viernes, 8 de marzo de 2019

OTRO LOGRO DEL GOBIERNO DE EVO MORALES: SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA

La promulgación del Sistema Único de Salud (SUS) el 20 de febrero pasado, se ha convertido en un día histórico para Bolivia. A través de esta ley, el gobierno busca dar cauce al artículo 18 de la Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada en 2009, en el que se declara que “todas las personas tienen derecho a la salud”. La universalidad y la gratuidad son los dos pilares fundamentales sobre los que se estructura dicha iniciativa. En este sentido, el SUS acercará la cobertura médica a más de cinco millones de personas (51% de la población) que no contaban con ningún seguro de salud.
En el discurso del 20 de febrero, cuando se promulgaba la ley en la Casa Grande del Pueblo, la nueva Ministra de Salud, Gabriela Montaño, expresó: “Cuando recibimos el gobierno, la salud iba rumbo a la privatización, es decir que cada vez menos bolivianos iban a poder acceder de manera gratuita. En el año 2005 teníamos un sistema de salud destruído”.
Algunos datos son elocuentes: el gobierno actual aprobó hasta el 2018 16.686 ítems (cargos) para salud, 1.391 por año, muchos más en comparación a los anteriores sesenta y siete años de gestión donde se aprobaron 15.475 ítems en total; el presupuesto en salud se ha incrementado fuertemente, de 2.773 millones de bolivianos en 2005 a 18.304 millones en el 2017.
Al iniciar el gobierno de Evo Morales Bolivia requería urgentemente avanzar en algunos cambios sociales y económicos que no dependían del presupuesto para la salud, pero que se relacionaban directamente con la prevención y la posibilidad de garantizar una atención más efectiva. En este sentido, en el programa “Esta Casa No Es Hotel”, que sale los domingos en la televisión boliviana, Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud para Bolivia explicó que Bolivia tenía “algunos avances muy importantes, producidos en los últimos diez años, que tienen que ver con lo que se denomina el abordaje de los determinantes de salud: reducción de la pobreza, mejora de la vivienda, del empleo, y de la conectividad del país”.
Por su parte, “la extensión de la cobertura de agua potable y de vacunas contra el rotavirus disminuyó la diarrea, una de las principales causas de mortalidad infantil”, aseguró el especialista. Pero además, para entender por qué el Sistema Único de Salud se lanza en este momento del proceso de cambio, es necesario tener en cuenta que la fortaleza financiera boliviana pasó de 7.600 millones de dólares en 2005 a 52.036 millones en 2017, sosteniendo además un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2009 y 2017 de 4,82%, muy por en encima del promedio regional del 1,87%.
El SUS comenzó a concretarse el primero de marzo de este año, y se irá implementando progresivamente con la perspectiva de completar los objetivos hacia el 2023. En tal sentido, en 2019 se incorporarán ocho mil nuevos ítems que significarán más personal médico y nuevos especialistas para todo el país.
También está prevista la construcción de 54 hospitales, de los cuales cuatro serán de cuarto nivel e incluirán especializaciones en investigación; trece hospitales especializados de tercer nivel, y treinta y siete hospitales de segundo nivel.
De esta manera, se busca mantener en Bolivia a especialistas e investigadores a la vez de recuperar muchos y muchas que se han ido a trabajar a otros países de la región por la histórica falta de inversiones. Al respecto, Evo Morales fue contundente en su discurso de promulgación del SUS: “¿De qué nos estamos liberando? En el modelo neoliberal, bajo dominio imperial, la salud es un negocio, la vida es mercancía. Por un problema de salud en la ciudad, la gente hipoteca su casa para poder salvar la vida de un hijo, de una hija, de un familiar. ¿En el campo qué hacemos? Vender el terreno, después nos quedamos sin casa, sin tierra, con deudas de paso. Implementando progresivamente el SUS queremos que se termine eso, el Estado estará presente para salvar a esas familias”.
Desde que se anunció el proyecto del SUS el año pasado salieron a la luz algunos conflictos con determinados sectores, principalmente de la salud privada y el Colegio Médico de Bolivia, pero también a algunos gobiernos municipales en manos de la oposición. La concreción de la salud gratuita y universal para una enorme cantidad de enfermedades despertó una fuerte resistencia por parte de clínicas privadas que ven perder de esta manera parte de su negocio, ya que muchos pacientes que acudían a sus centros de salud ahora lo harán de forma gratuita a los hospitales públicos.
Al mismo tiempo, una cantidad de médicos nucleados de forma colegiada también se opusieron a la implementación del SUS, evidenciando la defensa de sus intereses privados y su negativa a terminar con la práctica de trasladar pacientes de los hospitales públicos a sus consultorios privados. Por su parte, algunos municipios como los de La Paz y Santa Cruz, han puesto trabas a las inversiones que el gobierno nacional había destinado a hospitales y salas de salud en sus ciudades y éste será, sin duda, otro conflicto que el gobierno deberá resolver para garantizar la aplicación efectiva del nuevo plan.
Jason Azua, Presidente de la Federación de Médicos de Bolivia, enfatizó: “Nosotros no sólo apoyamos el SUS, lo respaldamos y nos constituimos en garantes principales de la implementación del seguro universal y gratuito”.
En este contexto de emergencia de diferentes focos de conflicto para la implementación de la ley, el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud y la elección de la médica Gabriela Montaño para el cargo de ministra es una apuesta fuerte del gobierno de Evo Morales. Militante histórica del MAS y una figura de mucho peso en el pasado reciente de Bolivia, Montaño fue senadora y presidenta del Senado entre 2012 y 2013, diputada y presidenta de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2018 y asumió su nuevo cargo el pasado 23 de enero. Quienes la conocen, afirman que es una militante capaz de defender públicamente el proyecto frente a cualquier sector que busque poner trabas, y que pondrá el cuerpo todo lo que haya que ponerlo para hacer realidad la salud universal y gratuita en Bolivia.
En su discurso durante la promulgación del SUS, Montaño fue clara en sus principios: “Nunca más los bolivianos y las bolivianas tendremos que mendigar para tener salud, esta es la consolidación de nuestra revolución democrática y cultural, que todos y todas tengan acceso a la salud es más democracia”. (www.notasperiodismopopular.com.ar)





ATENCIÓN MÉDICA A EXTRANJEROS: ZANJAR UNA VIEJA DISCUSIÓN
                                                                                                                                                                                                         
No constituye xenofobia la búsqueda de mecanismos de compensación que establezcan un tratamiento de reciprocidad a un lado y otro de la frontera

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
                                                                                      
Un nuevo hecho vinculado con la atención sanitaria que nuestro país garantiza a ciudadanos extranjeros ha vuelto a poner en debate una discusión nunca zanjada. Ocurrió al conocerse la carta enviada a nuestras autoridades por el gobierno de Bolivia, por la que Evo Morales rechazó un reclamo de la administración de Mauricio Macri para que los argentinos que viajen o vivan en aquel país puedan atenderse gratuitamente en sus hospitales del mismo modo en que nuestros vecinos bolivianos lo hacen en centros de salud de la Argentina.
Más allá de que pocas semanas después, autoridades jujeñas del área de Salud se reunieron con sus pares en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra para comenzar a dar los primeros pasos tendientes a lograr reciprocidad en esas prestaciones entre ambas regiones, la pregunta aún sin respuesta es si se debe instrumentar un sistema nacional en el mismo sentido por medio del cual se establezcan pautas claras respecto de la atención de ciudadanos a un lado y otro de las fronteras.
Diversos acuerdos regionales han visto la luz a lo largo de los años, pero son los menos. Cada vez que se reinstaura esta polémica surgen voces que la tiñen de xenófoba. Nada más alejado de la realidad que esa consideración. Se trata de repensar un sistema que equivocadamente se describe como totalmente gratuito, cuando lo único gratuito es el acceso. Siempre alguien debe pagar por la atención de los pacientes, sus seguimientos, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos de rehabilitación, entre otras tantas prestaciones. Y ese alguien es el Estado, sostenido por las contribuciones de todos los ciudadanos.
Que nuestro país reclame reciprocidad de otras naciones no constituye un planteo errado. Por el contrario, en las últimas semanas hemos conocido varios casos de argentinos que se enfermaron estando en el exterior y que al no contar con un seguro especial de cobertura de salud o al exceder los costos el monto asegurado, deben pagar de su bolsillo -y no siempre se cuenta con ese dinero- la atención médica que se les suministra en hospitales públicos de otras naciones.
Tras lo ocurrido en Jujuy, funcionarios de primera línea del gobierno nacional aseguraron que avalan el cobro de la atención médica a extranjeros. Y destacaron que corresponde al Congreso legislar al respecto.
En conceptos del canciller Jorge Faurie, "ha llegado el momento apropiado para que la sociedad argentina, a través del Parlamento, discuta cómo encarar el tema de esa atención médica, que tenga en cuenta primero la de nuestros nacionales y cómo podemos llegar a un mecanismo de asistencia recíproca con cada uno de los países". Faurie explicó que este tema ya fue planteado en diversas oportunidades a los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay.
Esta discusión es de viejísima data, pero adquiere mayor importancia en momentos en que el sistema público de salud se encuentra saturado y la economía de nuestro país pasa por enormes dificultades.
No se trata simplemente de aumentar el gasto en salud. Hay numerosos estudios que confirman que no siempre un mayor presupuesto es sinónimo de calidad. Hay que estudiar muy bien cómo se ejecuta ese presupuesto, cuáles son sus objetivos y cuál su grado de cumplimiento.
Lamentablemente, no hay estadísticas globales sobre la cantidad de extranjeros que se atienden en nuestros centros sanitarios. Cada localidad, cada provincia lleva sus propios números, los que varían año tras año.
Lo que sí hay es una marcada tendencia a subestimar esa problemática. Hace dos años, en oportunidad de reunirse el Consejo Federal de Salud (Cofesa) en Jujuy, quien entonces era ministro del área, Jorge Lemus, fue muy claro al señalar que esa atención indiscriminada y sin contraprestaciones importa para el país una carga económica muy importante. Decía Lemus: "Existe un flujo de pacientes que no vienen a residir, sino que llegan al país sencillamente a atenderse. Solamente en trasplantes para extranjeros, la Argentina puede llegar a erogar 1000 millones de pesos por año".
A eso hay que sumar los llamados "tours médicos", una actividad más comercial que sanitaria, explotada por particulares o grupos de personas que ofrecen a ciudadanos de otros países atenderse en nuestros hospitales sin pagar un peso, salvo los vinculados con traslados, manutención, hospedaje y demás gastos derivados de los días que dure cada estadía en la Argentina.
En otras oportunidades, muchos extranjeros cuyos tratamientos también se realizan en sus países pero de forma arancelada, vienen al nuestro para obtenerlos de manera gratuita. Entre esas prestaciones, figuran numerosas cirugías estéticas, prácticas odontológicas y partos, ya sea naturales o por cesárea.
Existe una tensión evidente entre quienes ponderan el deber hipocrático (atender a todo paciente que lo necesite sin importar los costos) por sobre el principio de justicia (cómo ha de distribuirse la riqueza que genera un país: si entre sus ciudadanos o a manos abiertas).
Cuando los recursos son escasos y las prestaciones numerosas o de alto costo, se plantea una disyuntiva extra: bajar el nivel de atención (esperas, turnos, cantidad de procedimientos terapéuticos, suministro de medicación) para todos los pacientes que lo demandan, sean nacionales o extranjeros, o privilegiar los requerimientos de los primeros, que son quienes sostienen con sus impuestos al Estado proveedor de dichas prácticas.
Son numerosísimos los casos de mujeres de otros países que vienen exclusivamente a tener a sus hijos en nuestros hospitales, muy probablemente porque en sus lugares de origen esas prácticas se encuentran aranceladas o porque, también hay que decirlo, se sienten seguras con el profesionalismo de nuestros equipos médicos, paramédicos y técnicos.
Si nuestros hospitales pudieran recuperar esos costos como producto de acuerdos de reciprocidad con otros Estados, la cuestión sería muy distinta. No se trata de conculcar derechos, como muchas veces se lo quiere hacer ver, pues lo que está en discusión no es la atención de emergencia, sino las prácticas programadas.
Nuestra Constitución garantiza para los extranjeros el mismo trato que para quienes han nacido en nuestro suelo. Reclamar un recupero o mecanismo de compensación en esta materia es necesario para poder seguir manteniendo el sistema en beneficio de todos.
Es hora de involucrarnos de manera seria y decidida en este tipo de economía tan sensible como prioritaria: la de la salud.





JUJUY VA NUEVAMENTE POR LA COMPENSACIÓN DE GASTOS EN SALUD DE EXTRANJEROS
                                                                          
A partir del acuerdo de reciprocidad con Bolivia, nuestra provincia pretende compensar los gastos de 2018, ya sea con dinero o con gas para los pueblos de la Puna.

Jujuy Online de Argentina (www.jujuyonlinenoticias.com.ar)
                                                                                                          
En los próximos días las autoridades de Jujuy y de Bolivia realizarán una videoconferencia para analizar los avances del convenio de reciprocidad. Luego, mantendrán una reunión el 1 de abril en la cual se solicitará la compensación de los gastos que la Provincia tiene en materia de salud pública al brindar asistencia a ciudadanos extranjeros.
“Nosotros no vamos solo por la reciprocidad, sino también por la igualdad”, sostuvo el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, refiriéndose a la situación que atraviesan Argentina y Bolivia respecto a la atención sanitaria y aclaró que “no es la misma cantidad de jujeños que se asisten en Bolivia que la de bolivianos que se atienden en Jujuy”.
“Si no están dispuestos a la compensación de gastos, por ejemplo en proveer de gas a nuestras localidades de la Puna que es lo que Jujuy necesita y Bolivia puede dar, el sistema de salud se verá obligado a cobrar las prestaciones a las que no tiene alcance el convenio actual, que sólo asiste en la urgencia y en la atención primaria”, explicó Bouhid.
El Ministro apuntó que “se pretende ir aumentando la cantidad de prestaciones a medida que pase el tiempo para que ambos países atendamos sin cobrarnos, mientras no suceda se solicita la colaboración de acuerdo a las necesidades de cada uno”.
Por otra parte, al hablar sobre el convenio de reciprocidad vigente desde el primero de marzo, Bouhid informó que “se está trabajando de manera excelente con la localidad de Tarija” y agradeció al gobernador Adrián Oliva “por intervenir personalmente ante el caso de dos jujeños que lamentablemente se accidentaron el día martes y fueron asistidos totalmente gratis ante la emergencia”.
“Estos pacientes decidieron venirse a Jujuy por una cuestión de tecnología y recurso humano, y fueron trasladados hasta la frontera de manera gratuita marcando un hecho histórico, ya que es la primera vez que a ciudadanos argentinos no le cobran la atención sanitaria en una emergencia en la hermana República de Bolivia”, concluyó.





FAMILIA ARGENTINA RECIBE ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN BOLIVIA

La Voz de Argentina (www.lavoz.com.ar)
                                                                                      
Una familia jujeña que se accidentó el martes en Bolivia pudo recibir atención médica gratuita en ese país "por la aplicación del convenio de reciprocidad en la salud" acordado con las autoridades de ese país en febrero, destacó hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales
El mandatario afirmó desde su cuenta en Facebook que "la reciprocidad en salud se ha concretado" en el caso de tres integrantes de una familia que vive la ciudad de Libertador General San Martín, por lo que manifestó su "profundo agradecimiento" al gobernador de Tarija, Adrián Esteban Oliva.
El accidente automovilístico ocurrió el martes de carnaval, en horas de la madrugada, a la altura del acceso sur de Tarija, cuando la familia regresaba a Jujuy. 
Tras los llamados al sistema de emergencia, una ambulancia concurrió al lugar, les prestó los primeros auxilios y los trasladó al hospital, detalló Morales.
Por el hecho resultaron lesionados Mario Mendoza Gareca, boliviano residente en Argentina, quien presenta una fractura de fémur y rodilla y fractura en una vértebra, y su esposa Rosa María Mamaní, de nacionalidad argentina, quien tiene golpes múltiples en el cuerpo. 
En tanto que una niña hija de la mujer presentaba un cuadro de golpes en el pecho y cabeza.
Si bien inicialmente "se les había negado la atención, gracias a la rápida intervención del primer mandatario de Tarija, recibieron la correspondiente asistencia médica", dijo Morales.
El gobernador jujeño destacó que la provincia cuenta con tecnología de Tercer Nivel y "hasta que Bolivia mejore la atención con el nuevo Sistema Único de Salud, que recién comenzará a implementarse con la nueva ley, persiste una asimetría entre los sistemas públicos de salud de ambos países".
"De allí que la familia ha solicitado regresar a la Argentina; acción que estamos evaluando actualmente en articulación conjunta entre las autoridades sanitarias de Tarija y de Jujuy", apuntó el mandatario.
Respecto al Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud con Bolivia dijo que "el giro logrado ha sido importante" y eso permitió que se registraran los primeros casos de argentinos atendidos gratuitamente en el vecino país. 
De todos modos, advirtió que frente a la disparidad de personas extranjeras que recibe atención sanitaria en la provincia jujeña y en Bolivia, van a ?seguir planteando un esquema de compensación de los 160 millones de pesos que anualmente demanda la atención de extranjeros a la provincia".





NAVIERA PARAGUAYA ISL PROYECTA CONECTAR MONTEVIDEO CON PUERTO BOLIVIANO PREVIA ESCALA EN ASUNCIÓN
                                                                                    
La empresa procura que sea el gobierno boliviano quien le sugiera qué puerto podría recibir carga RO-RO y maquinaria

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
                                                               
“Dentro de nuestra estrategia 2019, está desarrollar una frecuencia a Bolivia”, confió el director ejecutivo de la naviera Independencia Shipping Lines (ISL), Gabriel Kaklouk, a MundoMarítimo.
“Luego de varios intentos en el pasado, la empresa retomó hace tres años el proyecto de unir los puertos de Uruguay y Bolivia a través de dos barcos que pueden llevar (a los puertos del país del altiplano) contenedores, aunque nuestro interés es transportar vehículos, automóviles, camiones, maquinaria y carga proyecto”, señaló el directivo.
Dos de los cinco buques con que cuenta la empresa (los gemelos “Sandra” e “Inquebrantable”, que tienen un calado máximo de 2,804 metros), serían los que la naviera quiere utilizar para conectar los puertos de Uruguay y Bolivia a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.
“Nuestros barcos pueden traer de bajada contenedores y graneles, para Uruguay o para que se reembarquen a puertos de ultramar, de modo de hacer rentable la ecuación económica”, añadió.
“Otros colegas ya están haciendo un buen trabajo transportando contenedores y no queremos incursionar en ese rubro. Lo nuestro apunta al tema de la carga rodante, aprovechando nuestro network”, subrayó. “Vimos en las estadísticas que hay mucha exportación de Argentina hacia Bolivia, entonces nuestros barcos podrían tomar vehículos en la vecina orilla y entregarlos en puertos bolivianos”, razonó.
Kaklouk afirmó que ya se reunió con el vicecanciller Ariel Bergamino a quien lo informó sobre el interés de desarrollar el mercado boliviano y aguardamos hacer lo propio con representantes del gobierno de ese país a quienes “queremos expresarle nuestra voluntad, como armadores, de desarrollar ese mercado con barcos de ISL”.
“Vamos a dedicar dos buques al tráfico entre Uruguay y Bolivia en forma directa, sin trasbordo. Si el volumen ameritara dedicaremos el resto de nuestras embarcaciones para complementar este servicio vía Asunción”, anticipó.
“Queremos que sea el gobierno boliviano el que nos diga qué puerto quieren impulsar en función del tipo de negocio a desarrollar y nosotros lo vamos a hacer”, aseveró el entrevistado.  “¿Por qué no pensar en buscar el desarrollo de la zona oeste de Bolivia, generar allí un polo logístico donde los propios importadores de vehículos pudieran tener su centro de pre entrega y desde ahí distribuirlos a todo el oriente boliviano”, proyectó.





PROPONEN POLÍTICAS SELECTIVAS PARA REDUCIR DÉFICIT COMERCIAL DE BOLIVIA

Xinhua de China (www.spanish.xinhuanet.com)
                                                                          
Empresarios y expertos propusieron políticas alternativas de promoción selectiva de importaciones y exportaciones, libre venta de excedentes, incrementar la producción de alimentos no tradicionales y el potenciamiento de la industrialización ante el cuarto año consecutivo de déficit comercial de Bolivia.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, explicó a Xinhua que para incrementar las ventas internacionales y equiparar a las importaciones, es necesario potenciar las facilidades de las exportaciones acompañadas de la estabilidad económica, política y social.
Señaló que el repunte de las ventas se traducirá en un "espaldarazo" importante al crecimiento económico que Bolivia ha proyectado para este año, de 4,5 por ciento.
No obstante, advirtió que una balanza comercial negativa afecta el crecimiento económico.
"Exportar permite la posibilidad de que la economía de un país crezca mucho más que basándose sólo en su mercado interno, especialmente cuando éste es pequeño y de bajo poder adquisitivo, como ocurre en Bolivia", agregó.
Asimismo, manifestó que el continuo déficit de la balanza comercial afecta también a la disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que en Bolivia han tenido una mengua en los últimos años.
Bolivia registró en 2018 un déficit comercial de 935,6 millones de dólares, pese al incremento del valor de las exportaciones de un 8,7 por ciento en 2018, según un informe del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).
El INE detalla que las ventas al mercado externo se incrementaron de 8.338 millones de dólares en 2017 a 9.060 millones de dólares en 2018. En tanto que las importaciones registraron una suba de 9.308,5 millones de dólares a 9.995,9 millones, es decir, un 7,4 por ciento.
Por su lado, el ministro de desarrollo Rural, César Cocarico, manifestó este jueves en una entrevista con una emisora local, que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos para ampliar los mercados para los productos bolivianos en mejores condiciones y buen precio.
"Estamos abriendo nuevos mercados para exportar una serie de productos con valor agregado, cuyos cultivos presentaron sobreproducción en las últimas cosechas. Además, se está negociando con países de Asia y Europa para llegar con carne vacuna", afirmó.
Reconoció que en los últimos años el déficit comercial tuvo un promedio de 1.000 millones de dólares. Dijo que es necesario coadyuvar acciones con productores y exportadores para enfrentar el déficit comercial.
A su vez, el gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, explicó a Xinhua que lo destacable de la gestión 2018 es el crecimiento de las exportaciones, principalmente de los productos tradicionales como la minería y los hidrocarburos.
"El horizonte exportador está mejorando, lo que beneficia a Bolivia por sus efectos multiplicadores, desde ingresos a las reservas internacionales, generación de empleo y crecimiento", añadió.
Empero, lamentó que la economía de Bolivia dependa de la alta volatilidad de los precios del petróleo y los minerales, lo que "demuestra que el país es vulnerable a los precios internacionales".
El experto en comercio exterior señaló que para superar el déficit comercial consideró "vital" diversificar las ventas al exterior de otros productos no tradicionales, con demanda en otros países, con la finalidad de impulsar al sector de la agroindustria.
Según Rodríguez, el mejoramiento del desempeño externo se debe efectuar con la combinación de una política de promoción selectiva de exportaciones y una política de sustitución competitiva de importaciones, a lo que podría contribuir fuertemente la libre exportación de excedentes.
Dijo que es necesario gestar políticas públicas dirigidas a mejorar la productividad y la competitividad de Bolivia frente a un problemático entorno signado por un tipo de cambio del dólar fijo en el país desde el año 2011 respecto a las devaluaciones desde entonces en Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Consideró fundamental iniciar una política agresiva de apertura de nuevos mercados para la producción boliviana, de manera que el esfuerzo empresarial vaya acompañado de acciones estatales en aras de un mejor futuro económico para los bolivianos.





CANCILLERES DE PERÚ Y BOLIVIA DIALOGARON SOBRE AGENDA BILATERAL E INTEGRACIÓN
                                                                                    
Perú y Bolivia han intensificado en los últimos años una agenda de integración que tiene como uno de sus principales puntos el uso del puerto de Ilo, en la región sureña de Moquegua, como punto de embarque y desembarque del comercio boliviano.

Gestión de Perú (www.gestion.pe)

Los cancilleres de Perú y de Bolivia, Néstor Popolizio y Diego Pary, respectivamente, sostuvieron una reunión de trabajo que les permitió revisar la agenda bilateral y el proceso de integración regional.
La Cancillería peruana señaló, en un comunicado, que Popolizio recibió a Pary en el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio peruano de Relaciones Exteriores, en el centro histórico de Lima.
"Hoy me reuní con el canciller boliviano, Diego Pary, con quien abordamos diversos temas de nuestra intensa agenda bilateral. Asimismo, dialogamos sobre el futuro de los diversos procesos de integración en Suramérica, sus retos y complejidades", detalló Popolizio en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Según agregó la Cancillería, Pary acudió a la cita acompañado de la viceministra de Relaciones Exteriores, Carmen Almendras, y durante la reunión se abordaron temas de la "intensa agenda bilateral en el ámbito político-diplomático y económico-comercial".
También se trataron "otros temas de interés común" y se dialogó sobre el futuro de los diversos procesos de la integración regional.
Sobre este último aspecto, los cancilleres subrayaron el trabajo de la presidencia pro-tempore de la Comunidad Andina que ejerce Perú y las "posibles alternativas" a la crisis que afronta la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), afectada por pugnas internas y la suspensión de la participación de varios países.
Perú y Bolivia han intensificado en los últimos años una agenda de integración que tiene como uno de sus principales puntos el uso del puerto de Ilo, en la región sureña de Moquegua, como punto de embarque y desembarque del comercio boliviano.
Ilo fue visitado en octubre del año pasado por el presidente boliviano, Evo Morales , mientras que la Empresa Nacional de Puertos de Perú (Enapu ) desarrolla una campaña de promoción entre empresarios de las principales ciudades bolivianas.
El presidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, anunció en febrero pasado una inversión de más de US$ 400 millones para exportar su producción a través de Ilo.
Fuentes oficiales peruanas señalan que la carga enviada por las empresas bolivianas se ha incrementado en los últimos meses, ya que Ilo ofrece un 30% de descuento en las tarifas y 90 días libres de almacenamiento en exclusiva a la carga de ese país.
Además, en el último gabinete binacional, celebrado en septiembre del 2018, se estableció una mesa de trabajo para analizar la integración energética entre las dos naciones, que considera la revisión de las condiciones para la exportación de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL) de Bolivia hacia Perú.
En ese encuentro también se conversó sobre los recursos hídricos transfronterizos, como el saneamiento del lago Titicaca, que ambos países comparten, así como la seguridad y defensa ante desafíos como la lucha contra el narcotráfico.
Los dos países también analizan el desarrollo del ferrocarril bioceánico, un proyecto que plantea unir los océanos Pacífico y Atlántico, entre los puertos de Santos en Brasil e Ilo en Perú, a través de Bolivia.





EN BUSCA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES EN CIUDAD BOLIVIANA DE EL ALTO

Agencia IPS de México (www.ipsnoticias.net)
                                                                                        
Cuando anochece en El Alto, una ciudad boliviana rodeada por los Andes, resulta difícil ver a las mujeres por las oscuras calles. Esto se debe a que a las mujeres y las niñas se les dice que se queden en casa, por su seguridad. Sin embargo, algunas de ellas no pueden evitar salir.
“Nos afecta mucho”, explica Rosa Juana Quispe Vargas, vendedora local de 42 años de edad, madre soltera y líder comunitaria en la zona de Lotes y Servicios de El Alto. “Antes de subirnos a un minibús por las noches debemos mirar primero para ver si hay alguna mujer, porque si sólo hay hombres, nos acosan. En las calles, si nos encontramos con lugares oscuros, tomamos otro camino”.
Es uno de los problemas de vivir en esta ciudad en expansión a tan sólo 15 km de la capital de Bolivia, La Paz. El Alto, que en el pasado era una desolada comunidad tranquila, se ha convertido en la segunda mayor ciudad del país, y la que está creciendo con mayor rapidez.
“Tengo una tienda en la zona y he visto varias veces a mujeres y niñas agredidas por hombres, en ocasiones sus propios esposos”, dice Quispe Vargas. “El machismo no ha desaparecido; de hecho, ahora la situación es peor que antes, aunque ahora contamos con la Ley 348 (una ley que prohíbe la violencia contra las mujeres)”, añade.
Una encuesta llevada a cabo por el gobierno sobre la prevalencia de la violencia de género en Bolivia descubrió que, en el departamento de La Paz, al que pertenece El Alto, un 87% de las mujeres afirmaba haber experimentado alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida, y un 66% declaraba haber sufrido algún tipo de violencia sexual.
En 2018, cuando El Alto pidió participar en la Iniciativa emblemática mundial “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros” de ONU Mujeres, esta organización, utilizando fondos de la República de Corea, realizó un estudio de alcance con el objetivo de conocer mejor la naturaleza de la violencia y dónde se produce.
El estudio identificó las calles, los bares y el transporte público como lugares con mayor probabilidad de que ocurra acoso sexual y otras formas de violencia sexual, y detalló los mecanismos de protección que utilizan las mujeres.
“Me fijo en si los autobuses tienen logotipos de sindicatos de transporte”, relataba una joven entrevistada en el marco del estudio. “Miro si hay personas ebrias y escribo un mensaje de Whatsapp a mi familia para que sepan que voy en el autobús. Observo detrás de mí para ver si alguien me vigila y oculto mi monedero”, afirma.
En El Alto, el nuevo programa Ciudad Segura busca aumentar la seguridad y mejorar la calidad de vida de las mujeres mediante el desarrollo y la aplicación de un enfoque local con respecto a la prevención de la violencia sexual en los espacios públicos y la respuesta a este problema.
En el futuro, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el programa colaborará con las autoridades locales (la policía, el gobierno local y el sector del transporte), las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y otros socios en el diseño de servicios para las sobrevivientes, la integración de las cuestiones de género en la planificación urbana y el impulso a las iniciativas de movilización comunitaria dirigidos a prevenir este tipo de violencia.
“Es importante que la planificación incluya a las mujeres”, explica Patricia Urquieta, del programa de Ciencias del Desarrollo en la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) e investigadora principal del estudio de alcance de El Alto.
Según afirma, “las ciudades deben ser lugares en los que las mujeres puedan ejercer con libertad su derecho a la felicidad, su derecho a moverse, a crecer…”. La planificación del transporte público, las aceras, etc., deben tener en cuenta la economía de los cuidados y la movilidad de las personas que atienden a otras… El urbanismo feminista promueve la seguridad, pero también la vitalidad”.
Señala Urquieta que se necesita un enfoque sensible al género en la planificación de todos los departamentos municipales, que debe incluir inversiones en infraestructuras públicas (agua potable segura, saneamiento mejorado, alumbrado, creación de puestos en los mercados), junto con capacitación para las mujeres a fin de dotarlas de conocimientos básicos en materia financiera y de desarrollo económico.
Más de un tercio de la población de El Alto vive en la pobreza.
A pesar de que la tasa de participación de las mujeres bolivianas en el mercado de trabajo es la más elevada de la región (62%), es necesario mejorar urgentemente sus condiciones de vida y de trabajo.
Determinados grupos de mujeres, como las indígenas y las migrantes, así como las jóvenes, presentan una vulnerabilidad particular al acoso sexual en espacios públicos, y se observa una falta de servicios públicos para las mujeres trabajadoras.
“Las mujeres demandan principalmente guarderías para el cuidado de sus hijas e hijos, ya que esto mejoraría sus recursos financieros al poder dedicarse a tiempo completo a actividades comerciales”, añade Ariel Ramírez Quiroga, subdirectora de la Fundación Munasim Kullakita, socio local del programa.
También es importante crear conciencia entre las mujeres y hombres sobre el reparto del trabajo de cuidados, explica.
“Muchas madres no querían que sus hijas participaran en los talleres de prevención que organizamos porque eso las obligaba a disponer de menos tiempo para las labores domésticas y las responsabilidades de cuidado… es preciso conseguir que la carga del cuidado no recaiga exclusivamente en las mujeres y distribuir el trabajo doméstico y de cuidados de manera más equitativa entre hombres y mujeres”, explica Ramírez Quiroga.
Cecilia Enríquez, directora del programa Ciudad Segura en El Alto, confía en el éxito del programa porque “entre otros factores, el Gobierno sabe que este programa logra resultados concretos y ha priorizado este trabajo en la agenda urbana; además, está invirtiendo esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres”.
En 2019, el programa Ciudad Segura de El Alto examinará las leyes y políticas dirigidas a prevenir y responder a la violencia sexual en los espacios públicos.
Las autoridades, organizaciones de mujeres y socios comunitarios recibirán capacitación para llevar a cabo un seguimiento de la eficaz aplicación de las leyes y políticas, así como para asegurarse de que las leyes se acompañen de recursos suficientes para marcar una diferencia en la vida de las mujeres.
“Queremos que la comunidad influya en el diseño de las políticas públicas municipales”, afirma Ramírez Quiroga.
“Las mujeres también necesitan sus espacios para organizarse y exigir un cambio. Las ONG, fundaciones e instituciones pueden ofrecerles las herramientas precisas para su labor de promoción y defensa, pero las decisiones deben ser adoptadas por las mujeres en toda su diversidad”, concluye.




LAS BOLIVIANAS ALZARÁN LA VOZ EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y LOS FEMINICIDIOS

El Telegrafo de Ecuador (www.eltelegrafo.com.ec)
                                                     
Activistas bolivianas por los derechos de las mujeres afinaron el jueves 7 de marzo de 2019 los detalles para movilizarse con motivo del Día Internacional de la Mujer, con reclamos sobre todo de igualdad laboral y en contra de los feminicidios. Uno de los colectivos que se movilizará el viernes 8 de marzo de 2019 es la agrupación Pan y Rosas Bolivia, cuyos integrantes, sobre todo mujeres, se reunieron en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz para preparar pancartas y cánticos alusivos a la fecha.
Las activistas pintaron consignas como "El espacio es público, mi cuerpo no", "Feminicidios. El Estado es responsable", "No me felicites" u "8M mujeres contra el patriarcado", en cartulinas y telas de color morado, que identifica al movimiento feminista. "Este 8 de marzo no tenemos nada que celebrar ni en Bolivia, ni en el mundo, porque las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia machista", dijo a Efe una representante de Pan y Rosas Bolivia, Violeta Tamayo.
La activista recordó que en 2018 se registraron más de un centenar de feminicidios en Bolivia y lamentó que estos sucesos queden impunes en su mayoría, a pesar de que en el país está vigente desde 2013 una ley contra la violencia machista. Esta norma sanciona el feminicidio con treinta años de cárcel sin derecho a indulto, la máxima pena de la legislación boliviana.
Tamayo también llamó la atención sobre una violencia "invisibilizada" contra las mujeres, que incluye aspectos como la explotación laboral, el trabajo doméstico no remunerado o "el hecho de que las mujeres trabajadoras en Bolivia recibimos un 47 por ciento menos de ingresos que nuestros pares varones". Pan y Rosas Bolivia marchará este viernes en la tarde junto a otros colectivos feministas, como Warmis en resistencia y Ni una menos, además del sindicato de mujeres constructoras.
La marcha, a la que también concurrirán estudiantes de la universidad estatal de La Paz, será encabezada por sindicatos de mujeres y los familiares de víctimas de feminicidios.





Deportan a un ciudadano boliviano que había sido condenado por un abuso sexual en Córdoba

La Provincia de Argentina (www.grupolaprovincia.com)
                                                 
Un hombre de nacionalidad boliviana que cumplía una pena por un abuso sexual de una niña de 13 años fue deportado hoy a su país desde Córdoba, justo antes de que pudiera solicitar el beneficio de la libertad condicional, informó la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
El ciudadano expulsado, cuya identidad no fue dada a conocer, podía salir libre tras cumplir dos tercios de su condena de seis años de prisión por dos hechos de "abuso sexual con acceso carnal reiterado" en perjuicio de la víctima, integrante de su entorno familiar.
La DNM, dependiente del Ministerio del Interior, informó que el acusado había sido condenado por la Cámara de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba el 23 de octubre de 2015 y estaba alojado en la cárcel de Cruz del Eje.
El organismo había dispuesto el 7 de febrero de 2017 la cancelación de la residencia permanente en el país y ordenó su expulsión con prohibición permanente de reingreso al territorio nacional.
De esta manera, el Juzgado de Ejecución Penal de Cruz del Eje autorizó la medida y el hombre fue trasladado hasta el Aeropuerto de Córdoba por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), tras lo cual partió a las 12.40 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. 

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