jueves, 11 de abril de 2019

AMÉRICA LATINA DEBE PREPARARSE PARA DESASTRES NATURALES


En un contexto marcado por eventos naturales extremos cada vez más intensos y frecuentes, las ciudades latinoamericanas deben prepararse mejor para garantizar la seguridad de sus habitantes y la sostenibilidad económica. Para ello, es crucial que las políticas urbanas integren elementos de mitigación y adaptación al cambio climático y tomen medidas coordinadas e intersectoriales en función de las particularidades de cada ciudad, según el informe Enfrentar el riesgo, publicado por CAF -banco de desarrollo de América Latina- en alianza con el Observatorio para América Latina de The New School.

La investigación miró hacia las infraestructuras de las ciudades, muchas veces en malas condiciones, que si se ignoran agrava los riesgos.
Las ciudades latinoamericanas deben prepararse mejor para "garantizar la seguridad de sus habitantes y la sostenibilidad económica" ante los eventos naturales cada vez más extremos debido al cambio climático, según un estudio publicado este jueves por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina.
La investigación propone un total de nueve lecciones con la intención de que puedan servir de "referencias" para que los políticos de ciudades de todo el continente las apliquen, como aprovechar las nuevas tecnologías para evaluar riesgos, renovar las infraestructuras, involucrar a los vecinos y planear las situaciones límite con antelación.
A través de seis casos concretos en localidades de Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina, el CAF apuntó "distintas problemáticas y enfoques de abordaje institucional en el manejo de la resiliencia".
El informe, realizado en conjunto con el Observatorio para América Latina de la universidad estadounidense The New School, determinó que las amenazas eran "estacionales y bastante predecibles" en el pasado, como los períodos tradicionales de sequías y lluvias, pero en la actualidad se vuelven "cada vez más impredecibles".
El vicepresidente de Desarrollo Sostenible del CAF, Julián Suárez Migliozzi, expresó que "es necesario diseñar estrategias integrales y modelos de intervención que permitan abordar la gestión de riesgos desde múltiples niveles de gobierno".
Así, indicó que uno de los puntos principales es el "ámbito urbano", ya que el rol de la gestión local es un elemento "fundamental" para que las ciudades aguanten mejor los envites meteorológicos causados por el cambio climático.
Migliozzi apostó por "medidas intersectoriales consecuentes" para complementar las políticas de prevención de riesgos.
Las ciudades analizadas en la publicación fueron Manizales (Colombia), La Paz (Bolivia), Cuenca (Ecuador), Cubatao (Brasil) y Santa Fe y Pilar (Argentina).
En total, se extrajeron nueve focos de acción a raíz de las experiencias de esas localidades.
Así, en primer lugar recomendaron aprovechar las nuevas tecnologías para evaluar riesgos, ya que contar con estudios científicos puede permitir establecer estándares de seguridad en zonas de riesgo.
Además, apuntaron que el mapeo de las zonas vulnerables y sus particularidades ayuda a un mayor entendimiento del riesgo. Los especialistas aconsejaron que las ciudades formen redes de intercambio de experiencias respecto a desastres naturales vividos para mejorar las actuaciones en próximas ocasiones.
Planificar para la incertidumbre fue otra de las acciones recomendadas, algo que se traduce en preparar estrategias de gestión de riesgo para tener un mecanismo de acción cuando sucedan.
La investigación miró hacia las infraestructuras de las ciudades, muchas veces en malas condiciones, y avisó de que "se requiere un constante control de calidad y mantenimiento", algo que si se ignora agrava los riesgos naturales.
También sugirieron que se involucre a los vecinos junto al gobierno local para lograr una conversación integral sobre el manejo de riesgos.
Las otras "lecciones" del estudio fueron las de usar sistemas de alerta temprana para salvar vidas, pensar con originalidad a la hora de conformar estrategias y pensar más allá de los límites de la propia ciudad en el control de riesgos, porque "los límites ecológicos no obedecen a jurisdicciones administrativas". http://ecos.la/8/ciencia_tecnologia/2019/04/11/32400/america-latina-debe-prepararse-para-desastres-naturales-dice-estudio/





POLÉMICA EN BOLIVIA: GOBIERNO DECIDE AMPLIAR FRONTERA AGRÍCOLA EN 250 000 HECTÁREAS PARA SOYA TRANSGÉNICA

En una reunión entre empresarios y autoridades de gobierno, entre ellos el presidente Evo Morales, se acordó ampliar la frontera agrícola en 250 000 hectáreas para el cultivo de dos nuevas semillas de soya modificada.

Revista La Mula de Perú (www.mongabay-latam.lamula.pe)
                                                                                 
Un acuerdo entre el gobierno de Evo Morales y los agroindustriales de Santa Cruz ha dado inicio a una nueva polémica en Bolivia. Se trata de la autorización para el uso de soya genéticamente modificada destinada a la producción de biodiesel, una decisión anunciada, el lunes 18 de marzo, luego de que el vicepresidente, Álvaro García Linera, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente Morales se reunieran con los empresarios privados en Santa Cruz de la Sierra.
La negociación supone ampliar la frontera agrícola en 250 000 hectáreas adicionales al millón 300 mil hectáreas que ya existen para el sembrío de soya transgénica desde el año 2004, cuando el gobierno aprobó el uso de este cultivo modificado, pero cuya variedad es diferente a la que se consigna en el nuevo acuerdo.
Este incremento de territorio servirá para producir 100 millones de litros de combustible vegetal, como lo anunció el ministro de Hidrocarburos el día que se selló el compromiso.
Los cuestionamientos no tardaron en llegar desde los sectores que ven a la soja transgénica como un riesgo para la biodiversidad, además que cuestionan el aumento de la deforestación y la legalidad de la medida asumida por el gobierno boliviano.

Bosques en riesgo por expansión agrícola 

Para el investigador Marco Gandarillas, responsable de incidencia política del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la decisión adoptada por el presidente Morales es “un atentado contra el ambiente y la biodiversidad”. Según sostiene, la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de soya transgénica “es un estímulo directo para deforestar bosques y priorizar la expansión de agronegocios sobre territorios que deben estar dedicados a la conservación o que pertenecen a comunidades indígenas.”
Lo que sucede en la Reserva Forestal Guarayos es un ejemplo de ello —dice Gandarillas— pues los cultivos avanzan prácticamente hasta el borde de los bosques primarios que aún conserva esta área protegida. En este territorio ya se han generado tensiones entre el pueblo indígena Guarayo y empresarios, campesinos, colonos y otros ocupantes por sembrar y criar ganado en tierras que por norma tienen un uso estrictamente forestal. El cambio del territorio ha sido de tal magnitud que, en el año 2017, el gobierno boliviano acordó el redimensionamiento de la reserva que abarca más de un millón de hectáreas. La decisión provocó la reacción de las comunidades nativas que habitan en este espacio.
Pero también preocupa a Gandarillas que los niveles de deforestación podrían superar la cantidad de hectáreas anunciadas por el gobierno, porque esta medida sería un estímulo para que nuevas áreas de agronegocios avancen sobre tierra de vocación forestal. “Hay expertos que calculan en 400 000 hectáreas la deforestación por esta causa. En Bolivia tenemos ya una tasa de deforestación de 300 000 hectáreas anuales”, comenta.
Gary Rodríguez Álvarez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en Santa Cruz, asegura que Bolivia tiene “muchísima tierra con vocación agrícola” y estima que los cultivos de soya de ninguna manera van a significar que se invadan aquellas que no tienen ese destino. “El gobierno propone 250 000 hectáreas, pero existe la posibilidad de crecer en Santa Cruz, tranquilamente, hasta un millón de hectáreas adicionales que tienen vocación agroproductiva para la soya”. Rodríguez agregó que también se podría considerar los territorios con vocación agrícola en otras regiones del país.

Un problema para la biodiversidad

El gerente de IBCE  en Santa Cruz sostiene que lo que hizo el gobierno ha sido atender un pedido de los pequeños y medianos productores en Santa Cruz —alrededor de 12 000 en esa región— que durante los últimos años han tenido problemas con plagas y sequías. Actualmente —continúa— la única soya autorizada es resistente a un tipo de herbicida, pero “los agricultores piden un cultivo tolerante a la sequía y que además sea resistente al ataque de insectos”.
Según el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, durante la última campaña agrícola la producción de soya llegó a 2.9 millones de toneladas en todo el país. En cuanto a la cantidad que se cultiva en Santa Cruz, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) indica que fueron  1.2 millones de toneladas de soya en el 2018, de ellas el 80 % se comercializó en el mercado externo por más de 1000 millones de dólares. 
Desde la otra orilla, Miguel Ángel Crespo director de la institución Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA) cuestiona la decisión del gobierno de autorizar la introducción de nuevas variedades de soya transgénica porque va en contra de lo que indica la Constitución Política de Bolivia, así como la Ley de la Madre Tierra y el Acuerdo de Cartagena, entre otras normas nacionales e internacionales. “Estas normas prohíben la introducción de transgénicos”, comenta.
En el artículo 255 de la Constitución Política del Estado de Bolivia se precisa la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. También la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, impulsada por Evo Morales, prohíbe la introducción, producción, uso, liberación y comercialización de semillas modificadas que corresponden a cultivos originarios de Bolivia y de aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad y la salud.
Pero la oposición de Crespo no solo se sustenta en el ámbito legal. Su preocupación tiene que ver con las características de las dos nuevas variedades que se utilizarán en el país para la producción de biodiesel, porque, asegura, tendrán un impacto negativo debido a que se deberán aplicar agrotóxicos adicionales a los que ya se utilizan en el país. “Esta soya no solamente es resistente al glifosato, como las que ya se usan en Bolivia, sino que además es resistente al glufosinato de amonio”.
El glifosato y el glufosinato de amonio son herbicidas que se usan para el control de la maleza durante la precosecha de la soya u otros cultivos. El glifosato ha sido el centro de polémicas entre científicos debido a que hay estudios contradictorios sobre sus posibles efectos cancerígenos; mientras que el glufosinato de amonio también se utiliza en cultivos ilícitos por su capacidad para quemar la planta.
“Nos parece una barbaridad que Bolivia se preste a autorizar estos eventos sin llevar adelante estudios. Más bien debería promover la reducción gradual de los transgénicos existentes en Bolivia”, señaló Crespo, quien cuestiona también que aumentar la producción de biodiesel sea una medida amigable con el medio ambiente, pues asegura que para la producción de las 250 000 mil hectáreas se utilizarán por lo menos once millones de litros de agroquímicos y 20 millones de litros de diésel.
El gobierno de Bolivia asegura que el uso de la biotecnología en la producción de soya tiene como único fin la elaboración de biodiesel, que permitirá bajar costos, reducir importación y disminuir subvención al diésel.
En declaraciones a medios bolivianos, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que con el acuerdo se avanza “a paso firme” hacia la soberanía energética en gasolina y diésel, “cuidando el medio ambiente, brindando mejor rendimiento a los vehículos y generando ahorro económico tanto al Estado como al bolsillo de los usuarios”.


  


IZQUIERDA BOLIVIANA EVO MORALES VISITA TURQUÍA BUSCANDO COOPERACIÓN MILITAR

Breit Bart de Turquía (www.breitbart.com)
                                                  
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le dio la bienvenida a Ankara a su homólogo izquierdista boliviano, Evo Morales, para las conversaciones oficiales. Morales expresó su esperanza de que su país pueda expandirse cooperando con los militares turcos.
Morales asistió a un evento a su llegada organizado por la Universidad de Ankara junto con el Ministro de Educación de Turquía, Ziya Selçuk, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, el rector de la Universidad de Ankara, Erkan Ibiş, y otros funcionarios.
Según el periódico gubernamental Sabah, Morales "expresó su deseo de que aumente el número de estudiantes bolivianos en la universidad y que las relaciones turco-bolivianas continúen creciendo".
El líder boliviano luego fue al Complejo Presidencial para reunirse con Erdogan y participar en una ceremonia oficial de saludo. Los dos hombres sostuvieron conversaciones a puerta cerrada y luego hablaron sobre su reunión con los reporteros. Morales dijo que esperaba cortejar el apoyo de Erdogan en el área de defensa.
"Necesitamos cooperación en el campo de la defensa, especialmente para combatir el contrabando", dijo. "Queremos que la transferencia y la compra de tecnología cooperen con el ejército, y la necesitamos".
Erdogan invitó personalmente a Morales a Turquía, según la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca, que marcó la primera visita presidencial de Bolivia a Turquía. En sus comentarios, Erdogan agradeció a Morales por su vehemente postura antiisraelí y su apoyo al estado palestino.
"Quiero agradecer a Bolivia por su apoyo a la causa de Palestina, especialmente por el estatus de Jerusalén y la protección de los civiles palestinos", dijo Erdogan en sus comentarios.
El deseo de Erdogan de establecer una relación con Morales sirve como una indicación más de su afición por los regímenes autoritarios de la extrema izquierda de América Latina, a pesar de haber presentado una vez un cargo en Turquía como un político islamista de centro derecha de libre mercado. El líder turco ya ha desarrollado fuertes lazos con el régimen de Maduro en Venezuela y parece estar expandiendo esa relación con los aliados de Maduro.
En enero, Erdogan advirtió a los Estados Unidos contra los intentos de instigar una transición a la democracia en la Venezuela golpeada por la crisis, instando a Maduro a "ponerse de pie" contra los intentos de expulsarlo al reconocer al líder de la oposición Juan Guaidó como el presidente legítimo del país. Morales se hizo eco de esa declaración, como un aliado regional vital para el régimen de Maduro conectado por su ideología socialista y antiimperialista.
"Nombrar presidentes hoy fue como el nombramiento de gobernadores durante la era de la colonización", dijo. "Conozco muy bien al estado venezolano, a su gobierno y al pueblo ... Es un país que defiende su independencia y soberanía a pesar de los problemas fiscales. Por eso los apoyamos".
Los dos hombres también comparten la responsabilidad de dirigir regímenes responsables de violaciones graves de derechos humanos. El año pasado, Turquía encarceló al mayor número de periodistas de todo el mundo y arrestó a docenas de activistas políticos y de derechos humanos. Las elecciones presidenciales turcas de 2018 incluyeron a un popular candidato obligado a hacer campaña tras las rejas, el líder del Partido Democrático Popular (HDP) Selahattin Demirtas. Según Amnistía Internacional, se siguieron denunciando casos de tortura, pero en menor número que tras el fallido intento de golpe militar en julio de 2016.
Las violaciones de los derechos humanos en Bolivia siguen sin ser reportadas por los medios de comunicación, quienes siguen más enfocados en el supuesto éxito de la agenda izquierdista de Morales. "La impunidad por los delitos violentos y las violaciones de los derechos humanos sigue siendo un problema grave en Bolivia", señala Human Rights Watch en su Informe Mundial de 2018. "La administración del presidente Evo Morales ha creado un ambiente hostil para los defensores de los derechos humanos que socava su capacidad para trabajar de forma independiente".
"A pesar de las reformas legales recientes, el uso extensivo de la prisión preventiva, combinada con demoras en los juicios, socava los derechos de los acusados ​​y contribuye al hacinamiento en las prisiones", continúan. "Las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra las mujeres y el trabajo infantil son otras preocupaciones importantes".





EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PONE LA MIRA EN OPCIÓN DE INVERTIR EN AMÉRICA LATINA

Durante foro comercial en Panamá expresaron su interés en industria del litio en Bolivia

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
                                                                          
En el contexto del Global Business Forum Latin America, que organiza la Cámara de Comercio e Industrias de Dubái en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, se analizan las oportunidades de aumentar los intercambios comerciales y la inversión entre Emiratos Árabes Unidos y toda la región del golfo árabe con América Latina, según informó La Prensa.
Este año el foro se efectúa en Panamá y por primera vez se celebra fuera de Emiratos Árabes Unidos contando con la participación de altos funcionarios de gobiernos y empresarios de América Latina y el golfo árabe.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, destacó en la inauguración las similitudes entre Panamá y los Emiratos Árabes Unidos, dos países abiertos que son hubs o centros logísticos y de conectividad para sus respectivas regiones. 
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de los Emiratos Árabes Unidos, Majid Saif Al Ghurair, dijo que Panamá se ha convertido en la puerta de acceso para aquellos que quieren acceder a América, igual que lo es Dubái para los que quieren entrar en Oriente Medio y el norte de África.
Cabe mencionar que el comercio no petrolero entre Panamá y Dubái se ha duplicado de US$21 millones en 2016 a US$42 millones en 2018. Un dinamizador de las inversiones podría ser la conexión directa entre las dos capitales, una ruta que fue anunciada en 2016 por la aerolínea Emirates, pero que no se llegó a concretar. Consultado al respecto, Varela dijo que se están viendo alternativas para operar el vuelo con una escala técnica.
Visión del BID
Mientras que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, destacó las posibilidades de crecimiento de las relaciones bilaterales entre las dos regiones. En 2018, los intercambios llegaron a US$16,300 millones, cifra que es apenas el 7% del comercio que América Latina tiene con Europa.
Moreno señaló que, aunque América Latina produce la mitad del cobre del mundo, y Emiratos Árabes importa US$1.600 millones al año, la región no le vende esta materia prima a países del golfo.
En esa línea, el estudio del BID “Hacia una relación renovada y fortalecida: Fomentando vínculos entre América Latina y el Caribe y el Gólfo Árabe” destaca que en 2018 los países del Golfo Árabe (Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) importaron US$10.900 millones desde Latinoamérica y apenas exportaron US$5.400 millones.
De hecho, el total del intercambio es apenas el 3% de los US$600.000 millones de comercio anual entre ALC y Asia.
Según el BID, el comercio entre ambas regiones está altamente concentrado en unos pocos países. Brasil, Argentina y México, los que representan el 76% del total de los intercambios en ambos sentidos (importaciones y exportaciones).
Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) desarrollan el 27% de las exportaciones de los países del Golfo hacia América Latina y el Caribe y el 46% de las importaciones provenientes de Latinoamérica.
Fortalecer relaciones
Para aumentar el nivel de intercambios, Moreno planteó que "tenemos que conocernos y entendernos mejor". Una de las rutas para que esto suceda es la apertura de embajadas, consulados y oficinas comerciales.
De acuerdo con los cálculos del BID, con más representaciones diplomáticas, el comercio entre las regiones aumentaría US$3.300 millones, mientras que nuevos acuerdos comerciales permitirían un comercio adicional de US$9.800 millones. En consecuencia, ambas medidas combinadas podrían generar un intercambio adicional superior a US$13.000 millones. 
Interés en litio de Bolivia
En paralelo, el presidente de Bolivia, Evo Morales visitó recientemente Emiratos Árabes Unidos para participar en la Novena Reunión Anual de Inversiones de los Emiratos Árabes, que se realizó en Dubái, con la finalidad de atraer el interés de empresarios de todo el mundo.
Tras su visita oficial, el mandatario confirmó que empresarios de Emiratos Árabes Unidos viajarán a Bolivia para analizar proyectos de inversiones en la industrialización del litio, según informó Radio Panamericana.
“En una reunión con el príncipe (heredero) de Abu Dabi (Mohamed bin Zayed Al-Nahyan) nos decía que mandará una delegación de inversionistas a Bolivia (…), (Emiratos Árabes Unidos) está más impresionado por el tema litio”, dijo.
De acuerdo con la autoridad boliviana, el príncipe quedó sorprendido por el proyecto de industrialización de litio que actualmente aplica el Estado en los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa, en Potosí y Oruro, enfatizó.
A fin de darle concreción al encuentro, el presidente boliviano instruyó a la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, quien lo acompañó al encuentro con el príncipe, que se encargue de coordinar con los inversionistas de Emiratos Árabes Unidos para definir los temas.
Por su parte, el canciller de Bolivia, Diego Pary sostuvo que “en unos meses más, una delegación de Emiratos Árabes Unidos se estará trasladando a Bolivia, y creo que son resultados concretos que impulsan a Bolivia”, según consignó la red estatal Patria Nueva.





BOLIVIA: EL ACCESO AL AGUA HA AUMENTADO EN LOS REINADOS DEL PRESIDENTE MORALES

Amerika 21 de Dinamarca (www.amerika21.de)

Según el ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Carlos Ortuño, el país tiene una tendencia positiva en la implementación de proyectos de agua y en el acceso al agua potable. Por lo tanto, el gobierno del presidente Evo Morales ha invertido en los últimos 13 años, en todo el país, alrededor de 2,9 mil millones de dólares en acceso a agua potable, sistemas de riego y saneamiento. Desde el inicio del primer mandato de Morales en 2005, las inversiones han aumentado constantemente, dijo el ministro.
La Constitución de 2009 define el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Hoy, más de 9.7 millones de personas se benefician de esto en Bolivia. Esto corresponde a alrededor del 86 por ciento de la población. De la población urbana, el 95 por ciento de las personas tiene acceso al agua, en comparación con el 67 por ciento en las áreas rurales. Antes de 2005, la situación del suministro era significativamente peor. En ese momento, solo el 68 por ciento en las ciudades, el 44 por ciento en el campo y el 60 por ciento a nivel nacional tenían acceso a agua potable limpia. Durante los gobiernos anteriores, el agua se había utilizado cada vez más para atraer inversores privados. El descontento de la población llegó a su punto máximo en 2000 en la "guerra del agua" en Cochabamba, cuando los habitantes protestaron contra la privatización del agua por parte de la empresa Aguas del Tunari y el aumento de precios asociado.
Después de privatizar el agua durante diez años, el gobierno de Evo Morales se enfoca en mejorar el acceso al agua para la población. Para 2025, todas las personas en Bolivia deberían tener acceso a agua potable y saneamiento.
Además, desde 2005, el número de campos alimentados con agua se ha duplicado. En la actualidad, más de 500,000 hectáreas de tierra son irrigadas por sistemas de rociadores y otras tecnologías. Gracias a la mejora del acceso al agua, la producción agrícola ha aumentado.
Sobre la base del curso del gobierno, según el ministro, el cambio en las tareas del estado y sus responsabilidades, así como el reclamo de la población al estado, debe ser visto. Como ejemplo, Ortuño llama a los programas "Mi Agua" (Mi agua) y "Mi Riego" (Mi Riego), que harían actuar a los gobiernos locales.





GLOBALSTAR: "ESPERAMOS AYUDAR A COMBATIR LA MINERÍA ILEGAL EN EL PERÚ"

La empresa transnacional GlobalStar explica cómo la tecnología satelital —en colaboración con el Estado— puede ser utilizada para combatir la minería ilegal en el Perú, tomando como referencia a Colombia y la ley llamada “Maquinaria amarilla”.

Semana Económica de Colombia (www.semanaeconomica.com)
                                                                                       
Globalstar, empresa transnacional de tecnología satelital, explica cómo el uso de rastreadores satelitales puede ayudar a la lucha contra la minería ilegal. Alfredo Terrazas, gerente de canales Latinoamérica de GlobalStar, cuenta su experiencia en Colombia, país en el que invirtió más de US$40 millones y en el que se aplica una ley llamada “Maquinaria amarilla”.
¿Cómo es que la tecnología satelital combate la minería ilegal?
A través de la implantación de un rastreador satelital que indique no sólo dónde está, sino cuándo opera su maquinaria a todas horas para a ser reportado directamente a las Fuerzas Armadas (FFAA). Si bien GlobalStar es una empresa transnacional que opera a nivel mundial, esperamos ayudar a combatir la minería ilegal en el Perú. En Colombia ya lo hacemos, gracias a la aplicación de la ley conocida como “Maquinaria amarilla”, vigente desde el 2015 [según el Ministerio de Transporte de Colombia].
¿De qué trata “Maquinaria amarilla”?
La Ley de la Maquinaria Amarilla señala que toda maquinaria que tenga una pala o cargador frontal debe tener un dispositivo rastreador satelital que reporte directamente a las FFAA. Si la máquina no cuenta con uno, en una batida, esa máquina procede a ser destruida, no importa si está en la ciudad, campo, o tránsito. 
¿Funcionó desde un principio?
No. En un principio, se reportaba a la policía, se decomisaba la máquina y se llevaba a un depósito. Lamentablemente, empezó otra mafia. Así que se modificó la ley: ahora la máquina no es decomisada, sino destruida, y el reporte va directo a las FFAA. No sólo se trata de destruir la máquina, sino de investigar por qué estaba, en dónde estaba y quién la llevó, para proceder a enjuiciar a los responsables.
¿Qué tan cerca cree que está Perú de aplicar una ley similar?
Estamos tratando de adaptar la “Maquinaria amarilla” a las leyes peruanas. El Perú, al igual que Colombia, tiene problemas con la minería ilegal; está asociada con el narcotráfico y hasta con el terrorismo. Llega a ser un asunto de seguridad nacional. Hemos tenido reuniones con funcionarios interesados, con congresistas. Asimismo, hemos brindado información sobre los buenos resultados que ha habido en Colombia con esta medida [10% de reducción al 2018] a los ministerios.
Esto no ha sido meramente con motivos comerciales: en algunos casos ha sido para que exploren por su propia cuenta. En el caso de GlobalStar, hay una línea de productos llamada SmartOne que se dedica a prestar servicios de esta índole. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser un producto GlobalStar, sino que puede ser cualquiera que cumpla con la regulación que salga en su momento.
¿Cómo funcionaría esta ley en el Perú?
Las máquinas nuevas, por ejemplo de Volvo o Caterpillar, ya vienen con rastreadores incluidos. Sin embargo, aproximadamente el 80% de la maquinaria que se utiliza en Perú es importada y de segunda mano, y éstas no cuentan con uno. La idea es que, cuando la máquina pase por aduanas y pase por el puerto del Callao, se vea obligada a contar con un rastreador para que las FFAA puedan saber en dónde está en todo momento. Tendrían, evidentemente, que poner una fecha límite para poder adquirirlo.
¿Qué efectos tendría en el sector privado?
A través de cualquier plataforma satelital, la empresa puede anticipar el mantenimiento por su rastreo de horas de uso. En caso sea aprobada la ley, beneficiaría a aquellas compañías que brindan servicios de prestación de máquinas, ya que funcionaría como un seguro. Muchas veces se alquila maquinaria con motivos ficticios, y es usado para minería ilegal. La compañía así puede saber en dónde se encuentra su activo y tomar las medidas necesarias. La tecnología satelital tiene infinitos usos. En este caso hablamos de minería, pero también se puede usar en la pesca, turismo, transporte, en recreación (deportes outdoor), etc. Tenemos cobertura mundial, el equipo que compres en el Perú puede funcionar en China, Estados Unidos, Chile y más.
¿Con qué empresas del sector privado trabaja GlobalStar en el Perú?
Es importante mencionar que GlobalStar Perú se maneja a través de tres distribuidores mayoristas en territorio nacional: Tesam, Datacont, Global Sat Perú y CLS Perú. En caso se aprobara la ley, GlobalStar vendería a través de los distribuidores, no directamente. 
Además de Colombia, ¿algún otro país en la región con problemas de minería ilegal está tomando esta medida?
El único que está usándolo es Colombia. Bolivia tiene también muchos problemas con minería ilegal, pero Bolivia está 20 años más atrasado que Perú. En Chile no hay muchos problemas de minería ilegal, las mineras están más formalizadas. La mayoría tiene equipos de rastreo, GPS y GPRS [que sirve para la trasmisión de voz e imágenes]. Nos llevan cierta ventaja porque la operación minera es mucho más visible. Acá formar un operativo es complicado. Podemos saber que una maquinaria está en Madre de Dios, pero como no se sabe exactamente en dónde, se utiliza mucho tiempo y recursos para llegar a ella. La idea del proyecto es generar prevención.





HALLAN UN CADÁVER SEMIENTERRADO EN LA FRONTERA "CALIENTE" ENTRE SALTA Y BOLIVIA

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
                                                                                    
El clima en la localidad de Aguas Blancas, en la frontera de Salta y Bolivia, es cada vez más tenso. En el contexto del conflicto que estalló la semana pasada entre el Gobierno y los bagayeros que cruzan todo tipo de mercaderías sobre sus espaldas a través del Bermejo con la entrada en vigor de una nueva resolución para importadores que los obliga a salir de la ilegalidad y convertirse en microemprendedores, la policía encontró, semienterrado en una finca, el cadáver de un hombre.
Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el cadáver fue encontrado en el cauce del río Tarija, dentro de los parajes denominados Colonia Linares y El Algarrobito, en cercanías de Aguas Blancas. Al cuerpo le faltaban las manos; todo parece indicar que se las comió un caimán que fue encontrado cerca.
La víctima llevaba en la cintura un machete con vaina de cuero. Los investigadores sospechan que sería un trabajador rural. En tanto, la Policía Nacional de Bolivia informó a sus pares de la Policía de Salta que no cuentan con denuncias ni información de la eventual desaparición de personas en las zonas cercanas al lugar del hallazgo del cadáver.
El caso es investigado por la Fiscalía de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, a cargo de Claudia Carrera. Según informó la agencia de noticias Télam, el informe preliminar de autopsia no pudo aportar detalles de la causa de muerte debido al deterioro que presentaba el cuerpo, por lo que se extrajeron muestras para futuros estudios y cotejos. Será inhumado como NN.
Las fuentes detallaron que desde la fiscalía se solicitaron numerosas medidas tendientes a identificar a la persona fallecida y conocer la causa y la data de muerte
Aguas Blancas se caracteriza por su intenso tránsito de personas y cargas, especialmente, las que bajan desde Bermejo, del lado boliviano de la frontera. A través del río hay dos pasos: el legal, cuyo tránsito se hace con balsas que cuestan 20 pesos el cruce, y el ilegal, con botes que amarran a pocos metros del paso habilitado, conocido como "Los gomones". En esa zona, ayer, un grupo de bagayeros tuvo un enfrentamiento con gendarmes que detectaron su intento de entrada al país a través del paso ilegal.
Conflicto entre los bagayeros y el Gobierno
El lunes 1° de abril, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, presentaron en Aguas Blancas el Plan Fronteras Seguras. Allí se estableció que los importadores que crucen mercaderías desde Bolivia por los pasos internacionales Puerto Chalanas y Aguas Blancas podrán realizar una importación diaria con un tope de 500 dólares en mercancías -textiles y calzados nuevos- y 24 operaciones mensuales.
Esa resolución no fue bien recibida por los pobladores de esa ciudad del norte salteño, ya que el flujo informal de mercancías es el músculo económico más fuerte con el que cuentan los pobladores de la zona. Un importante grupo de bagayeros está en pleno plan de lucha; para ellos ser "microemprendedores" e inscribirse en el listado de importadores exigido por la AFIP argentina no es una opción: buscan un acuerdo o procurarán, por los medios que sea, "enterrar" para siempre la resolución, advierten.
Según las cifras que se conocen, por el paso de Aguas Blancas pasan alrededor de 5000 personas por día. "No vamos a aceptar el pago de ese impuesto, ya que no somos los inversores ni los revendedores, solo pasamos las mercaderías y en la cadena somos los que menos dinero ganamos", sostuvo el grupo de bagayeros autoconvocados.
En cambio, la ministra Bullrich defiende la medida, que considera crucial para incrementar el control en las fronteras. "Estamos en el comienzo de una era distinta para este paso fronterizo, para Salta y para el país. No solo estamos inaugurando el Centro Inteligente de Vigilancia Fronteriza, sino que damos un paso histórico y, como lo hemos hablado con el gobernador Urtubey, se trata de cambiar un sistema de acostumbramiento. Junto con la AFIP, la Aduana, Migraciones, las intendencias y las cámaras de Comercio se va a pasar de un sistema de bagayeros a un sistema de importadores", explicó Bullrich el día de la inauguración del plan Fronteras Seguras, que terminó con la comitiva apedreada cuando intentaba salir de Aguas Blancas.

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