Bolivia
amaneció ayer con una buena noticia, ya que fue galardonada con el premio Óscar
del Turismo, por ser considerado el mejor destino cultural de América del Sur
2017.
El
reconocimiento fue realizado el sábado en la ciudad Rivera Maya (México), en el
marco del evento World Travel Awards. De ese modo, Bolivia tiene las
posibilidades para pugnar por el título mundial junto a otros países, que
también lograron el premio como mejores destinos culturales en sus continentes.
"Desde el corazón mismo de Sudamérica, los invitamos a todos a que conozcan la historia y la realidad de las 36 nacionalidades que tenemos en nuestro país, al Estado Plurinacional de Bolivia", señaló el embajador de Bolivia en México, José Crespo, tras recibir el premio.
"Desde el corazón mismo de Sudamérica, los invitamos a todos a que conozcan la historia y la realidad de las 36 nacionalidades que tenemos en nuestro país, al Estado Plurinacional de Bolivia", señaló el embajador de Bolivia en México, José Crespo, tras recibir el premio.
Bolivia fue
nominada para este reconocimiento junto a Brasil, Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Uruguay: sin embargo, los miembros del jurado, ejecutivos
calificados en el ámbito de los viajes y el turismo, otorgaron su apoyo al
país, que terminó por imponerse en esta categoría.
Bolivia
también fue nominada como mejor destino verde, premio que finalmente fue ganado
por Perú.
Bolivia buscará ahora el premio al mejor destino cultural del mundo, un galardón que se entregará el 10 de diciembre en Vietnam.
Bolivia buscará ahora el premio al mejor destino cultural del mundo, un galardón que se entregará el 10 de diciembre en Vietnam.
Identifican A
Bolivia como el mejor país por su diversidad. Y para el antropólogo Wigberto
Rivero Pinto, dicha diversidad se constituye en el mayor tesoro de Bolivia.
Afrobolivianos, blancos, mestizos e indígenas le ponen sazón al variopinto
mosaico de manifestaciones culturales que coexisten a lo largo del país.
Por años
estudió a las distintas etnias del país. Los datos de ese sesudo trabajo,
sumado a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2001, publicado por
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), son la base de esta nota
periodística que intenta dar luces sobre las 36 grupos originarios oficialmente
reconocidos.
Chile y
Ecuador
Por su parte,
Chile fue galardonado por tercer año consecutivo con el premio al mejor destino
de turismo de aventura de Sudamérica, en estos mismos premios.
La
subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, celebró la distinción y dijo que el
premio justifica el trabajo y la inversión de $us 5,7 millones en promoción
turística en mercados prioritarios, como Estados Unidos, Brasil, Alemania,
Francia, Reino Unido, Australia y China, entre otros.
Ecuador
también fue galardonado, esta vez en la categoría Destino líder de Sudamérica,
por quinto año consecutivo; además, ganó por primera vez el premio a Destino
líder de reuniones y conferencias.
El alcalde de
Quito, Mauricio Rodas, celebró el triunfo por quinta vez como destino líder y
la primera vez en la otra categoría importante.
"MINTIERON":
LAS TIERRAS AMAZÓNICAS INTOCABLES DE BOLIVIA SE ARRIESGAN UNA VEZ MÁS
Los
lugareños culpan a los intereses de la coca por la quebrada promesa del estado
de proteger el parque nacional de Tipnis, el hotspot de la biodiversidad y el
hogar de miles de indígenas.
The
Guardian de Londres (www.theguardian.com)
Cuando la
patria amazónica de Ovidio Teco fue declarada "intocable" por el
gobierno boliviano en 2011, su guerra había sido ganada. Las preocupaciones de
gente como él habían sido escuchadas: su hermosa y antigua tierra no sería
tallada en dos por una carretera de 190 millas.
Ese año, una
demostración de medio decenio en el que se realizó la marcha de miles de
indígenas marchó durante casi dos meses a la capital boliviana, La Paz,
protestando por la ruta que habría atravesado el corazón del parque.
Los
manifestantes soportaron gas lacrimógeno y porras a manos de las autoridades,
pero perseveraron, ganaron una audiencia con el presidente Evo Morales y
forzaron la mano del gobierno. El camino fue archivado y el Territorio Indígena
Isiboro Sécure y el Parque Nacional (Tipnis) se le concedió un nuevo estatus
especial, lo que fuera de los límites de tales proyectos de construcción
importantes e invasivos.
"Los
políticos sólo ven el oro y el petróleo en nuestras tierras": la nación
Wampis del Perú - ensayo fotográfico
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Pero seis
años después, el gobierno boliviano ha retrocedido. Un proyecto de ley se
precipitó a través del Congreso, culminando con el golpe de una pluma por
Morales el domingo 13 de agosto, anula el estado del parque como intocable,
allanando el camino para el camino que se construirá después de todo.
Teco está
sentado en la cabecera de su mesa de cocina. Su voz tiembla mientras gesticula
fervientemente. Mentían, nada más. Después de la marcha pensamos que el parque
no sería tocado. Esta situación es toda mentira. "Teco es un pequeño
agricultor de cacao, el producto base del chocolate, en la comunidad Mojeño de
Gundonovia, un remoto asentamiento de unas 40 familias en el noreste del
parque. Se encuentra a unos metros del río Isiboro, que fluye silenciosamente,
y la paz está marcada sólo por el soplo de delfines rosados que surgen para
respirar. Alligators línea de los bancos, inmóvil, bocas agape, ya que tomar en
el sol.
Con una
extensión de 1,2 millones de hectáreas, Tipnis alberga a cerca de 14.000
habitantes, principalmente indígenas de los grupos Mojeño-Trinitario, Yuracaré
y Tsimané. Al igual que Teco, muchos temen construir una carretera a través del
parque destruirá su biodiversidad. Un estudio realizado en 2011 por el Programa
de Investigación Estratégica en Bolivia prevé un 64% de deforestación del
parque dentro de 18 años si se construye la carretera.
"No es
el camino en sí. Es lo que viene con él. Los productores de coca irán y se
instalarán y tendrán nuevas tierras dentro del parque. Y después de eso viene,
toman la madera, plantan hojas de coca, etc. Y donde el camino va a correr es
la parte más rica ", dice Pablo Solón, ex embajador ante la ONU, quien
renunció al gobierno de Morales en 2011 sobre el Tipnis disputa.
El corazón
del parque, donde se ejecutará el camino planeado, es sagrado para muchos
grupos indígenas y es donde los animales se refugian durante la estación de
lluvias, y donde muchos indígenas van a cazarlos.
"El día que el gobierno arranque la tierra, todo esto va a desaparecer. ¿Quién va a sufrir? Seremos nosotros los que vivimos en Tipnis. Los animales morirán. Y así lo haremos ", dice Teco.
"El día que el gobierno arranque la tierra, todo esto va a desaparecer. ¿Quién va a sufrir? Seremos nosotros los que vivimos en Tipnis. Los animales morirán. Y así lo haremos ", dice Teco.
El gobierno
afirma que es necesario eliminar el estado intocable de las tierras para
proporcionar servicios básicos a las comunidades locales y construir
instalaciones educativas y sanitarias. También cita repetidamente una consulta
de 2012 que indicó que el movimiento fue apoyado por los locals.
"Fue su
decisión. Quieren mejorar sus condiciones de vida. Ellos quieren un camino
", dice Susana Rivero Guzmán, diputada del partido boliviano Movimiento al
Socialismo (Mas), señalando que la consulta encontró que 58 de las 68
comunidades de Tipnis respaldaron la eliminación de la intocabilidad.
Pero los
lugareños afirman que la encuesta fue manipulada. Dicen que sólo se consultó a
personas cuidadosamente seleccionadas en las distintas comunidades, y se concedieron
beneficios a los que participaron. "Le dieron a la gente celulares, les
dieron cocinas, les dieron televisores, les dieron subsidios, les dieron
motores. Así que al final, vieron que querían el camino. Todo era sombrío
", dice Teco.
Una
evaluación conjunta realizada por la Federación Internacional de Derechos
Humanos, la Asamblea Permanente Boliviana de Derechos Humanos y la Iglesia
Católica en 2016 concluyó que la consulta no había sido "libre ni
informada y no respetaba el principio de buena fe".
Algunos
residentes podían soportar una carretera por el parque, si les daba mayor
acceso al mundo exterior, pero la ruta propuesta, que conecta Villa Tunari y
San Ignacio de Moxos, atraviesa el centro del parque, lejos de las comunidades,
que son concentrado a lo largo de su flanco oriental.
"Si
hubiera algunos beneficios, yo lo apoyaría. Pero no hay un beneficio para
nosotros ", dice Carmen Leni, una maestra de Gundonovia, golpeando a los
mosquitos de sus piernas con una toalla de té.
"Si
permitiera a la gente enviar y traer bienes, estaría bien, pero este no será el
resultado. El camino no pasará por aquí.
Adolfo Moye,
un ex líder comunitario, estuvo de acuerdo. "Absolutamente - estaría a
favor de un camino que sirviera a las comunidades. Estas personas están
aisladas. Necesitan acceso al exterior. Pero el camino planeado no sirve a una
sola persona aquí.
Los lugareños
creen que el verdadero propósito de la carretera es beneficiar a los cocaleros
- los cultivadores de coca - que han colonizado el sur del parque
"Polígono Siete" región, lo que les permite empujar hacia el norte.
Los
agricultores de la hoja de coca -consumidos durante siglos por las comunidades
andinas por sus propiedades medicinales y religiosas, y también por la base de
la cocaína- son una base de apoyo clave para el gobierno de Mas. El presidente
Morales fue una vez cocalero.
El conflicto
en gran parte se reduce a los puntos de vista diametralmente opuestos de
diferentes grupos, según Carwil Bjork-James, un antropólogo de la Universidad
Vanderbilt en Tennessee. "Mi opinión general es que las comunidades de
productores de coca y los residentes de la comunidad de Yuracaré, Mojeño y
Tsiminé tienen cosmovisiones separadas, al menos cuando se trata de planes para
la tierra y el territorio", dice.
"Para
los cocaleros todo ha girado en torno a encontrar un cultivo comercial viable y
la conversión de un pedazo de bosque en la parcela donde se puede ganar un
ingreso ... Pero para los residentes más profundos en el bosque ... su visión
religiosa de una colina sagrada o tierra santa es sobre un lugar sin líneas de
propiedad donde puedan obtener sus necesidades de la tierra y los ríos ".
Solón teme
que esto podría ser un momento decisivo. Él dice que el movimiento es una
demostración de la fuerza por el gobierno, apacible para fijar un marcador que
no sea dictado por las comunidades indígenas.
"Desde mi punto de vista la situación Tipnis es mucho más grande que una carretera. Es una especie de modelo de desarrollo que el gobierno quiere poner en marcha. Es como cuando golpeas la mesa y dices, 'Mira, vamos a hacerlo - sí o sí ", dice. Para Teco es parte de un distanciamiento más amplio entre aquellos que quieren proteger el medio ambiente y los intereses externos que buscan perjudicarlo. "El ambiente nos da vida", dice. "El día que levantan el bloque en esta zona, se derrumba. Ya sentimos el cambio climático. En todo el mundo, los seres humanos van a sufrir.
"Desde mi punto de vista la situación Tipnis es mucho más grande que una carretera. Es una especie de modelo de desarrollo que el gobierno quiere poner en marcha. Es como cuando golpeas la mesa y dices, 'Mira, vamos a hacerlo - sí o sí ", dice. Para Teco es parte de un distanciamiento más amplio entre aquellos que quieren proteger el medio ambiente y los intereses externos que buscan perjudicarlo. "El ambiente nos da vida", dice. "El día que levantan el bloque en esta zona, se derrumba. Ya sentimos el cambio climático. En todo el mundo, los seres humanos van a sufrir.
"Vamos a
seguir luchando hasta el final", añade. "Mientras tengamos vida,
continuaremos luchando".
PUNTO
DE VISTA MAR PARA/POR/ DESDE/DE BOLIVIA
El Telégrafo de Ecuador (www.eltelegrafo.com.ec)
Jaime Gómez
Triana, crítico e investigador teatral cubano.- Con dramaturgia y dirección de
Arístides Vargas, Mar es una creación colectiva del Teatro de los Andes, que
nos pone en contacto con los múltiples imaginarios que sustentan la relación
del pueblo boliviano con el acceso legítimo y soberano al mar. Este le fue
usurpado por Chile a raíz de la Guerra del Pacífico. De ningún modo esta obra
puede ser clasificada como teatro histórico puesto que abre una reflexión más
amplia sobre la pérdida y sobre los múltiples procesos identitarios que nos
conforman más allá de los grandes hechos de la historia.
Lo que somos
suele estar sustentado en lo que hemos vivido, pero solemos identificarnos de
manera más radical con lo que nos falta, más si ello nos ha sido arrebatado por
la fuerza. De este modo, y sin dejar de colocar de manera justa el reclamo que
une a bolivianos de las más diversas tendencias políticas y credos, la puesta
consigue una dimensión metafórica excepcional. El mar es esta vez lo que se ha
perdido y es también el horizonte que nos completa, un anhelo imposible de
borrar hacia el cual nos dirigimos irremediablemente y con el que aspiramos a
fundirnos porque nos pertenece, nos constituye.
Tres hermanos
viajan llevando en andas sobre una puerta a su madre anciana y moribunda.
Quizás son hermanos de otros porque la madre, invisible, es la misma y al mismo
tiempo es bien distinta. La madre podría ser la patria representada en una
puerta-bandera que se arma y desarma para permitir que personajes bien
distintos entren a escena. Todos intentan atrapar una ola que escapa.
El mar
aparece como ensoñación, como espejismo al interior de una teatralidad que articula
palabra e imagen poética, interpretación y artesanía. Entre las principales
características del Teatro de los Andes está la potencia de su imagen escénica.
Sus puestas proponen una visualidad riquísima que se sustenta en el manejo
creativo de mecanismos muy simples, construidos previamente y puestos a
funcionar durante el espectáculo por los propios actores.
El juego del
teatro se presenta entonces como la infinita posibilidad de crear y habitar
otros mundos, es también el camino que nos permite reconquistar sueños
perdidos. En Mar sobresale una dimensión onírica, pero la puesta no deja de ser
profundamente política, humanista. Frente al mar que nos falta todos somos
iguales y lo sabemos. Lucas Achirico, Gonzalo Callejas y Alice Guimaraes tienen
a su cargo las actuaciones. Cada uno interpreta con precisión distintos
personajes al tiempo que son ellos mismos, los actores, tejiendo ante el
espectador un alegato que de algún modo los retrata y los compromete.
Ellos asumen
y quiebran estereotipos, registran comportamientos y opiniones, asumen una
responsabilidad ciudadana, viajan a través de su memoria para reencontrarse en
un ansia común de vida plena. Pero la verdadera pieza se construye en realidad
en nuestros ojos. La justicia que las leyes aún no consiguen, esta puesta la
realiza y el público hace parte de ello. El mar que nos divide es el mismo que
nos junta, ahora lo sabemos porque lo hemos vivido.
Entrevista a Alfredo Rada, viceministro de Coordinación
con Movimientos Sociales de Bolivia
“YO NO SOY PROGRESISTA, SOY SOCIALISTA”
Rebelión de España
El
viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales de Bolivia, Alfredo Rada,
visitó Montevideo para participar en el debate “La izquierda de América Latina
en la encrucijada. Alternativas para avanzar”. Tanto en esa instancia como en
conversación con la diaria instó a los partidos políticos de izquierda de
América Latina a posicionarse como socialistas y abandonar el camino del
progresismo, porque considera que mantener el modelo capitalista implica
necesariamente que los cambios impulsados por los “proyectos revolucionarios”
sean reversibles, como está sucediendo en Argentina y Brasil.
¿Cuál es
la tarea del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales?
Trabaja
dentro del Ministerio de Presidencia –en relación directa con el presidente– y
es un viceministerio mediante el cual se busca llevar adelante un gobierno de
movimientos sociales, tal como planteó Evo [Morales] cuando asumió en 2006. Se
encarga de efectuar la coordinación con una gama de organizaciones sociales que
hay en Bolivia, donde tenemos una cultura organizacional muy avanzada. Todos
los sectores sociales se organizan en sindicatos u otro tipo de estructuras.
Hay tres vertientes de estos movimientos sociales: la obrero-sindical, en la
que están todos los sindicatos de trabajadores, que forman parte de la Central
Obrera Boliviana; la campesino-indígena, que tiene organizaciones con
estructura sindical o territorial, basada en autoridades originarias; y la
urbano-popular, en la que sobresalen las juntas de vecinos que se conforman en
los barrios y las agrupaciones de comerciantes de calle. Unas 40 organizaciones
nacionales de estas tres vertientes confluyen desde 2007 en lo que se denomina
la Coordinadora Nacional por el Cambio, la Conalcam, con la que Evo se reúne
una vez por mes. Él la ha definido como su segundo gabinete, el de los
movimientos sociales.
Un tema
que se debatió en estos años es que la afinidad ideológica entre los gobiernos
de izquierda y los movimientos sociales hace difícil que estos últimos cumplan
con su función de presionar para mejorar las condiciones de vida y laborales.
Esto se ve en particular en el caso de los sindicatos, a los que les ha costado
ir en contra de los gobiernos de izquierda. Este esquema planteado en Bolivia,
¿no acentúa estas dificultades?
No,
porque no estamos hablando de un cogobierno. Dentro del gabinete de ministros
no hay ningún representante de un sector de la burguesía, pero tampoco de los
sectores sociales. La Conalcam tiene el sentido de convertir la demanda social
en política pública. Allí las organizaciones plantean sus demandas al
presidente, pero también está para debatir las cuestiones generales que hacen
al gobierno, como la agenda política o incluso la económico-productiva, sin
formar parte del gabinete. Lo que hay no es un cogobierno, sino una especie de
control social de la gestión de gobierno. Ellos mantienen su propia identidad,
más allá de que exista una comunicación fluida con el presidente. La
coordinación permanente con los movimientos sociales es una virtud del proceso
boliviano que se ha perdido en otros procesos políticos de transformación en
Sudamérica.
En los
últimos meses hubo varias visitas a Uruguay de jerarcas del gobierno de
Morales, entre ellas la del vicepresidente Álvaro García Linera y la del ex
canciller David Choquehuanca. En el contexto regional de la izquierda, ¿ustedes
consideran que Bolivia es un modelo a seguir, el que sí funcionó correctamente,
en comparación con propuestas más cautas, como la de Argentina o la de Brasil?
Nosotros
no pretendemos dar recetas a nadie, simplemente venimos a hablar de nuestra
experiencia, a transmitir lo que hemos logrado y las dificultades que tenemos.
Cada proceso político depende de las características y particularidades de cada
país, pero lo que hemos visto en el caso boliviano es que la estabilidad
política se debe, entre otras cosas, a una gestión de gobierno en la que el
presidente asume personalmente la relación y la coordinación con los
movimientos sociales. El segundo elemento que explica esa estabilidad es el
acompañamiento de un modelo económico que permita crecimiento y redistribución,
porque si no lo hay, no hay régimen que resista.
¿Qué
medidas se adoptaron para cambiar el modelo económico boliviano?
Nosotros
implementamos nacionalizaciones y estatizaciones que han cambiado por completo
el perfil de nuestra economía y nos permitieron contar con nuevos ingresos que
ahora se quedan en Bolivia, que generaron un shock de ingresos fiscales que ha
incrementado la inversión pública a niveles nunca vistos, y las reservas
internacionales, que crecieron de 1.750 a 15.000 millones de dólares entre 2006
y 2015. Hemos logrado incrementar el tamaño de la economía boliviana. Cuando
Evo asumió el gobierno en 2006, el Producto Interno Bruto [PIB] de Bolivia era
de 9.000 millones de dólares; hoy es de 35.000. Esto ha permitido acercar a
nuestra economía a la de los países vecinos, la brecha regional se está
cerrando. Son logros económicos que se mantienen. Había analistas de derecha que
decían que el modelo económico de Evo iba a durar mientras se mantuvieran altos
los precios de las materias primas, pero cuando se cayeron esos precios –del
petróleo, los minerales, la soja y la quinua, los principales productos de
exportación de Bolivia–, la economía se mantuvo. Eso ocurre porque el
crecimiento del PIB significó también un crecimiento de la demanda interna, y
ese es otro de los secretos del modelo económico. Hemos apostado por ampliar el
tamaño de la economía nacional y diversificar la matriz productiva y las
fuentes de ingresos del país para no seguir siendo una economía primaria
exportadora. En los últimos años se hicieron inversiones muy importantes en
energía, infraestructura y transporte, estamos haciendo grandes esfuerzos. Eso
también explica la estabilidad que el gobierno de Evo tiene a 11 años de haber
comenzado su mandato.
¿Qué cree
que dejó de funcionar en los casos de Argentina y Brasil, donde los proyectos
de izquierda no lograron mantenerse?
La
izquierda latinoamericana debe analizar si es bueno diluir nuestras propuestas
ideológicas asumiendo términos que no reflejan lo que debería ser un proyecto
revolucionario. En el último tiempo se ha optado por abandonar un planteamiento
abiertamente socialista en aras de la denominación de “progresismo”, y yo tengo
problemas con eso: no me asumo como un progresista, sino como un socialista.
Hablar de progreso en un sistema capitalista significa reproducir inequidades,
desigualdades, depredación e injusticias. El progresismo está dentro de un
sistema capitalista que pervive; eso significa que todos los avances que
logremos en materia de justicia social siempre van a estar en riesgo. El
sistema capitalista depende fundamentalmente de dos fuentes de acumulación de
capital: la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la
naturaleza. Los retrocesos tan atroces que estamos viendo ahora en Argentina y
Brasil se explican porque no se cambió el sistema capitalista, que justamente
obtiene ganancias de convertir a la fuerza de trabajo en una variable de ajuste
en momentos de crisis, como se está haciendo con la contrarreforma laboral, y
convertir a la naturaleza en una fuente de depredación, como se pretende hacer
en la Amazonia. Ese es un tema que debemos debatir en América Latina: la izquierda
debe retomar abiertamente una identidad socialista, y desde los gobiernos debe
plantearse la construcción del socialismo, buscar la manera de profundizar los
cambios pasando de una revolución democrática y cultural a una económica y
social.
Usted hizo
mucho hincapié en la necesidad de que el gobierno se articule con los
movimientos sociales. ¿Qué sucede con el reclamo de las organizaciones que se
oponen a la construcción de un camino que atravesará al Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)?
Ningún
gobierno como el de Evo ha impulsado tanto a nivel nacional como internacional
este debate sobre los derechos de la madre tierra. Pero siempre hemos dicho que
la defensa de estos derechos debe guardar un equilibrio con la atención a las
necesidades de la población, incluyendo aquella que vive en los parques
nacionales, y lo que está pasando en el TIPNIS es que estamos aplicando esto
que siempre dijimos. Debemos ser coherentes y ver cómo logramos ese equilibrio.
Los que protestan por la instalación del camino viven en otros lugares del
país; tienen el derecho democrático de expresarse, pero el gobierno debe
escuchar a los pobladores que viven ahí, con todas las carencias que tienen.
NEOLIBERALES PRETENDEN SEGUIR CONTROLANDO LA JUSTICIA
El Diario de Carlos Paz, Argentina
(www.eldiariodecarlospaz.com)
Los
partidos neoliberales, sus voceros oficiales y oficiosos, los medios de
comunicación controlados por las oligarquías locales y los incautos opositores
de distinto talante, atraídos por el discurso de “todo vale contra el gobierno
de Evo Morales”, pretenden posicionar el fracaso de las elecciones judiciales
del próximo 3 de diciembre con un doble objetivo: mantener la influencia de los
ricos y poderosos en los estrados judiciales marcados por fuertes corrientes de
corrupción y negligencia e intentar formar un bloque político que sume
distintas tendencias y posiciones con miras a las elecciones generales de 2019.
Es
indudable que el sistema judicial boliviano arrastra décadas, e incluso siglos,
de crisis y administración deficiente afectando a miles de litigantes,
especialmente los más pobres y excluidos de la sociedad, que se convierten en
víctimas de extorsión, “chicanerias”, retardación de justicia, entre otros
actos viciosos, de una red que va desde la presentación de un memorial, hasta
el dictamen de una sentencia, pasando por las instancias policiales y de la
fiscalía.
El mayor
esfuerzo por realizar una reforma del poder judicial se produjo con la
aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, después de la
realización de la Asamblea Constituyente, incorporando, por una parte, la
figura de las elecciones directas de los más altos cargos de los órganos de la
justicia boliviana mediante el voto ciudadano previa selección de la Asamblea
Legislativa y, por otra parte, la realización de reformas a los procedimientos y
trámites en los tribunales.
Sin
embargo los resultados no fueron los esperados, especialmente por las prácticas
recurrentes en este importante campo de la vida pública.
El
problema requiere un análisis estructural y profundo acerca de las prácticas en
el ámbito judicial y sobretodo iniciativas y respuestas de la población, de las
organizaciones sociales, de las instituciones, de los medios de comunicación,
de los colegios profesionales, de las universidades, de las distintas
instancias de gobierno y de las regiones, generando una cultura basada en la
vigencia plena de los derechos y obligaciones establecidas en la nueva
Constitución.
Esta
cultura requiere de al menos tres condiciones: la primera es la amplia
información y comunicación de todos los aspectos centrales de la administración
de justicia, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y pueblos, de los
alcances de las leyes y procedimientos, acompañados de debates públicos,
seminarios, conferencias y programas obligatorios de radio y televisión en
horas de mayor audiencia; la segunda es la transparencia en todos los actos
públicos con posibilidades de conocimiento y divulgación de casos y situaciones
que generen procesos de aprendizaje y acumulación social; y la tercera es la
vigilancia social y comunitaria en las ciudades y el campo.
Si bien
la participación en las elecciones de autoridades no va a solucionar de
inmediato el problema estructural de la justicia boliviana, sin embargo va a
convertirse en manifestación de la voluntad soberana de la población al
respecto y va a generar aportes positivos que se vayan acumulando para
construir social y estatalmente un sistema judicial acorde a los principios
fundamentales de la administración de justicia que están vinculados a otros
aspectos, también fundamentales, como son la igualdad, la no discriminación, la
no exclusión, la libertad y la decisiva participación social en los procesos y
la dinámica de reformas y transformación que aún requiere el país.
LA RESILIENCIA URBANA EN LA PAZ, BOLIVIA
El Diario de Guadalajara, México (www.ntrguadalajara.com)
En esta
ocasión escribo desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde me encuentro
haciendo una investigación sobre buenas prácticas de resiliencia urbana. El
término se refiere a la capacidad de los sistemas urbanos para absorber choques
y perturbaciones –sobre todo catástrofes naturales como inundaciones o
terremotos, pero también crisis sociales–, y mantener su funcionalidad. La
política de resiliencia de La Paz ha sido celebrada internacionalmente, y por
ello es valioso estudiarla de primera mano.
La Paz es
una ciudad única, tanto por su geografía como por sus procesos de urbanización.
La ciudad está asentada sobre un cañón, un hundimiento de la tierra que se
conoce como la hollada, formado por la erosión causado por 6 cuencas
hidrológicas que se componen de 364 ríos. Durante los años 50 y 60 se dieron
fuertes migraciones del campo a la ciudad y el territorio apto para construir
se agotó rápidamente. Los nuevos habitantes se asentaron de forma irregular
sobre las laderas de la hollada, creando asentamientos informales en sitios
considerados no aptos para la construcción.
Este tipo
de urbanización subsiste hasta hoy. En la ciudad operan los llamados loteadores,
que ocupan ilegalmente los espacios desocupados de las laderas, los fraccionan,
y los venden. La gente compra estos terrenos, los ocupa, y comienzan a
construir sus viviendas por sí mismos. Se crean asentamientos informales, y la
lucha de los nuevos habitantes es primero por quedarse en el terreno que están
ocupando, luego por obtener títulos de propiedad, y finalmente por obtener
infraestructura y servicios públicos de la ciudad.
En La
Paz, este proceso de urbanización genera lo que se conoce como “la construcción
social de la vulnerabilidad”. Por un lado, la mayor parte del territorio de la
ciudad es susceptible de algún tipo de amenaza natural. Por otro lado, la
autoconstrucción informal del espacio urbano pone a la población en
vulnerabilidad ante las amenazas. Estos dos factores se conjugan para crear el
riesgo. De acuerdo con el último mapa de riesgos elaborado por la ciudad, el 72
por ciento de la mancha urbana se encuentra con riesgo moderado, alto, o muy
alto.
En un
territorio donde llueve durante seis meses del año, las características
geográficas generan dos tipos de riesgo. Por un lado están las crecidas súbitas
de los ríos que desbordan los sistemas de alcantarillado y corren sobre las calles.
En 2002 hubo una intensa lluvia con granizada que provocó la crecida y
desbordamiento del Choqueyapu, matando 68 personas. Por otro lado, la erosión
del suelo provoca deslizamientos de tierra que se han llegado a llevar barrios
enteros. En el 2011 sucedió lo que se conoce como el megadeslizamiento, en el
que la zona de Papahasi y Callapa se deslizó, dejando a 6 mil personas sin
hogar.
Ante
estos eventos, la ciudad de La Paz ha creado una estrategia integral que es
operada por su Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos, y que
absorbe 30 por ciento del presupuesto anual de la ciudad. La estrategia incluye
un programa permanente de construcción de infraestructura para canalizar los
ríos y para apuntalar las laderas de la ciudad. También incluye un sistema de
alerta temprana de amenazas con sensores y cámaras instaladas en los puntos
críticos de la ciudad, y que son observadas desde una sala de monitoreo que
opera permanentemente con personal listo para reaccionar.
La
estrategia de La Paz ha sido galardonada internacionalmente, y a ciudades como
Guadalajara nos conviene aprender de los avances en ciudades con mucho más
camino recorrido en la implementación de políticas de resiliencia urbana.
HIJOS
DEL CHE GUEVARA VISITARÁN BOLIVIA A 50 AÑOS DE DECESO
20 Minutos de España (www.20minutos.com.mx)
Cuatro hijos
del líder revolucionario argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara, ejecutado en
1967 en Bolivia, visitarán este país sudamericano en octubre próximo, para los
homenajes que se realizarán en el 50 aniversario de su deceso, anunció el
presidente boliviano Evo Morales. El presidente boliviano anunció que los hijos
del 'Che' Guevara visitarán Bolivia para participarán en los homenajes que se
preparan en conmemoración de los 50 años de su muerte, ocurrida el 8 de octubre
de 1967 en el poblado de La Higuera, cuando comandaba un grupo guerrillero.
"Será
una gran concentración de los pueblos contra el sistema capitalista y estarán
los cuatro hijos del Che en La Higuera", anunció Morales durante un encuentro
con productores de coca en Cochabamba, según un reporte de radio Kawsachun Coca.
El mandatario boliviano agregó que están invitados "vicepresidentes y
líderes socialistas latinoamericanos" para la actividad, que se realizará
en las localidades de La Higuera y Vallegrande, en el departamento de Santa
Cruz.
El 'Che'
Guevara, oriundo de la ciudad argentina de Rosario, llegó por primera vez a
Bolivia en 1953, en un viaje por América del Sur, dos años antes de unirse en
México al grupo encabezado por el revolucionario cubano Fidel Castro. Guevara
fue uno de los comandantes guerrilleros que encabezó la revolución dirigida por
Fidel Castro, y participó de la decisiva batalla de Santa Clara en 1958. Luego
de renunciar a sus cargos dirigentes en Cuba, Guevara reapareció en 1966 a la
cabeza de una guerrilla en Bolivia, donde fue capturado en octubre de 1967 y
ejecutado por orden del gobierno militar.
MILLONARIO
SECUESTRO DE COCAÍNA Y MARIHUANA EN JUJUY
La
AFIP incautó 70 kilos de cocaína y 170 kilos de marihuana.
Los
Andes de Perú (www.losandes.com.ar)
La
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró en Jujuy, a través
de la Aduana, 70 kilos de cocaína y 170 kilos de marihuana, ocultos en una
camioneta con matrícula ecuatoriana procedente de Bolivia. El valor de lo
incautado, en el mercado informal, asciende a 1.125.000 dólares.
El millonario
contrabando fue descubierto en el Puente Internacional La Quiaca-Villazón, que
une nuestro país con Bolivia, cuando personal de la AFIP detuvo para un control
de rutina a un vehículo que intentaba ingresar a territorio argentino.
Tras
someterlo a un control con el camión-escáner, se detectó una diferencia de
densidad entre el techo y el zócalo que llamó la atención y llevó a los agentes
aduaneros a desarmar la camioneta.
En detalle
Como
resultado, se hallaron 55 paquetes que totalizaban 69.569 kilos de cocaína y
otros 238 "ladrillos" por un total de 169.937 kilos de
marihuana. Todos prolijamente acomodados en el techo, el guardabarros y el
chasis del vehículo.
Rápidamente,
el Juzgado Federal de turno ordenó el secuestro de la droga y la
detención de las dos personas, una de nacionalidad colombiana y otra
ecuatoriana.
CRECIÓ 150%
EL DECOMISO DE MARIHUANA Y 203% DE COCAÍNA EN CORRIENTES
El decomiso
de cocaína en todo el país se incrementó un 186 % en los primeros siete meses
del año tras la incautación de siete toneladas de esa droga como consecuencia
del aumento de los operativos contra el narcotráfico, especialmente en el
noreste del país, según datos suministrados por el Ministerio de Seguridad de
la Nación.
Entre enero y
julio de este año se secuestraron 7.003 kilos de cocaína contra 2.445 kilos que
habían sido hallado por las cuatro fuerzas federales —Policía Federal,
Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria— durante igual
período de 2016.
El decomiso
de otros estupefacientes también aumentó en lo que va del año: en el caso de la
marihuana subió un 5,5 %, ya que se pasó de 67.379 kilos entre enero y julio de
2016 contra 71.083 kilos en igual período de este año, mientras que las drogas
sintéticas crecieron un 14 %, pasando de 98.650 kilos el año pasado a 112.816
entre enero y julio últimos.
Esto generó
también un incremento en la cantidad de detenidos a raíz de causas por narcotráfico,
que aumentó un 26 % con respecto al año pasado y suman alrededor de 6.000 en el
primer semestre, según datos del Ministerio de Justicia.
Si bien
todavía no hay cifras de todas las provincias, ya se relevó que en Misiones
esdonde más aumentó el decomiso de marihuana: desde diciembre de 2015 se llevan
incautadas 80 toneladas de esa droga por el aumento de los operativos y la
colaboración del gobierno provincial.
Este año,
hubo un en Misiones 39 % más de secuestro de esa droga y un 516 % de cocaína y
como sucede históricamente, ésta última va de Bolivia a Paraguay y luego
ingresa al país por Misiones, donde se la logra interceptar antes de que sea
enviada a otras zonas del país. Otras provincias en las que se registró un
fuerte aumento del decomiso de drogas son Salta, donde creció un 125 % el
secuestro de marihuana y 291 % el de cocaína; y Corrientes, que subió un 150 %
el de la primera y un 203 % la segunda.
“En las
provincias clave, el crecimiento ha sido significativo”, remarcó el
subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, que atribuyó los
incrementos de los operativos a la mejor información criminal que manejan las
fuerzas, como por ejemplo, mapas unificados de procedimientos que permiten
identificar patrones metodológicos.
Respecto de
Rosario, donde en los últimos años proliferaron las bandas de narcos, todavía
no hay cifras oficiales de incautación de estupefacientes pero en toda la
provincia de Santa Fe aumentó un 192 % la cantidad de detenidos por
narcotráfico.
Acerca de la
forma en que se trafica droga, la mayor parte de las bandas lo sigue haciendo a
través de automóviles, en segundo lugar botes y lanchas y por último en
avionetas, modalidad que se destaca especialmente en el norte de Santiago del
Estero y en el sur de Salta.
Verrier
afirmó que hoy el 95 % de la frontera norte está cubierta por los radares, los
cuales funcionan las 24 horas a diferencia de las ocho horas que lo hacían hace
algunos años, y que con los aviones interceptores la Fuerza Aérea tiene una
capacidad de respuesta inmediata.
FISCALES
ANTINARCÓTICOS COINCIDEN EN QUE EN LA REGIÓN EL CRIMEN ORGANIZADO ACTÚA COMO
UNA EMPRESA Y QUE FALTAN MÁS HERRAMIENTAS PARA ENFRENTARLO
Misiones
Online de Argentina (www.misionesonline.net)
La semana
pasada se llevó a cabo en Posadas la IV Jornada de Cooperación entre el
Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, evento que contó con la
participación de magistrados y funcionarios, tanto del ámbito nacional como
internacional. Los fiscales y representantes del Ministerio Público de la
Nación que integraron los distintos paneles coincidieron en la necesidad de
articular esfuerzos entre todos los actores involucrados en la persecución del
delito, intentando dirigir la persecución penal hacia el ascenso en la cadena
de responsabilidades y la investigación patrimonial, entendiendo al crimen
organizado como una empresa.
El fiscal
federal Diego Iglesias, cotitular de la Procunar, intervino en el panel que
abordó la narcocriminalidad y, más tarde, actuó como moderador de la mesa de
trabajo dedicada a “Hidrovía y Crimen Organizado”, donde –conjuntamente con los
federales de Corrientes y Formosa, Carlos Schaefer, Flavio Ferrini y Luis
Benítez, respectivamente- se analizó la causa conocida como “Narcoaviones”, que
en abril pasado derivó en condenas de hasta 20 años de prisión para los
integrantes de una organización criminal que ingresaba estupefacientes desde
Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, mediante vuelos clandestinos.
También se
analizó la investigación –actualmente en curso- en torno a la organización
narcocriminal que, con base en la localidad correntina de Itatí, ingresaba
estupefacientes desde la República de Paraguay, y cuyo avance permitió
identificar la participación de integrantes de fuerzas de seguridad y del
municipio local.
Por su parte, el fiscal general cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, expuso en el panel dedicado a “Lavado de Activos o Segunda oportunidad”, junto al juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, y representantes de la UIF y el Ministerio de Justicia de la Nación, mientras que el fiscal federal y coordinador del Distrito Chaco, Federico Carniel, disertó en la panel “Crimen Organizado como Empresa”.
Por su parte, el fiscal general cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, expuso en el panel dedicado a “Lavado de Activos o Segunda oportunidad”, junto al juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, y representantes de la UIF y el Ministerio de Justicia de la Nación, mientras que el fiscal federal y coordinador del Distrito Chaco, Federico Carniel, disertó en la panel “Crimen Organizado como Empresa”.
Estuvieron
presentes también los fiscales federales de la provincia de Misiones Rubén
González Glaria, Vivian Barbosa, Viviana Vallejos, Jorge Campitelli y Lilian
Delgado. En tanto, los secretarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas y de la Procunar, Lucio López y Matías Álvarez, respectivamente,
intervinieron en paneles focalizados en temáticas específicas vinculadas a cada
una de esas procuradurías especializadas.
El fiscal
federal de Formosa, Luis Benítez, disertó sobre Cooperación Penal
Internacional, e hizo hincapié en la necesidad de generar mecanismos de
cooperación adecuados a la realidad de cada frontera. Sugirió a los
representantes presentes de los países limítrofes que se analice la posibilidad
de crear un marco normativo que permita a los Estados de frontera y ciudades
gemelas enfrentar en forma coordinada y conjunta las exigencias delictuales en
sus diversas modalidades.
En este
sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “las
actuales herramientas de cooperación internacional son insuficientes y poco
eficaces en la persecución de delitos en zonas de fronteras; ello, debido a la
integración intensa y caótica en estas franjas limítrofes que carecen de
legislación que pueda dar una respuesta a la comunidad y evitar la impunidad”.
Benítez
también destacó la necesidad de un Derecho Internacional de Frontera, ya que
“la persecución penal en ciudades de frontera es diferente a las de los
gobiernos centrales o ciudades alejadas a esas zonas, por cuanto la
coexistencia de las normativas de los estados impiden imprimirle celeridad a
las investigaciones”.
El fiscal concluyó remarcando que se requiere un proceso multijurisdiccional basado en la cooperación judicial de las naciones involucradas, que permita a los Estados de frontera y ciudades gemelas, enfrentar en forma coordinada y conjunta las exigencias delictuales en sus diversas modalidades, ya que la situación geográfica es utilizada por las organizaciones delictivas para lograr impunidad, aprovechando las dificultades de las autoridades judiciales y policiales para recabar las pruebas en forma inmediata.
El fiscal concluyó remarcando que se requiere un proceso multijurisdiccional basado en la cooperación judicial de las naciones involucradas, que permita a los Estados de frontera y ciudades gemelas, enfrentar en forma coordinada y conjunta las exigencias delictuales en sus diversas modalidades, ya que la situación geográfica es utilizada por las organizaciones delictivas para lograr impunidad, aprovechando las dificultades de las autoridades judiciales y policiales para recabar las pruebas en forma inmediata.
“Actualmente,
la normativa vigente obliga a requerir al gobierno central la gestión de
medidas urgentes para el esclarecimiento de un hecho que trasciende la
frontera”, agregó.
La actividad
contó con la presencia del Secretario de Cooperación con los Poderes
Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, y del
vicegobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, la presidenta de la Cámara
Federal de Casación Penal, Liliana Catucci, y funcionarios de los Ministerios
Públicos de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, incluyendo puntos de contacto de
las redes de fiscales iberoamericanos de Trata y Antidrogas.
A lo largo de
las dos jornadas, se trataron temas referidos a la persecución del crimen
organizado transnacional a través del trabajo conjunto, la cooperación jurídica
y la coordinación operativa en las fronteras, poniendo énfasis en la zona de la
“triple frontera”. Se propuso potenciar el contacto directo entre las autoridades
judiciales, a fin de que trabajen en redes de cooperación espontánea y equipos
conjuntos de investigación para combatir las organizaciones criminales en
materia de narcocriminalidad, trata de personas y lavado de activos, entre
otros.
PARAGUAY, LA RUTA
La semana pasada, agentes de la Policía Nacional y la
Senad interceptaron en Itá un cargamento de 97 kilos de cocaína procedente de
Bolivia y que era trasladado en un camión de gran porte. La droga debía llegar
a Ciudad del Este, desde donde debía ser enviada a otros destinos. El modo de
operar se repite en varios casos.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
La agente
fiscal de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico, Lorena
Ledesma, procesó y también solicitó la prisión preventiva para el conductor del
camión en el que iba la sustancia, José Luis Giménez Benítez, de 23 años, y su
acompañante, Oscar Milciades Oviedo, de 33 años, quien habría tenido la función
de mediador entre las partes.
Ambos
fueron detenidos en la madrugada del martes 5 de septiembre pasado en la ciudad
de Itá y fueron imputados por los hechos de tráfico, tenencia y
comercialización de drogas peligrosas.
El agente
fiscal Isaac Ferreira, quien interinó a la fiscal Ledesma y supervisó el
operativo denominado “Truck” realizado en Itá, dijo que se llevó a cabo un
trabajo de seguimiento por parte de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU),
integrada por agentes de la Policía Nacional y la Secretaría Nacional
Antidrogas (Senad).
“Había
información de que venía un camión cargado con droga, desde Bolivia. En virtud
de eso di la orden, nos movilizamos y mediante eso logramos interceptar el
camión y efectivamente transportaba los 97 kilos de cocaína”, dijo el
representante del Ministerio Público.
Los casi
100 kilogramos de la sustancia estaban distribuidos en 94 paquetes que los
traficantes ocultaron en dos bolsas que, a su vez, eran transportadas en la
carrocería de un camión Scania M113 azul, con matrícula BLK 319.
El valor
del cargamento que fue interceptado por la comitiva en esta ocasión asciende a
658.000 dólares americanos.
La carga
fue empacada en Bolivia, ingresó a Paraguay, donde se tenía previsto movilizar
la droga hasta Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, pero ya no en el
camión sino en un vehículo más pequeño, un automóvil particular, difícil de
detectar, según la fiscala Lorena Ledesma.
Ya habría trabajado así
Ferreira
también señaló que “más tarde se generó una orden de allanamiento a la vivienda
de José Giménez, sin embargo no se encontraron evidencias” relacionadas al
tráfico de estupefacientes, pero sí se constató que el joven llevaba una vida
que no condice con la profesión en la que se desempeña.
Según
declaró el agente fiscal, en el lugar se observaron varios aspectos como el
domicilio de importantes dimensiones, así como una nueva construcción.
Esto hizo
suponer que no era la primera vez que realizaba este tipo de trabajos, pues de
acuerdo con datos proporcionados por la Senad, los traficantes pagan a los
conductores por transportar hasta territorio paraguayo, una suma que rondaría
entre los 5.000 y 10.000 dólares americanos.
Esquema similar
El 10 de
julio pasado, los efectivos de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU)
incautaron 205,9 kilos de cocaína que estaban distribuidos en un total de 200
paquetes. El operativo se realizó en Pozo Colorado, departamento de Presidente
Hayes.
La
sustancia iba oculta en un doble fondo de la carrocería de un camión Scania 360
rojo con matrícula BLA 092, que era guiado por Natalicio Bartolomé Balbuena
(69), quien a su vez estaba acompañado de Joel Ramírez Delvalle (26). Ambos
quedaron detenidos.
En este
caso, la mercancía también tenía como destino final la capital del departamento
de Alto Paraná.
Tras el
último operativo en Itá, sumado al de Pozo Colorado, la fiscal Lorena Ledesma
señaló que utilizaron trayectos similares para llegar a un punto común, el este
del país, para de ahí exportar el producto a países de la región e incluso al
continente europeo.
En los
dos casos el sistema empleado tienen características en común, un camión de
gran porte con fondo falso en la carrocería, un conductor que habría sido
contratado por los traficantes con una importante suma de dinero y un
acompañante, intermediario, entre los que envían la droga y los que la tienen
que recibir.
Ledesma,
en tal sentido, sospecha que estas rutas serían bastante utilizadas para el
tráfico de estupefacientes, solo que por ahora están más vigiladas, por lo que
se llega a concretar la intercepción de la carga.
En la ruta del narcotráfico
Con las
incautaciones de cocaína, se confirmó que Paraguay es utilizado como la “ruta
del tráfico de cocaína” en volúmenes de relevancia, luego de constatar que
ingresan grandes cantidades de la droga para hacerla pasar al territorio
brasileño en algunos casos y en otros para el embarque en contenedores en
puertos locales de manera de ser transportados a países europeos, según se
informó.
El
decomiso de los 205,9 kilos de cocaína se encuentra entre las 25 mayores
incautaciones del estupefaciente realizadas por los agentes antidrogas y
constituye una señal más de que los narcotraficantes usan nuestro país debido a
los casi nulos controles en sus fronteras, carreteras y espacio aéreo.
¿CÓMO
SE DEBEN APLICAR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS?
En
países como Bolivia donde transitaron la hiperinflación la toma de medidas como
la suspensión de aumentos de salarios por un lapso permitió reducir el ritmo de
alza de precios
El
Nacional de Venezuela (www.el-nacional.com)
El
investigador Marino González critica que ni en el discurso del gobierno ni en
el de los líderes de la oposición el tema de la inflación y las medidas
económicas que hay que tomar estén presentes. Los casos de dos países que
vivieron la hiperinflación –dos de los 57 que se han registrado en todo el
mundo– sirven para explicar los caminos posibles que puede transitar Venezuela,
apunta González. En 1985 la inflación en Bolivia llegó a 12.000% en un proceso
de alzas continuas que tomó 3 años. “En agosto del año 1985 hubo un acuerdo
político y se tomaron las medidas que incluían un congelamiento de los salarios
del sector público, entre otros ajustes, lo que logró que el ritmo
inflacionario bajara a los 10 días y en los años siguientes bajó primero a 400%
y luego a 145%”.
En Brasil la
implementación de medidas no fue tan exitosa, porque no se redujo el gasto
fiscal. Cuando vivieron su episodio hiperinflacionario les tomó 12 años bajar a
una tasa menor a 3 dígitos. “Fue un período muy largo con una inflación de más
del 100%. Los brasileros tomaron medidas económicas, pero siguieron haciendo
aumentos de salarios en el sector público lo que generó una inercia
inflacionaria, hasta que se dieron cuenta de que eso también alimentaba la
inflación y tuvieron que decirle a sus funcionarios que por un período no iba a
haber más aumentos”.
El presidente
de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, señala que es
necesario tomar medidas desde ya y desmontar los controles de cambio y precios.
Si estuviera en sus manos lo haría de un día para otro. “Los controles ya están
desgastados y justamente llegamos a esta hiperinflación por ellos. Si se va
instrumentar un control más estricto, que es lo que se espera, la escasez se va
a profundizar”.
El jueves el
presidente Nicolás Maduro reconoció en una sesión en la ANC que los mecanismos
de regulación de precios se habían agotado, pero anunció con continuarían con
ellos y a partir de esta semana se comenzarán a fijar los precios máximos de
venta de 50 productos.
Para Guerra
liberar los precios no produciría mayor inflación, pues muchos ya se han
liberado puntualmente ante la presión de la escasez y el tipo de cambio es
necesario liberarlo precisamente por la escasez de divisas que afecta el país.
“La gente debe pagar el dólar al precio que es. Ya los capitales que se iban a
ir se fueron”.
Además de
esas medidas hay que diseñar un programa de protección para los más afectados
por la crisis, aquellos que estancados en la pobreza extrema que entre 2014 y
2016 se duplicó y alcanza a 30% de la población. Allí también se encuentra 50%
de las personas mayores de 55 y 60 años de edad que no reciben pensión, cerca
de 1,5 millones de personas, agrega González. “Es un porcentaje que está
aumentando todo el tiempo y se va acumulando porque tradicionalmente ha sido
excluido, pues la disposición constitucional que establecía las pensiones contributivas
no se ha cumplido”.
Guerra
calcula que se necesitarán por lo menos 3 millardos de dólares en subsidios
directos a la comida en dinero, no vía los CLAP, que son un mecanismo muy
costoso de distribución.
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