cambiado su política migratoria.
El
Gobierno de Paraguay anunció el lunes que intensificará los controles para el
ingreso de inmigrantes ilegales en el país debido a la “permeabilidad de sus
fronteras”, mientras que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, modificó a
través de un decreto la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y
acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o
con antecedentes penales.
“Esto
puede crear una tendencia, porque Argentina hasta ahora era uno de los países
más abiertos del mundo: el giro de Macri es muy sintomático, un cambio muy
radical en la política de inmigración y otros países puede que sigan esa
línea”, señaló Pedro Costa Júnior, profesor de Relaciones Internacionales de la
Escuela Superior de Publicidad y Marketing de São Paulo (ESPM).
El
docente aseguró que existe un resurgimiento de las disputas regionales, los
estados-nación y la militarización, por ello considera que se trata de una
tendencia mundial que se verá potenciada con Trump.
“EEUU
fueron la cuna de la apertura y el libre comercio, si ahora va en la dirección
contraria algunos países lo acabarán copiando”, aseguró el también profesor de
la Facultad de Campinas (Facamp) remarcando el poder de atracción de la primera
potencia mundial.
Sin
embargo, a pesar de los signos que aparecen en EEUU y Argentina, Costa no cree
que Brasil se contagie automáticamente de esta nueva política hacia los
inmigrantes, porque es un país “muy mestizo” y construido históricamente por
los inmigrantes, pero sobre todo porque el gobierno está en un momento
“conturbado”.
LOS
PROBLEMAS SON OTROS
Para la
experta venezolana en derechos humanos Laila Tajeldine la región pretende
imitar las políticas migratorias que impulsa Trump y considera que acciones
como las que han tomado Argentina y Paraguay con relación a los migrantes
quebrantan el espíritu de integración latinoamericana.
“La
migración no es el verdadero factor que activa los problemas sociales,
económicos y políticos en estos países, sino todo lo contrario, el sistema
económico imperante, el capitalismo, es lo que está causando problemas en el
mundo”, señaló Tajeldine, quien ha integrado la delegación diplomática de
Venezuela en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y en
el Consejo de Seguridad.
Por otro
lado, el especialista argentino Diego Morales indicó a esta agencia que con el
decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri, todos los extranjeros
vinculados a una investigación criminal pueden ser expulsados del país aunque
el delito sea menor.
“La
cantidad de personas que pueden estar sometidas a una expulsión se amplía
enormemente”, señaló a esta agencia Morales, integrante del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS).
De esa
forma, “delitos vinculados a la vida cotidiana, como la venta en la vía pública
o la resistencia a la autoridad, pueden dar lugar al comienzo de un juicio para
averiguar si hubo delitos o no”, añadió el director del área de Litigio y
Defensa Legal del CELS.
DOBLE DISCURSO
Mientras,
el sociólogo boliviano Alfonso Hinojosa aseguró que también en su país se han
impuesto nuevas medidas “antimigratorias”, pues se lleva adelante un censo de
extranjeros para tener control de la creciente ola migratoria de colombianos y
brasileños a Bolivia.
“No es un
plan de derechos humanos, sino de control ante la ola de delincuencia según la
versión oficial”, afirmó a esta agencia Hinojosa, investigador de la
Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.
También
consideró que las políticas migratorias impulsadas en América Latina no son
integrales y se reducen a controles de seguridad interna y a criminalizar a la
población migrante.
Asimismo
sostuvo que si bien a nivel de la Organización de las Naciones Unidas existe la
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares, esta no se cumple “porque en la
temática migratoria laboral existe un doble discurso de los países receptores
con referencia a las economías en las que se insertan dichos migrantes”,
añadió.
CAMBIOS
EN CHILE
En esa
misma línea opinó el líder del Movimiento de Acción Migrante (MAM) de Chile,
Eduardo Cardoza, quien señaló que la progresiva migración se debe tramitar a
través de leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos en lugar de
controlarse con barreras.
En Chile,
el Gobierno de Michelle Bachelet comprometió una nueva ley de migraciones para
reemplazar a la que data de 1975, instaurada por decreto durante la dictadura
de Augusto Pinochet (1973-1990) y que “ve al extranjero como un enemigo”,
explicó el miembro de la Asociación de Uruguayos en Chile.
Esta
antigua política, permite que las policías fronterizas discriminen quien entra
o no al país y condiciona la entrega de visas a un contrato de trabajo.
Según
Bachelet, el nuevo proyecto de ley que sería ingresado el pasado enero al
Parlamento, iría en contra de la tendencia proteccionista, ya que busca poner
el foco en los derechos humanos de los migrantes y garantizar su acceso a
salud, vivienda, educación y trabajo.
Por su
parte la socióloga chilena María Emilia Tijoux consideró que la inmigración no
es un problema, sino “un fenómeno social mundial ” y criticó las declaraciones
realizadas hace un tiempo por el candidato opositor y expresidente (2010-2014)
Sebastián Piñera, quien asoció el aumento de la inmigración latinoamericana en
el país con la delincuencia.
Esas
palabras significan “ignorar los datos que entrega el mismo Ministerio del
Interior y las policías”, que aseguran que de 477.000 extranjeros que vive en
el país, menos de uno por ciento ha protagonizado un delito, concluyó la
académica de la Universidad de Chile.
PASOS
FRONTERIZOS DE SALTA, EXCLUIDOS DE LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN DE NACIÓN
El
Gobierno jerarquizó a 14 pasos internacionales del país para mejorar la
integridad regional y la lucha contra el crimen. Aguas Blancas y Salvador Mazza
no fueron incluidos, pese a los altos niveles de contrabando y narcotráfico.
El
Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
El Gobierno
nacional elevó la categoría de 14 pasos internacionales del país a centros de
frontera. Salvador Mazza y Aguas Blancas no figuran en la lista que se
oficializó días atrás, pese que están azotados por el contrabando y el
narcotráfico. Sico, en el límite con Chile, también fue excluidos mientras, por
citar un caso, aparece San Francisco de Catamarca.
Con esta
nueva categoría se apunta a mejorar la integración regional y comercial.
En el decreto
68/17, que firmó el presidente Mauricio Macri, se remarca que "resulta
preciso priorizar inversiones de infraestructura" en los nombrados
centros.
Con ese
instrumento se creó además una Comisión Nacional de Fronteras. Según
información oficial, este organismo tendrá por objetivo "establecer una
estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el
contrabando y otros delitos transnacionales".
Bajo esta
comisión, encabezada por el jefe de Gabinete Marcos Peña, estarán los complejos
que quedaron como pasos internacionales y los 14 que fueron jerarquizados como
centros de frontera.
Los
argumentos
"Teniendo
en cuenta que en la actualidad existen ciertos complejos fronterizos que por su
magnitud, concentración de tráfico y entidad requieren ser calificados y
habilitados como centros de frontera", establece el decreto que también
lleva las firmas de Marcos Peña y los ministros del Interior y Seguridad,
Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich.
Al argumentar
la decisión de la elección de los centros de frontera, el Gobierno sostuvo que
se debe "a la necesidad de mejorar el desarrollo del comercio
internacional y de orientar la política exterior a la integración con los
países limítrofes, así como la prioridad otorgada por esta gestión a la lucha
contra los delitos trasnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y
el contrabando".
La norma está
en el marco del mayor control migratorio que lleva adelante la Casa Rosada y
fue anterior al decreto de necesidad de urgencia que establece más
restricciones para los inmigrantes vinculados al delito que se oficializó el
lunes pasado.
El diputado
nacional Pablo Kosiner cuestionó que los pasos de fronterizos de Salta hayan
quedado afuera de la nueva categorización. No están incluidos como centros
fronterizos porque se prioriza el criterio del movimiento económico y de
personas. "Me parece que es contradictorio ya que en los pasos de Salta o
Jujuy hay mucho para mejorar en controles de comercialización ilegal, y era el
momento para hacerlo".
Desde la
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera afirmaron que la división se
planteó acorde a las características de cada lugar. Los centros de frontera
estarán bajo la órbita del Ministerio del Interior, mientras que los pasos
internacionales en Seguridad por "los delitos complejos que tienen".
"Particularmente
se discutió cómo quedarían los pasos del norte por el tema del narcotráfico y
la trata, por eso se los dejó en el Ministerio de Seguridad", agregaron
responsables del área desde Buenos Aires.
En el
decreto, el Gobierno subraya que se "valorará mediante elementos de juicio
objetivos, substancialmente estadísticos, la magnitud, concentración y entidad
de las actividades de organismos afectados en los referidos complejos".
Los centros
de frontera abarcarán los complejos fronterizos de control migratorio,
aduanero, fitozoosanitarios y de servicios complementarios, ubicados en las
inmediaciones de los respectivos pasos internacionales.
Por otra
parte, la nueva comisión estará integrada por Seguridad, Relaciones
Internacionales, del Interior, de Transporte, de Agroindustria y de Salud, así
como de la AFIP, de Gendarmería Nacional, de Prefectura y por el jefe de la
Policía Federal.
Por expresiones discriminatorias contra los inmigrantes
PATRICIA BULLRICH, DENUNCIADA ANTE EL INADI
La organización social Barrios de Pie denunció a la
ministra de Seguridad por "discriminar y estigmatizar" a los
extranjeros que vienen a la Argentina. Bullrich vinculó directamente a la
inmigración latinoamericana con el narcotráfico. "Acá vienen paraguayos y
peruanos que se terminan matando por el control de la droga", había dicho.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Luego de
las declaraciones de la ministra de Seguridad sobre la reforma que endurece los
requisitos migratorios, desde la organización social Barrio de Pie denunciaron
a la funcionaria frente al Inadi por considerar que los dichos de la ministra
"discriminan y estigmatizan" a los extranjeros.
“Patricia
Bullrich parece una funcionaria de Donald Trump”, ironizaron desde Barrios de
Pie, al comparar la política xenófoba del recién llegado presidente
estadounidense. Hace tres días, Trump vetó la entrada de
inmigrantes provenientes de Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Irak y
Yemen.
En la
presentación del decreto que endurece los controles migratorios en la
Argentina, Bullrich vinculó directamente a la inmigración latinoamericana
con el narcotráfico. “Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se
terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros
que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”,
acusó la ministra.
Estos
dichos generaron la reacción de dirigentes opositores y organizaciones de
derechos humanos por considerarlos xenófobos y racistas. “Si bien estamos de
acuerdo con que se fortalezcan los controles para luchar contra el
narcotráfico, nada tiene esto que ver con estigmatizar a las comunidades
extranjeras que vienen a trabajar a nuestro país”, sostuvo en un comunicado el
coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Para el dirigente, el
avance del narcotráfico se explica por “el entramado corrupto entre la policía
y el poder judicial, más que por la inmigración”.
La
funcionaria volvió justificar los cambios en la ley migratoria, que
prohíbe el ingreso a extranjeros con antecedentes, al asegurar que
"tenemos una frontera muy amplia que tiene caminos irregulares".
Agregó que no se trata de una medida contra la inmigración, sino a favor de
la seguridad. "Nosotros también le exportamos a Bolivia el problema.
El año pasado detuvieron a 29 argentinos".
UN DIPUTADO ARGENTINO PIDE CONSTRUIR UN MURO CON BOLIVIA
El legislador, admirador de Donald Trump, respalda el
endurecimiento de la política migratoria de Macri
El País de España (www.internacional.elpais.com)
La decisión de Donald Trump de extender el muro entre Estados Unidos y
México para frenar la inmigración cuenta con partidarios en el
extremo sur de América. El diputado independiente argentino Alfredo Olmedo
instó al Gobierno de Mauricio Macri a seguir el ejemplo del presidente
estadounidense y construir una barrera física entre Argentina y Bolivia.
"Yo conozco la frontera y muy bien, hay que hacer un muro", aseguró
Olmedo, diputado de la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, durante un
debate televisivo sobre el endurecimiento de la política migratoria en
Argentina. El legislador por Salta Somos Todos argumentó que actualmente no hay
vigilancia a lo largo de la frontera terrestre entre ambos países y "por
eso pasa la droga, la trata de personas y las cosas que pasan".
"Estoy de acuerdo 100% con Trump", agregó ante las miradas de sorpresa
y reprobación de los demás panelistas convocados por el canal C5N.
Olmedo,
exaliado político de Macri y autor de una larga lista de declaraciones
polémicas, respaldó también el decreto presidencial publicado este lunes que agiliza la expulsión de
extranjeros que cometan un delito y ordena más controles fronterizos
para franquear el paso a aquellos inmigrantes que tengan antecedentes penales.
"El pueblo boliviano es un pueblo muy trabajador y yo lo respeto mucho.
Pero el delincuente que se quede del otro lado. Y si hay un delincuente que
entró, de Colombia, de Paraguay, del lugar que sea, se tendrá que volver a su
casa, no le vamos a pagar la cárcel", subrayó durante el debate.
Un muro
con Paraguay
Argentina
tiene ya con un pequeño muro con otro de sus vecinos, Paraguay. De cinco metros
de alto y 1,3 kilómetros de extensión, la barrera de hormigón construida en
2015 obliga a dar un rodeo a los peatones que desean cruzar desde la ciudad
argentina de Posadas a la paraguaya Encarnación. El muro fue levantado por la
Entidad Binacional Yacyretá, una empresa mixta que opera la central
hidroeléctrica construida en el río Paraná que hace de frontera natural entre
Argentina y Paraguay. La actual gestión de la entidad se opone al muro
construido por sus predecesores, pero por ahora no hay planes para derribarlo,
pese a las quejas de vecinos y a la campaña de firmas organizada en contra.
La
Cancillería argentina ha expresado públicamente su preocupación por la "iniciativa unilateral" de Trump de
levantar un muro con México. Igualmente, las declaraciones de Olmedo
no han sido respaldadas por ninguno de los principales partidos políticos
argentinos. Pero sus palabras suben la temperatura del debate reabierto sobre
la inmigración. En este año electoral, tanto el Gobierno como varios políticos
opositores han culpado a los extranjeros por el aumento de la inseguridad, una
de las principales preocupaciones de los argentinos. "Acá vienen
ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la
droga. Muchos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen tanto sea como
capitalistas o como mulas, como choferes o como parte de una cadena en los
temas de narcotráfico", señaló la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich. No es la primera vez que la clase política vincula inmigración y
delito en el país, pero el contexto internacional empuja ahora a que Argentina,
con una histórica tradición de acogida a los inmigrantes, comience a cambiar.
El "Trump argentino"
"MURO CON BOLIVIA": EL DIPUTADO OLMEDO
INSISTE EN AUMENTAR LA "SEGURIDAD"
"Si hay un delincuente que entró de Colombia,
Paraguay, del lado que sea, se tendrá que volver a su casa, por qué encima lo
tenemos que mantener en la cárcel", enfatizó el diputado salteño Alfredo
Olmedo que quiere construir un muro en la frontera con Bolivia. Según el
"Trump Argentino", esa frontera está desprotegida y por ahí
"pasa la droga y la trata de personas".
Urgente 24 de Argentina (www.urgente24.com)
El dirigente
salteño y diputado nacional Alfredo Olmedo volvió a demostrar su fanatismo por
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que el Gobierno
debe construir un muro en la frontera con Bolivia. "Yo conozco la frontera
y muy bien, hay que hacer un muro", aseguró durante una entrevista con
'C5N'.
Olmedo
insistió en que si no se podía levantar "un muro concreto" se levante
"un muro virtual" en donde cumpla la función de ser "un muro de
seguridad donde encause (el tránsito de gente), que se pase por un solo lado,
por dos lados, por tres lados, no por donde quiera".
De todos
modos, quien desfiló por los programas de televisión con el logo de Donald
Trump en los días previos a la elección en los Estados Unidos argumentó que
"el pueblo boliviano es un pueblo muy trabajador y yo lo respeto mucho,
pero el delincuente que se quede del otro lado".
"Si hay
un delincuente que entró de Colombia, Paraguay, del lado que sea, se tendrá que
volver a su casa, por qué encima lo tenemos que mantener en la cárcel",
enfatizó Olmedo, que ante la sorpresa del periodista confirmó que coincice
"100% con Donald Trump".
No es la
primera vez que el diputado sorprende con sus frases y/o proyectos. Por caso,
el año pasado, Olmedo arremetió contra ex piqueteros y miembros de movimientos
sociales a quienes les dijo: "Paren la mano, prueben laburando. ¿Qué país
quieren ustedes?".
El
legislador salteño, que llevó a la Cámara Baja una iniciativa para transmitirle
"al Señor Presidente Electo Donald Trump el mayor de los éxitos en este
nuevo desafío", tiene en su historial varias declaraciones polémicas, entre
ellas, las siguientes:
- "Hay
que trabajar y no descansar. Hay que devolverle al Estado"
- "No
puede haber un grupo de gente que cobra por no hacer nada. Y ahora les van a
aumentar y dar un sindicato"
-
"Ningún país se levanta fomentando la vagancia"
-
"Basta de derechos, para cuando las obligaciones para el pueblo"
Entre sus
polémicos proyectos presentados, figuran los siguientes:
- Un
proyecto para trasladar la Capital Federal de la República Argentina a una zona
comprendida en territorio de las provincias de Salta y Jujuy;
- el llamado
a una consulta popular para que aquellos que no estudian ni trabajan sean
obligados a hacer un servicio militar comunitario
- un
proyecto para modificar el Código Penal y que se incorpore la pena de muerte.
Como complemento firmó otra iniciativa para que se castigue con la pena capital
el homicidio cometido por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o
a la orientación sexual, identidad de género o su expresión;
- un
proyecto para que el Presidente de la Nación sea el padrino del séptimo hijo
sin importar si es varón o mujer;
- otro que
propone prohibir el uso del teléfono celular en el ámbito laboral;
- uno para
que los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos paguen las
prestaciones;
- otro
para que el Estado le pague viáticos a los fiscales de los partidos políticos
en las elecciones, y
- uno para
que los edificios públicos y los comercios estén obligados a contar con un
tercer baño denominado "unisex"
- también
hay en la Cámara Baja un proyecto de consulta popular para incorporar al Código
Penal la castración química y física a violadores.
SALTA
SI PUEDE EXPORTAR SUS VINOS A BOLIVIA
El
Gobierno de Evo Morales aclaró hoy que solo cerró la importación de uva de
mesa.
El
Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
Luego del
gran revuelo que se había generado, luego de que se conoció que Bolivia
cerraría la importación de vinos de Argentina y Chile, hoy se conoció la
desmentida del vecino país. El director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia, Mauricio Ordóñez, aclaró a través
de un comunicado oficial que el Gobierno de Evo Morales prohibió por 90 días
exclusivamente el ingreso de uva de mesa de Argentina y Chile y que la medida
no aplica para vinos y singanis.
Según
explicó, la prohibición se debe a que el sector vitivinícola boliviano,
instalado fundamentalmente en la región de Tarija, tendrá una buena producción
este año.
"Queremos
proteger la producción nacional que se encuentra en el período de la vendimia,
este año habrá una fuerte cosecha, se espera más de 55.000 toneladas de uva en
los próximos 90 días. Esto implica un incremento del 30% y es suficiente para
garantizar el mercado nacional", informó Ordoñez.
El
funcionario boliviano cuestionó además la información difundida el pasado
lunes. "La medida asumida por el Gobierno sólo corresponde a la
restricción del ingreso de uva (fruta fresca) y no así a la importación de
vinos y singanis. Quienes importan esos productos lo pueden seguir
haciendo", aseguró.
La medida no
afecta al sector vitivinícola salteño, ya que en Salta se vinifica el 99% de la
producción de uvas y el resto se consume en el mercado interno.
De la
provincia, y en especial de los Valles Calchaquíes, salen vinos que son
exportados y muy bien recibidos en distintos países.
Repercusiones
El propio el
embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, le dijo a medios
jujeños, que había estado pendiente de este tema y que se generó una confusión,
pero que ya estaba todo aclarado, por lo que el ingreso de vinos argentinos a
Bolivia estaba garantizada.
Empresarios
vitivinícolas salteños también habían expresado su decepción, luego de que
empezara a rodar la noticia del cierre de la frontera para los vinos salteños.
Según los
datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones
anuales de vino de la Argentina son de aproximadamente 500 mil litros que
representaron en el 2015 2 millones de dólares. Y en el 2016 bajo a poco menos
y represento un millón 700 mil dólares.
DETIENEN
A UN HOMBRE BOLIVIANO QUE INTENTÓ ENTRAR A ARGENTINA CON 42 KILOS DE COCAÍNA
Diario
Hoy de Argentina (www.diariohoy.net)
La
Gendarmería detuvo en la ciudad jujeña de La Quiaca a un hombre boliviano
cuando intentaba entrar a la Argentina con 42 kilos de cocaína escondidos en
una camioneta.
El hecho
ocurrió el pasado domingo, cuando personal del Escuadrón 21 "La
Quiaca" patrullaba a pie el límite fronterizo y vio ingresar por un
sendero no habilitado, a orillas del río La Quiaca, una camioneta Nissan Titán
proveniente de Villazón (Bolivia).
Entonces
interceptaron el rodado y al revisarlo vieron que "los tornillos del
tablero se encontraban removidos y presentaban recientes modificaciones" y
descubrieron que en la zona del torpedo había "59 paquetes
rectangulares" que contenían 42 kilos de cocaína.
SECUESTRAN MÁS DE 40 BOLSAS CON MERCADERÍA ILEGAL QUE
VENÍA DESDE BOLIVIA
El Liberal de Argentina (www.elliberal.com.ar)
Una
importante carga con mercadería ilegal, que ingresaba por la Ruta 9 fue
decomisada por efectivos de la Patrulla de Caminos, quienes realizaban un
control vehicular en la localidad de San Marcos.
Según
revelaron las fuentes policiales consultadas, dicho procedimiento se llevó a
cabo pasadas las 9.30, cuando los efectivos -dependientes de la Dirección
General de Seguridad Vial- hicieron detener la marcha al conductor de una
traffic Renault tipo furgón.
Requisa
El chofer
acató la orden de los uniformados y se detuvo sobre la banquina. Allí inspeccionaron
el vehículo y le solicitaron que presente la documentación del rodado. Al
requisar el vehículo advirtieron la presencia de los cuantiosos bultos, por lo
que de inmediato se solicitó también los papeles de la mercadería que llevaba.
Inmediatamente,
el conductor del vehículo -de apellido Chávez, oriundo de la ciudad de Las
Termas de Río Hondo, quien además iba en compañía de un menor- comentó a los
uniformados que llevaba 40 bultos de ropa, pero que no tenía ningún tipo de
documentación.
De
Bolivia a Buenos Aires
En su
relato, el hombre manifestó que esta mercadería la había retirado de la
terminal de Tucumán para ser transportada hacia la provincia de Bs. As. Según
las averiguaciones de los uniformados, los paquetes procedían del país vecino
de Bolivia.
Al no
contar con la documentación correspondiente que justificara su origen, los
uniformados se comunicaron con el abogado de Aduana de la ciudad de La Banda,
Dr. Urueña, quien ordenó que se retuviera la carga hasta tanto arribe el
personal de Gendarmería.
Cuando
los efectivos nacionales llegaron al lugar procedieron a secuestrar toda la
mercadería, mientras que los ocupantes del rodado una vez identificados
continuaron su marcha, ya que la traffic no presentaba ningún tipo de
impedimento para circular. Los bienes sustraídos quedaron a disposición del
juez federal de turno, Dr. Guillermo Molinari, en el depósito de la Aduana.
GLACIARES
DE BOLIVIA AMENAZADOS POR LA MINERÍA
Se
confirmó que existen 40 concesiones mineras en el nevado Illimani y que otros
glaciares de gran importancia para el abastecimiento de agua de las poblaciones
también están en peligro por la actividad minera. Los comuneros de Palca se
declaran en emergencia.
Revista
la Mula de Perú (www.mongabay-latam.lamula.pe)
Por Miriam
Telma Jemio.- “No quisiéramos que haya esa minería, porque va a afectar
al agua que usamos para el riego de nuestros cultivos”, sentencia Olimpia
Alejo, secretaria general de la comunidad de Huancapampa (ubicada en Palca, a
50 kilómetros de la ciudad de La Paz). Los pobladores de este municipio
alertaron sobre la existencia de actividad minera en el nevado Illimani y se
declararon en emergencia por el peligro que representa la contaminación para
las aguas que escurren del glaciar, las cuales son fundamentales para su
producción agrícola.
El pronunciamiento de los comunarios de Palca, realizado hace
cuatro meses, derivó en una investigación que evidenció la existencia de
actividad minera en el nevado Illimani, al igual que en el Mururata (ambos situados en ese municipio) y otros glaciares
ubicados a lo largo de las cordilleras Real y Apolobamba.
La alerta de
los palqueños llamó la atención de las autoridades y de los ciudadanos. Las
voces de rechazo de parte de la población, de entidades políticas y cívicas no
se dejaron esperar. Ante esta situación, funcionarios del gobierno ─incluyendo
el presidente Evo Morales─ negaron que hubiera actividad minera en la icónica
montaña nevada declarada Patrimonio y Paisaje Natural de Bolivia en 2012.
Pero una
investigación del Centro de
Documentación e Información de Bolivia (Cedib) confirmó lo
denunciado por los pobladores de Palca. Tomando como base para su estudio la
información oficial vigente sobre el registro minero nacional actualizado hasta
2014, el Cedib plasmó esos datos en mapas que muestran presencia minera tanto
en el Illimani como en otros nevados. Ante la contundencia de esa información,
el gobierno reconoció la existencia de derechos mineros (concesiones o
arriendos) en la zona, mientras el Comité Cívico Pro La Paz (entidad civil que
aboga por los derechos de los paceños y los representa) reaccionó solicitando
la reversión de los mismos.
Glaciares
en peligro
Tras la
alerta de los palqueños ─quienes han conformado un Comité de Defensa del
Illimani con el objetivo principal de liberar a la región de esa actividad
extractivista─ entidades estatales de minería y el Comité Cívico realizaron, de
manera separada, una inspección al nevado para verificar la denuncia.
Mientras
tanto, los investigadores del Cedib revelaron que 17 226 hectáreas del Illimani
se encuentran bajo derechos mineros, los cuales ocupan hoy una parte de la base
del glaciar, así como algunos otros sectores del mismo nevado. Todas estas
zonas son ostentadas por cooperativistas y privados, como la Compañía Minera
Amazona de Bolivia (Comabol).
“Como Cedib
hacemos seguimiento al problema minero en el país, para eso usamos las bases de
datos oficiales proporcionadas por las autoridades sectoriales. La última
oficial y vigente es la elaborada por el Sergeotecmin (Servicio Nacional de
Geología y Técnico de Minas) en 2014”, explica a Mongabay Latam Georgina
Jiménez, investigadora del Cedib.
Tras la
publicación de la investigación del Cedib, en noviembre pasado, en la que
construyeron un mapa colocando la información oficial vigente sobre la
cartografía del Illimani, el Ministro de Minería, César Navarro, descalificó
ese estudio argumentando que la ONG no utilizó información actualizada a 2016.
Negó la existencia de actividad minera en el nevado y solo reconoció el
arrendamiento de dos contratos de la empresa estatal Corporación Minera de
Bolivia (Comibol) con las cooperativas Bolsa Negra y Cerro Negro.
La investigadora
del Cedib explicó que la información vigente sobre las concesiones mineras en
el país está actualizada oficialmente por la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM) hasta 2014. La AJAM les comunicó que tendrán los
datos hasta 2016 recién en esta gestión.
El trabajo de
los investigadores del Cedib no se quedó en el nevado Illimani. Usando la misma
base de datos oficial, identificaron concesiones mineras en la región
comprendida entre la Cordillera Real y la Apolobamba, la cual alberga una cadena de
glaciares y nevados de gran importancia porque son la fuente principal de agua
para numerosas comunidades.
“Tomando en
cuenta la última información oficial vigente, se demostró que hay derechos
mineros prácticamente en los alrededores de todos los glaciares”, dijo a
Mongabay Latam Marco Antonio Gandarillas, director del Cedib.
De acuerdo
con el mapa superpuesto a las concesiones mineras contempladas en los datos
oficiales, las faldas de los nevados Illampu y Ancohuma están totalmente
cercadas por la actividad minera, y el glaciar Huayna Potosí corre con la misma
suerte, aunque la superficie afectada es menor.
En la
cordillera de Apolobamba la presencia de mineras es alta sobre todo en las
cercanías de los nevados Cavayani, Canisa y Coruquini. En el mapa construido
por el Cedib se ve que también hay concesiones en Matchu Sochi Conchi y otras
que prácticamente rodean a la Reserva de Fauna Ulla Ulla.
Publicado:
hace 15 horas
(Mongabay Latam / Miriam
Telma Jemio).- “No quisiéramos que haya esa minería, porque va a afectar
al agua que usamos para el riego de nuestros cultivos”, sentencia Olimpia
Alejo, secretaria general de la comunidad de Huancapampa (ubicada en Palca, a
50 kilómetros de la ciudad de La Paz). Los pobladores de este municipio
alertaron sobre la existencia de actividad minera en el nevado Illimani y se
declararon en emergencia por el peligro que representa la contaminación para
las aguas que escurren del glaciar, las cuales son fundamentales para su
producción agrícola.
El pronunciamiento de los comunarios de Palca, realizado hace
cuatro meses, derivó en una investigación que evidenció la existencia de
actividad minera en el nevado Illimani, al igual que en el Mururata (ambos situados en ese municipio) y otros glaciares
ubicados a lo largo de las cordilleras Real y Apolobamba.
La alerta de
los palqueños llamó la atención de las autoridades y de los ciudadanos. Las
voces de rechazo de parte de la población, de entidades políticas y cívicas no
se dejaron esperar. Ante esta situación, funcionarios del gobierno ─incluyendo
el presidente Evo Morales─ negaron que hubiera actividad minera en la icónica
montaña nevada declarada Patrimonio y Paisaje Natural de Bolivia en 2012.
Uno de los
picos del glaciar Illimani. Foto: Comité Cívico La Paz
Pero una
investigación del Centro de
Documentación e Información de Bolivia (Cedib) confirmó lo
denunciado por los pobladores de Palca. Tomando como base para su estudio la
información oficial vigente sobre el registro minero nacional actualizado hasta
2014, el Cedib plasmó esos datos en mapas que muestran presencia minera tanto
en el Illimani como en otros nevados. Ante la contundencia de esa información,
el gobierno reconoció la existencia de derechos mineros (concesiones o
arriendos) en la zona, mientras el Comité Cívico Pro La Paz (entidad civil que
aboga por los derechos de los paceños y los representa) reaccionó solicitando
la reversión de los mismos.
Glaciares en
peligro
Tras la
alerta de los palqueños ─quienes han conformado un Comité de Defensa del
Illimani con el objetivo principal de liberar a la región de esa actividad
extractivista─ entidades estatales de minería y el Comité Cívico realizaron, de
manera separada, una inspección al nevado para verificar la denuncia.
Mientras
tanto, los investigadores del Cedib revelaron que 17 226 hectáreas del Illimani
se encuentran bajo derechos mineros, los cuales ocupan hoy una parte de la base
del glaciar, así como algunos otros sectores del mismo nevado. Todas estas
zonas son ostentadas por cooperativistas y privados, como la Compañía Minera
Amazona de Bolivia (Comabol).
Una
cooperativista minera en plena faena de extracción de un mineral. Foto: Comité
Cívico La Paz
“Como Cedib hacemos
seguimiento al problema minero en el país, para eso usamos las bases de datos
oficiales proporcionadas por las autoridades sectoriales. La última oficial y
vigente es la elaborada por el Sergeotecmin (Servicio Nacional de Geología y
Técnico de Minas) en 2014”, explica a Mongabay Latam Georgina Jiménez,
investigadora del Cedib.
Tras la
publicación de la investigación del Cedib, en noviembre pasado, en la que
construyeron un mapa colocando la información oficial vigente sobre la
cartografía del Illimani, el Ministro de Minería, César Navarro, descalificó
ese estudio argumentando que la ONG no utilizó información actualizada a 2016.
Negó la existencia de actividad minera en el nevado y solo reconoció el
arrendamiento de dos contratos de la empresa estatal Corporación Minera de
Bolivia (Comibol) con las cooperativas Bolsa Negra y Cerro Negro.
La
investigadora del Cedib explicó que la información vigente sobre las
concesiones mineras en el país está actualizada oficialmente por la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hasta 2014. La AJAM les comunicó
que tendrán los datos hasta 2016 recién en esta gestión.
La comunidad
Pinaya, ubicada en las faldas del nevado Illimani, usa el agua que escurre del
glaciar para sus cultivos.
El trabajo de
los investigadores del Cedib no se quedó en el nevado Illimani. Usando la misma
base de datos oficial, identificaron concesiones mineras en la región
comprendida entre la Cordillera Real y la Apolobamba, la cual alberga una cadena de
glaciares y nevados de gran importancia porque son la fuente principal de agua
para numerosas comunidades.
“Tomando en
cuenta la última información oficial vigente, se demostró que hay derechos
mineros prácticamente en los alrededores de todos los glaciares”, dijo a
Mongabay Latam Marco Antonio Gandarillas, director del Cedib.
De acuerdo
con el mapa superpuesto a las concesiones mineras contempladas en los datos
oficiales, las faldas de los nevados Illampu y Ancohuma están totalmente
cercadas por la actividad minera, y el glaciar Huayna Potosí corre con la misma
suerte, aunque la superficie afectada es menor.
En la
cordillera de Apolobamba la presencia de mineras es alta sobre todo en las
cercanías de los nevados Cavayani, Canisa y Coruquini. En el mapa construido
por el Cedib se ve que también hay concesiones en Matchu Sochi Conchi y otras
que prácticamente rodean a la Reserva de Fauna Ulla Ulla.
Mapa
elaborado por el Cedib: 1.Glaciar Seiki Kollo. 2.Glaciar Takesi. 3.Glaciar
Mururata. 4.Glaciar Illimani.
En la
cordillera Real, las áreas rojas marcadas en el mapa confirman que el nevado
Illimani está completamente rodeado de concesiones (el punto 4 en el mapa), así
como el Takesi y en menor medida el glaciar Huila Kollo.
En el
Mururata, la Comibol tiene los derechos mineros y estos llegan prácticamente
hasta la parte alta del nevado como se ve en la foto, las cooperativas mineras
en este caso sí están algo alejadas del nevado. La alteración o remoción de los
glaciares por esta actividad supone, además de la contaminación, una pérdida
irreversible de una fuente de agua dulce tan importante, dice a Mongabay Latam
la investigadora y ambientalista Cecilia Requena.
La amenaza
del retroceso de los glaciares
“Las
comunidades del Sector Illimani nos declaramos en estado de emergencia
permanente para defender la vida y principalmente la protección de los nevados
del Illimani y el Mururata, y de igual forma defender todos los recursos
naturales existentes en nuestra jurisdicción territorial”, señala el artículo
primero de la resolución emitida por los comunarios de Palca el 25 de
septiembre de 2016.
En el
documento evidencian su preocupación por cómo la actividad minera estaría
contaminando sus fuentes de agua, lo cual afectaría la vida de las comunidades
y su producción agrícola. A cuatro meses de ese pronunciamiento, no recibieron
ninguna respuesta de las autoridades, dijo a Mongabay Latam Emilio Limachi
Colque, secretario general de la Central Agraria Huancapampa.
FUTURO
DE UNASUR GENERA POLÉMICA EN BOLIVIA ENTRE LEGISLADORES OFICIALISTAS Y
OPOSITORES
Sputnik
News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
El futuro de
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es motivo de discrepancia en
Bolivia entre legisladores oficialistas que creen que este organismo desde
fortalecer la integración de los países y opositores que auguran su desaparición.
La Unasur,
creada en mayo de 2008, se ha visto afectada por los cambios ocurridos en 2015
con el giro político del Gobierno argentino y con la destitución
de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil en 2016.
Para el
diputado Borda, el bloque se ha constituido en una instancia
"fundamental" para proyectar la unidad latinoamericana ante la
arremetida de políticas que desde Estados Unidos alientan acciones xenófobas y discriminadoras.
Por su parte,
la diputada opositora Norma Piérola auguró la desaparición de este bloque a
partir de la crisis que viven los "gobiernos populistas" en la
región.
También
recordó que Bolivia debía construir la sede del Parlamento de Unasur, pero que
hasta la fecha solo se han puesto los cimientos de las instalaciones, que
estarán ubicada en la población de Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba
(centro).
Según la
diputada, el proyecto político de Unasur ya no tiene sustento a partir de la
caída de los gobiernos de Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y
"próxima salida de Rafael Correa (en Ecuador) y Evo Morales (en
Bolivia)", afirmó.
"Necesariamente
tiene que desaparecer y el Gobierno que venga a Bolivia —en 2019— tiene
que revisar ese tratado que se creó para perpetuar en el poder a los populistas
disfrazados de izquierda", dijo Piérola.
La Unasur
inició una reunión extraordinaria de cancilleres en Quito tras la finalización
del mandato de su secretario general, Ernesto Samper, quien asumió el cargo en
agosto de 2014.
EL CECODET PLANEA EXPANDIR SUS CENTROS A BOLIVIA,
COLOMBIA, PERÚ Y COSTA RICA
El investigador boliviano Álvaro Valverde considera que
problemas como el impacto industrial son similares en Sudamérica
LNE de España (www.lne.es)
El Centro
de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la Universidad de Oviedo
planea una nueva expansión en el continente americano. Tras las buenas
experiencias en México, la entidad ubicada en el edificio de investigación del
campus de Mieres pone sus miras ahora en Bolivia, Colombia, Perú y Costa Rica.
La intención es enmarcar estas actuaciones dentro del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted), que este año ha sacado una
línea específica para el desarrollo territorial.
El
proyecto está impulsado por el presidente del patronato que gestiona el
CeCodet, Fermín Rodríguez; y cuenta con el apoyo del investigador boliviano
Álvaro Valverde, que está desarrollando una pasantía en el centro mierense. El
investigador es ecólogo y cuenta con una maestría en planificación ambiental,
además de ser doctor en Investigaciones Humanísticas sobre ecología política.
También está realizando el doctorado de Investigaciones Humanísticas de la
Universidad de Oviedo gracias a una beca "Erasmus".
Valverde
destacó el trabajo desempeñado hasta ahora en el Ricodet, que es la Red
Iberoamericana de Cooperación y Desarrollo Territorial donde se integran los
CeCodet. "Hay pocas redes de desarrollo territorial que puedan vincular
capacidades, conocimientos, movilidades de investigadores y experiencias;
además, España no está muy lejos de lo que se vive en Sudamérica respecto a
asuntos como el impacto industrial", señaló. De momento, ya se han
iniciado las conversaciones con las distintas universidades que acogerán estos
CeCodet. Así, se ha contactado con la Universidad Mayor de San Andrés, que es
la principal universidad pública de Bolivia y ya tiene un convenio con la
Universidad de Oviedo. En este caso, el centro se implantaría en el Instituto
de Investigación Geográfica. En Colombia hay acercamientos con la Universidad
del Atlántico, donde hay grupos temáticos de medio ambiente y desarrollo
territorial. Por último, en Costa Rica está el Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza. "La idea es que los CeCodet puedan estar en marcha el año que
viene, pero necesitamos acceder a la convocatoria del Cyted, es preciso
conseguir alianzas estratégicas en Sudamérica", apuntó.
Junto a
este trabajo para expandir los CeCodet, Valverde también trabaja en su tesis
sobre gobernanza ambiental y modelos de gestión. "La idea es visibilizar
la gobernanza ambiental en Sudamérica, cómo se desarrollan las políticas
ambientales en estos países", explicó. Aquí resaltó que "muchas instituciones
de gobierno adoptan proyectos de desarrollo con la etiqueta de cambio climático
pensando que así es más fácil financiarlos, pero tienen
incompatibilidades". Como ejemplo, apuntó que "puedes colocar como un
proyecto de desarrollo el cambio de las tuberías de una fuente de agua para
aprovisionamiento de la comunidad, pero eso no es lucha contra el cambio
climático, sí lo es en cambio la protección de las fuentes de agua". El
CeCodet podría ayudar a estas instituciones, además de ayudar a los estudiantes
"para que puedan nutrirse y ver la experiencia de trabajar para las
instituciones".
EVO MORALES INAUGURA MAÑANA SU MUSEO
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inaugura mañana su
museo en su pueblo natal de Orinoca, en el altiplano del departamento de Oruro,
que costó unos siete millones de dólares
El Excelsior de México (www.excelsior.com.mx)
El
presidente de Bolivia, Evo Morales, inaugura mañana su museo en su pueblo natal
de Orinoca, en el altiplano del departamento de Oruro, que costó unos siete
millones de dólares.
El Museo
de Orinoca exhibirá más de 13 mil regalos que el mandatario boliviano recibió
en sus 11 años de gobierno, incluyendo playeras de celebridades deportivas como
los argentinos Lionel Messi y Carlos Tevez, el brasileño Ronaldinho y el
italiano Francesco Totti, entre otros.
“El museo
recogerá la historia no sólo de Orinoca, también de Bolivia y de América
Latina”, comentó el gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez,
también oriundo de Orinoca.
El museo
de Evo Morales fue edificado en tres mil 858 metros cuadrados con un costo de
unos 50 millones de bolivianos (7.1 millones de dólares) con recursos
transferidos por el Tesoro General de la Nación.
La
edificación tiene tres bloques. El bloque “Inchura” se asemeja a un puma
andino, el “Sullca” a una llama y el bloque “Collana” a un quirquincho.
Orinoca
tiene 638 habitantes y 243 viviendas. Sólo 77 tienen servicio de agua potable y
12 cuentan con alcantarillado sanitario, según el censo de población y vivienda
que elaboró el Instituto Nacional de Estadística (INE).
VENEZUELA, ENTRE LOS PAÍSES QUE NO RESPETAN LIBERTADES
CIVILES
"Venezuela había servido como modelo de regímenes
populistas en las región, pero hoy representa el sufrimiento que puede
desatarse cuando los ciudadanos no tienen cómo exigirle cuentas a sus
líderes", señaló el documento de Freedom House.
El Economista de México (www.eleconomista.com.mx)
Venezuela
se sumó por primera vez a Cuba entre un grupo de 49 países del orbe cuyos
gobiernos irrespetan los derechos políticos y civiles de sus gobernados, según
el centro de estudios estadounidense Freedom House.
Freedom
House advierte al mismo tiempo sobre los riesgos que genera la decisión del
mandatario estadounidense Donald Trump de negar el ingreso temporal a
refugiados musulmanes.
En su
informe anual sobre el respeto a los derechos civiles en el planeta, Freedom
House determinó que los retrocesos más importantes durante la última década en
América Latina ocurrieron en Venezuela, Nicaragua, Honduras, Ecuador y
República Dominicana, en orden decreciente.
"Venezuela
había servido como modelo de regímenes populistas en las región, pero hoy
representa el sufrimiento que puede desatarse cuando los ciudadanos no tienen
cómo exigirle cuentas a sus líderes", señaló el documento.
The
Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo
de inmediato.
Al
presentar el reporte, el experto en democracia de Freedom House Arch Puddington
calificó a Venezuela como un "estado fallido" y advirtió sobre la
posibilidad de que se instale un gobierno militar si los países vecinos
fracasan con su mediación para poner fin a la crisis política y económica.
Al
referirse a las perspectivas en el caso de Cuba, Puddington pronosticó que el
gobierno de Raúl Castro intentará crear un modelo parecido al de China
"para poder controlar al país políticamente mientras se integran a la
economía global".
El
reporte identificó a Nicaragua como el país latinoamericano que sufrió el mayor
retroceso durante el 2016, alcanzando su puntuación más baja en 20 años.
Freedom
House atribuyó el deterioro a un fallo judicial que expulsó de la Asamblea
Nacional a 16 legisladores opositores antes de los comicios de noviembre, por
lo que Nicaragua quedó entre los 59 países que respetan parcialmente los
derechos civiles, junto a Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México y Paraguay.
El
instituto reportó una mejoría en Colombia debido a una reducción histórica en
la violencia tras el acuerdo de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos alcanzó con las FARC.
Argentina
fue el país de la región que alcanzó mayores progresos el año pasado y pasó a
integrar el grupo de 87 países que sí respetan los derechos civiles, junto a
Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, Uruguay y Estados Unidos.
Sin
embargo, Freedom House advirtió que las posturas expresadas el año pasado por
el nuevo presidente Donald Trump "despertaron temores sobre una política
exterior divorciada de los compromisos estratégicos tradicionales de Estados
Unidos con la democracia, los derechos humanos y el orden internacional que
ayudo construir en 1945".
Al
referirse al decreto emitido la semana pasada por Trump para negar el ingreso
de refugiados durante al menos cuatro meses, el presidente interino de Freedom
House, Daniel Calingaert, dijo que "pone en riesgo las vidas de los
refugiados y la reputación de Estados Unidos como la nación que protege a los
más necesitados".
Al
evaluar a 195 países, Freedom House dijo que 2016 fue el 11vo año consecutivo
de deterioro en el respeto global a las libertades civiles, ya que 67 países
retrocedieron mientras que solo 36 avanzaron. Un total de 109 naciones
experimentaron retrocesos durante la última década.
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