En un contexto marcado por eventos naturales
extremos cada vez más intensos y frecuentes, las ciudades latinoamericanas
deben prepararse mejor para garantizar la seguridad de sus habitantes y la
sostenibilidad económica. Para ello, es crucial que las políticas urbanas
integren elementos de mitigación y adaptación al cambio climático y tomen
medidas coordinadas e intersectoriales en función de las particularidades de
cada ciudad, según el informe Enfrentar el riesgo, publicado por CAF -banco de
desarrollo de América Latina- en alianza con el Observatorio para América
Latina de The New School.
Las ciudades
latinoamericanas deben prepararse mejor para "garantizar la seguridad de
sus habitantes y la sostenibilidad económica" ante los eventos naturales
cada vez más extremos debido al cambio climático, según un estudio publicado
este jueves por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina.
La
investigación propone un total de nueve lecciones con la intención de que
puedan servir de "referencias" para que los políticos de ciudades de
todo el continente las apliquen, como aprovechar las nuevas tecnologías para
evaluar riesgos, renovar las infraestructuras, involucrar a los vecinos y
planear las situaciones límite con antelación.
A través de
seis casos concretos en localidades de Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil y
Argentina, el CAF apuntó "distintas problemáticas y enfoques de abordaje
institucional en el manejo de la resiliencia".
El informe,
realizado en conjunto con el Observatorio para América Latina de la universidad
estadounidense The New School, determinó que las amenazas eran
"estacionales y bastante predecibles" en el pasado, como los períodos
tradicionales de sequías y lluvias, pero en la actualidad se vuelven "cada
vez más impredecibles".
El
vicepresidente de Desarrollo Sostenible del CAF, Julián Suárez Migliozzi,
expresó que "es necesario diseñar estrategias integrales y modelos de
intervención que permitan abordar la gestión de riesgos desde múltiples niveles
de gobierno".
Así, indicó
que uno de los puntos principales es el "ámbito urbano", ya que el
rol de la gestión local es un elemento "fundamental" para que las
ciudades aguanten mejor los envites meteorológicos causados por el cambio
climático.
Migliozzi
apostó por "medidas intersectoriales consecuentes" para complementar
las políticas de prevención de riesgos.
Las ciudades
analizadas en la publicación fueron Manizales (Colombia), La Paz (Bolivia),
Cuenca (Ecuador), Cubatao (Brasil) y Santa Fe y Pilar (Argentina).
En total, se
extrajeron nueve focos de acción a raíz de las experiencias de esas
localidades.
Así, en primer lugar recomendaron aprovechar las nuevas tecnologías para evaluar riesgos, ya que contar con estudios científicos puede permitir establecer estándares de seguridad en zonas de riesgo.
Así, en primer lugar recomendaron aprovechar las nuevas tecnologías para evaluar riesgos, ya que contar con estudios científicos puede permitir establecer estándares de seguridad en zonas de riesgo.
Además,
apuntaron que el mapeo de las zonas vulnerables y sus particularidades ayuda a
un mayor entendimiento del riesgo. Los especialistas aconsejaron que las
ciudades formen redes de intercambio de experiencias respecto a desastres
naturales vividos para mejorar las actuaciones en próximas ocasiones.
Planificar
para la incertidumbre fue otra de las acciones recomendadas, algo que se
traduce en preparar estrategias de gestión de riesgo para tener un mecanismo de
acción cuando sucedan.
La
investigación miró hacia las infraestructuras de las ciudades, muchas veces en
malas condiciones, y avisó de que "se requiere un constante control de
calidad y mantenimiento", algo que si se ignora agrava los riesgos
naturales.
También
sugirieron que se involucre a los vecinos junto al gobierno local para lograr
una conversación integral sobre el manejo de riesgos.
Las otras
"lecciones" del estudio fueron las de usar sistemas de alerta
temprana para salvar vidas, pensar con originalidad a la hora de conformar
estrategias y pensar más allá de los límites de la propia ciudad en el control
de riesgos, porque "los límites ecológicos no obedecen a jurisdicciones
administrativas". http://ecos.la/8/ciencia_tecnologia/2019/04/11/32400/america-latina-debe-prepararse-para-desastres-naturales-dice-estudio/
En una reunión entre empresarios y autoridades de
gobierno, entre ellos el presidente Evo Morales, se acordó ampliar la frontera
agrícola en 250 000 hectáreas para el cultivo de dos nuevas semillas de soya
modificada.
Revista La
Mula de Perú (www.mongabay-latam.lamula.pe)
Un acuerdo
entre el gobierno de Evo Morales y los agroindustriales de Santa Cruz ha dado
inicio a una nueva polémica en Bolivia. Se trata de la autorización para el uso
de soya genéticamente modificada destinada a la producción de biodiesel, una
decisión anunciada, el lunes 18 de marzo, luego de que el vicepresidente, Álvaro
García Linera, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el
presidente Morales se reunieran con los empresarios privados en Santa Cruz de
la Sierra.
La
negociación supone ampliar la frontera agrícola en
250 000 hectáreas adicionales al millón 300 mil hectáreas que ya existen para
el sembrío de soya transgénica desde el año 2004, cuando el
gobierno aprobó el uso de este cultivo modificado, pero cuya variedad es
diferente a la que se consigna en el nuevo acuerdo.
Este
incremento de territorio servirá para producir 100 millones de litros de
combustible vegetal, como lo anunció el ministro de Hidrocarburos el día que se
selló el compromiso.
Los
cuestionamientos no tardaron en llegar desde los sectores que ven a la soja
transgénica como un riesgo para la biodiversidad,
además que cuestionan el aumento de la deforestación y la legalidad de la
medida asumida por el gobierno boliviano.
Bosques en riesgo por expansión
agrícola
Para el
investigador Marco Gandarillas, responsable de incidencia política del Centro
de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la decisión adoptada por el
presidente Morales es “un atentado contra el ambiente y la biodiversidad”.
Según sostiene, la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de soya
transgénica “es un estímulo directo para deforestar bosques y priorizar la
expansión de agronegocios sobre territorios que deben estar dedicados a la
conservación o que pertenecen a comunidades indígenas.”
Lo que
sucede en la Reserva Forestal Guarayos es un ejemplo de ello —dice Gandarillas—
pues los cultivos avanzan prácticamente hasta el
borde de los bosques primarios que aún conserva esta área protegida.
En este territorio ya se han generado tensiones entre el pueblo indígena
Guarayo y empresarios, campesinos, colonos y otros ocupantes por sembrar y
criar ganado en tierras que por norma tienen un uso estrictamente forestal. El
cambio del territorio ha sido de tal magnitud que, en el año 2017, el gobierno
boliviano acordó el redimensionamiento de la reserva que abarca más de un
millón de hectáreas. La decisión provocó la reacción de las comunidades nativas
que habitan en este espacio.
Pero también
preocupa a Gandarillas que los niveles de deforestación podrían superar la
cantidad de hectáreas anunciadas por el gobierno, porque esta medida sería un
estímulo para que nuevas áreas de agronegocios avancen sobre tierra de vocación
forestal. “Hay expertos que calculan en 400
000 hectáreas la deforestación por esta causa. En Bolivia
tenemos ya una tasa de deforestación de 300 000 hectáreas anuales”, comenta.
Gary
Rodríguez Álvarez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) en Santa Cruz, asegura que Bolivia tiene “muchísima tierra con
vocación agrícola” y estima que los cultivos de soya de ninguna manera van a
significar que se invadan aquellas que no tienen ese destino. “El gobierno
propone 250 000 hectáreas, pero existe la posibilidad de crecer en Santa Cruz,
tranquilamente, hasta un millón de hectáreas adicionales que tienen vocación
agroproductiva para la soya”. Rodríguez agregó que también se podría considerar
los territorios con vocación agrícola en otras regiones del país.
Un problema para la biodiversidad
El gerente
de IBCE en Santa Cruz sostiene que lo que hizo el gobierno ha sido
atender un pedido de los pequeños y medianos productores en Santa Cruz
—alrededor de 12 000 en esa región— que durante los últimos años han tenido
problemas con plagas y sequías. Actualmente —continúa— la única soya
autorizada es resistente a un tipo de herbicida, pero “los agricultores piden
un cultivo tolerante a la sequía y que además sea resistente al ataque de
insectos”.
Según el
Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, durante la última campaña agrícola la producción de soya llegó
a 2.9 millones de toneladas en todo el país. En cuanto a la cantidad que se
cultiva en Santa Cruz, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
(ANAPO) indica que fueron 1.2 millones de toneladas de soya en el 2018,
de ellas el 80 % se comercializó en el mercado externo por más de 1000 millones
de dólares.
Desde la
otra orilla, Miguel Ángel Crespo director de la institución Productividad
Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA) cuestiona la decisión del gobierno de
autorizar la introducción de nuevas variedades de soya transgénica porque va en contra de lo que indica la Constitución Política de Bolivia, así
como la Ley de la Madre Tierra y el Acuerdo de Cartagena, entre
otras normas nacionales e internacionales. “Estas normas prohíben la introducción
de transgénicos”, comenta.
En el
artículo 255 de la Constitución
Política del Estado de Bolivia se precisa la prohibición de importación,
producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y
elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. También la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir
Bien, impulsada por Evo Morales, prohíbe la introducción, producción, uso,
liberación y comercialización de semillas modificadas que
corresponden a cultivos originarios de Bolivia y de aquellos que atenten contra
el patrimonio genético, la biodiversidad y la salud.
Pero la
oposición de Crespo no solo se sustenta en el ámbito legal. Su preocupación
tiene que ver con las características de las dos nuevas variedades que se
utilizarán en el país para la producción de biodiesel, porque, asegura, tendrán
un impacto negativo debido a que se deberán aplicar agrotóxicos
adicionales a los que ya se utilizan en el país. “Esta soya no
solamente es resistente al glifosato, como las que ya se usan en Bolivia, sino
que además es resistente al glufosinato de amonio”.
El glifosato
y el glufosinato de amonio son herbicidas que se usan para el control de la
maleza durante la precosecha de la soya u otros cultivos. El glifosato ha sido
el centro de polémicas entre científicos debido a que hay estudios contradictorios
sobre sus posibles efectos cancerígenos; mientras que el glufosinato de amonio
también se utiliza en cultivos ilícitos por su capacidad para quemar la planta.
“Nos parece
una barbaridad que Bolivia se preste a autorizar estos eventos sin llevar
adelante estudios. Más bien debería promover la reducción gradual de los
transgénicos existentes en Bolivia”, señaló Crespo, quien cuestiona también que
aumentar la producción de biodiesel sea una medida amigable con el medio
ambiente, pues asegura que para la producción de las 250 000 mil hectáreas se
utilizarán por lo menos once millones de litros de agroquímicos y 20 millones
de litros de diésel.
El gobierno
de Bolivia asegura que el uso de la biotecnología en la producción de soya
tiene como único fin la elaboración de biodiesel, que permitirá bajar costos,
reducir importación y disminuir subvención al diésel.
En
declaraciones a medios bolivianos, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto
Sánchez, dijo que con el acuerdo se avanza “a paso firme” hacia la soberanía
energética en gasolina y diésel, “cuidando el medio ambiente, brindando mejor
rendimiento a los vehículos y generando ahorro económico tanto al Estado como
al bolsillo de los usuarios”.
IZQUIERDA BOLIVIANA EVO MORALES VISITA TURQUÍA BUSCANDO
COOPERACIÓN MILITAR
Breit Bart de Turquía (www.breitbart.com)
El
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le dio la bienvenida a Ankara a su
homólogo izquierdista boliviano, Evo Morales, para las conversaciones
oficiales. Morales expresó su esperanza de que su país pueda expandirse
cooperando con los militares turcos.
Morales
asistió a un evento a su llegada organizado por la Universidad de Ankara junto
con el Ministro de Educación de Turquía, Ziya Selçuk, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Bolivia, Diego Pary, el rector de la Universidad de Ankara, Erkan
Ibiş, y otros funcionarios.
Según el
periódico gubernamental Sabah, Morales "expresó su deseo de que aumente el
número de estudiantes bolivianos en la universidad y que las relaciones
turco-bolivianas continúen creciendo".
El líder
boliviano luego fue al Complejo Presidencial para reunirse con Erdogan y
participar en una ceremonia oficial de saludo. Los dos hombres sostuvieron
conversaciones a puerta cerrada y luego hablaron sobre su reunión con los
reporteros. Morales dijo que esperaba cortejar el apoyo de Erdogan en el área
de defensa.
"Necesitamos
cooperación en el campo de la defensa, especialmente para combatir el
contrabando", dijo. "Queremos que la transferencia y la compra de
tecnología cooperen con el ejército, y la necesitamos".
Erdogan invitó
personalmente a Morales a Turquía, según la Dirección de Comunicaciones de la
Presidencia turca, que marcó la primera visita presidencial de Bolivia a
Turquía. En sus comentarios, Erdogan agradeció a Morales por su vehemente
postura antiisraelí y su apoyo al estado palestino.
"Quiero
agradecer a Bolivia por su apoyo a la causa de Palestina, especialmente por el
estatus de Jerusalén y la protección de los civiles palestinos", dijo
Erdogan en sus comentarios.
El deseo de Erdogan de establecer una relación con Morales sirve como una indicación más de su afición por los regímenes autoritarios de la extrema izquierda de América Latina, a pesar de haber presentado una vez un cargo en Turquía como un político islamista de centro derecha de libre mercado. El líder turco ya ha desarrollado fuertes lazos con el régimen de Maduro en Venezuela y parece estar expandiendo esa relación con los aliados de Maduro.
El deseo de Erdogan de establecer una relación con Morales sirve como una indicación más de su afición por los regímenes autoritarios de la extrema izquierda de América Latina, a pesar de haber presentado una vez un cargo en Turquía como un político islamista de centro derecha de libre mercado. El líder turco ya ha desarrollado fuertes lazos con el régimen de Maduro en Venezuela y parece estar expandiendo esa relación con los aliados de Maduro.
En enero,
Erdogan advirtió a los Estados Unidos contra los intentos de instigar una
transición a la democracia en la Venezuela golpeada por la crisis, instando a
Maduro a "ponerse de pie" contra los intentos de expulsarlo al
reconocer al líder de la oposición Juan Guaidó como el presidente legítimo del
país. Morales se hizo eco de esa declaración, como un aliado regional vital
para el régimen de Maduro conectado por su ideología socialista y
antiimperialista.
"Nombrar
presidentes hoy fue como el nombramiento de gobernadores durante la era de la
colonización", dijo. "Conozco muy bien al estado venezolano, a su
gobierno y al pueblo ... Es un país que defiende su independencia y soberanía a
pesar de los problemas fiscales. Por eso los apoyamos".
Los dos
hombres también comparten la responsabilidad de dirigir regímenes responsables
de violaciones graves de derechos humanos. El año pasado, Turquía encarceló al
mayor número de periodistas de todo el mundo y arrestó a docenas de activistas
políticos y de derechos humanos. Las elecciones presidenciales turcas de 2018
incluyeron a un popular candidato obligado a hacer campaña tras las rejas, el
líder del Partido Democrático Popular (HDP) Selahattin Demirtas. Según Amnistía
Internacional, se siguieron denunciando casos de tortura, pero en menor número
que tras el fallido intento de golpe militar en julio de 2016.
Las
violaciones de los derechos humanos en Bolivia siguen sin ser reportadas por
los medios de comunicación, quienes siguen más enfocados en el supuesto éxito
de la agenda izquierdista de Morales. "La impunidad por los delitos
violentos y las violaciones de los derechos humanos sigue siendo un problema
grave en Bolivia", señala Human Rights Watch en su Informe Mundial de
2018. "La administración del presidente Evo Morales ha creado un ambiente
hostil para los defensores de los derechos humanos que socava su capacidad para
trabajar de forma independiente".
"A
pesar de las reformas legales recientes, el uso extensivo de la prisión
preventiva, combinada con demoras en los juicios, socava los derechos de los
acusados y contribuye al hacinamiento en las prisiones", continúan.
"Las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra las mujeres
y el trabajo infantil son otras preocupaciones importantes".
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PONE LA MIRA EN OPCIÓN DE
INVERTIR EN AMÉRICA LATINA
Durante foro comercial en Panamá expresaron su
interés en industria del litio en Bolivia
Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
En el
contexto del Global Business Forum Latin America, que organiza la Cámara de
Comercio e Industrias de Dubái en asociación con el Banco Interamericano de
Desarrollo, se analizan las oportunidades de aumentar los intercambios
comerciales y la inversión entre Emiratos Árabes Unidos y toda la región
del golfo árabe con América Latina, según informó La Prensa.
Este año el
foro se efectúa en Panamá y por primera vez se celebra fuera de Emiratos Árabes
Unidos contando con la participación de altos funcionarios de gobiernos y
empresarios de América Latina y el golfo árabe.
El
presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, destacó en la inauguración las
similitudes entre Panamá y los Emiratos Árabes Unidos, dos países abiertos que
son hubs o centros logísticos y de conectividad para sus respectivas regiones.
En ese
sentido, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de los Emiratos
Árabes Unidos, Majid Saif Al Ghurair, dijo que Panamá se ha convertido en la
puerta de acceso para aquellos que quieren acceder a América, igual que lo es
Dubái para los que quieren entrar en Oriente Medio y el norte de África.
Cabe
mencionar que el comercio no petrolero entre Panamá y Dubái se ha duplicado de
US$21 millones en 2016 a US$42 millones en 2018. Un dinamizador de las
inversiones podría ser la conexión directa entre las dos capitales, una ruta
que fue anunciada en 2016 por la aerolínea Emirates, pero que no se llegó a
concretar. Consultado al respecto, Varela dijo que se están viendo alternativas
para operar el vuelo con una escala técnica.
Visión del
BID
Mientras que
el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno,
destacó las posibilidades de crecimiento de las relaciones bilaterales entre
las dos regiones. En 2018, los intercambios llegaron a US$16,300 millones,
cifra que es apenas el 7% del comercio que América Latina tiene con Europa.
Moreno
señaló que, aunque América Latina produce la mitad del cobre del mundo, y
Emiratos Árabes importa US$1.600 millones al año, la región no le vende esta
materia prima a países del golfo.
En esa
línea, el estudio del BID “Hacia una relación renovada y fortalecida:
Fomentando vínculos entre América Latina y el Caribe y el Gólfo Árabe” destaca
que en 2018 los países del Golfo Árabe (Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar,
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) importaron US$10.900 millones
desde Latinoamérica y apenas exportaron US$5.400 millones.
De hecho, el
total del intercambio es apenas el 3% de los US$600.000 millones de comercio
anual entre ALC y Asia.
Según el
BID, el comercio entre ambas regiones está altamente concentrado en unos pocos
países. Brasil, Argentina y México, los que representan el 76% del total de los
intercambios en ambos sentidos (importaciones y exportaciones).
Por otro
lado, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) desarrollan el 27% de las exportaciones
de los países del Golfo hacia América Latina y el Caribe y el 46% de las
importaciones provenientes de Latinoamérica.
Fortalecer
relaciones
Para
aumentar el nivel de intercambios, Moreno planteó que "tenemos que
conocernos y entendernos mejor". Una de las rutas para que esto suceda es
la apertura de embajadas, consulados y oficinas comerciales.
De acuerdo
con los cálculos del BID, con más representaciones diplomáticas, el comercio
entre las regiones aumentaría US$3.300 millones, mientras que nuevos acuerdos
comerciales permitirían un comercio adicional de US$9.800 millones. En
consecuencia, ambas medidas combinadas podrían generar un intercambio adicional
superior a US$13.000 millones.
Interés en
litio de Bolivia
En paralelo,
el presidente de Bolivia, Evo Morales visitó recientemente Emiratos Árabes
Unidos para participar en la Novena Reunión Anual de Inversiones de los
Emiratos Árabes, que se realizó en Dubái, con la finalidad de atraer el interés
de empresarios de todo el mundo.
Tras su
visita oficial, el mandatario confirmó que empresarios de Emiratos Árabes
Unidos viajarán a Bolivia para analizar proyectos de inversiones en la
industrialización del litio, según informó Radio Panamericana.
“En una
reunión con el príncipe (heredero) de Abu Dabi (Mohamed bin Zayed Al-Nahyan)
nos decía que mandará una delegación de inversionistas a Bolivia (…), (Emiratos
Árabes Unidos) está más impresionado por el tema litio”, dijo.
De acuerdo
con la autoridad boliviana, el príncipe quedó sorprendido por el proyecto de
industrialización de litio que actualmente aplica el Estado en los salares de
Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa, en Potosí y Oruro, enfatizó.
A fin de
darle concreción al encuentro, el presidente boliviano instruyó a la ministra
de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, quien lo acompañó al encuentro
con el príncipe, que se encargue de coordinar con los inversionistas de
Emiratos Árabes Unidos para definir los temas.
Por su
parte, el canciller de Bolivia, Diego Pary sostuvo que “en unos meses más, una
delegación de Emiratos Árabes Unidos se estará trasladando a Bolivia, y creo
que son resultados concretos que impulsan a Bolivia”, según consignó la red
estatal Patria Nueva.
BOLIVIA: EL ACCESO AL AGUA HA AUMENTADO EN LOS
REINADOS DEL PRESIDENTE MORALES
Amerika 21 de Dinamarca (www.amerika21.de)
Según el
ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Carlos Ortuño, el país tiene una
tendencia positiva en la implementación de proyectos de agua y en el acceso al
agua potable. Por lo tanto, el gobierno del presidente Evo Morales ha invertido
en los últimos 13 años, en todo el país, alrededor de 2,9 mil millones de
dólares en acceso a agua potable, sistemas de riego y saneamiento. Desde el
inicio del primer mandato de Morales en 2005, las inversiones han aumentado
constantemente, dijo el ministro.
La
Constitución de 2009 define el acceso al agua potable y al saneamiento como un
derecho humano. Hoy, más de 9.7 millones de personas se benefician de esto en
Bolivia. Esto corresponde a alrededor del 86 por ciento de la población. De la
población urbana, el 95 por ciento de las personas tiene acceso al agua, en
comparación con el 67 por ciento en las áreas rurales. Antes de 2005, la
situación del suministro era significativamente peor. En ese momento, solo el
68 por ciento en las ciudades, el 44 por ciento en el campo y el 60 por ciento
a nivel nacional tenían acceso a agua potable limpia. Durante los gobiernos
anteriores, el agua se había utilizado cada vez más para atraer inversores
privados. El descontento de la población llegó a su punto máximo en 2000 en la
"guerra del agua" en Cochabamba, cuando los habitantes protestaron
contra la privatización del agua por parte de la empresa Aguas del Tunari y el
aumento de precios asociado.
Después de
privatizar el agua durante diez años, el gobierno de Evo Morales se enfoca en
mejorar el acceso al agua para la población. Para 2025, todas las personas en
Bolivia deberían tener acceso a agua potable y saneamiento.
Además,
desde 2005, el número de campos alimentados con agua se ha duplicado. En la
actualidad, más de 500,000 hectáreas de tierra son irrigadas por sistemas de
rociadores y otras tecnologías. Gracias a la mejora del acceso al agua, la
producción agrícola ha aumentado.
Sobre la base del curso del gobierno, según el ministro, el cambio en las tareas del estado y sus responsabilidades, así como el reclamo de la población al estado, debe ser visto. Como ejemplo, Ortuño llama a los programas "Mi Agua" (Mi agua) y "Mi Riego" (Mi Riego), que harían actuar a los gobiernos locales.
Sobre la base del curso del gobierno, según el ministro, el cambio en las tareas del estado y sus responsabilidades, así como el reclamo de la población al estado, debe ser visto. Como ejemplo, Ortuño llama a los programas "Mi Agua" (Mi agua) y "Mi Riego" (Mi Riego), que harían actuar a los gobiernos locales.
GLOBALSTAR: "ESPERAMOS AYUDAR A COMBATIR LA
MINERÍA ILEGAL EN EL PERÚ"
La empresa transnacional GlobalStar explica cómo
la tecnología satelital —en colaboración con el Estado— puede ser
utilizada para combatir la minería ilegal en el Perú, tomando como referencia a
Colombia y la ley llamada “Maquinaria amarilla”.
Semana Económica de Colombia
(www.semanaeconomica.com)
Globalstar, empresa
transnacional de tecnología satelital, explica cómo el uso de
rastreadores satelitales puede ayudar a la lucha contra la minería
ilegal. Alfredo Terrazas, gerente de canales Latinoamérica de GlobalStar,
cuenta su experiencia en Colombia, país en el que invirtió más de US$40
millones y en el que se aplica una ley llamada “Maquinaria amarilla”.
¿Cómo es que
la tecnología satelital combate la minería ilegal?
A través de
la implantación de un rastreador satelital que indique no sólo dónde
está, sino cuándo opera su maquinaria a todas horas para a ser reportado
directamente a las Fuerzas Armadas (FFAA). Si bien GlobalStar es una empresa
transnacional que opera a nivel mundial, esperamos ayudar a combatir la minería
ilegal en el Perú. En Colombia ya lo hacemos, gracias a la aplicación de la ley
conocida como “Maquinaria amarilla”, vigente desde el 2015 [según el Ministerio
de Transporte de Colombia].
¿De qué
trata “Maquinaria amarilla”?
La Ley de la
Maquinaria Amarilla señala que toda maquinaria que tenga una pala o cargador
frontal debe tener un dispositivo rastreador satelital que reporte directamente
a las FFAA. Si la máquina no cuenta con uno, en una batida, esa máquina procede
a ser destruida, no importa si está en la ciudad, campo, o tránsito.
¿Funcionó
desde un principio?
No. En un
principio, se reportaba a la policía, se decomisaba la máquina y se llevaba a
un depósito. Lamentablemente, empezó otra mafia. Así que se modificó la ley:
ahora la máquina no es decomisada, sino destruida, y el reporte va directo a
las FFAA. No sólo se trata de destruir la máquina, sino de investigar por qué
estaba, en dónde estaba y quién la llevó, para proceder a enjuiciar a los
responsables.
¿Qué tan
cerca cree que está Perú de aplicar una ley similar?
Estamos
tratando de adaptar la “Maquinaria amarilla” a las leyes peruanas. El Perú, al
igual que Colombia, tiene problemas con la minería ilegal; está asociada con el
narcotráfico y hasta con el terrorismo. Llega a ser un asunto de seguridad
nacional. Hemos tenido reuniones con funcionarios interesados, con congresistas.
Asimismo, hemos brindado información sobre los buenos resultados que ha habido
en Colombia con esta medida [10% de reducción al 2018] a los ministerios.
Esto no ha
sido meramente con motivos comerciales: en algunos casos ha sido para que
exploren por su propia cuenta. En el caso de GlobalStar, hay una línea
de productos llamada SmartOne que se dedica a prestar servicios de esta
índole. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser un producto GlobalStar,
sino que puede ser cualquiera que cumpla con la regulación que salga en su
momento.
¿Cómo
funcionaría esta ley en el Perú?
Las máquinas
nuevas, por ejemplo de Volvo o Caterpillar, ya vienen con
rastreadores incluidos. Sin embargo, aproximadamente el 80% de la maquinaria
que se utiliza en Perú es importada y de segunda mano, y éstas no cuentan con
uno. La idea es que, cuando la máquina pase por aduanas y pase por el puerto
del Callao, se vea obligada a contar con un rastreador para que las FFAA puedan
saber en dónde está en todo momento. Tendrían, evidentemente, que poner una
fecha límite para poder adquirirlo.
¿Qué efectos
tendría en el sector privado?
A través de
cualquier plataforma satelital, la empresa puede anticipar el mantenimiento por
su rastreo de horas de uso. En caso sea aprobada la ley, beneficiaría a
aquellas compañías que brindan servicios de prestación de máquinas, ya que
funcionaría como un seguro. Muchas veces se alquila maquinaria con motivos
ficticios, y es usado para minería ilegal. La compañía así puede saber en dónde
se encuentra su activo y tomar las medidas necesarias. La tecnología satelital
tiene infinitos usos. En este caso hablamos de minería, pero también se puede
usar en la pesca, turismo, transporte, en recreación (deportes outdoor),
etc. Tenemos cobertura mundial, el equipo que compres en el Perú puede
funcionar en China, Estados Unidos, Chile y más.
¿Con qué
empresas del sector privado trabaja GlobalStar en el Perú?
Es
importante mencionar que GlobalStar Perú se maneja a través de tres
distribuidores mayoristas en territorio nacional: Tesam, Datacont, Global Sat
Perú y CLS Perú. En caso se aprobara la ley, GlobalStar vendería a través de
los distribuidores, no directamente.
Además de
Colombia, ¿algún otro país en la región con problemas de minería ilegal está
tomando esta medida?
El único que
está usándolo es Colombia. Bolivia tiene también muchos problemas con minería
ilegal, pero Bolivia está 20 años más atrasado que Perú. En Chile no hay muchos
problemas de minería ilegal, las mineras están más formalizadas. La mayoría tiene
equipos de rastreo, GPS y GPRS [que sirve para la trasmisión de voz e
imágenes]. Nos llevan cierta ventaja porque la operación minera es mucho más
visible. Acá formar un operativo es complicado. Podemos saber que una
maquinaria está en Madre de Dios, pero como no se sabe exactamente en dónde, se
utiliza mucho tiempo y recursos para llegar a ella. La idea del proyecto es
generar prevención.
HALLAN UN CADÁVER SEMIENTERRADO EN LA FRONTERA
"CALIENTE" ENTRE SALTA Y BOLIVIA
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
El clima en
la localidad de Aguas Blancas, en la frontera de Salta y Bolivia, es cada vez
más tenso. En el contexto del conflicto que estalló la semana pasada
entre el Gobierno y los bagayeros que cruzan todo tipo de mercaderías sobre sus
espaldas a través del Bermejo con la entrada en vigor de una nueva
resolución para importadores que los obliga a salir de la ilegalidad
y convertirse en microemprendedores, la policía encontró, semienterrado en una
finca, el cadáver de un hombre.
Según informaron
fuentes policiales a LA NACION, el cadáver fue encontrado en el cauce del río
Tarija, dentro de los parajes denominados Colonia Linares y El Algarrobito, en
cercanías de Aguas Blancas. Al cuerpo le faltaban las manos; todo parece
indicar que se las comió un caimán que fue encontrado cerca.
La víctima
llevaba en la cintura un machete con vaina de cuero. Los investigadores
sospechan que sería un trabajador rural. En tanto, la Policía Nacional de
Bolivia informó a sus pares de la Policía de Salta que no cuentan con denuncias
ni información de la eventual desaparición de personas en las zonas cercanas al
lugar del hallazgo del cadáver.
El caso es
investigado por la Fiscalía de la Unidad de Graves Atentados contra las
Personas de Orán, a cargo de Claudia Carrera. Según informó la agencia de
noticias Télam, el informe preliminar de autopsia no pudo aportar detalles de
la causa de muerte debido al deterioro que presentaba el cuerpo, por lo que se
extrajeron muestras para futuros estudios y cotejos. Será inhumado como NN.
Las fuentes
detallaron que desde la fiscalía se solicitaron numerosas medidas tendientes a
identificar a la persona fallecida y conocer la causa y la data de muerte
Aguas
Blancas se caracteriza por su intenso tránsito de personas y cargas,
especialmente, las que bajan desde Bermejo, del lado boliviano de la frontera.
A través del río hay dos pasos: el legal, cuyo tránsito se hace con balsas que
cuestan 20 pesos el cruce, y el ilegal, con botes que amarran a pocos metros
del paso habilitado, conocido como "Los gomones". En esa zona, ayer,
un grupo de bagayeros tuvo un enfrentamiento con gendarmes que detectaron su
intento de entrada al país a través del paso ilegal.
Conflicto
entre los bagayeros y el Gobierno
El lunes 1°
de abril, la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, y el gobernador salteño, Juan Manuel
Urtubey, presentaron en Aguas Blancas el Plan Fronteras Seguras.
Allí se estableció que los importadores que crucen mercaderías desde Bolivia
por los pasos internacionales Puerto Chalanas y Aguas Blancas podrán realizar
una importación diaria con un tope de 500 dólares en mercancías -textiles y
calzados nuevos- y 24 operaciones mensuales.
Esa
resolución no fue bien recibida por los pobladores de esa ciudad del norte
salteño, ya que el flujo informal de mercancías es el músculo económico más
fuerte con el que cuentan los pobladores de la zona. Un importante grupo de
bagayeros está en pleno plan de lucha; para ellos ser
"microemprendedores" e inscribirse en el listado de importadores
exigido por la AFIP argentina no es una opción: buscan un acuerdo o procurarán,
por los medios que sea, "enterrar" para siempre la resolución,
advierten.
Según las
cifras que se conocen, por el paso de Aguas Blancas pasan alrededor de 5000
personas por día. "No vamos a aceptar el pago de ese impuesto, ya que no
somos los inversores ni los revendedores, solo pasamos las mercaderías y en la
cadena somos los que menos dinero ganamos", sostuvo el grupo de bagayeros
autoconvocados.
En cambio,
la ministra Bullrich defiende la medida, que considera crucial para incrementar
el control en las fronteras. "Estamos en el comienzo de una era distinta
para este paso fronterizo, para Salta y para el país. No solo estamos
inaugurando el Centro Inteligente de Vigilancia Fronteriza, sino que damos un
paso histórico y, como lo hemos hablado con el gobernador Urtubey, se trata de
cambiar un sistema de acostumbramiento. Junto con la AFIP, la Aduana,
Migraciones, las intendencias y las cámaras de Comercio se va a pasar de un
sistema de bagayeros a un sistema de importadores", explicó Bullrich el
día de la inauguración del plan Fronteras Seguras, que terminó con la comitiva
apedreada cuando intentaba salir de Aguas Blancas.
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