EL MEDIOAMBIENTALISMO CONTRA EL VERDADERO DESARROLLO BOLIVIANO

ONG medioambientalistas financiadas desde Estados Unidos y Europa, intentan desvirtuar los megaproyectos de desarrollo boliviano, a través de su influencia en las organizaciones indígenas, en lugar de plantear soluciones a los impactos ambientales que provocan. Este es el caso de las hidroeléctricas. A continuación esbozamos algunas reflexiones al respecto.

El rechazo a las hidroeléctricas

En una nota periodística del portal Eju! del 24 de febrero de 2018 bajo el título: “Bolivia avanza en la construcción de hidroeléctricas a pesar de daños”, se refleja claramente cómo los medios de comunicación privados enfocan la información en contra de las políticas de desarrollo del Estado plurinacional de Bolivia. Parten por ejemplo de una comparación entre las decisiones que dicen que tomarán otros países indicando que son sensatas frente a la insensatez desarrollista boliviana.

“Mientras los gobiernos de Brasil y Chile anunciaron la suspensión de proyectos hidroeléctricos en sus territorios por los impactos socioambientales entre diciembre de 2017 y de enero de 2018, el presidente Evo Morales avanza con su política de profundización de generación de energía de este tipo con la inauguración de la Central Hidroeléctrica San José I, que entró en operaciones el 17 de enero y elevó a 2.155 MW la oferta nacional de energía eléctrica”, se lee en dicha nota.

Además según esta, un estudio realizado por la Universidad Internacional de Florida habría advertido que en la cuenca andina amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú existen 142 represas activas y en construcción que fragmentaron seis de las ocho principales redes fluviales, y esto amenaza a 671 especies de peces.

Indica también que, según el estudio de la universidad norteamericana, las únicas cuencas andino-amazónicas que no fueron afectadas con las represas son Caquetá y Pumayo que atraviesan Colombia, Brasil y Perú, “el resto de las represas amenazan a parte de 671 especies de peces migratorios”, o sea, todas las represas de Bolivia y Ecuador. Veamos más de esta intencionalidad siniestra en el caso de la represa Rositas.

Siete hidroeléctricas se instalarán en la cuenca del río Grande. Rositas será la primera. Generará de 400 a 600 megavatios. En conjunto aportarán 3.000 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El doble de la demanda actual de Bolivia. Además de energía proveerá agua para consumo y riego para 160.000 ha de cultivos, y contribuirá a controlar las inundaciones. Con la hidroeléctrica se obtendrá energía para la exportación y se llegará a cumplir el sueño de convertir a Bolivia en una potencia energética.

Sin embargo, las ONG medioambientalistas promueven el descontento en las comunidades a través de la propia organización indígena que es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la cual siempre ha funcionado a través del paternalismo de dichas ONG. Esta vez, promueven el descontento en poblaciones guaraníes a través de la ONG Probioma.

De acuerdo a una nota que se publica en el portal, Mongabay Latam Periodismo Ambiental Independiente, y de autoría de Miriam Telma Gemio, los campos de cultivo de tres comunidades guaraníes (Tatarenda, Yumau y La Junta), quedarán inundadas por la represa, y serán afectadas otras comunidades que se encuentran en los municipios de Cabezas, Gutiérrez, Postrervalle, Lagunillas y Vallegrande.

Estas comunidades son productoras de maíz. “Este es nuestro único fuerte como comunidad. Todo este espacio el gobierno nos lo quiere llenar de agua”, comentó el dirigente indígena Changaray según Mongabay Latam. Este medio agrega sobre el dirigente indígena: “no entiende por qué ‘el gobierno siempre quiere afectar a los más pobres’”.

Tómese atención a estas dos frases: “Todo este espacio el gobierno nos lo quiere llenar de agua” y “el gobierno siempre quiere afectar a los más pobres”. La intencionalidad está clara, con esta nota se intenta conmover a la población, para que esta reaccione, bajo el estímulo que le da este mensaje: “éste es un gobierno de ricos que afecta a los pobres”.

Estamos seguros que el impacto ambiental de este proyecto será considerable, pero es algo que no se puede ni se debe dejar de hacer. Las ONG y los medios de comunicación, en lugar de intentar promover una oposición al proyecto de parte de la población boliviana, deben plantear soluciones a los problemas que va generar éste proyecto, y recomendar qué se debe hacer, cómo las comunidades pueden actuar para tomar lo que les corresponde en recursos que va generar la hidroeléctrica con la exportación de energía, por ejemplo.

La nota que publica Mongabay Latam insiste en que las comunidades tienen que quedar atrapadas en una economía de subsistencia. “Los recursos vegetales del bosque de la Capitanía Kaaguasu, que alberga a 24 comunidades incluida Yumao y Tatarenda Nuevo que serán afectadas por el proyecto Rositas, son importantes para sus familias porque los usan en la medicina tradicional, alimentación, forraje, construcción, leña y artesanía”. ¿Leña y artesanía? Es decir, cuando en la época de las Guerras Chiriguanas sucedidas durante la colonia española, los guaraní libres de la región denominada entonces Cordillera, aspiraban a tener todo lo que pensaban que a los blancos les engrandecía, como caballos y armas de fuego, y de hecho las llegaron a tener y a usar con destreza, ahora, en pleno siglo XXI ¿tienen que cocinar a leña?, ¿no aspiran a un servicio de gas domiciliario como los que gozan muchos aymaras y quechuas urbanos y rurales?

Mongabay Latam, además hace una comparación que de ningún modo tiene parangón. Compara al gobierno del dictador Hugo Banzer Suárez de la década de los 70 con el gobierno progresista de Evo Morales. “A inicios de la década de 1970, cuando poca gente vivía en la ribera del río Grande ya se hablaba de la represa Rositas. Benito Changaray dice que ahora hay mucha más población en la región (…) que serán alcanzadas por la represa Rositas”. Pero Banzer no hizo la represa Rositas porque se lo pidieron los indígenas que no lo hiciera, lo que no aclara Mongabay, sino porque como otros dictadores puso un tema de moda para despertar la esperanza en los bolivianos sobre la posibilidad de realizar grandes obras para salir de la pobreza, aunque nunca tuvo la mínima voluntad de cumplirlo.

Por su parte, Morales insiste en avanzar en este proyecto porque es una necesidad nacional para el conjunto de los bolivianos, y algo tan grande no puede aplazarse por culpa de algunas comunidades, o peor aún, a causa de la manipulación que ejercen las ONG sobre estas.

Probioma alerta sobre el impacto que la construcción de la hidroeléctrica Rositas generará sobre la seguridad y soberanía alimentaria al anular las tierras de una de las zonas prioritarias para la producción de alimentos, según Mongabay. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Abandonar un megaproyecto que incrementará en el futuro los ingresos del Estado significativamente y permitir que algunas comunidades continúen con su economía de subsistencia? ¿No debería más bien Probioma plantear soluciones a esta población en la transición hacia un nuevo sistema de vida distinto a la economía de subsistencia?

Lejos de plantear soluciones para aminorar el impacto ambiental que traerán las hidroeléctricas y soluciones para las comunidades, las ONG insisten en preocupar a la población. Se dice por ejemplo que no solo las propiedades e inversiones realizadas por los comunarios se perderán, también la infraestructura como escuelas, carreteras, puentes y tendidos eléctricos. “Se trata de una importante inversión pública”, explica Antonio Sanjinez, investigador de la Unidad de Agroecología de Probioma a Mongabay.

Ante los cuestionamientos y críticas de la oposición política, los medioambientalistas y las ONG, el presidente Evo Morales en abril de 2018 dejó el destino del proyecto hidroeléctrico Rositas en manos del departamento de Santa Cruz. Un hecho más había provocado esta determinación: la campaña medioambientalista en el extranjero.

“No puedo entender que algunas familias y algunos pequeños grupos se opongan sobre los sueños de un departamento, dejo en manos del departamento, superemos los problemas. Algunas personas que tienen hotelería y empresas turísticas del Oriente boliviano, van a Estados Unidos a protestar contra el proyecto Rositas y el Bala”, dijo entonces el mandatario.

El medioambientalismo nos quiere vulnerables

El medioambientalismo en Latinoamérica promueve que se mantengan las condiciones de vida precarias de los habitantes de las zonas selváticas y que se petrifiquen las relaciones coloniales de pobreza y sometimiento construidas a lo largo de los siglos y aún vigentes hoy. En este momento, por ejemplo, la actividad extractivista transnacional del litio en Chile y Argentina, está provocando enorme deterioro del medioambiente, y no hay solución para las comunidades de alrededor que están siendo afectadas en sus terrenos de cultivos. A las compañías estadounidenses Rockwood-Albermarle y FMC, como a la compañía australiana Orocobre, que son las que explotan el litio en el norte chileno y argentino no les interesa regenerar el medioambiente porque esto afectaría sus ganancias. Sin embargo, en este caso, los medioambientalistas no dan un grito al cielo como en el caso de las hidroeléctricas estatales bolivianas, que pretende generar ingresos para su inversión en beneficio de la sociedad.

El ser humano en todas las civilizaciones y en diferentes épocas siempre ha transformado la naturaleza para aprovechar de manera más óptima los recursos naturales. Esto ha significado un impacto en el medioambiente, ha afectado la reproducción de la vida animal como vegetal. De lo que se trata aquí es que la academia, las denominadas ONG, y los investigadores planteen propuestas para la regeneración de la naturaleza o para evitar un impacto mayor e incontrolable. No está mal que adviertan sobre el impacto, o alerten sobre el deterioro intensivo y extensivo de la naturaleza, pero esto debe ir acompañado de propuestas, medidas para controlar este deterioro. Con respecto a las comunidades que van a hacer afectada, se podría contribuir a los procedimientos para su tránsito de economías de autosubsistencia a la economía de mercado.

La utilización de información por parte de ONG, universidades, activistas medioambientalistas y medios de comunicación para oponerse al desarrollo por el simple hecho de que éste provocará un impacto ambiental o deterioro de la naturaleza y/o destruirá áreas de cultivo de algunas comunidades que viven de la agricultura de subsistencia, sólo puede tener un fin político en el caso de los proyectos del Proceso de Cambio que impulsa el Estado boliviano actualmente.

Las hidroeléctricas forman parte de un proceso de industrialización estatal con el cual se pretende generar energía eléctrica para exportar. Siendo éste un proyecto que generará mayores ingresos para el Estado que se invertirán en salud, educación, carreteras, bonos sociales, etc., es para el beneficio de todos los bolivianos. Oponerse a este proyecto sería pretender negarse a uno de los mandatos más fundamentales que emergieron de los sectores populares en las movilizaciones sociales de 2003, como es la industrialización, que es uno de los ejes de la descolonización del Estado y la sociedad.

Lo que el gobierno de Bolivia está haciendo con los recursos para beneficio de los propios bolivianos, no es ni debe ser asunto de grupos o entidades foráneas, como las ONG financiadas desde Europa y Estados Unidos. Esto es algo que sólo debe correspondernos a los propios bolivianos. En esto la autovaloración es fundamental. Es además una cuestión de soberanía.

El restablecimiento de los principios de soberanía nacional, es decir, la autodeterminación, es uno de los pilares para el desmontaje del orden neoliberal en Bolivia como bien lo menciona el vicepresidente Álvaro García Linera (García, agosto, 2015). Antes, en todos los niveles del Estado y la sociedad estaban presentes las entidades foráneas, ya sea como imposiciones de los organismos internacionales o como solidaridad paternalista de las ONG.

En 2015, el gobierno identificó a algunas ONG como peligrosas, y acusó de mentir en su contra. Estas intentaban entonces desprestigiar al gobierno indicando que su accionar es desarrollista y depredador del medioambiente, y poner trabas a los proyectos de producción hidrocarburífera en Bolivia, instigando entre los pueblos indígenas a levantarse y negarse a la exploración y explotación de gas en sus territorios.

Si bien es cierto que hoy en día los pueblos indígenas ya no pueden ser inadvertidos, cualquier proyecto de desarrollo, o programa como los POA municipales, no puede ya hacerse sin la presencia de las organizaciones indígenas y campesinas de las áreas en las cuales se encuentran, la manipulación de las ONG en algunos casos es determinante. Estas realizan estudios de impacto ambiental, y con los resultados, carentes de propuestas para aminorar estos impactos o regenerar el medio ambiente dañado, promueven entre los indígenas oposición a estos proyectos.

La pregunta es, ¿si en todo megaproyecto de desarrollo estatal siempre va haber un impacto ambiental, un daño a la naturaleza, entonces el gobierno debe abstenerse de todo megaproyecto, olvidarse de desarrollar el país? Las ONG medioambientalistas lo que buscan es preservar nuestras riquezas para que en un futuro lejano, o tal vez no tan lejano, sean las trasnacionales las que las exploten y las aprovechen para obtener ganancias, cuando la derecha antinacional tenga la posibilidad de tomar el poder e imponga un nuevo modelo neoliberal. Entonces, ni los indígenas, menos el resto de los bolivianos podremos aprovechar de lo que es nuestro porque seremos despojados de su control. Pero además un segundo daño es el que lo hacen al gobierno, y al partido de gobierno. Sus críticas son bandera de la derecha, como en el caso de la negativa a la construcción de la carretera por el parque TIPNIS.

Tomar nuestras propias decisiones con dignidad

El proceso de descolonización, ha implicado también la expulsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de las oficinas privadas que tenía en el Banco Central de Bolivia (BCB); de la CIA, que tenía oficinas en el Palacio de Gobierno; del cuerpo militar norteamericano, que tenía su base extraterritorial en un aeropuerto en la Amazonía boliviana; de USAID y al embajador de los Estados Unidos, que conspiraba junto a sus grupos separatistas de extrema derecha, apoyando la división del país en micro-republiquetas bajo tuición extranjera (García, op. cit.). Esta es una faceta del proceso de cambio que no hay que olvidarlo.

La soberanía plena del Estado Plurinacional, y la más alta dignidad del pueblo de Bolivia, sólo será posible si tomamos nuestras propias decisiones sobre nuestro destino sin aceptar pasivamente observaciones sobre nuestra conducta de entidades paternalistas que aún hoy intentan tratarnos como minusválidos mentales, mostrando conmiseración hacia nosotros e indicándonos qué debemos hacer y qué no. Revista Aporrea de Venezuela (www.aporrea.org)

BOLIVIA: DOCE AÑOS DE LOGROS Y LOS MISMOS DESESTABILIZADORES DE SIEMPRE

Evo Morales rompe récord de duración en la presidencia de Bolivia...

Cuba Ahora (www.cubahora.cu)

                                        

El martes 14 de agosto, el presidente Evo Morales ha cumplido, legal y legítimamente, el récord de permanencia sucesiva en la conducción del aparato estatal boliviano (12 años o 4.578 días como presidente), lo que lo convierte en el fenómeno político más sobresaliente de la historia de su país, mientras se suceden intentos desesperados de la derecha para desestabilizar el país.

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, denunció intentos “irresponsables” de sectores de la oposición para convulsionar el país con el objetivo de desprestigiar la gestión de gobierno y posesionar un discurso que asegura que el presidente Evo Morales no es garantía de estabilidad económica y política, frente a una realidad que demuestra los grandes logros en doce años de gestión.

Entre los desestabilizadores, incapaces de elaborar propuestas para el país, incluye al expresidente Carlos Mesa, Tuto Quiroga y el rector de la UMSA; Waldo Albarracín, que aseguran que el país se convulsionará si no se respetan los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, en una “convocatoria disfrazada a la violencia”, muy parecida a la que se maneja en Venezuela y Nicaragua.

“El mundo “está viendo que en Bolivia hay plena democracia, donde la gente puede decir libremente sus opiniones y tomar también acciones en función de sus propias convicciones”. Está claro que en Bolivia “no pasa absolutamente nada que restrinja la democracia y los contenidos de la democracia como tal”, indicó.

De acuerdo a todos los sondeos de opinión, el promedio de aprobación de la gestión en doce años de gobierno supera el 55%: la población valora las obras que hace, la intensidad del trabajo que despliega y la honestidad que demuestra el Presidente.

“Estas convocatorias medias disfrazadas a la violencia o a negar más bien la vigencia de un orden democrático le hace mucho daño a la oposición, que debería sentarse primero para ver cómo se pone de acuerdo a tener un solo candidato; segundo, para presentarle un proyecto al país”, subrayó.

Morales es, en su condición de líder histórico, el eje o nodo articulador de otros dos factores que hacen posible la revolución boliviana: la fuerza organizada del pueblo y el proyecto alternativo. Entre 2006 y 2009 Evo presidió el viejo Estado y ahora el Estado Plurinacional superando al conductor de la revolución de 1952, Víctor Paz Estenssoro, quien acumuló 12 años al frente del país de manera discontinua (1952-56, 1960-64 y 1985-89).

A ese triángulo se incorporó el proyecto alternativo, que articula el cuestionamiento a la colonialidad del poder y al sistema capitalista en el Plan Nacional de Desarrollo –que  significó la nacionalización del petróleo, la Asamblea Constituyente, la anulación del neoliberalismo, entre otras medidas)- y ahora se enrumba hacia la materialización de la Agenda 2025.

Los analistas señalan que ésta no es una revolución para instalar en el poder a una protoburguesía, como ocurrió en 1952, sino para constituir un bloque en el poder bajo liderazgo indígena campesino, obrero y popular para dar vida al proceso de cambio en la revolución más profunda de la historia boliviana.

Evo fue capaz de articular la resistencia al neoliberalismo desde la crisis de abril de 2000, cuando se desarrolló la “Guerra del Agua”.  Hubo otros referentes en la sublevación popular, como Felipe Quispe, pero Morales condensaba los sueños y las esperanzas de la más amplia gama de las clases subalternas. Y tras la derrota del neoliberalismo en octubre de 2003 y del intento de la embajada estadounidense de imponer su presidente en junio de 2005, la poderosa insurgencia indígena campesina, obrera y popular obtuvo una histórica victoria político-electoral en diciembre de 2005.

Para Moldiz, no es posible divorciar a Evo líder, del Evo presidente, y si bien hay momentos en que entra en crisis esa relación, cada vez que lo ha hecho ha salido fortalecida. Evo está decidido a ser candidato, una vez más, en las elecciones de 2019.

La fuerza de su liderazgo, fundada en el protagonismo de los movimientos sociales, se está encargando de romper con varios mitos de la historia de Bolivia, como el que señalaba que la diversidad clasista y nacional-cultural impedía que cualquier candidato obtuviera más del 50% de los votos en la primera vuelta. Conquistó el 54% en 2005 y cuatro años después tuvo el 64% de respaldo, además del 67% que alcanzó en el referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008. En 2014 obtuvo el 62% de votación.

Morales está demostrando que el Estado en manos de una dirección revolucionaria es un instrumento capaz de administrar eficientemente los bienes comunes para la búsqueda del bien común, al no quedar subsumido a las fuerzas ciegas de la economía de mercado (a empresas transnacionales en un modelo neoliberal), sino que con la titularidad de un nuevo bloque en el poder (indígena campesino obrero y popular) queda en función de los intereses de la inmensa mayoría de la población.

Al  distanciarse de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Morales ha logrado el comportamiento más exitoso de la historia económica boliviana: el PIB casi se ha quintuplicado (de seis mil a más de 35 mil millones de dólares), y las exportaciones estancadas en mil millones de dólares al año durante dos décadas se multiplicaron por 10.

Bolivia se erigió en la primera economía de la región en los últimos cuatro años, producto de la política de nacionalizaciones y la aplicación de un modelo que genera excedentes y los redistribuye con distintos mecanismos a la población, provocando un énfasis en la demanda interna.

Y destruyó el mito de que Bolivia necesita de los Estados Unidos y los países del capitalismo central, con una política exterior soberana y diversificada. Ya lo había señalado el desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz: “no somos dependientes por ser pobres, sino pobres por ser dependientes”.

Moldiz recalca que se ha roto, también, el mito de que “los indios no saben gobernar”, abriendo un proceso de descolonización de las estructuras políticas, materiales y simbólicas que le otorgaban a la “blanquitud” una superioridad sobre la “indianitud”.  Y demostró que un gobierno de izquierda puede ser eficiente, dejando atrás el prejuicio sobre la participación y el liderazgo estatal: se puede redistribuir la riqueza y hacer obras de envergadura sin poner en riesgo la estabilidad económica y la soberanía.

Ahora le resta demostrar que un proyecto anticapitalista –el socialismo comunitario para el Vivir Bien- es lo que Bolivia necesita para continuar por el rumbo de la soberanía política y la independencia económica.

Como es obvio, dice Moldiz, la revolución boliviana enfrenta –como ahora- también momentos de contrarrevolución, donde la derecha, envalentonada por la teoría del fin del ciclo progresista y de restauración conservadora apunta a destruir todo lo que se hizo en doce años, apoyándose en el discurso de pedir respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016, que cerró la posibilidad de la modificación del artículo 168 de la Constitución y la reelección presidencial.

La respuesta a esta amenaza está en manos de Evo y del pueblo organizado.

DE ESTO SE TRATA LA LEY “CONTRA LA MENTIRA” QUE PREPARAN EN BOLIVIA

France 24 de Francia (www.france24.com)

                                

El presidente boliviano quiere una ley "contra la mentira" y ha sostenido que quienes rechazan su propuesta son unos "confesos mentirosos". La idea está tomando cuerpo en el Parlamento, pese a las alertas de expresidentes, opositores y la prensa.

La primera vez que Morales anunció la norma en un discurso muchos lo escucharon con escepticismo. Después lo ratificó en otras intervenciones y los parlamentarios del oficialismo ahora estudian la propuesta y analizan la legislación internacional que castiga las ‘ fake news’ (noticias falsas en español).

Dos parlamentarios de partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), dijeron a France 24 que el proyecto de ley aún no está redactado, pero defendieron la necesidad de la normativa “contra las mentiras” como una forma de concretar el principio incaico del "ama lulla", "no seas mentiroso" en quechua, recogido en la Constitución desde el 2009.

La trilogía ética de la antigua civilización quechua incluía el "ama quilla" (no seas flojo) y "ama sua" (no seas ladrón), que también forman parte de los principios constitucionales de Bolivia.

"Se quiere incorporar una norma que castigue en el ámbito del derecho penal a la mentira, pero siempre y cuando esa mentira cause daño moral y psicológico a una tercera persona", señaló el diputado oficialista Víctor Borda.

El legislador sostuvo que "seguramente" con esa ley se sancionará "a todos aquellos políticos mentirosos", pero "sin que esto signifique vulnerar la libertad de expresión que está garantizada por la Constitución Política del Estado, ni la libertad de pensamiento", ni la libertad de prensa, según dijo. El MAS controla los dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado por lo que cualquier norma puede ser aprobada por el oficialismo sin la necesidad de tomar en cuenta a la oposición.

Flora Aguilar: "así se podría informar de manera correcta al pueblo"

Su colega y correligionaria, la indígena quechua Flora Aguilar, apuntó: "aquí nadie puede tener miedo. El que no miente por qué va a preocuparse sobre la ley. Así se podría informar de manera correcta al pueblo en los medios de comunicación y no estar desinformando".

En el mismo sentido, argumentó hace unos días el propio Morales afirmando que la ley debería aplicarse a autoridades y a medios de comunicación, lo que levantó las primeras reacciones de rechazo, en particular de parte de la prensa, cuyo trabajo está regulado por la ley de Imprenta, que data de 1925.

Un juez podría calificar si se ha producido una mentira y unos peritos definirían si se causa daño emocional a un tercero con una falsedad, apuntó Borda.

El legislador oficialista dio como un ejemplo de "mentiras con dolo" el hecho de que algún opositor haya dicho que la hija del presidente Morales, Eva Liz, vivía y estudiaba en Estados Unidos siendo que hace pocos días se graduó como abogada en una universidad de La Paz.

"Y, obviamente, la mentira más atroz ha sido inventarle un hijo a Evo Morales por una supuesta relación con Gabriela Zapata, y que ha influenciado definitivamente en el resultado del 21F", agregó Borda.

El 21F representa el referendo que perdió Morales el 21 de febrero del 2016 cuando se consultó a la población si le autorizaba a volver a postular en 2019 para buscar un cuarto mandato.

Según Aguilar, “la mentira del 21F” está llevando a Bolivia al retroceso y afectando la transformación del país.

Jimena Costa: "es un discurso que hace quedar a los bolivianos como si fuéramos unos tontos pusilánimes"
En declaraciones a France 24, la diputada opositora Jimena Costa opinó que para el MAS plantear una ley “contra la mentira” es continuar con una estrategia discursiva que busca reponer la imagen de Morales de la derrota sufrida el 21F.

"Es un discurso que hace quedar a los bolivianos como si fuéramos unos tontos pusilánimes, que nos manipulan con un cuento", dijo.

La trama del supuesto hijo secreto del presidente con Zapata explotó en esa campaña y se convirtió en un culebrón hasta que una jueza estableció que tal niño no existía y la supuesta madre terminó confesando ese extremo.

El Gobierno acusó a un grupo de medios de haber formado un supuesto "cártel de la mentira" para perjudicar la candidatura de Evo Morales, lo cual ha sido rechazado siempre por los medios y las asociaciones de periodistas.

Costa cree que una ley contra la mentira puede finalmente ser un bumerán contra el mandatario porque "la gente le recuerda que él ha mentido cuando ha dicho que iba a respetar el resultado del 21F".

El gobernante creyó que iba a ganar el referendo, pero en su contra votó un 51,3 % de los electores.
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, dijo a France 24 que el objetivo es ejercer "un control de los mensajes que emiten los medios, a través del temor", con una norma que, a su juicio, será una espada de Damocles sobre la cabeza de los informadores.

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) advirtió en su blog que la ley será "un nuevo instrumento para restringir más los derechos constitucionales de todos".

Que una propuesta como esa sea debatida en un periodo preelectoral parece no preocuparle al presidente Morales, que ha retado a los opositores a aprobar la ley “contra la mentira” para juzgarlo también a él si lo consideran un mentiroso.

LOS CRÍMENES COMETIDOS EN CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA SE REPITEN EN BOLIVIA

El Nacional de Venezuela (www.el-nacional.com)

                                                                                                     

Por Carlos Sánchez Berzaín.- Todos los mecanismos delictivos para retener indefinidamente el poder ya usados en Cuba, Venezuela y Nicaragua se aplican ahora en Bolivia. Es el esfuerzo para que Evo Morales sea candidato, pues tiene asegurado ganar las elecciones de 2019 con un nuevo acto de “simulación de democracia” y violación de los derechos humanos de todo un pueblo. Para las dictaduras castrochavistas es imprescindible retener Bolivia bajo su control y repiten los crímenes con los que someten a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Morales suplantó la Constitución Política de la República de Bolivia –que no permitía reelección continua de presidente– falsificando el contenido de la reforma con la ley 2631 de 20 de febrero de 2004 promulgada por Carlos Mesa, que sin competencia autorizó una asamblea constituyente cuando solo se permitía la reforma parcial de la Constitución. Con asamblea constituyente dolosa pusieron en escena la construcción del Estado plurinacional que liquidó la República de Bolivia con una Constitución que no es la redactada por la constituyente, pues con otro crimen denominado ley 3941 de 21 de octubre de 2008 Morales impuso un texto diferente al de la constituyente en el Congreso Ordinario que usurpó funciones. Un iter criminis que creó la “legalidad de la dictadura”.

En 2008 la oposición presidía y era mayoría en el Senado (Jorge Quiroga jefe de 13 y Doria Medina 1, mayoría 14 de 27) y pudo evitar la liquidación de la República, pero fue llevada a un pacto con Morales, aprobó la ley 3941 y proclamó la constitución castrochavista como de unidad nacional, dando la reelección a Morales. Pueblo, líderes cívicos, gobernadores de 6 de los 9 departamentos resistieron, pero Morales los redujo con muertes, presos políticos y exilio, con las masacres del Hotel Las Américas, Porvenir en Pando, La Calancha, Cochabamba y más. Un iter criminis que creó “oposición funcional”.

Con su Constitución plurinacional de 7 de febrero de 2009, Morales convocó de inmediato a elecciones y se reeligió el 6 de diciembre de 2009 por “única vez”. Se presentó a las elecciones de 2014 y de nada valieron las denuncias de la “oposición” que invocó un documento garantizado por la OEA de Insulza en el que Morales se obligaba a reelegirse solo una vez, pues en esta ocasión el Tribunal Constitucional del régimen emitió un fallo autorizando su tercera postulación consecutiva con el argumento de que habiéndose creado el Estado plurinacional el año 2009, la elección de 2014 era la primera reelección de Morales en el nuevo país.

Asumido su llamado tercer mandato Morales convocó a un referéndum en que planteó el Sí para su perpetuación indefinida en el poder y el No para no volver a ser candidato, anunciando que si perdía volvería a sus cultivos de coca ilegal. El 21 de febrero de 2016 ganó el No, Bolivia dijo No. Pese al fraude dictatorial el triunfo del pueblo boliviano fue contundente, pero entonces recomenzó la aplicación de los medios delictivos utilizados en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De los miles de crímenes del castrismo para retener el poder en Cuba, destaca hoy el supuesto accidente en el que mataron a Osvaldo Payá, fundador y organizador del “Proyecto Varela” mediante el cual, amparado en la Constitución castrista, recolectó las firmas necesarias para presentar al régimen una solicitud de cambios. Evo Morales está acusado en La Haya por los asesinatos extrajudiciales del 16 de abril de 2009 en Hotel Las Américas en Santa Cruz y además debe responder por decenas de crímenes que ha perpetrado para tomar y retener el poder

Venezuela dijo No a Hugo Chávez y su proyecto de constitución el 2 de diciembre de 2007 y el dictador Chávez admitió “derrota solo por ahora”, y luego, manipulando procesos electorales fraguados, fraude, jueces sometidos, fuerza, amedrentamiento, sobornos, crímenes y metodología castrista, hizo lo que quiso, manipuló un nuevo referéndum en 2009 y se quedó en el poder hasta su muerte.

Nicaragua, con la experiencia de la dictadura de Somoza, estaba constitucionalmente protegida, pero Daniel Ortega primero rebajó a 35% el porcentaje para ser elegido, controló los organismos electorales, obtuvo el apoyo de opositores a cambio de impunidad por asuntos de corrupción, hizo reconocer por un tribunal sometido “su derecho humano a postularse indefinidamente” y dio un golpe judicial para controlar el Congreso.

Repiten en Bolivia los crímenes de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua para retener el poder, ¿pero se repetirá el resultado? El pueblo boliviano se moviliza, toma las calles y se apresta a la resistencia civil, y el mundo no puede ignorarlo.

PARA UN NÚMERO CRECIENTE DE VOTANTES EN BOLIVIA, SU PRESIDENTE SE ESTÁ QUEDANDO ATRÁS DE SU BIENVENIDA

World View Stratfor de EEUU (ww.worldview.stratfor.com)

El presidente boliviano, Evo Morales, se postulará para un cuarto mandato el próximo año a pesar de perder un referéndum constitucional en 2016 que habría eliminado los límites del mandato presidencial.

La oposición a la reelección de Morales puede no evitar que vuelva a ganar la presidencia, pero un resultado electoral cercano probablemente generará disturbios.

Una ola de protestas de los votantes opuestos a Morales pondría en riesgo interrupciones significativas a nivel nacional en las operaciones comerciales, mientras que una respuesta violenta del gobierno a las protestas aumentaría el riesgo de sanciones financieras específicas de los Estados Unidos.

Con el apoyo una vez inmenso del presidente Evo Morales en declive, las próximas elecciones presidenciales de Bolivia, en octubre de 2019, corren el riesgo de convertirse en un punto álgido para los disturbios políticos, aunque Morales probablemente siga siendo lo suficientemente popular como para ganar la reelección. En febrero de 2016, Morales pidió a los votantes eliminar los límites del mandato presidencial de la constitución. Después de que una mayoría simple dijo que no, Morales recurrió a la Corte Constitucional del país para poner fin a los límites del mandato de todos modos. Ahora, un creciente movimiento de oposición está tratando de evitar que se postule por cuarta vez. El desafío del presidente a un voto popular estrecho hace que los disturbios sean plausibles después de las elecciones del próximo año.
Una resistencia creciente

El estrecho margen por el cual Morales perdió el referéndum constitucional de 2016 indica que las elecciones presidenciales de 2019 podrían convertirse en una confrontación política entre el partido gobernante Movimiento al Socialismo y la oposición. Durante los 10 años desde su primera toma de posesión en 2006 hasta el referéndum de 2016, Morales nunca perdió un voto popular; incluso había ganado la aprobación de una nueva constitución en un referéndum de 2009 y había ganado la reelección bajo la nueva constitución más tarde el mismo año. En 2014, Morales argumentó que debido a que la nueva constitución, que limitaba a los presidentes a dos mandatos de cinco años, había hecho que su primer mandato fuera incompleto, se le debería permitir postularse para un tercer período, que, en efecto, sería el segundo bajo el mandato. Constitución 2009. Él ganó la reelección con alrededor del 60 por ciento de los votos, con más del 80 por ciento de participación. Menos de dos años después, su intento de eliminar los límites del mandato presidencial fracasó por poco, en una elección con un 85 por ciento de participación.

Está claro que Morales está perdiendo parte de su apoyo político precisamente porque se postulará para otro mandato. Sigue siendo popular entre los sindicatos nacionales que han respaldado su gobierno desde el principio, como el sindicato Central de Trabajadores de Bolivia, y con más grupos locales de poder como el sindicato de cocaleros de la región del Chapare. Sin embargo, la resistencia a la oferta de Morales por un nuevo mandato está creciendo visiblemente en todo el país. Las protestas apoyadas por la coalición de oposición política ahora son frecuentes en las ciudades de todo el país, incluso en regiones como Potosí, donde Morales tradicionalmente ha sido popular. Los manifestantes han pedido a Morales que obedezca el resultado del referéndum de 2016 y que desista de postularse nuevamente. Más de un año antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019, los votantes parecen estar muy divididos entre Morales y su rival más cercano, el ex presidente Carlos Mesa. Una encuesta realizada en agosto por Ipsos mostró que Mesa estaba detrás de Morales con un 25 por ciento a 27 por ciento, con un gran porcentaje de bolivianos indecisos. Dado el estrecho margen del voto constitucional de 2016, y el creciente número de votantes que no están de acuerdo con su intento de obtener otro mandato en el cargo, es cada vez más posible que Morales enfrente una carrera cerrada en 2019.

Sin embargo, la creciente oposición no necesariamente va a derrocarlo en una votación cara a cara. La creciente popularidad de Mesa puede forzar una segunda vuelta si ningún candidato gana la mayoría en la primera ronda de votación, pero Morales probablemente siga siendo lo suficientemente popular como para ganar la reelección. La única pregunta es por cuánto. Una elección apretada, en la que un alto porcentaje de votantes indecisos se inclina tarde hacia Morales, aumenta la probabilidad de una elección impugnada, con los disturbios que acompañan a los votantes de la oposición que sospechan fraude. Entonces, incluso si Morales gana, los resultados podrían estar plagados de protestas y las consecuencias políticas de aplastarlos.

Interrupciones en los negocios, riesgos políticos

El tipo de disturbios más consecuente que seguiría a una elección impugnada serían las protestas que bloquean las carreteras principales. Como un país montañoso sin salida al mar, Bolivia tiene pocos ríos capaces de transportar volúmenes significativos de carga. Su terreno montañoso también hace que la construcción de ferrocarriles sea una empresa de capital intensivo. Como resultado, la carga del sector privado distinta del gas natural, ya sea para la economía doméstica o para la exportación, viaja por carretera. Los manifestantes frecuentemente los bloquean durante los períodos de disturbios locales, y un movimiento a nivel nacional contra la reelección de Morales usaría barreras para tratar de lograr sus objetivos.
Las carreteras que unirían a Bolivia con Paraguay y Brasil en la provincia de Santa Cruz serían particularmente vulnerables, ya que Santa Cruz es un bastión de la oposición, donde los votantes insatisfechos podrían movilizarse rápidamente. Las dos principales carreteras de Bolivia hacia Chile también serían vulnerables a ser cortadas. El puerto de Arica, en el norte de Chile, es una ruta clave de importación y exportación para Bolivia. Los caminos bloqueados que conducen a la frontera con Chile afectarían inmediatamente a las empresas extranjeras que operan en Bolivia, en particular a las empresas del sector minorista que dependen de las importaciones. Además de las interrupciones en las rutas clave de comercio y viajes, los disturbios dentro de las ciudades afectarían las operaciones comerciales al impedir que los empleados vengan a trabajar y, en el caso de los minoristas y otros servicios, disuadir a los clientes de aventurarse afuera para viajes no esenciales.

Si los disturbios postelectorales ocurren depende en gran medida del resultado electoral del próximo año. Si el resultado del referéndum constitucional de 2016 y las crecientes protestas en todo el país son signos de una creciente oposición a otro mandato de Morales, entonces es probable que más bolivianos se opongan a su intento de postularse nuevamente. Actualmente no hay señales de que Morales esté a punto de perder su apoyo mayoritario, solo que su respaldo general se está reduciendo. Pero como muestran los recientes acontecimientos en Nicaragua, una respuesta violenta del gobierno a protestas relativamente pequeñas puede influenciar rápidamente a segmentos de la población contra el presidente y alimentar una ola de protestas que de otro modo se habría reducido rápidamente.

Una prolongada ola de protestas también conllevaría mayores riesgos políticos para el gobierno de Morales. Si bien es probable que un gobierno de Morales con el apoyo de una pequeña mayoría de la población pueda aferrarse al poder, sofocar violentamente las protestas postelectorales podría generar una atención negativa por parte de Estados Unidos en forma de sanciones selectivas. Poco pueden hacer las sanciones para revertir un resultado electoral, pero podrían amenazar las finanzas de los funcionarios del gobierno boliviano y pueden influir en su voluntad de continuar otro mandato en el poder.

EL EJÉRCITO DE CHILE DE 1879 Y EL DE 1973

Radio U de Chile (www.radio.uchile.cl)

                                                          

En las fiestas patrias es habitual ver a tropas del ejército marchar a los sones del hermoso himno “Adiós al Séptimo de Línea”. Esto tiene una significación muy profunda. Hay una auto percepción del mundo militar que los señala como únicos depositarios del patriotismo en desmedro del mundo civil. De otra parte el pasado glorioso y victorioso de la guerra del Pacífico es reivindicado como un patrimonio propio y exclusivo de las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas actuales tienen continuidad histórica y doctrinaria con las de 1973, en tanto aún conservan en sus cuarteles retratos y monumentos de sujetos como el genocida  de Manuel Contreras o el Almirante Merino,  se esforzaron por liberar a Pinochet en Londres y nunca han querido colaborar con la verdad en los procesos judiciales por crímenes de Lesa humanidad.

Creo que, en estas circunstancias, el ejército de Chile de nuestros tiempos carece de legitimidad histórica para reclamar para sí y de manera exclusiva y excluyente las glorias del ejército chileno de 1879. Fundo esta tesis en los siguientes hechos y circunstancias:

1.- El ejército chileno de línea (profesional) tenía alrededor de 3.000 miembros al inicio del conflicto. Durante la guerra del Pacífico reconocieron filas alrededor de 70 mil soldados. La composición de la fuerza fue básicamente cubierta por civiles. 

Desde un punto de vista social los soldados chilenos salieron “de las chozas y los palacios” como dijo Vicuña Mackenna. La oligarquía defendía sus capitales y los mineros sus fuentes de trabajo acudiendo masivamente a presentarse como voluntarios. Los obreros mineros incorporaron el corvo al armamento regular del ejército.

En la guerra los civiles también tuvieron una acción determinante en la conducción. Destacan primero como ministro de defensa en campaña don Rafael Sotomayor, que dotó al ejército expedicionario de una formidable y meticulosa logística labor que continuó don José Francisco Vergara y que en la armada desempeño don Eusebio Lillo. Los adversarios no tuvieron esa logística y lo pagaron muy caro como en la desastrosa retirada de Camarones del general Hilarión Daza.

La victoria del 79 fue del pueblo de Chile en su conjunto no es una victoria de las fuerzas armadas por sí mismas.

2.- El trato a los prisioneros fue diametralmente distinto y nos habla de dos éticas en las antípodas. Luego de la sangrienta batalla de Tacna (Alto de la Alianza) en que el ejército aliado fue despedazado y nuestro ejército tuvo más de 2.000 bajas, los servicios sanitarios al mando del dr Ramón Allende Padín (abuelo de Salvador Allende) atendieron a los heridos de los tres ejércitos por igual. El herido comandante del ejército Boliviano Eliodoro Camacho le debió la vida a esta noble actitud. Cuando se capturo el Huáscar los oficiales chilenos del blindado Cochrane cedieron sus cabinas a los oficiales peruanos heridos.

En 1973 el ejército chileno, montó campos de concentración en los que se torturó, asesinó, violó  y vejó a sus propios compatriotas.

3.- Actuando como fuerza de ocupación y teniendo presente que el ejército de Chile actué como tal en Chile es por sí mismo un abuso y una felonía, los comportamientos fueron diametralmente distintos.

El general Baquedano, para evitar abusos con la población civil,  no permitió que el ejército con el fragor del combate en el cuerpo entrara en Tacna y luego en Lima y se envió primero a lo más selecto de la caballería para mantener el orden. Cuando en el balneario de Miraflores, durante la batalla por Lima, donde se atrincheraron fuerzas peruanas se cometieron abusos y excesos,  estos fueron reprimidos con firmeza y al día siguiente más de 100 soldados chilenos fueron fusilados por ello. Así actúa un ejército con sentido del honor.

Todos sabemos cómo actuó el ejército chileno en 1973 en nuestras propias ciudades y como el Estadio Nacional fue una fábrica de abusos y crímenes con población civil.

4.- El uso de la fuerza del ejército chileno durante la ocupación de Lima fue ponderado y racional. Se le pidió primero a los Tribunales peruanos volver a sus labores y ante su negativa se dictaron leyes para el ejercicio jurisdiccional. El ejército chileno actuó a cara descubierta y con procedimientos justos. Esto lo reconocen aún los historiadores peruanos a quienes y como es obvio don Patricio Lynch, gobernador durante la ocupación, no les resulta persona muy grata.

El ejército de 1973 creo la DINA y luego la CNI que actuando en la oscuridad propia de los delincuentes, mentían a los tribunales, se burlaban de los familiares y asesinaban chilenos y chilenas.

5.- El ejército de Chile actuó como una fuerza libertaria a partir de la expedición Lynch  en el norte peruano. Miles de ciudadanos chinos que estaban esclavizados en las haciendas de Trujillo fueron liberados y voluntariamente se unieron a  nuestro ejército al mando de su líder Quintín Quintana y participando en las batallas de Chorrillos y Miraflores.

En 1973 se asesinaron a muchos extranjeros avecindados en Chile, ciudadanos Uruguayos fueron asesinados en Puente Alto haciéndoles comer vidrio molido. Una ciudadana argentina embarazada de 7 meses fue acribillada en las cercanías del túnel Lo Prado. Una ciudadana mexicana y un ciudadano argentino desarmados fueron acribillados luego de arrebatarles su bebé.

6.- La fraternidad entre los componentes del ejército de 1879 fue amplia, generosa y total fueron compatriotas y hermanos. Todos los testimonios de los combatientes relatan el buen trato a la tropa y como no se hacía ningún tipo de distingo social. Esto contrastaba vivamente con las prácticas del ejército aliado.

El ejército de Chile de 1973 asesinó a muchos de sus propias filas como los generales Prats, Lutz, Bonilla, el coronel Huber, el capitán Heyder y el conscripto Nash, entre otros. La Fuerza a Aérea (FACH) se cebó en abusos y torturas con su propio personal acusando a Bachelet y otros de traición a la Patria, Consejo de Guerra que ha sido anulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema. Decenas de marinos fueron torturados y vejados aún antes del golpe.

7.- La actitud de la oficialidad ante la adversidad es muy distinta. Sabemos del heroísmo del capitán y abogado Prat cuando todo estaba perdido, sus oficiales volvieron a intentar el abordaje. Cuando una compañía chilena queda rodeada en La Concepción no se rinde y ´parte hacia la gloria con una carga final a la bayoneta.

Pinochet en Londres lloraba pidiendo lo sacaran de allí. Luego dijo que “Contreras se arrancaba con los tarros”. Su escolta en el cajón del Maipo sólo atinó a  buscar su propio escondite dejando al escoltado que huyera por sus propios medios. No hay un solo oficial de alta graduación que haya asumido su responsabilidad en los procesos judiciales por crímenes de Lesa Humanidad y de esta manera liberar a cabos y subtenientes de la época. Cada cual se salva sólo.

8.- El ejército de 1879 respondió a la necesidad de velar por los intereses de la nación toda afectada por el desconocimiento de Bolivia del Tratado de 1874 y la maquinación agresiva del tratado militar con Perú de 1873, al que se trató de arrastrar a Argentina para agredirnos en patota.

El ejército de 1973 actuó como mandatario de la política exterior norteamericana.

Son dos ejércitos distintos, con éticas distintas y con propósitos distintos.

“¿CUÁNTO DEBERÍA CHILE A BOLIVIA?”: EVO MORALES ADVIERTE QUE PODRÍA RECLAMAR A CHILE POR DAÑO ECONÓMICO

Hizo la advertencia al agradecer el respaldo de los sindicatos petroleros a la política de reivindicación marítima

El Ciudadano de Chile (www.elciudadano.cl)

                                 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, abrió es la posibilidad de que su país plantee en el futuro la consideración del daño económico que le ha causado más de un siglo de mediterraneidad, como consecuencia de la pérdida de su acceso al mar a manos de Chile.

“Todavía, quiero que sepan, (…) no estamos tocando la parte económica. Si quisiéramos tocar la parte económica después de la invasión, ¿cuánto debería Chile a Bolivia?”, advirtió en un discurso en la inauguración de un proyecto petrolero en la región sudoriental del Chaco.

Morales, quien suele calificar como “invasión” a la guerra del siglo XIX iniciada por Chile en la que Bolivia perdió sus costas sobre el océano Pacífico, hizo la advertencia al agradecer el respaldo de los sindicatos petroleros a la política de reivindicación marítima.

El conflicto con Chile se ha ubicado en el centro de la atención en Bolivia a medida que se acerca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, programado para el 1 de octubre, en el juicio planteado por La Paz para obligar a Santiago a negociar un acceso boliviano soberano al mar.

“Tenemos tantos elementos y documentos históricos, hasta económicos”, comentó Morales, tras reiterar que la demanda boliviana en La Haya estaba apoyada en “la verdad, la razón y sobre todo la justicia”.

Según el gobernante boliviano, hay “razones, investigaciones y estudios de organismos internacionales” que ha calculado ya el perjuicio económico que ha significado para Bolivia el haber perdido sus puertos y con ello su acceso a los recursos marítimos.

Pero Morales, quien no dio cifras de ese supuesto daño económico, rapidamente indicó que a Bolivia le interesa “una negociación de buena fe” con Chile, dando por seguro que la CIJ dará la razón a la demanda boliviana.

“Esperamos que a partir del primero de octubre sea la nueva historia (entre Bolivia y Chile) una historia de paz, de entendimiento, de integración sobre todo y no de invasión, una política de juntarnos entre países vecinos”, añadió.

En referencias previas al juicio en La Haya, Morales abrió la posibilidad de un rápido restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Paz y Santiago, que están rotas desde hace cuatro décadas.

CANCILLER AMPUERO: LLAMAMOS A EVO MORALES A QUE NO SE PONGA NERVIOSO

El ministro de Relaciones Exteriores reafirmó que Chile "es respetuoso del derecho internacional".

Radio Cooperativa de Chile (www.cooperativa.cl)

                                                             

El canciller Roberto Ampuero llamó al presidente boliviano Evo Morales a estar tranquilo en la antesala del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ante la demanda boliviana sobre la obligación de negociar una salida al mar.

El secretario de Estado reafirmó que Chile es un país respetuoso de los tratados internacionales y pidió al mandatario boliviano no ponerse "nervioso".

"Estamos mirando y esperando a que llegue esta lectura del fallo y en ese sentido llamamos al Presidente Evo Morales a que esté tranquilo, que no se ponga nervioso, que no haga tantas declaraciones contradictorias y que al frente tiene un país respetuoso del derecho internacional, que respeta los tratados firmados, así que hay que ver las cosas con mucha tranquilidad y esperar el fallo", dijo Ampuero.

Además, el titular de Relaciones Exteriores comentó que el Presidente Sebastián Piñera iniciará conversaciones antes del fallo "en el sentido de que hay que escuchar a las distintas instituciones del país".

Este diferendo que comenzó en abril de 2013 se acerca a su conclusión el próximo lunes 1 de octubre, a las 10;00 horas de Chile, cuando en el Palacio de la Paz de La Haya se emita la determinación de la Corte Internacional de Justicia respecto a este proceso.

Según expertos, tres son los escenarios que se pueden presentar con el fallo de La Haya.

Uno es que la Corte ceda la razón a Chile y declare que no existe la obligación de negociar; por otro lado que, aunque el tribunal diga que no existe obligación de negociar, puede instar a Chile y Bolivia a retomar el diálogo; y finalmente que la CIJ le dé la razón a Bolivia, obligando a negociar, pero sin resultado predeterminado.

LOS SALTEÑOS QUE ROBARON 500.000 PESOS Y 1.500 DÓLARES A COMERCIO ERAN DE UNA BANDA

El Liberal de Argentina (www.elliberal.com.ar)

                                                                                          

Luego de un arduo trabajo investigativo, personal de la División Delitos Comunes logró esclarecer el robo que sufrió un comercio -en el pasado mes de julio- cuando delincuentes realizaron un boquete y se alzaron con $500.000 y U$$1.500.

Según revelaron las fuentes, las cámaras de seguridad del negocio y las aportadas por los comerciantes de la zona fueron fundamentales para apresar a dos integrantes de una banda salteña que cometía robos en el Norte de Argentina y en Bolivia.

Además del cuantioso botín, los ladrones se llevaron otros elementos tecnológicos y herramientas de gran valor. El análisis de las imágenes logró identificar a los ladrones, quienes al ser identificados se estableció que eran oriundos de Salta.

Ante esa situación, comenzaron a realizar trabajos con la Policía de esa ciudad. El fiscal de la causa -Dr. Ángel Belloumini- solicitó a la jueza de control y garantías, Dra. María Pía Danielsen un exhorto para allanar la casa de los acusados y ponerlos tras las rejas.

El operativo se realizó exitosamente cuando se logró dar con Néstor Daniel Casimiro y Carina Mercedes Corimayo, ambos de la ciudad de Salta Capital. También secuestraron teléfonos celulares, un Led, un atornillador, un martillo percutor, una máquina fusora, una amoladora, y una maza de dos kg.

En los próximos días se enviará una nueva comisión para efectivizar la extradición de las personas detenidas hacia esta provincia. A través de las averiguaciones los efectivos establecieron que los acusados serían integrantes de una banda delictiva de boqueteros que opera en todo el Norte Argentino y en el vecino país de Bolivia.

CANDIDATO A SANDIA HABLA DE NARCOTRÁFICO

Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)

                                                                               

El candidato de Perú Patria Segura a la consejería regional por la provincia de Sandia, Nemesio Collanqui Mamani, reconoció que uno de los principales problemas que aqueja a esta parte de la población es el narcotráfico.

Según refirió, las principales zonas en donde se ha reconocido esta actividad son las ubicadas en la frontera con Bolivia.

“El presidente Evo Morales tiene una política en donde se les permite sembrar coca. Esto ha motivado que algunos pobladores de Puno opten por esta actividad, ya que no hay presencia del Estado”, expresó.

En ese marco, el candidato indicó que la construcción de la vía Juliaca - Sandia y San Juan del Oro, es una gran alternativa de desarrollo.

LOS NARCOCULTIVOS BATEN UN NUEVO RÉCORD EN COLOMBIA

Las autoridades no logran revertir la tendencia alcista de los últimos años. En 2017, el número de hectáreas sembradas pasó de 146.000 a 171.000

El País de España (www.elpais.com/internacional)

                                    

Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.

“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.

Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.

Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.

La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.

Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.

Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.

AMÉRICA LATINA Y SU ACTUAL REALIDAD ECONÓMICA

Prensa Latina de Cuba (www.prensa-latina.cu)

                                

Las vulnerabilidades económicas que atraviesa el mundo, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pueden tener efectos indirectos en América Latina con la consiguiente alza de los índices de riesgo soberano, afirmó la Cepal.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina el director de la sede subregional de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), Hugo Beteta, explicó que la lid entre esas dos potencias globales hace más peligrosas las inversiones en el área y tendrá un efecto negativo en el crecimiento a largo plazo de los países de la zona.

A ese entorno se suma la política proteccionista estadounidense, cuyas afectaciones en América Latina y el Caribe dependerán del tipo de relación comercial entre las naciones de la región con el país norteño, amplió.

En una situación particular se encuentran México y países centroamericanos dado que el mercado del norte constituye un importante destino de sus exportaciones; es una relación compleja, reflexionó.

El experto apuntó que la política aislacionista estadounidense también daña indirectamente a las naciones que no comercian con Estados Unidos, pero forman parte de las cadenas globales de valor.

Otro de los perjuicios del proteccionismo en Latinoamérica, afirmó Beteta, se centra en el aumento del precio a los productos, en consecuencia disminuirá la demanda de mercancías de la región, y conllevará a una restructuración de los planes de crecimiento de las industrias.

Recordó que una de las razones que atraen a los inversionistas al área es porque algunos sectores constituyen plataformas de exportación hacia Estados Unidos.

Mientras, otros inversores buscan el tamaño de los mercados y contemplan estrategias para diversificar el destino de las importaciones, un acercamiento estratégico hacia América Latina y el Caribe coloca la inyección de capital ante un mercado regional ampliado.

DESAFÍOS REGIONALES

Aunque América Latina y el Caribe es una región con un origen común y aspira a un destino compartido, la realidad es que existen economías diferentes, en tamaño y orientación, remarcó Beteta.

Ejemplificó que las sanciones a Irán, la crisis de Venezuela y el aumento de la demanda global de crudo, impulsaron al alza la cotización del petróleo, cuestión que favorece a algunos países productores de hidrocarburos y por ende les facilitan los intercambios comerciales. Trinidad y Tobago, Ecuador y Bolivia se encuentran en esa situación.

En cambio, las naciones importadoras netas de energía, como las de Centroamérica y el Caribe, en términos de intercambios tienen un desafío de balanza comercial, pero también una oportunidad porque para las inversiones en energías renovables cuentan con los recursos sol y viento. Actualmente, existen proyectos de inversión pública y privada al respecto, puntualizó.
El establecimiento de grandes plantas eólicas y solares en todo el Caribe aliviará el problema de balanza de pago y orientará la economía con un gran impulso ambiental. Sectores que al aprovechar mejor los recursos naturales favorecerán el crecimiento económico y los índices de inversión y productividad, apuntó.

Son tipos de cambios estructurales factibles en las economías del Caribe y Centroamérica, aseveró.
Sobre la inversión pública, el directivo de la Cepal explicó que es la modalidad más importante de la inyección de capitales, pero significó que no debe constituir la variable de ajustes ante los problemas fiscales.

La inversión pública es muy complementaria y puede inducir a la privada, que según el experto resulta la de mayor peso.

En tanto, la inversión extranjera directa (IED) es interesante, dijo, aporta nuevas tecnologías y formas de gestión, y a la larga genera flujos hacia el exterior.

En 2017, la IED retrocedió en los mercados emergentes del orbe, en parte, por el cambio de la política monetaria de Estados Unidos que al aumentar las tasas de interés hizo más atractivo el dólar, y por ende surgió una preferencia por los bonos del tesoro norteamericano.

Ante ese complejo panorama global, hay espacios de integración centroamericana que avanzan discretamente, dijo y amplió que recientemente se rubricó la primera unión aduanera del hemisferio.

Beteta estimó que debe verse el futuro de las iniciativas integracionistas ante los fuertes bloques regionales -Europa, África y Asia-; América Latina y el Caribe debe integrarse más, dijo, tenemos estructura dentro de los países que podrían servir para sentar las bases de un proyecto ampliado.

Es el hemisferio del mundo que más recursos naturales tiene, talento. Cuba cuenta con un personal especializado en múltiples disciplinas con un alto nivel educativo, comparable con los países desarrollados, pero es necesario disminuir los costos logísticos y avanzar en los procesos de facilitación aduanera como la recién aprobada, ejemplificó.

También tener una banca regional más potente que pudiera asumir funciones contra-cíclicas; el andamiaje existe, llegó el tiempo de fundir las columnas de un hemisferio que tienen un origen y un destino común, afirmó.

BLOQUEO A CUBA

El impacto del bloqueo estadounidense a Cuba crece anualmente y afecta la estructura económica de la isla, perjuicios que perdurarán aún cuando concluyan esas barreras. Para deshacer las consecuencias estructurales requerirá un enorme esfuerzo de inversión, opinó.

Esa influencia estructural negativa, continuó, se aprecia en sectores que no se han podido desarrollar, como el financiero. La banca cubana no puede operar normalmente debido a las inmensas restricciones.

Beteta recordó que la isla tampoco puede acceder de la banca de desarrollo debido a las prohibiciones del bloqueo.

Ante ese panorama los niveles de inversión de la economía cubana se afectan, por ello, es necesario acabar con el bloqueo y por supuesto acceder de forma normal al financiamiento a largo plazo y bajo costo para el desarrollo, cuestión que impide dicho cerco.

Costa Rica y República Dominicana, ejemplificó, desarrollan espacios de aditamentos médicos para exportar hacia Estados Unidos, en cambio, Cuba no, a pesar de ser líder en América Latina de investigaciones en biotecnología, y tiene resultados impresionantes y logros científicos en esa área.

Imagina, continuó, que esos resultados se pudieran explotar en una estructura industrial para todo el sector médico y de cuidado en el mundo.

Así mismo ocurre con el turismo de salud, donde la isla cuenta con una experiencia impresionante en esa materia y en capacidades médicas, pero su aplicación requiere la certificación de los hospitales a las aseguradoras estadounidenses.

Por tanto, el bloqueo inhibe que el talento y la estructura cubana se desarrollen normalmente, sin embargo, los logros son extraordinarios, aseguró el directivo de la Cepal.

Es hora de acabar el bloqueo, y América Latina y el Caribe tiene que estar unida en esta batalla, reclamó Beteta, nosotros también nos beneficiaríamos si Cuba pudiera desarrollar su potencial.
Afortunadamente, pese a las restricciones la isla invierte en su gente, pero también es necesario retomar los niveles de inversión y desarrollo para Cuba.

El bloqueo es absolutamente injusto, viola toda la ordenanza global y se aprecia en todas las votaciones de la Organización de Naciones Unidas, sentenció.