Hace
varios años que la Fundación ICEERS, con el
apoyo de organizaciones aliadas como Transnational Institute, ha asistido a la
defensa de personas migrantes procesadas en España (y en otros países europeos)
por la posesión e importación de hojas de coca destinadas al uso tradicional.
Dichas personas provienen de países donde existe un marco legal para el uso de
la hoja de coca, como Colombia, Bolivia, Perú y Argentina. Estos casos han
tenido diferentes resultados, y las sentencias judiciales no han sido
uniformes. Esto dificulta el ejercicio del derecho de estas comunidades a
disfrutar de su propia cultura, lo cual plantea nuevos retos en relación al
respeto de los derechos humanos en el marco del control de drogas. Retos que
han de encontrar una respuesta política en el marco de la Agenda 2030 y de los
objetivos de desarrollo sostenible, que se están perfilando como el nuevo marco
de referencia de los organismos de control de drogas y del debate internacional
en la materia.
Hace dos
años celebramos el resultado
positivo de un caso judicial relacionado con hoja de coca en Girona,
España. Tras tres años de incertidumbre, el Ministerio Fiscal, durante el
juicio, decidió retirar los cargos por los que se procesaba a un ciudadano
colombiano residente en Cataluña por haber recibido por correo postal un
paquete que contenía unos 2 kilogramos de hoja de coca pulverizada. Aunque la
absolución del acusado, a quien se le imputaba la comisión de un delito contra
la salud pública, fue una gran noticia para la persona procesada, sus
familiares, amigos y para quienes abogamos por una reforma de las políticas de
drogas, la resolución no dio lugar a una sentencia firme que pudiera ser
utilizada como precedente en casos futuros.
El pasado
mes de noviembre conocíamos la última decisión judicial sobre un caso
relacionado con hoja de coca en España, cuya defensa estuvimos apoyando durante
más de dos años. Un caso que conecta con la cuestión más amplia de los usos
tradicionales de esta planta más allá de los contextos de donde es nativa, y
cómo las comunidades andinas emigradas por todo el mundo se ven privadas de una
práctica cultural que es tradicional y legítima en los lugares de los que
provienen.
La
hoja de coca: De nuevo a juicio en España
En esta
ocasión, el caso implicaba a un ciudadano boliviano de Santa Cruz y afincado en
España desde hace más de diez años. Regresando de un viaje a Bolivia para
visitar a su familia, fue detenido en el aeropuerto de Barcelona por traer en
su maleta 11 bolsitas que contenían hojas de coca: un total de 4,5 kilogramos
que traía para poder utilizar en su práctica habitual del pijcheo (masticado de
hoja de coca, según la palabra Aymara que se utiliza en Bolivia) y de
infusiones.
Según el
Ministerio Fiscal, de esta hoja de coca, que contenía una pureza de 0,4% según
los análisis toxicológicos, hubieran podido extraerse unos 20 gramos de
cocaína, cuyo valor en el mercado ilegal de cocaína español hubiera sido de
aproximadamente 1.153 euros (nótese que, de entrada, erraron en este simple
cálculo aritmético, pues el resultado sería de 17,9%, y eso en el supuesto de
que sea una extracción automática y que no se pierda nada en el proceso). La
Fiscalía pedía entonces 4 años de prisión y una multa de 2.000 euros para el
acusado.
Hasta
este momento, la Audiencia Provincial de Barcelona había venido absolviendo a
las personas procesadas por una situación similar. No obstante, estas
sentencias habían sido recurridas por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo,
quien había terminado por condenar a un año y medio de prisión. En España esto
no supone ingresar en prisión, pues para ello hace falta una condena de al
menos dos años, aunque sí consta en los antecedentes penales a todos los
efectos. El caso de Girona, donde se retiraron los cargos y, por tanto, no hubo
posibilidad ni de absolver ni de condenar, supuso una excepción a esta
tendencia general. También el resultado de este último caso fue excepcional:
finalmente, la sentencia condenó al ciudadano boliviano a 6 meses de cárcel y
una multa de 30 euros (tomaron como referencia lo que la persona pagó en
Bolivia), si bien desestimando su expulsión del país.
¿Qué
sucedió para llegar a este resultado? Desde el inicio del caso fuimos parte del
equipo de defensa liderado por la abogada Inés Berman. Realizamos informes
periciales, asesoramos a la abogada a cargo del caso y el día del juicio,
testificamos ante el juzgado en calidad de peritos expertos en la materia.
La
estrategia de defensa: Reivindicar los usos tradicionales de la hoja de coca y
sus beneficios
Nuestra
estrategia de defensa se basó en dos pilares. La argumentación se basó,
en primer lugar, en el hecho de que la hoja de coca no está catalogada como
sustancia que cause grave daño a la salud en el ordenamiento jurídico español.
Además, no existe evidencia científica que acredite que, efectivamente, el uso
de la hoja de coca implique un daño o peligro a la salud. Consideramos que, si
no estaba destinada a ser procesada en cocaína, el argumento del daño o el
riesgo para la salud pública no podría configurarse y perdería toda su fuerza.
Por otro lado, no existe (y es necesaria) una compilación exhaustiva, objetiva
e imparcial sobre los efectos que tiene el uso de la hoja de coca sobre la
salud. Una revisión crítica por parte del Comité de Expertos en
Farmacodependencia de la OMS, que podría llegar a definir una clasificación
distinta a la actual en las listas de los tratados internacionales en materia
de drogas, sería fundamental para revertir los argumentos sesgados que dieron
origen a su fiscalización (en 1992 Perú y Bolivia propusieron dicha revisión a
la OMS, sin éxito). Dicha compilación resultaría crucial, pues el informe en el
que se basó la inclusión de la hoja de coca en las listas de control de la
Convención Única de 1961 data del año 1950 y está plagado de afirmaciones
racistas que no soportarían los estándares mínimos actuales, como lo es el
principio de no discriminación.
En
segundo lugar, insistimos en que la hoja de coca tiene un uso tradicional y
juega un papel fundamental en las sociedades y culturas andinas-amazónicas, que
las comunidades emigradas llevan consigo a las sociedades receptoras. Sin
embargo, ese derecho fundamental de los pueblos originarios no se ve reflejado
en el estatus legal de la hoja de coca: uno de los temas más desafiantes del
actual sistema internacional de control de drogas, pues la hoja ha sido
vinculada al mercado de cocaína, y las sociedades donde la planta no es nativa
desconocen sus usos ancestrales, culturales y tradicionales. Una vez más,
hicimos el esfuerzo de contextualizar su uso tradicional en Bolivia, y de
explicar cuáles son los mecanismos sociales y legales de control en este país,
de donde provenía el acusado.
Los
argumentos del tribunal: Riesgo de difusión a terceros y mercado local de hoja
de coca
Para
nuestra sorpresa, el argumento principal en el que se basa la sentencia
condenatoria es que los hechos eran constitutivos de un delito de peligro
abstracto, es decir: la mera tenencia o posesión de la sustancia considerada
tóxica es suficiente para configurar la amenaza que podría suponer sobre la
salud colectiva, incluso cuando el daño no se llegase a consumar. De acuerdo
con la sentencia, el acusado mostró “un total desprecio por la salud física
y mental” de las personas a las que, supuestamente, iba a vender las hojas
de coca.
Resulta
curioso que los magistrados estimaron, desde su conocimiento legal y sin
ninguna sensibilidad hacia la diversidad cultural o hacia la práctica del pichjeo,
que era un “hecho público y notorio” que las infusiones de mate o te
hechas con hojas de coca emplean entre 5 y 10 hojas de coca. Por esta razón,
consideraron que la cantidad que traía el acusado era muy elevada como para que
la hoja de coca fuera destinada al consumo personal y que, por tanto, estaba
claro que ésta sería distribuida a terceras personas. No sólo eso, sino que
debido a que, en la audiencia, el acusado no supo especificar la cantidad
exacta en gramos (que suele ser entre 8 y 10 gramos) que se precisa para cada
“bolo” que será masticado, o para cada litro de infusión, y debido a la
“elevada cantidad de hoja intervenida”, que daría para 440 días de consumo
utilizando la métrica del “puñado”, se configuraba el riesgo evidente de
almacenamiento y difusión a terceros de dicho producto, poniéndose así en grave
riesgo la salud colectiva.
La
ausencia de la interpretación sensible a las diferencias culturales,
imposibilitó que se planteara que los usos tradicionales de estas plantas no
tienen unas medidas precisas a la hora de tomarlas (igual que nosotras, que
tomamos café cada día y lo preparamos en una cafetera italiana, no sabemos con
exactitud cuántos gramos de café se ponen en cada taza. Se pone eso,
precisamente: un “puñado”).
La
insistencia en que el acusado no quería convertir la hoja de coca en cocaína, y
la mención a la existencia de un mercado “gris” de hoja de coca entre la
numerosa comunidad andina en España, resultó ser un arma de doble filo. Este
argumento hizo al tribunal considerar que la transformación en cocaína no era
imprescindible, pero que la posibilidad de tráfico en el mercado local con la
propia hoja de coca lo era. Aunque este elemento novedoso no lo habíamos visto
en ninguna decisión judicial anterior, en ningún momento se tuvo en cuenta que
muchas personas migrantes no pueden regresar a sus países para visitar a sus
familiares o comprar productos autóctonos en muchos años, algo muy recalcado
por la abogada y el propio acusado.
Estos
argumentos llevaron al tribunal a condenar al ciudadano boliviano a 6 meses de
cárcel y una multa de 30 euros, la mitad de lo que declaró haber pagado por
ella en un mercado callejero boliviano. No fue expulsado del país, por lo que
puede seguir con su vida en España, donde están sus hijos y donde ejerce su
profesión. Pero los años de incertidumbre y de sufrimiento a la espera de su
juicio, y los antecedentes penales que ahora tiene en su haber, son también en
cierto modo penas que tiene que cumplir a causa de unas leyes de drogas
desproporcionadamente punitivas.
A nivel
internacional: Pasos lentos, pero hacia delante.
Un buen
ejemplo de estos avances escalonados ha sido el proceso de estudio llevado a
cabo recientemente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre las repercusiones del “problema
mundial de las drogas” en el ejercicio de los derechos humanos. Numerosas ONGs,
entre ellas Transnational Institute (1) y ICEERS, emitimos nuestras
recomendaciones para la elaboración de este informe advirtiendo sobre las
colisiones normativas que surgen en la práctica cuando las plantas ancestrales,
como lo es la hoja de coca, son constantemente reducidas a sus meras moléculas
o componentes activos. Esta tendencia de aislar a las plantas ancestrales de
sus usos tradicionales y culturales ha sido una constante cuando las personas
enfrentan procesos judiciales. En el informe
presentado por ICEERS, que fue tomado en consideración para la elaboración del
documento, se incluyó un apartado específico sobre los derechos de los pueblos
indígenas, así como el uso religioso y cultural de las plantas ancestrales. La
inclusión del uso tradicional de la hoja de coca en el informe final del OACNUDH, a la luz de la
mención explícita del Art. 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos (libertad de pensamiento, conciencia y religión) reconoció el uso de
sustancias controladas en contextos religiosos y ceremoniales cuando exista una
base histórica para hacerlo. Aún cuando la resolución del Consejo de Derechos
Humanos solicitó textualmente a la Comisión de Estupefacientes (CND) que
tuviera en consideración este documento, en particular durante los trabajos del
62º periodo de sesiones, la Comisión no abordó este tema.
Durante
dicho periodo de sesiones, en el marco de los diálogos informales entre la
presidencia de la CND y las ONGs, preguntamos cómo podían los Estados, en el
marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, respetar y garantizar
a las personas migrantes el uso de la hoja de coca. La respuesta que
obtuvimos, es que la Comisión otorga cierta flexibilidad a los Estados para
someter recomendaciones sobre las decisiones acerca de la reclasificación
sustancias.
Si bien
los incidentes legales relacionados con la hoja de coca no son numerosos, han
dejado de ser casos aislados. Cada vez recibimos más peticiones de ayuda por
este tipo de episodios en Europa, donde viven cientos de miles de personas de
origen andino-amazónico. Las políticas de drogas actualmente vigentes no dan
respuesta a estas situaciones y pueden dan lugar a penas desproporcionadas,
teniendo en cuenta que son prácticas culturales tradicionales que no ponen
en riesgo ni la salud pública ni la seguridad. Es necesario conjugar el
derecho al disfrute de la vida cultural de las comunidades migrantes y el
derecho a utilizar sus plantas tradicionales con las obligaciones derivadas del
control de drogas. Se plantea así un dilema o choque novedoso entre las
convenciones de drogas y los derechos humanos que debemos atender, y para ello
estudiar y conocer mejor. Y ello con la dificultad que conlleva la
investigación de dos “objetos de estudio” de tan difícil acceso y sobre los que
existe tan poca información como son las personas con experiencia migratoria y
las sustancias ilícitas. El nuevo marco de referencia de los debates sobre
política internacional de drogas (los Objetivos de desarrollo sostenible en el
marco de la Agenda 2030) deberá dar respuesta a estos desafíos generados de la
globalización de prácticas tradicionales que ya no están circunscritas a un
territorio, ni a una población específica. TNI
de Holanda (www.tni.org/en/article)
La República de Colombia (www.larepublica.co)
De
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales de 2018
había 130 millones de trabajadores latinoamericanos en el sector informal. Si
bien los gobiernos han avanzado en materia de garantías sociales y la reducción
del desempleo, queda un largo camino para reducir la tasa de informalidad
laboral, que en algunos países, cubre a más de la mitad de la fuerza laboral y
representa una fuga en materia tributaria.
“La
informalidad en las principales economías impide el crecimiento de las
industrias, pues no hay una simetría entre los costos que implica tener un
trabajador formal en comparación con los otros. Es pertinente formalizar las
economías”, señaló José Luis de la Cruz, director del Idic en México.
Son
varias las naciones en la lucha contra este flagelo. De acuerdo con un informe
del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado Economías sombrías en todo el
mundo: ¿qué aprendimos en los últimos 20 años? Bolivia tiene el mercado
informal más grande del mundo con una tasa de 80%.
Frente a
estos resultados, la ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia,
Mariana Prado, dijo “no tenemos esa cifra de trabajos formales e informales. Lo
que el Instituto Nacional de Estadística verifica es el empleo asalariado y no
asalariado”. Según los analistas, esto refleja la poca intervención que ha
tenido el gobierno para reducir a esos trabajadores que pueden tener dos
características: trabajan por cuenta propia y no tienen seguridad social o
trabajan en empresas de menos de cinco empleados.
México,
posicionado como el principal mercado de América Latina, también lucha contra
la informalidad. Según las más recientes cifras trimestrales del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 57 de cada 100 trabajadores en el
país no están afiliados a un empleador formal ni cotiza debidamente a la
Afores, su sistema pensional.
“Solo 26
de cada 100 mexicanos que se sumaron a la población en edad de trabajar de
manera anual durante la última década encontraron un empleo formal. Esto
representa un gran problema para el país pues retrasa el crecimiento económico.
Las personas no se sienten atraídas por el salario mínimo legal, que
actualmente es de US$97 mensuales y buscan mejores ingresos”, agregó el
director del Idic.
Además de
este fenómeno, la economía azteca lucha contra el desempleo, que el mes pasado
se ubicó en 3,6% y registró el nivel más alto desde 2016.
La OIT
destaca que en la región 84% de los trabajadores autónomos son informales y que
60% de los dependientes en las microempresas son subempleados.
Colombia
sufre el fenómeno
En el
caso colombiano, el Dane reportó que la cifra de informalidad laboral llegó a
45,9% durante el primer trimestre de 2019. Según cálculos, esto representa a
cerca de 5,5 millones de trabajadores que probablemente no cotizan en un
sistema de pensiones o acceden al sistema de salud.
“Este es
un problema para el país, pues casi más de la mitad de los trabajadores
pertenece a este sector. Esto significa que no tienen los mecanismos para poner
querellas en caso de que se vulneren sus derechos como empleados”, dijo Iván
Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Además de
la falta de garantías para el empleado, esta condición también se traduce en
menores ingresos para los gobiernos, pues hay menor control sobre los devengos.
Señalan que el ingreso total de impuestos por el porcentaje del PIB fue de
19,8% en 2016, muy por debajo del 34,3% promedio de los miembros de la
organización y del 22,7% en América Latina.
“En
Colombia hay una desconfianza por la gestión del gobierno y su sistema
tributario. Por eso, muchos empleados prefieren mantenerse por fuera del
sistema y reducir sus aportaciones tributarias”, indicó César Ferrari, profesor
de economía en la Pontificia Universidad Javeriana.
Si se
hiciera un top cinco de los países de la región con la menor tasa de
informalidad, Colombia estaría en el cuarto lugar, solo por encima de Brasil,
que tiene una proporción de 46%. Los tres países con la menor tasa de
informalidad son: Ecuador (27,20%), Panamá (40%) y Chile (40,5%).
Según la
Ocde, la consolidación del programa Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad
será la clave de Colombia para reducir la brecha laboral.
En 2018, la zona intertropical
del planeta vio reducida su extensión boscosa en 3,6 millones de hectáreas, una
superficie equivalente a toda Bélgica
La Vanguardia de España
(www.lavanguardia.com)
Una parte
muy importante de la riqueza natural del planeta Tierra se encuentra en el
trópico o zona intertropical, es decir, en las regiones situadas
aproximadamente entre los trópicos de Cáncer y Capricornio; incluyendo la
práctica totalidad de África y buena parte de Sudamérica y el sudeste asiático.
La
expansión incontrolada de cultivos y explotaciones mineras, el cambio climático
y las grandes infraestructuras (carreteras, embalses, ciudades) han provocado
durante las últimas décadas grandes pérdidas en la riqueza vegetal y faunística
de esta zona vital para nuestro planeta.
Los
bosques de esta región tropical perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura
arbórea en 2018, la cuarta pérdida anual más grande desde que se inicio el
registro de esta superficie (en 2001), según los datos publicados el 25 de
abril por el Global Forest
Watch en colaboración con la Universidad de Maryland (Estados
Unidos).
“La mayor
preocupación es la desaparición de 3,6 millones de hectáreas de bosque
primario, un área del tamaño de Bélgica”, destaca el informe de este
observatorio forestal mundial, recordando que “los bosques tropicales primarios
son ecosistemas boscosos de vital importancia que tienen árboles de cientos e,
incluso, miles de años”.
“Los
bosques tropicales primarios son el hábitat para muchos animales, que van desde
orangutanes y gorilas de montaña hasta jaguares y tigres. Cuando estos bosques
se talan, quizás nunca vuelvan a su estado original”, indica la crónica de
Mikaela Weisse y Liz Goldman que acompaña al mapa interactivo sobre pérdidas
forestales publicado en la página en internet del Global Forest Watch.
Por
primera vez, los nuevos datos sobre la ubicación de los bosques primarios
pueden ayudar a distinguir la pérdida de estos importantes bosques comparada
con la pérdida de otros tipos de cobertura arbórea (lea más sobre los datos
aquí). Los datos revelan que, a pesar de la cantidad creciente de compromisos
de cero deforestación por parte de los gobiernos y las compañías, la pérdida de
bosques tropicales primarios alcanzó los récords más altos en 2016 y 2017
debido a incendios y permaneció sobre los niveles históricos en 2018.
Balance
Los
países que están perdiendo bosques tropicales primarios
La
pérdida de bosques tropicales primarios difiere entre las distintas regiones,
incluyendo las causas, el lugar y su impacto. El Global Forest Watch muestra
detalles sobre los países y regiones más afectadas por este problema.
En 2002,
Brasil e Indonesia sumaron pérdidas equivalente al 71% de pérdida mundial de
bosques tropicales primarios. En 2018, en cambio, Brasil e Indonesia
contribuyeron sílo al 46 % de la pérdida de bosques tropicales primarios,
mientras que países como Colombia, Costa de Marfil, Ghana y la República
Democrática del Congo sufrieron un aumento considerable en los índices de
pérdida.
En 2018,
la pérdida de bosque primario en Indonesia descendió a su nivel más bajo desde
2003, continuando un declive alentador que comenzó en 2017. La pérdida de
bosque primario fue un 40 % más baja en 2018 que el índice de promedio anual de
pérdida desde 2002 a 2016. No obstante, Indonesia redujo la pérdida de bosques
en las áreas protegidas, lo que sugiere que las recientes políticas de gobierno
están funcionando.
La
pérdida de bosques primarios en Brasil durante el 2018 fue menor que en el
trágico periodo de 2016 y 2017, pero se situó por encima de la media del
período 2007-2015, cuando este país sudamericano consiguió sus mayores éxitos
en la lucha contra la deforestación. Aunque una parte de las pérdidas de 2018
pueden atribuirse a incendios fortuitos, la mayoría aparentan estar vinculadas
a la deforestación por expansión de cultivos en la Amazonía. “De manera
notable, varios focos de pérdida de bosques primarios en Brasil ocurrieron
cerca o dentro de territorios indígenas. Por ejemplo, la reserva Ituna Itata
registró más de 4000 hectáreas de desmonte ilegal dentro de sus límites en la
primera mitad de 2018, más del doble de la pérdida total de entre 2002 a 2017.
En la reserva habitan algunas de las comunidades sin contacto que aún existen
en el mundo y que dependen del bosque para sobrevivir tras haberlos cuidado
durante siglos”, indica la crónica del Global Forest Watch.
“Aún es
demasiado pronto para evaluar cómo el debilitamiento de la legislación
medioambiental y su cumplimiento dentro de la nueva administración de Brasil
impactarán la pérdida de los bosques. Las tasas altas de pérdida de bosques
primarios en 2018 ocurrieron antes de que el presidente Bolsonaro ascendiera al
poder (aunque hay evidencia de un aumento en los índices de deforestación
durante la temporada de elecciones). Tendremos que esperar los datos del año
próximo para obtener un mayor conocimiento al respecto”, indican Mikaela Weisse
y Liz Goldman.
En la
parte negativa del balance forestal de Sudamérica destaca que Colombia, Bolivia
y Perú experimentaron índices crecientes de pérdida de bosques primarios desde
principios de siglo, aunque por causas muy diferentes. En Colombia, la pérdida
de bosques primarios se incrementó un 9% entre 2017 y 2018, continuando una
dramática tendencia a la alza desde 2016. Irónicamente, esta pérdida se vinculó
a un proceso de paz, ya que las áreas en la Amazonía anteriormente ocupadas por
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ahora están abiertas al
desarrollo. Desafortunadamente, el Parque Nacional Natural Tinigua ha sido
víctima del desmonte descontrolado del bosque al experimentar una pérdida de
alrededor de 12 000 hectáreas en 2018, esto es el 6 % de su área total de
bosques.
En
Bolivia, la mayor pérdida de bosques estuvo vinculada a la conversión de
bosques a agricultura y pastizales de gran escala, especialmente en el Chaco.
La pérdida de bosques en Perú, por otra parte, fue generalmente debida a la
agricultura a pequeña escala, incluyendo la producción ilegal de coca. Perú
también vio una proliferación de nuevos caminos madereros en áreas remotas de
la Amazonía durante el 2018, al igual que el desmonte continuo para la minería
ilegal de oro en el sur del país.
Bosques
en África subsahariana y Madagascar
Ghana y
Costa de Marfil experimentaron el aumento más alto de porcentaje de pérdida de
bosques entre 2017 y 2018 que cualquier otro país tropical (60% y 26%,
respectivamente). La minería ilegal ocasionó parte de las pérdidas y, si bien
es difícil determinar la ubicación y la cantidad exactas de pérdida de los
bosques, la expansión de las granjas de cacao generó pérdidas en ambos países.
Ghana, Costa de Marfil y las compañías líderes de cacao y chocolate se
comprometieron en 2017 a terminar con la deforestación asociada a las cadenas
de valor del cacao. Si bien representa un primer paso prometedor, la creciente
expansión de la pérdida de bosques -especialmente en las áreas protegidas,
donde ocurrieron el 70% de las pérdidas- es una señal preocupante.
En la República
Democrática del Congo, la pérdida de bosques primarios fue un 38% más alta
durante 2018 que entre 2011 y 2017. Es probable que la expansión del desmonte
de bosques a pequeña escala para dar paso a actividades agrícolas y de
extracción de leña ocasionó cerca de tres cuartos de esta pérdida. Algunas
tendencias de pérdida sugieren que la nueva agricultura a mediana escala y la
migración de la población generada por los conflictos también contribuyeron a
la pérdida.
Madagascar
perdió el 2% de sus bosques primarios en 2018, una proporción más alta que
cualquier otro país tropical. Si bien la mayoría de esta pérdida se ocasionó
por la agricultura de arrasa y quema, una parte se debió a la minería ilegal de
zafiros cerca de la parte norte del corredor de áreas protegidas Ankeniheny
Zahamena, como así también a la minería legal de níquel en la parte sur del
corredor.
El mapamundi publicado por Global Forest Watch permite observar
-de forma esquemática- los datos de pérdidas forestales y recuperación de
bosques por países, como en el caso de España que se puede observar en esta
captura de pantalla:
WRI: EN 2018 SE DESTRUYERON 12
MILLONES DE HECTÁREAS DE SELVAS TROPICALES
Los países más afectados son
Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo, Colombia y Bolivia, indicó
el World Resources Institute
El Comercio de Perú (www.elcomercio.pe)
En 2018
el mundo perdió 12 millones de hectáreas de selvas tropicales, el equivalente a
la superficie de Nicaragua, indicó este martes el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI), entre ellos 3,64 millones de selvas vírgenes, fundamentales
para el clima y la biodiversidad.
Los
países más afectados son Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo,
Colombia y Bolivia, indicó el WRI.
Según
este informe anual, realizado por Global Forest Watch, 2018 fue el cuarto peor
año en términos de deforestación de la selva tropical, por detrás de 2016, 2017
y 2014.
"Es
tentador aplaudir un segundo año de bajada tras el pico de 2016", comenta
Frances Seymour, de WRI, "pero si observamos los últimos 18 años, está
claro que la tendencia mundial sigue al alza".
La
pérdida de selvas tropicales vírgenes representa una superficie equivalente a
la de Bélgica.
"Son
las selvas que tienen mayor impacto en términos de emisiones de carbono y de
biodiversidad", destacó Mikaela Weisse, también del WRI, pues estos
espacios almacenan dióxido de carbono y albergan una importante fauna y flora.
El ritmo
de destrucción de las selvas vírgenes es muy inquietante en República
Democrática del Congo (RDC), mientras que se desaceleró en un 63% en Indonesia
gracias a medidas gubernamentales y a dos años relativamente húmedos, que
hicieron disminuir los incendios. Sin embargo el fenómeno El Niño podría tener
efectos negativos para 2019.
Brasil es
el país que perdió más superficie de selvas vírgenes, por delante de la RDC e
Indonesia.
La
situación podría empeorar en Brasil ya que, según la ONG Imazon, la deforestación en
Amazonia brasileña aumentó 54% en enero de 2019, desde la llegada al poder del
presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, con relación a enero de 2018.
En
Colombia, la pérdida de selva virgen aumentó 9% entre 2017 y 2018, debido a que
el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) posibilitó un mayor acceso a algunas zonas.
WRI
señala también la situación en Ghana y en Costa de Marfil, los países que
perdieron más porcentaje de selva virgen entre 2017 y 2018, un 60% y 26%
respectivamente.
HACE 10.000 AÑOS QUE EN AMAZONIA
VIVEN COMUNIDADES ESTABLES
Los seres humanos formaron
comunidades estables en el suroeste del Amazonas hace más de 10.000 años, mucho
antes de lo que se pensaba, según los restos encontrados en el área boliviana
de Llanos de Moxos y cuyo descubrimiento recoge un estudio que publica Science
Advances.
Ultima Hora de Paraguay
(www.ultimahora.com)
Los
Llanos de Moxos es un humedal en la cuenca del Amazonas que forma parte del
departamento boliviano de Beni (noroeste), donde los expertos estudiaron tres
islas boscosas: la isla del Tesoro, la Chacra y San Pablo, en las que hallaron
enterramientos humanos.
El
análisis sobre el terreno y de grandes cantidades de tierra quemada, carbón
vegetal, conchas y otros restos de animales indican que esos sitios fueron el
centro de comunidades estables con reducida movilidad y un uso intensivo de
recursos hace entre 10.600 y 4.000 años.
El
estudio firmado por científicos de las universidades de Pensilvania y
California (EEUU); Berna (Suiza); Tarapaca en Arica (Chile) y San Andrés (Bolivia) arroja luz sobre
una transición social y ambiental en la región, en su mayor parte desconocida,
pero de gran importancia.
Hasta
ahora estaba documentada la existencia en la zona, varios siglos después, de sociedades
complejas que transformaron radicalmente la región con estructuras
ceremoniales, carreteras y el uso intensivo de la agricultura –se cree que
cultivaron la mandioca,
la batata, la guindilla y los cacahuetes–.
Sin
embargo, "fue una sorpresa" encontrar estos lugares habitados durante
el Holoceno temprano y medio, pues gran parte de la Amazonia carece de piedra
y "poder identificar sitios precerámicos es bastante singular", dijo
a Efe el firmante principal del estudio, José Capriles, de la Universidad de
Pensilvania.
Durante
las excavaciones se encontraron también cinco enterramientos de adultos -tanto
hombres como mujeres-.
La
mayoría estaban dispuestos de manera horizontal y de espaldas, lo que, según el
antropólogo, "parece algo significativo y muy probablemente vinculado a
creencias particulares acerca de la muerte", además en uno de los
enterramientos se hallaron algunas conchas grandes y en otro trazas de un
pigmento rojo.
Las evidencias
indican que los grupos que habitaron las islas de bosque dependían
"principalmente de la explotación de recursos silvestres", eran
pescadores, cazadores y recolectores.
Los tres
sitios estudiados tienen aspectos en común, "lo que nos habla de una
estrategia cultural bastante bien desarrollada", aunque hay evidencias
–aclaró– de que la intensidad con la que se explotaron los recursos varió de
uno a otro.
Hace
10.000 años, Llanos de Moxos era probablemente muy diferente al actual,
"que lastimosamente –dijo– se caracteriza por un incremento en la
destrucción de hábitats".
Así,
según los trabajos de reconstrucción ambiental, el paisaje sería climáticamente
más seco, con predominio de vegetación tipo cerrado, aunque las inundaciones
posiblemente persistieron, y hubo una mayor diversidad y abundancia de fauna,
indicó Capriles.
Los
sitios analizados "fueron abandonados varios siglos antes del surgimiento
durante el Holoceno tardío de sociedades agrícolas complejas en Llanos de
Moxos", indica el estudio.
La
hipótesis es que esas primeras sociedades debido a su crecimiento, o a la
posible falta de algunos recursos silvestres, fueron "quienes empezaron a
experimentar con la domesticación de varios cultígenos –variedad de planta que
se seleccionó por las mejoras introducidas por los agricultores–, como la yuca
(mandioca) o el camote".
DÉCADA
El Universo de México
(www.eluniverso.com)
Son muy
escasos los gobiernos que superando los diez años hayan podido pasar a la
historia con notables pergaminos. Adenauer, Kohl o Merkel en Alemania parecen
ser los mejores ejemplos de éxito tras una década en el poder. Los demás en la
mayoría de los casos coinciden en que todos los problemas emergieron tras
cumplir ese tiempo, llegando incluso algunos a afirmar que los primeros cinco
fueron entusiasmantes para luego tener que concentrar los esfuerzos en
controlar un equipo cuyo único propósito era hacerse de la mayor porción del
botín público posible. Algunos gobiernos, como México, establecieron un sexenio
sin reelección, otros un máximo de dos periodos de cuatro y Francia que alguna
vez tuvo presidentes de siete años que luego lo redujeron. Pareciera que la
maldición de la década en el poder muy pocos la pueden superar.
Este
debate sobre cuánto es la cantidad suficiente para administrar el poder no ha
sido resuelto y ha quedado en manos de los gobernantes y gobernados establecer
los modelos. Así, en Uruguay o Chile los presidentes no pueden ser reelectos
sino hasta después de un periodo ocupado por otro mandatario, y los hay algunos
que afirman que dos periodos de cuatro resultan muy cortos. De nuevo, es la
sociedad que debe establecer el tiempo y el modo de premiar a alguno con una
reelección, aunque claramente nuestra experiencia latinoamericana no ha sido
pródiga con quienes buscaron permanecer en el poder con los recursos que daba
el ejercicio del mismo, en perjuicio de las alternativas de cambio. El modelo,
por el contrario, en muchos casos demostró que los límites establecidos en la
Constitución eran permanentemente violados con el propósito de continuar
ejerciendo el poder en provecho propio o de la camarilla que lo apoya.
Bolivia
es un caso en donde Evo Morales procurará ser de nuevo reelecto, a pesar de
haber convocado a un referéndum donde el pueblo votó en contra suya para no
continuar por otro periodo. El mandatario boliviano acomodó las normas y echó
mano a un argumento traído de los pelos cuando afirmó que prohibirle una nueva
reelección constituye “una violación a sus derechos humanos” y en consecuencia
las instituciones encargadas de la interpretación legal le han allanado el
camino. Queda ver si el mismo pueblo que lo censuró en aquella votación será el
mismo que le impida continuar en el poder por más de una década. Las
limitaciones legales que en cualquier otro país se constituyen en vallas serias
y cumplibles, entre nosotros en varios casos no pasa de ser un asunto
intrascendente que se cambia con la sumisión de instituciones que deberían
velar por el cumplimiento de las normas.
El camino
al autoritarismo en todos los casos ha seguido este mismo sendero y aplicado
los mismos mecanismos para prolongarse en el tiempo con un poder que en esas
condiciones pierde todo sentido democrático para abrazar un claro sino
autoritario con penosas consecuencias para los países que lo padecen. Con más
de una década en el poder se pierden varias décadas de desarrollo y de respeto
institucional y democrático. Habría que aprender de la historia, y ciertamente
no somos alemanes.
EL CONTRABANDO, UN ENEMIGO
INTERNO DE BOLIVIA
Prensa Latina de Cuba
(www.prensa-latina.cu)
La
construcción de 25 puestos militares adelantados en zonas fronterizas con Chile
y Perú, es una de las estrategias por las que apuesta Bolivia para luchar
contra el contrabando, delito considerado un enemigo interno.
El
viceministro de Lucha contra el Contrabando, coronel Gonzalo Rodríguez, afirmó
en entrevista con Prensa Latina que hasta la fecha fueron entregados cinco de
un total de 25 esas instalaciones en la frontera chilena, mientras se
construyen otras seis cerca del salar de Uyuni (Potosí), Bella Vista, La Queca
y Pisiga (Oruro).
Para mayo
próximo prevén tener controladas en su totalidad las fronteras con esos dos
países vecinos.
A una
pregunta sobre el estado de la cooperación con el Gobierno de Chile para
combatir el contrabando, Rodríguez calificó de muy difícil el trabajo, porque
el tráfico ilícito de mercancías procede principalmente de su lado, y marcos
legales como la Ley Iquique protegen ese tipo de acciones.
Explicó
que esa norma establece que toda mercancía de tránsito por territorio chileno
debe estar a nombre de sus ciudadanos y los bolivianos que cruzan para comprar
productos pagan comisiones antes de cruzar la frontera.
Aseguró
que el mecanismo contribuye al fortalecimiento de la economía de ese país, al
que calificó de una mutilación a las iniciativas de desarrollo productivas
bolivianas, además de ser una amenaza a las finanzas y seguridad por el uso de
118 caminos por parte de los contrabandistas para ingresar mercancías ilegales.
'Tenemos
más de siete mil 300 kilómetros de frontera con cinco países, y el 70 por
ciento del contrabando entra por Chile (880 kilómetros de frontera)', comentó.
Para
enfrentar ese delito, actualmente las Fuerzas Armadas asumen la responsabilidad
de custodiar las zonas fronterizas, junto al personal ubicado en los puestos
militares adelantados.
El viceministro boliviano declaró que esos efectivos están autorizados a utilizar la fuerza cuando sean atacados por los contrabandistas, estos últimos cada día más organizados y armados.
Confirmó hasta la fecha 26 militares heridos, 12 vehículos del Ejército destruidos, más de 200 incautados utilizados para el contrabando y en curso varios procesos legales a ciudadanos que protegen a los delincuentes.
El viceministro boliviano declaró que esos efectivos están autorizados a utilizar la fuerza cuando sean atacados por los contrabandistas, estos últimos cada día más organizados y armados.
Confirmó hasta la fecha 26 militares heridos, 12 vehículos del Ejército destruidos, más de 200 incautados utilizados para el contrabando y en curso varios procesos legales a ciudadanos que protegen a los delincuentes.
TRABAJO
AL INTERIOR DE BOLIVIA, SEGUNDA LÍNEA ESTRATÉGICA
La
primera línea estratégica en la lucha de Bolivia contra el contrabando es
garantizar la cobertura en la frontera, y la segunda, el trabajo en los 50
kilómetros hacia el interior del país, explicó Rodríguez a Prensa Latina.
En esa
zona opera el Comando Estratégico de Lucha contra el Contrabando y las Fuerzas
de Tarea Conjunta (FTC), esta última fortalecida con la Unidad de Supervisión y
Control integrada por secciones para evitar hechos de corrupción en el personal
que realiza ese tipo de misiones, precisó.
Asimismo,
cuenta con una unidad para la destrucción de caminos y vela porque no sean
reactivados por los contrabandistas, y otra estructura para el control social
donde la población denunciará la presencia de mercancía de contrabando.
El
coronel destacó la coordinación, establecida por la Ley 1053 Fortalecimiento de
la Lucha contra el Contrabando, entre las instituciones responsables de
combatir ese delito como las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público
y la Aduana.
Precisó
que las Fuerzas Armadas controlarán para todos los puntos secundarios de
ingreso al país descuidados anteriormente, mientras que la Policía junto con la
Aduana y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(Senasag) y otras dependencias estatales fortalecerán los puntos primarios de
ingreso a territorio boliviano.
Afirmó
que el personal ubicado en los puntos militares adelantados está equipado para
enfrentar a los contrabandistas, aunque el éxito de la nueva estructura está en
la destrucción de los caminos de penetración.
'Si
aislamos a los puestos militares de esos caminos evitaríamos las
confrontaciones con los delincuentes', resaltó.
Recordó
la promulgación en abril de 2018 de la Ley 1053 y, un mes después, por Decreto
Supremo nace el viceministerio de Lucha contra el Contrabando, una política por
primera vez aplicada en la historia de la nación andino-amazónica.
'Durante
193 años Bolivia careció de estrategias para combatir el contrabando y, gracias
al presidente Evo Morales, fueron implementadas políticas que posibilitan
enfrentar ese delito y proteger las fronteras', señaló.
A finales
de julio de ese año -agregó- fue creado el Comando Estratégico de Lucha Contra
el Contrabando, responsable de intervenir en la zona de seguridad fronteriza
con Chile y en Titicaca con Perú, donde actúan cinco FTC.
La
adquisición de 48 camionetas abiertas y cerradas, e igual cantidad de
motocicletas para los puestos militares adelantados garantizan la calidad de
las operaciones militares en esa zona.
Bolivia
hoy enfrenta el contrabando con la implementación de políticas, el
acompañamiento de instituciones gubernamentales y el reforzamiento de sus
fronteras con personal calificado, ante las pérdidas económicas que genera ese
flagelo cada año.
Una lucha
que no cejará, a decir del entrevistado, mientras esté comprometida la
soberanía del Estado Plurinacional.
EL IMPERIALISMO, NUEVA EXPRESIÓN
DEL COLONIALISMO ACTUAL
El colonialismo iniciado hace
siglos se intenta reponer desde el Gobierno de EE.UU. con sus políticas de
dominación imperial en el mundo, explicó el presidente boliviano.
Telesur (www.telesurtv.net)
El
presidente de Bolivia, Evo Morales, lo advirtió en marzo pasado: el nuevo
colonialismo en el mundo viene personificado en el imperialismo de
Estados Unidos (EE.UU.), mediante sus intervenciones en asuntos internos de
otros países.
Morales
explicó que al llegar a la Presidencia en 2006 encontró a Bolivia completamente
dominada por EE.UU., en un sentido literal:
- Oficinas
del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaban en el Banco Central y
participaban en reuniones de gabinete de Gobiernos anteriores.
-
Oficinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)
estaban en el Palacio de Gobierno.
- EE.UU.
tenía una base militar en la región productora de coca del municipio Chapare,
departamento de Cochabamba. Morales señaló que EE.UU. "usa el narcotráfico
y el terrorismo para someter a los países".
El
mandatario boliviano explicó que el reparto imperial inició en 1494 con el
Tratado de Tordesillas establecido entre los monarcas de Portugal y de España
para dividir zonas de navegación y conquista.
Ahora,
ese colonialismo iniciado hace siglos se intenta reponer desde el
Gobierno de EE.UU. con sus políticas de dominación imperial en el mundo, para
robar sus recursos naturales.
En 2008,
el Gobierno de Bolivia expulsó al embajador de EE.UU., así como la
agencia DEA (Administración para el Control de Drogas) y la USAID (Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), por injerencia en la
política interna del país.
¿Nuevos
virreyes en América Latina?
El 23 de
enero de este año Latinoamérica volvió a ser víctima de una pretensión
colonialista: el político Juan Guaidó, con el respaldo de EE.UU., se
autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela. Inmediatamente,
Donald Trump y Gobiernos aliados quisieron legitimar el golpe de Estado
reconociendo al opositor. Era otra etapa en el plan de agresión contra
Venezuela, que se sumaba al bloqueo financiero y a las sanciones económicas
unilaterales.
A tres
meses de la autoproclamación de Guaidó, el plan falló, aunque la arremetida
imperial contra Venezuela sigue con más sanciones, incluso a su
industria petrolera y su Banco Central.
"¿Cómo
entender que alguien se autoproclama y es reconocido por EE.UU. y países
de América Latina? Me refiero a Venezuela, a Guaidó", dijo Evo Morales en
marzo pasado.
En este
sentido, recordó que en tiempos de colonia desde Europa nombraban un virrey,
"en este momento se entiende que Guaidó es como el virrey".
El
colonialismo imperialista
La nueva
forma de dominar países y arrebatarles sus recursos naturales ya no es
necesariamente poblar sus territorios, aunque esto aún existe, con ejemplos
como la ocupación israelí en Palestina.
Sin
embargo, con el imperialismo estadounidenses (y sus aliados) se
desencadenan guerras en los países, se desestabilizan sus economías y se ponen
Gobierno títeres, entre otras maniobras.
Esta
"dominación" mediante el imperialismo no solo pertenece a EE.UU.,
también Europa continúa repartiéndose Medio Oriente y África para controlar sus
recursos naturales.
MATANZA EN UNA MINA DE ORO EN
PERÚ: EJECUTAN A SIETE HOMBRES EN ZONA FRONTERIZA CON BOLIVIA
Radio Bio Bio de Chile
(www.biobiochile.cl)
Siete
hombres fueron asesinados a tiros dentro de una mina de oro en una remota zona
de los Andes peruanos a más de 5.000 metros de altitud, informó este miércoles
la fiscalía.
“La
fiscalía dirige las primeras diligencias de la investigación destinada a esclarecer
el presunto asesinato de siete mineros” en la región sureña de Puno, fronteriza
con Bolivia, dijo la institución en un comunicado.
Los siete
cadáveres, con impactos de bala en la cabeza, fueron descubiertos el lunes por
el personal de seguridad dentro de la mina de oro en La Rinconada, a más de
5.000 metros de altura, según la fiscalía.
Las
faenas habían estado suspendidas durante cuatro días por el feriado de Semana
Santa y el encargado de la mina, Policarpio Calla, dijo que ninguno de los
fallecidos trabajaba en ese yacimiento.
Calla
indicó que los siete hombres podrían haber ingresado al socavón durante el
feriado para sustraer oro y se enfrentaron con otro grupo de personas.
Fiscalía
dice investiga "ajusticiamiento" de siete mineros en Puno
La fiscalía
peruana investiga la muerte de siete trabajadores con disparos en la cabeza
presuntamente en un "ajusticiamiento" en una zona productora de oro
en el sudeste de Perú, dijo un portavoz del Ministerio Público.
Las
víctimas vestían atuendos de mineros, según trabajadores y vecinos aledaños en
la mina de la localidad de la Rinconada, de la región de Puno frontera con
Bolivia, afirmó el portavoz.
El hecho
se produjo el lunes en un yacimiento de la Corporación Minera Ananea, en una
zona donde operan centenares de pequeñas y medianas minas artesanales o
informales cuyos trabajadores realizan faenas sin las condiciones mínimas de
seguridad.
En Puno
casi toda la actividad minera es para producir oro y algunas son investigadas
por vender presuntamente el mineral de forma ilegal, debido a que no cuentan
con permisos ambientales o no asumen sus obligaciones tributarias, según las
autoridades.
La
producción de oro en la Rinconada representa casi el 5% de todo Perú, el sexto
productor mundial del metal amarillo, según datos del ministerio de Energía y
Minas al 2018.
La
minería es clave para la economía local porque es responsable del 60% de las
exportaciones de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre y de zinc.
PREOCUPACIÓN EN SALTA Y JUJUY POR
LOS CASOS MORTALES DE HANTAVIRUS EN BOLIVIA
La ministra de Salud, Gabriela
Montaño, informó sobre las medidas tomadas en la zona afectada, en el sur de
Bolivia, y llamó a la tranquilidad a la población frente al brote de
hantavirus.
Diario Panorama de Argentina
(www.diariopanorama.com)
En las
últimas horas se confirmó una nueva muerte en Sanandita, Yacuiba, por
hantavirus. El Ministerio de Salud de Bolivia decidió reforzar el equipo
especializado desplazado a la zona para contener el brote que hasta el momento
tiene a 280 militares en observación.
La
ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó sobre las medidas tomadas en la
zona afectada, en el sur de Bolivia, y llamó a la tranquilidad a la población
frente al brote de hantavirus, mal que es transmitido por las ratas de cola
larga a través de su orina o heces.
"Ya
el fin de semana fueron desplazados equipos especializados y se han trasladado
nuevos especialistas a Yacuiba, por lo tanto tenemos que mantener la
tranquilidad", insistió Montaño.
Durante
el fin de semana se reportó la muerte de dos militares en la Escuela de
Cóndores de Sanandita, en Yacuiba, Tarija, desde donde fueron evacuados 167
militares a centros de aislamiento en la ciudad de Santa Cruz, como medida de
prevención, tras el caso confirmado de hantavirus.
"Todo
el fin de semana ha estado trabajando un equipo del Ministerio de Salud en la
zona. Se han tomado todas las medidas para evitar que se genere un brote",
explicó Montaño.
Desde el
Comando de Ejército se dispuso que todo el personal militar cambiado de destino
en las últimas semanas de Sanandita a otras unidades se presente en los Centros
de Aislamientos preparados en La Paz, Cochabamba y Trinidad para hacer el
seguimiento de su estado de salud.
De forma
inmediata fueron evacuados 286 uniformados de la Escuela de Cóndores de
Sanandita a seis departamentos, de los cuales, 149 fueron enviados a Santa
Cruz, 84 a La Paz, 38 a Cochabamba, 5 a Chuquisaca, 4 a Pando y 6 a Trinidad.
Hasta el
momento ninguno presenta síntomas de la mortal enfermedad.
El
director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Limber
Soruco, informó que cinco militares fueron internados en el hospital de la
Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) de Sucre con el diagnóstico de
pacientes sospechosos con hantavirus.
"A
la población cercana a Yacuiba les pido que tengan la certeza y tranquilidad de
que hay un equipo del Ministerio de Salud trabajando en el lugar desde el fin
de semana pasado", dijo Montaño.
EL AMBICIOSO PROYECTO DE CHINA
CON LATINOAMÉRICA QUE EXCLUYE A TRUMP
El Ciudadano de Chile
(www.elciudadano.cl)
El «patio
trasero» le quedó grande a Estados Unidos y, ante su política de restricciones
e imposiciones comerciales, los países
de América Latina centran su mirada en las alianzas con China.
El gigante asiático apuesta a desarrollar el
proyecto Cinturón y Ruta, conocido como Nueva Ruta de la Seda, y para
lograrlo ha invitado a más de 70 países.
Esta
apuesta presentada en 2013 por el presidente chino, Xi Jiping, plantea el desarrollo de una franja de
corredores terrestres desde Asia hasta África, pasando por Europa
Oriental e implica cientos de miles de millones de dólares, reseñó BBC Mundo.
La
convocatoria a las naciones sudamericanas la extendió el Mandatario chino en
enero de 2018, durante un encuentro con la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Hasta la
fecha, 16 países latinoamericanos avanzan en la firma de acuerdos para ser
parte del mega proyecto asiático, entre ellos Venezuela, Panamá, Brasil,
México, Bolivia, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Chile y Guyana.
A este
paso se llega tras un historial de convenios entre Pekín y las naciones de
América Latina:
Datos de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), posicionan al
país asiático como el segundo socio comercial más importante para la región, y
el primero para América del Sur, sustituyendo a Estados Unidos.
Los
proyectos bilaterales se remontan al año 2005, cuando recibieron 4,7 mil
millones de dólares en inversiones chinas.
Para
2018, esos acuerdos se fortalecieron con un incremento de 425 % en aportes
chinos, cerrando en 20 mil millones de dólares.
En los
últimos ocho años, el intercambio comercial también aumentó 22 veces,
excediendo los 280 mil millones de dólares en 2017.
Según la
base de datos de finanzas China-América Latina elaborada por The Dialogue,
existen 150 proyectos vinculados al transporte, de los cuales casi la mitad se
encuentran en etapa de construcción.
En los
últimos años, se han invertido 96,9 mil millones de dólares en la transmisión y
generación de electricidad.
Por
número de proyectos, Bolivia, Brasil y Jamaica son los principales destinos de
la inversión china en canales físicos de comunicaciones.
China ha
puesto especial énfasis en las zonas portuarias tanto del Pacífico como del
Caribe y el Atlántico.
En todo
este panorama, juegan un papel
fundamental Panamá y Chile por los accesos que brindan a la región. Con
ambos, Xi Jinping mantiene un buen intercambio.
La
¿despedida? del control estadounidense
Mientras
el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, se concentra en su nuevo intento de derrocar al Gobierno de Venezuela
y en librar guerras de aranceles contra la misma China y la Unión Europea (UE),
Pekín avanza con prudencia y amplía su alcance comercial en la región.
Incluso,
los grandes «aliados» de la Casa Blanca
en Latinoamérica no pueden resistirse a las posibilidades económicas que ofrece
el gigante asiático y, por ello, mandatarios como Sebastián Piñera
viajan sonrientes a la capital china para visitar a Xi Jinping.
Las
cartas están sobre la mesa y Washington
se queda cada vez más lejos y solo en esta carrera.
«Estados
Unidos necesita ferozmente controlar América Latina porque ha perdido, por
ahora, la competencia por la gobernanza mundial contra China y contra Rusia»,
explicó a Sputnik el catedrático de sociología Heinz Dieterich en
marzo.
QUÉ ES LA NUEVA RUTA DE LA SEDA,
EL AMBICIOSO PROYECTO CHINO QUE DESEMBARCA EN AMÉRICA LATINA
Se inaugura en Pekín el segundo
foro de la iniciativa OBOR. El proyecto, que nació en 2013 y ya cuenta con la
adhesión en diferente grado de 129 países y 30 organismos, plantea un desafío a
la actual balanza de poderes internacional.
Ambito de Argentina www.ambito.com)
Especial
desde Pekín - Al
menos 199 centrales eléctricas, un número similar de obras de infraestructura,
y 41 gasoductos son todos los proyectos repartidos en cinco continentes que
integran hasta ahora el ambicioso plan diseñado por el Gobierno de Xi Jinping
en 2013. Bajo el nombre La Franja y la Ruta -“One Belt, One Road”, (OBOR)- China está dispuesta a
destinar 3,67 billones de dólares en recrear sus antiguas conexiones
comerciales, una estrategia que en su origen se limitaba a un sector de Asia y
que fue expandiéndose geográficamente hasta alcanzar a América Latina.
En China
es primavera, pero las temperaturas en Pekín han estado más cerca de cifras de
un dígito que del clima que se asocia con esa estación del año. Las condiciones
del tiempo no son, sin embargo, excusa para que no haya jardines floridos. En
apenas días fueron instaladas miles de plantas junto a carteles alusivos al
gran evento que comienza mañana: el segundo foro de la mega inversión que
tendrá entre sus asistentes a 37 jefes de Estado, 300 ministros y 90
organizaciones internacionales.
Actualmente,
a casi seis años del boceto inicial, unos 129 países, es decir, dos tercios de
los países soberanos del mundo, ya firmaron el convenio de participación,
aunque no todos ellos son miembros plenos, como Argentina por caso.
Las inversiones engloban
puentes, rutas, puertos, ferrocarriles y pueden ser propuestos por cualquiera
de las partes interesadas. “Los proyectos no son impuestos. Puede presentarlo
el país en cuestión y luego la parte china lo evalúa”, explicó la embajadora
Liu Yuqin, representante especial del Gobierno chino sobre asuntos
latinoamericanos y caribeños, en una conferencia de prensa de la que participó
Ámbito Financiero.
Y cada
pieza forma parte de un todo: el corredor económico comenzará en Xi´an, la
antigua capital del país, y cerrará en Italia, pasando por Pakistan, Irán y
Turquía. Habrá al mismo tiempo una ruta marítima que conectará los muelles
locales con los de Malasia, Sri Lanka, India y Kenia. La iniciativa OBOR lleva
inversiones a zonas olvidadas al mismo tiempo que China se beneficia con la
creación de nuevos destinos para sus productos en momentos que su economía se
contrae. Al unísono, amplía su peso internacional. Se trata de una apuesta que
transformará la actual relación de fuerzas entre potencias por décadas y que
genera recelo a EE.UU.
El
Gobierno de Donald Trump ha sido particularmente crítico con Italia, el primer
integrante del G-7 y de la Unión Europea en unirse al proyecto a mediados de
marzo pasado. Bruselas, así como Japón, se ha ofrecido en trabajar en obras
puntuales y supeditó una colaboración más amplia a la existencia de garantías
medioambientales y el beneficio compartido.
Uno de
los motivos que han contribuído al éxito de la adhesión a la nueva Ruta de la
Seda es la ausencia de objeciones al sistema político de naciones a las que
Washington usualmente pone reparos. Así, Pekín anunció el lanzamiento de la vía
férrea que unirá Bayannur, en la Región Autónoma de Mongolia Interior, y
Teherán, expandió su vínculo con Venezuela y confirmó la invitación de
representantes de Corea el Norte al Foro que culmina el sábado. Los tres países
se encuentran bajo sanciones financieras y diplomática por parte de la Casa
Blanca.
“Esta
relación de asociación no es una herramienta geopolítica, sino una plataforma
para la cooperación”, afirmó el canciller Wang Yi, el viernes último durante un
encuentro con los medios, entre lo que se encontraba este diario. Al ser consultado
acerca de los reparos estadounidenses a la presencia de miembros del régimen de
Pyongyang y la ausencia de representantes de alto nivel de la Administración
Trump, el diplomático respondió: “Damos la bienvenida a cualquier país que esté
interesado en participar. Depende de EE.UU. decidir si participa o no. Lo
deciden ellos”.
Región
El
presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue recibido ayer con honores en el
Salón del Pueblo por Xi, en medio de una llovizna incesante. El acto de
bienvenida debió ser trasladado al interior del recinto, en donde sonaron los
himnos y un nutrido grupo de niños los vitoreó alzando banderas de ambos
países, observó esta enviada. Luego, se produjo la firma de los convenios para
incrementar la defensa comercial, un protocolo de exportación de peras hacia el
gigante asiático y la ampliación de la red de 5G, de los que solo se conocieron
los enunciados.
Chile
junto con Uruguay, Bolivia, Panamá, Cuba y Ecuador integran el grupo de 16
países de América Latina que se han incorporado plenamente al proyecto y
mantienen una diversidad de propuestas en carpeta. Brasil, en tanto, se
distanció retóricamente de Pekín tras la asunción de Jair Bolsonaro -sigue
siendo su principal socio comercial- y se descarta por lo pronto un acuerdo en
ese sentido. Por su parte, Argentina solo adhirió a los principios rectores de
la iniciativa en 2017 pero nunca finalizó su incorporación.
“En los
últimos meses se hizo más notoria la presión de EE.UU. sobre ciertos países de
América Latina”, reconoció Liu Yuqin. “Tenemos posibles conflictos con
Washington pero no significa que no podamos convivir”, concluyó.
DECOMISAN MÁS DE DOS TONELADAS DE
COCAÍNA EN PERÚ
Autoridades peruanas confirmaron
el decomiso de más de 2 toneladas de cocaína en una embarcación que sería
enviada a Bélgica
López Doriga de Perú
(www.lopezdoriga.com)
La
policía peruana decomisó 2 mil 202 kilos de cocaína cargada en contenedores en
el puerto del Callao, en la costa central del país, desde donde iba a ser
enviada a Bélgica, informó este miércoles la Superintendencia Nacional de
Aduanas (Sunat).
“Culmina
el operativo liderado por Aduanas en coordinación con fiscalía y policía, se ha
incautado más de 2 mil 202 kilos de cocaína“, indicó la Sunat en Twitter.
La droga
se encontraba camuflada en decenas de bloques, entre la carga de contenedores
de un buque de bandera liberiana amarrado en el puerto del Callao.
El organismo
de gobierno señaló que la droga tenía como destino Bélgica.
En tanto,
la fiscalía informó que el capitán de la embarcación será testigo en la
investigación.
Perú es
uno de los principales orígenes de la cocaína, con unas 400 toneladas al año,
según datos oficiales.
Después
de Colombia, el país andino está junto con Bolivia entre los mayores
productores de hoja de coca, materia prima de la cocaína.
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