Las últimas
semanas se ha incrementado el ambiente crispado entre La Paz y Santiago ya que
se espera que a más tardar la primera semana de octubre se conozca el fallo de
la Corte Internacional, QUE FAVORECERÍA A BOLIVIA. Entre los temas que quedan
pendientes está la suspendida reunión del Comité de Fronteras que debía
sesionar el 5 y 6 de septiembre recién pasado.
La
tensión por la cercanía del fallo de la Corte Internacional de La Haya por la
demanda presentada por Bolivia contra Chile, aumenta.
Aún
se desconoce la fecha específica en que los representantes de ambos estados
tendrán que acudir a la ciudad holandesa a escuchar la decisión del panel de
jueces, reunión que será convocada por el secretario de la instancia, el belga
Phillipe Couvreur.
Sin
embargo las relaciones entre La Paz y Santiago están totalmente deterioradas,
sumado a la suspensión de manera unilateral por parte de La Moneda de un
encuentro entre representantes de las dos cancillerías para abordar la
situación del río Silala.
Por
el uso de las aguas de ese cauce Chile presentó una demanda que inicialmente
Bolivia dijo que no respondería. Sin embargo, a fines de agosto último el
propio Presidente Evo Morales anunció que habían presentado una contrademanda.
La
decisión del Mandatario se daba además a sólo semanas de que eventualmente se
conozca el fallo de la demanda presentada en 2013 por la salida marítima de los
bolivianos al Océano Pacífico.
Al
conocer la noticia, desde la sede de la cancillería Roberto Ampuero salió a
anunciar que la reunión del Comité de Frontera, que debía realizarse los días 5
y 6 de este mes, se suspendía. “La decisión de la parte boliviana de anunciar
su contramemoria en contra del caso de Chile”, los obligaba a suspender el
encuentro. Ampuero agregó que “Bolivia aparece dando a conocer detalles de la
contramemoria. (Aquello) afecta las confianzas entre las dos partes como para
tener una reunión que busca implementar cosas concretas en los pasos
fronterizos”.
El
mismo día de las declaraciones de Ampuero, Evo Morales decidía un cambio en su
cancillería, reemplazando a Fernando Huanacuni por Diego Pary, ex embajador de
Bolivia en la OEA.
Mientras,
el gobierno chileno intenta evaluar los posibles escenarios que creará el fallo
de La Haya respecto a la demanda marítima. La primera apunta a que
efectivamente el tribunal convoque a Chile a dialogar con una obligación futura
respecto de la aspiración boliviana de tener una salida soberana al Pacífico,
algo que es visto como la situación más compleja para las autoridades chilenas,
teniendo en cuenta negociaciones ya exploradas por emisarios de ambos países,
sin que se hubiera logrado concretar nada.
Por
ejemplo, están las cinco reuniones que llevaron a cabo entre agosto y diciembre
de 2011 el ex canciller boliviano, Walker San Miguel, y el abogado chileno
Jorge Bunster, a iniciativa de los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera.
Y aunque el diálogo no oficial concretado en ciudades como Mendoza y Buenos
Aires en Argentina, además de Arica, Calama, en Chile, y Santa Cruz, en
Bolivia, no hubo acuerdo en cuestiones sustantivas, aunque se ofrecieron
concesiones territoriales en zonas costeras en las regiones de Arica y
Antofagasta, aunque todas sin soberanía. También se apuntó a la posibilidad de
entregar en concesión o administración conjunta la ruta Arica-Tambo Quemado y
del tren Arica-La Paz.
Pero
las dimensiones del terreno en playa Las Machas en el norte de Arica, cerca del
aeropuerto de esa ciudad y de la frontera con Perú, hicieron que finalmente
Bolivia desistiera. Esto porque no cumplía plenamente las expectativas del
gobierno de Evo Morales para explorar hacia el futuro un corredor hacia el
océano que les otorgara una salida soberana al Pacífico, como es lo que demanda
en el reclamo presentado ante La Haya en 2013.
En
el último de los cinco informes que elaboró a raíz de los encuentros, el
abogado Bunster –cercano al entonces canciller Alfredo Moreno- sostuvo que la
estrategia boliviana era presionar el diálogo para luego argumentar ante la
Corte Internacional la idea de que Chile sólo buscaba dilatar y no llegar a una
resolución de sus aspiraciones marítimas.
Además,
la salida de Huanacuni de la cancillería boliviana es vista como una decisión
por incrementar la retórica hacia Chile que ya ha tenido en semanas anteriores
episodios significativos, como la afirmación del mandatario boliviano Evo
Morales de que la bandera de su país flamearía en Antofagasta.
El
propio Huanacuni afirmó en una entrevista con la Red Erbol de Bolivia que en el
gobierno lo presionaban para que tuviera una posición más dura frente a su
actuar tanto en la situación interna como ante la política exterior del país.
En
la conversación, el ex canciller puntualizó que “soy amigo de todos los
ministros, incluso los que tienen un lineamiento trotskista, marxista,
leninista, soy amigo de ellos y siempre los he tratado con mucho respeto y yo
creo que eso ayuda a cambiar la actitud, porque al principio vienen con su
lógica y te imponen, te exigen, te obligan y dicen usted tiene que ser más
duro”.
Al
mismo tiempo agregó: “Ya conocen ahora los ministros cómo actúo u otras
personas que me gritaban y me decían esto (ser más duro) y yo les escuchaba en
paz, tal vez ellos pensaban que iba a reaccionar y tal vez ahí iba a surgir una
confrontación, yo jamás les discutí en ese contexto, les escuché con respeto.
Si hubiera tenido más tiempo, podía demostrar que hay otra forma de
relacionamiento sin la necesidad de esa confrontación, de ese pensamiento de
superponer”.
Lo
cierto es que la salida de Huanacuni fue lamentada en Chile por el actual
senador y ex agente chileno ante La Haya José Miguel Insulza. Y aunque dijo
esperar una buena relación con Diego Pary como jefe diplomático a quien dijo
conocer desde que se encontraran en la OEA, lo cierto es que la llegada de este
último a la cancillería boliviana coincide con un cambio en la retórica y un
ambiente tensionado por la inminente entrega del fallo en la Corte
Internacional. Radio U de Chile
(www.radio.uchile.cl)
SEIS
DETENIDOS POR EXPLOTAR A MUJERES, NIÑOS Y HOMBRES BOLIVIANOS EN UNA QUINTA
La Justicia
Federal ordenó un allanamiento en una plantación frutihortícola en la que eran
sometidas 15 personas. Secuestraron dinero, armas, teléfonos celulares y una
camioneta 4x4.
La Capital de
Argentina (www.lacapitalmdp.com)
Seis
personas fueron detenidas durante un allanamiento en una quinta, acusadas de
explotación laboral y trata de hombres, mujeres y niños de nacionalidad
boliviana.
La
investigación fue realizada por la Justicia Federal, y el predio allanado queda
en Sierra de los Padres, donde eran sometidas 15 víctimas. Los aprehendidos
están imputados por la captación, el traslado y la explotación de las víctimas,
que vivían en la plantación frutihortícola en condiciones infrahumanas.
Durante
el operativo, la Policía Federal secuestró dinero en efectivo: más de 130.000
pesos y 21.000 dólares. También tres pistolas, documentación que sirve para el
desarrollo de la causa judicial, siete teléfonos celulares y una camioneta 4×4.
Cabe
destacar que las víctimas no fueron rescatadas en el allanamiento, debido a que
no se encontraban en el establecimiento. Es que los investigadores ya tenían
conocimiento de que los propietarios del campo habían efectuado su traslado
masivo hacia Bolivia nuevamente, a sabiendas de la investigación que sobre
ellos se estaba desarrollando.
“El
traslado fue documentado en la causa por una vigilancia en tiempo real que
estableció la ruta por la cual los egresaron del país”, explicaron las fuentes
de la investigación que consultó LA CAPITAL al tomar conocimiento del
operativo.
Previamente,
las personas fueron entrevistadas por personal del Programa de Rescate y
Brigadas de esa unidad, mientras aguardaban para irse de la Argentina en la
Terminal de Ómnibus de Retiro, en Capital Federal.
En
el caso interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Mar
del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal N°6, a cargo de
Pablo Lega. (www.lacapitalmdp.com)
¿QUÉ HAY
DETRÁS DE LA DETENCIÓN DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LOS COCALEROS EN BOLIVIA?
La Opinión de
Guatemala (www.laopinion-digital.com)
El
solo hecho de que un candidato presidencial esté preso es algo que
desconcierta, en cualquier parte del mundo. Sobre todo cuando ese candidato es
el principal opositor del presidente de turno, que también es candidato. Eso es
exactamente lo que está pasando en Bolivia y lo que ha suscitado una virtual
amenaza de asonada por parte de los cocaleros en ese país.
El
nombre de Franklin Gutiérrez no es muy conocido en el continente, pero sí en
Bolivia. Es el máximo líder de un sector de cocaleros, aglutinados en la
Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). También candidato a
la presidencia para las próximas elecciones de 2019.
Los
cocaleros son los productores de hoja de coca para consumo interno. Desde hace
tiempo protagonizan un conflicto con el gobierno, en razón, principalmente, a
la Ley general de la coca. Lo más paradójico de todo es que el propio Evo
Morales llegó a la presidencia, hace más de 16 años, de la mano de los
cocaleros.
El
conflicto de los cocaleros en Bolivia
El
conflicto de los cocaleros en Bolivia y es complejo y confuso. Comencemos
diciendo que en ese país el consumo de la hoja de coca es legal. Forma parte de
tradiciones milenarias y consuetudinarias, que nadie pone en tela de juicio.
Sin embargo, la producción local no ha sido ajena a las seductoras cifras del
narcotráfico internacional. Desde hace años, parte de la producción de hoja de
coca local va a parar a manos de los grandes emporios del narcotráfico. Esto es
considerado ilegal.
De
otro lado, en Bolivia hay dos grandes núcleos que concentran la producción de
hoja de coca. Uno se ubica en Cochabamba. Está agremiado en 6 federaciones y el
presidente Evo Morales también las preside a todas ellas. Según cifras no
confirmadas, hasta el 93% de la producción en esa zona se destina a la economía
ilegal.
De
otro lado están los cocaleros de Los Yungas, en el departamento de La Paz. Este
sector se declaró en oposición al gobierno de Evo Morales, hace poco más de un
año. Los productores de esa zona se agremian en Adepcoca y eligieron como su
presidente a Franklin Gutiérrez.
Recientemente
el gobierno intentó imponer un comité Ad Hoc para que tomara el control sobre
Adepcoca. Esto desató fuertes tensiones, que terminaron en cruentos
enfrentamientos con la policía y, a finales de agosto, con la detención de
Gutiérrez, acusado de homicidio entre otros cargos.
La
polémica Ley general de la coca
En
2017 fue promulgada la Ley general de la coca en Bolivia, en medio de una gran
polémica. El territorio destinado para el cultivo legal de coca fue ampliado en
14.000 hectáreas para los productores de La Paz y en 7.700 para los de
Cochabamba. Según el gobierno, el propósito era satisfacer a cabalidad la
demanda local de la hoja. Según un estudio de la Unión Europea, la medida daba
lugar a una producción excedentaria.
Los
detractores de la medida cuestionaron el hecho de que los parlamentarios que la
aprobaron y el propio presidente tenían involucrados intereses personales, ya
que ellos mismos son productores o socios de productores de la hoja en
Cochabamba. Para varios expertos, la medida solo pretendía legalizar cultivos
que desde hace rato están destinados al narcotráfico y no al consumo local.
Los
cocaleros de Las Yungas se dividieron. Mientras unos consideraron positiva la
ley, otros, la gran mayoría encabezada por Franklin Gutiérrez, se declararon en
contra. Para ellos, solo los cultivos de Las Yungas son ancestrales y
tradicionales. Los de Cochabamba surgieron en tiempos donde simultáneamente se
registraba el ascenso del narcotráfico internacional. Por lo tanto, la medida
solo buscaba, socarronamente, legalizar cultivos de dudoso destino.
El
conflicto, el candidato, el arresto…
Desde
la promulgación de la Ley general de la coca comenzó una etapa de fuertes
tensiones entre los cocaleros de Las Yungas y el gobierno. Los productores se
movilizaron en varias ocasiones y repetidamente terminaron siendo víctimas de
la brutalidad policial. A partir de esas protestas fue tomando cuerpo la idea
de concentrar la oposición a Evo Morales en la figura de un candidato
presidencial que pudiera darle la pelea en las presidenciales. El ungido fue
Franklin Gutiérrez.
Hace
poco más de una semana, se presentó una refriega entre la policía y los
cocaleros de Las Yungas. En esta perdió la vida un teniente de la Unidad Móvil
de Patrullaje Rural. Los hechos se produjeron cuando las autoridades pretendían
llevar a cabo un operativo de erradicación de cultivos, que aparentemente eran
ilegales. Poco después Franklin Gutiérrez fue acusado del delito de
homicidio, en grado de instigación y tentativa. A juicio de las autoridades,
era él quien había alentado la refriega que tuvo saldo trágico.
Gutiérrez
se entregó voluntariamente el lunes 27 de agosto. Desde entonces sus compañeros
de lucha han protagonizado varias protestas y concentraciones a las que se
han unido estudiantes, maestros, médicos y otros gremios. Piden la libertad
inmediata de Franklin Gutiérrez. Dicen que las autoridades no tienen
pruebas y no ofrecen garantías para un debido proceso.
La
situación se ha puesto muy tensa. Recientemente Tito Flores, líder de los
cocaleros, sentenció que: “Le estamos dando un plazo al Gobierno hasta el
día miércoles (48 horas), caso contrario vamos a cerrar todas las carreteras,
ya tenemos contacto con las organizaciones de diferentes departamentos del
país, vamos a convulsionar toda Bolivia”.
PERÚ Y
BOLIVIA: CONSTRUYENDO UNA RELACIÓN
Perú 21 (www.peru21.pe/opinion)
Considerando
la relación que el Perú ha establecido con sus países vecinos en las últimas
décadas, probablemente el vínculo con Bolivia ha sido el más débil. Esto
resulta paradójico, pues la agenda bilateral entre ambos países incluye una
serie de temas de gran importancia, sea en el campo de la cooperación o de la
seguridad.
Por
ello, el reciente Gabinete Binacional realizado en la ciudad de Cobija
constituye un hito que podría significar el inicio de algo distinto. Los
avances y el nivel de cumplimiento de lo acordado en las anteriores citas
parecen demostrarlo. Además, se confirmaría que las diferencias económicas o
ideológicas no deben imposibilitar el acercamiento entre dos países, más aun
cuando existen intereses comunes que abordar.
Más
allá del optimismo de las partes tras la reunión, la declaración conjunta hace
énfasis en dos temas centrales. Por un lado, la relevancia del cuidado del agua
y del medio ambiente, siendo central la preservación de la cuenca del lago
Titicaca, tan descuidada en los últimos tiempos a pesar de la existencia desde
los noventa de una Autoridad Binacional Autónoma.
Y,
en segundo lugar, la integración entre ambos países, la misma que se traduce en
la promoción de una mayor dinámica comercial. Para dicho fin, el desarrollo
portuario y el Corredor Ferroviario Bioceánico resultan fundamentales.
Creer
que Bolivia es un país de menor importancia en la región es un error. La
realidad muestra lo contrario. No obstante, el compromiso del Perú se dará cuando
ratifique el Protocolo Complementario de los Convenios de Ilo (suscrito en 2010
y modificado en 2012), el cual, constituyendo una herramienta clave para el
futuro de la relación peruano-boliviana, se encuentra bloqueado en el Congreso
peruano hace varios.
EN BOLIVIA SE
ALFABETIZA EN OCHO LENGUAS INDÍGENAS Y REAFIRMA PATRIMONIO NATIVO
Xinhua de
China (www.spanish.xinhuanet.com)
De
las 36 lenguas indígenas reconocidas en Bolivia, se ha sistematizado la
educación en ochos idiomas nativos: aymara, quechua, guaraní, tacana, bésiro,
yuracaré, yawinawa y chimán, paralela a la alfabetización en castellano con
importantes resultados, consideró hoy el director general de
Postalfabetización, Ramiro Tolaba.
"Estamos
cumpliendo el mandato constitucional. Tenemos que desarrollar la educación en
los 36 idiomas originarios; además, es la mejor forma de reafirmar el
patrimonio de las poblaciones indígenas y hasta ahora nos está dando resultados
favorables", dijo a Xinhua la autoridad dependiente del Ministerio de
Educación.
Estas
declaraciones las efectuó en el marco del Día Internacional de la
Alfabetización que se recuerda cada 8 de septiembre, como lo proclamó en 1965
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, por siglas en inglés).
Además,
dijo que el año próximo se elevará el número de lenguas en la alfabetización en
las regiones nativas bolivianas, tomando en cuenta que la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el 2019 como el Año Internacional de Lenguas
Indígenas, una propuesta impulsada por Bolivia y por el Foro Permanente de
Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
El
gobierno de Bolivia está empeñado en desarrollar y fortalecer esas 36 lenguas
reconocidas como oficiales en su Constitución, que también establece que son
idiomas oficiales el castellano y todos los de las naciones y pueblos indígenas
y campesinos.
A
decir de Tolaba, no basta alfabetizar en el idioma castellano, sino que, otra
forma de revalorizar lo que son las personas y las culturas, es
"alfabetizarlas en su propio idioma, como lo estamos haciendo en
Bolivia".
Se
prevé realizar una evaluación general para determinar si las universidades
están cumpliendo con el ordenamiento legal que señala que deben implementar
programas para la recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y
divulgación de las diferentes lenguas.
Son
idiomas oficiales del Estado de Bolivia el castellano y todos los idiomas de
los pueblos indígenas originarios campesinos, como el Aymara, Araona, Baure,
Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimane, Ese ejja, Guaraní,
Guarasu´we, Guarayu, Itonama, Leco.
También
lo son el Machajuyai-kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeño-Trinitario,
Mojeño-Ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó,
Tacana, Tapiete, Toromona, UruChipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré y
Zamuco.
La
autoridad manifestó que la misión del gobierno del presidente Evo Morales es la
recuperación de la lengua materna como un elemento fundamental para el proceso
educativo y de revalorización de la cultura.
Tolaba
dijo que el gobierno ha intensificado la alfabetización en idiomas maternos.
Precisó que para este trabajo se utiliza una serie de cartillas y videos
validados por el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas.
Asimismo,
recordó que en 2008 Bolivia fue declarado territorio libre de analfabetismo con
una tasa del 3,7 por ciento. "Este proceso tiene que seguir hasta que
bajemos al 2 por ciento, que es la tasa más óptima hasta el 2022", añadió.
En
este contexto, manifestó que gracias al trabajo del Programa Nacional de
Postalfabetización, la tasa de analfabetismo en Bolivia bajó del 13,3 por
ciento en el 2001 al 2,4 por ciento en 2018, posesionándose como la más baja de
la historia del país.
"Hemos
logrado revertir no sólo el analfabetismo en general, sino incluso en las
lenguas nativas. Continuaremos bajando el nivel de analfabetismo, porque es una
política de Estado como un derecho a la población que no tuvo en su momento la
posibilidad de acceder a la educación regular", aseveró.
Señaló
que, en la actualidad, las personas que fueron alfabetizadas continúan su
formación primaria en postalfabetización, secundaria en Educación Alternativa
de Adultos o si prefieren ingresar a las Escuelas Superiores de Formación de
Maestros.
Bolivia
cerró 2017 con una tasa de analfabetismo de 2,52 por ciento, según estadística
del Programa de Alfabetización y Postalfabetización del Ministerio de
Educación, y este año, gracias al impulso y las políticas, la tasa continua en
descenso a 2,4 por ciento.
BOLIVIA ES EL
ÚNICO ALIADO QUE LE QUEDA A VENEZUELA
Lamentablemente,
no hay muestras de una respuesta positiva del régimen venezolano y eso marcará
un nuevo desborde de migración.
La
Conversación de Ecuador (www.laconversacion.net)
La
cita realizada en Quito fue positiva desde todo punto de vista. No solo porque
se llegó a un acuerdo de 18 puntos sobre la ayuda de la región a los migrantes
venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro, sino porque además existe
un compromiso para dar un seguimiento y evaluar las decisiones tomadas prevista
para noviembre.
Se
trata de un conjunto de acciones que se debían tomar frente a este fenómeno
migratorio de ciudadanos venezolanos, que según la ONU supera las dos millones
de personas, en el que están involucrados –en mayor o menor medida- todos los
países de la región.
Por
ello, es destacable que esta declaración haya diferenciado la situación de
países como Colombia, con el que Venezuela comparte una amplia frontera; y
Ecuador y Perú en los que se ha desarrollado una suerte de corredor migratorio.
También
es loable que los países hayan decidido aprobar a los venezolanos migrantes la
utilización de documentos de identidad caducados. En el contexto real de ese país,
es imposible que los viajeros opten por un documento actualizado, máxime cuando
se ha conocido que el gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto otro documento que
no solo sirve para trámites internos, sino incluso para recibir raciones
alimenticias.
Es
importante que las organizaciones internacionales dedicadas a temas de
movilidad humana presten todo su contingente, experiencia y recursos para que
los países de la región puedan ofrecer un soporte real. Pero además de la ONU,
OEA, OIM hace falta la presencia de organismos como el BID y la propia CAF cuya
sede está en Venezuela, además de la ayuda de países como Estados Unidos y la
misma Unión Europea.
La
reunión acogió a 13 países, dos ellos –Bolivia y República Dominicana – no
firmaron la declaración por motivos distintos: mientras Bolivia no lo hizo por
razones políticas, trascendió que el representante de República Dominicana
enfrentó problemas de salud. Aunque aún resta por evaluar la reacción de
Venezuela, es claro que el único aliado que le queda en la región es Bolivia
que asistió, pero traía una hoja de ruta establecida.
No
era real esperar de esta cita una condena al gobierno de Nicolás Maduro e,
incluso, hubiera resultado inconveniente. Los temas ahí tratados tenían que ver
con aspectos técnicos, logísticos y de derechos humanos de la situación de
movilidad de los ciudadanos de ese país. No se trataba de una reunión política
regional.
La
cita de noviembre nos podrá permitir evaluar las decisiones adoptadas, los
ajustes y los cambios. Habrá que ver cuál es la posición de Bolivia e incluso
la respuesta del gobierno venezolano frente a la exhortación de los países
reunidos en Quito invocando la apertura de un mecanismo de asistencia
humanitaria al interior de Venezuela y eso evidencia preocupación y la ausencia
total de respaldo. Lamentablemente, no hay muestras de una respuesta positiva
del régimen venezolano y eso marcará un nuevo desborde de migración.
EL NEA
SEGUIRÁ SIN GAS: NO HABRÁ GASODUCTO
El gobierno
nacional no concluirá el GNEA. Así lo afirma el diario Clarín y señala que
habría irregularidades en la ejecución de la obra.
Misiones de
Argentina (www.misionescuatro.com)
Ante
esta decisión, desde la nueva Secretaría de Energía, se asegura que la
estructura resulta igualmente de utilidad, salvo que en lugar de importar gas
desde Bolivia, se lo transportaría desde el yacimiento de Vaca Muerta. En un
artículo especial para Clarín, la periodista Cledis Candelaresi sostiene que la
decisión oficial firmada por el exMinistro de Energía (Secretario del área
desde la reestructuración del Gabinete de la semana pasada), Javier Iguacel,
enumera una serie de presuntas irregularidades a lo largo de la construcción
del tendido de 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, y asegura
que en todo caso la decisión de traer gas de Bolivia se tomó “cuando no existía
la generosa oferta potencial de Vaca Muerta”.
En
la nota Candelaresi afirma que durante más de una década el Estado desembolsó
en el Gasoducto del Nordeste, casi 2300 millones de dólares, el doble de su
presupuesto original, “a través de licitaciones en las que la Sindicatura
General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de
planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios”.
“Se
trata de una obra pública que el otrora Ministerio de Planificación decidió
ejecutar en etapas, abriendo el juego a muchos oferentes, algunos de renombre,
otros ignotos en el rubro y varios ahora complicados con la investigación sobre
el dinero negro que empresas privadas pagaron a funcionarios en el marco de la
obra pública.
Entre
ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta
permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana”, apunta. Señala
que el contratista no concluyó la tarea y en un nuevo concurso el tramo fue
otorgado a Techint, pero finalmente “la posibilidad de que Argentina sea
superavitaria en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el
Gobierno tomara la decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como
fue concebido”.
Más
allá de los potenciales usos para que los 3018 kilómetros de caños no se
transformen “en un monumento al despilfarro de fondos públicos”, lo cierto es
que Bolivia, que había comprometido en un contrato hasta 2026 proveer 26
millones de metros cúbicos diarios del gas que por distintos especialistas era
considerado el más barato de los importados, no será el proveedor. PRESUNTAS
IRREGULARIDADES “El GNEA fue licitado por tramos a partir del 2007 y debía
estar terminado en el 2009.
Pero
las sucesivas modificaciones y controversias con los oferentes de cada tramo
extendieron los plazos y multiplicaron con creces su presupuesto inicial”,
destaca el artículo. Tras una auditoría general de la obra llevada a cabo por
la Sigen que concluyó en abril de 2017, se determinó que hubo “falta de
estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el
emprendimiento. Falta de sustento económico financiero, ya que la obra ni
siguiera fue prevista en los presupuestos públicos”.
Según
el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala, “los
contratos en ejecución sumaban US$ 217.912.015. Y según la última versión del
proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance, por lo que la obra
faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”. El Gasoducto del Nordeste fue
declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una
inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión.
Según
los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la
concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de
antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Además no se constató
que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del
Boletín Oficial.
CANCILLER
TRAS REUNIÓN CON AGENTES Y ABOGADOS POR RÍO SILALA: “CHILE SE PREPARA DE FORMA
MUY SERIA Y COHERENTE”
La Tercera de
Chile (www.latercera.cl)
El
ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero sostuvo durante esta jornada
en Londres una reunión con la agente en el caso Silala, Ximena Fuentes, y el
equipo de abogados nacionales, en preparación a las reuniones posteriores con
abogados extranjeros.
El
canciller, señaló que “ha sido una reunión intensa, de mucho trabajo, donde hemos
preparado las condiciones de las sesiones de esta semana, que tendrán como
protagonistas a los abogados chilenos, agentes chilenos y también abogados
internacionales”.
Junto
con ello, agregó que “Chile se prepara para enfrentar de forma muy seria, coherente
y bien preparada esta nueva etapa de lo que es la demanda por el río Silala”.
Esto
ocurre luego que hace unas semanas el Presidente de Bolivia, Evo Morales,
presentara ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya la
contramemoria y una contrademanda.
Tras
la presentación de los documentos por parte de La Paz, el presidente de la CIJ
deberá citar a los agentes de Chile y Bolivia a una reunión y así conocer sus
posiciones respecto a una eventual segunda ronda de presentaciones escritas, es
decir, de una réplica y dúplica.
Chile
presentó en 2016 una demanda ante la Corte de la ONU con el argumento de que el
Silala es un río internacional compartido, mientras que Bolivia sostiene que
las aguas son producto de un manantial canalizado artificialmente hacia el
territorio chileno.
ALANDIA
PANTOJA, MURALISTA BOLIVIANO, COMBATIENTE LATINOAMERICANO
El
Independiente de México (www.elindependientedehidalgo.com.mx)
Para
aquellos “arte puristas” que desde las academias y desde una visión obtusa piensan
que el arte es un campo de conocimiento aislado de otras disciplinas y de toda
actividad humana, el ejemplo del muralista boliviano Miguel Alandia Pantoja
(1914-1975) es un testimonio más de la indiscutible función social y política
que tiene y debería tener el arte, al menos en lo que concierne al arte en el
espacio público, actualmente fastidiado por florecitas en “bonitas”
decoraciones monumentales.
De
una gran amistad con los muralistas mexicanos, Alandia Pantoja construye una
ruta extraordinaria para el muralismo Boliviano que hoy se puede percibir y
admirar en la gran calidad y discursos que llevaron a sacar sus trabajos de
manera clandestina en momentos en los que gran parte de su obra también era
objeto de persecución y destruida.
El
maestro Alandia Pantoja murió en Perú en el exilio, dejando un legado al pueblo
de Bolivia que se resguardó en la clandestinidad de 160 obras, 34 bocetos de
mural, sin mencionar los murales que se han rescatado y que transmitieron el
sentir de las luchas populares de su pueblo, más los que recientemente se han
encontrado, como el del centro minero de Milluni, donde se fundó el Sindicato
de Trabajadores Mineros, primer sindicato minero, a las faldas de la
emblemática montaña en la cordillera de los Andes, el Huayna Potosí, donde
después de una innombrable masacre de los trabajadores mineros y sus familias
en 1965 durante el régimen del dictador René Barrientos, el mural fue destruido
y dejado en un estado deplorable. Hoy, a pesar de que Milluni es un pueblo
minero fantasma, el mural es protegido por la comunidad, destacando la
colaboración de artistas muralistas bolivianos y el mismo don Sergio Alandia,
hijo del muralista, quienes se niegan a perder tan importante y emblemático
legado perteneciente no solo a la historia de Bolivia sino también a su
patrimonio cultural.
Pero
pareciera que el largo brazo de las dictaduras trasgrediera la memoria en el
contexto de una Bolivia socialista, y la obra de Alandia Pantoja sigue en
riesgo, acosada ahora también por el capitalismo que encontró la manera de
sacarle provecho. Hoy, los baúles que contienen la obra, así como la
restauración y protección de su obra mural están en juego y en disputa.
En
ese sentido, muralistas reunidos hace unos días en el tercer Encuentro de
Muralismo con Raíces Latinoamericanas, provenientes de Bolivia, Perú, Chile,
Argentina, México, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Brasil y Japón, nos sumamos
en una sola voz a través de una declaratoria para decir entre otras cosas: “Que
el derecho a la cultura de nuestros pueblos se vuelve una línea de acción para
todas y todos los artistas y trabajadores de la cultura en toda nuestra
América.
“Consideramos
que este derecho es inalienable, por lo que solicitamos a las autoridades
correspondientes: Que toda la producción artística del maestro Alandia Pantoja
sea declarada patrimonio Nacional de Bolivia y sume al extraordinario
patrimonio artístico y cultural del pueblo boliviano, y por consiguiente a los
patrimonios culturales que enriquecen a nuestros pueblos y naciones en América
y el mundo”, (fragmento de la declaración del tercer Encuentro de Muralismo con
Raíces Latinoamericanas, La Paz, Bolivia, 7 de septiembre del 2018).
AMÉRICA
LATINA, 17 AÑOS DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001
Infobae de
Argentina (www.infobae.com)
Por
Carlos Sánchez.- Dos hechos históricos que han marcado el siglo XXI sucedían el
11 de septiembre de 2001: los atentados terroristas contra Estados Unidos por
la red Al Qaeda (9/11) y la suscripción de la Carta Democrática Interamericana
(CDI) por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en Lima-Perú. Los atentados terroristas y la reacción a estos, produjeron
cambios dramáticos en el mundo y la CDI institucionalizó la democracia en las
Américas. Después de 17 años el desafío es revertir los negativos efectos del
9/11 y terminar las dictaduras.
El
9/11 (u 11-S) contra los EEUU, fueron cuatro ataques terroristas suicidas
cometidos por 19 miembros de la red yihadista Al Qaeda mediante el secuestro de
aviones comerciales impactados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el
Pentágono, siendo frustrado el objetivo del Capitolio. Ese día causaron 3016 muertos y mas de 6000 heridos, dando
lugar a la política global de la "guerra contra el terrorismo", a la
guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Cambiaron el mundo, desde la
forma de abordar un vuelo comercial hasta el desarrollo tecnológico para
prevenir este tipo de hechos criminales.
En
Lima-Perú se firmaba la Carta Democrática Interamericana en un acto histórico que quedó casi ignorado por
la gravedad de los atentados 9/11. El Secretario de Estado Collin Power
dejó la Carta firmada antes del acto y retornó apresuradamente a su país. La
CDI es el resultado del periodo más
estable de democracia en la región y cuando se firmó existía solo una dictadura
en las Américas, la castrista de Cuba. La CDI establece que "los
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación
de promoverla y defenderla", y establece los "elementos esenciales de
la democracia", entre otras normas instituidas como obligatorias.
La
concentración de EEUU en la guerra contra el terrorismo y en las guerras de
Afganistán e Irak trajeron como consecuencia su progresivo retiro estratégico
de América Latina y la ausencia de una política exterior consistente para la
región. Con la llegada de Hugo Chávez
al poder en Venenzuela y su inmediato acuerdo con Fidel Castro, se había puesto en marcha desde enero de 1999 el
proceso de estabilización y salvataje de la dictadura de Cuba y la recreación
-al principio subrepticia- de la fracasada expansión de la revolución cubana en
las Américas como "proyecto bolivariano". Estos hechos políticos fueron ignorados, soslayados o minimizados.
Mientras
EEUU se retiraba en sus programas de cooperación, apoyo a la democracia,
fortalecimiento judicial, lucha contra la corrupción e incluso antinarcóticos y
menguaban sus ya frágiles medios de coordinación en materia militar,
inteligencia y lucha contra el crimen, en América Latina se repartían dineros y
recursos a raudales por Hugo Chávez, que con golpes de estado, corrupción,
populismo y disfraz de democracia expandía su proyecto "Alba" o
bolivariano, "socialismo del siglo XXI", hoy
"castrochavismo".
Demasiados
"expertos latinoamericanistas" estatales y académicos de EEUU y del
mundo se creyeron y respaldaron el discurso
de "crecimiento democrático y de justicia social" en la
expansión de la alianza Chávez-Castro, cuando lo que en verdad sucedía -como lo
demuestran hoy los resultados- era la construcción de regímenes dictatoriales
violadores de la libertad y los derechos humanos, narco estados justificados en
la lucha antiimperialista y "regímenes de crimen organizado" que
controlan Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, dejaron el gobierno pero no el
poder en Argentina, Brasil y amenazan a las democracias.
La
revisión de lo que va del siglo XXI en la región ofrece como realidad objetiva un gravísimo retroceso en democracia,
derechos humanos y libertad como resultado de la exitosa expansión de
las "dictaduras del socialismo del siglo XX" o castrochavistas que
han dado lugar a presos políticos, exiliados políticos, manipulación de la
justicia, torturas y asesinatos, masacres, migraciones forzadas, narcoestados,
crisis económicas y crisis humanitaria. Cuatro
cubas castristas en lugar de una. Si tomamos como referencia el 11 de
septiembre de 2001 constataremos que 17 años mas tarde los problemas son mas
graves, las amenazas mas concretas y la confrontación real.
La
esperanza está en la lucha de los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y
Bolivia por rescatar su libertad y democracia, la acción decidida de gobiernos
democráticos por su propia seguridad y la aplicación de la nueva política
exterior de los EEUU que retorna a la defensa de sus principios y valores que además
coinciden con sus intereses en la región.
DERECHOFOBIA:
LA LEYENDA NEGRA DE LA QUE SE APROVECHAN SÁNCHEZ E IGLESIAS
A la
imperiofobia ha sucedido la derechofobia, y ahí nos tienen cogidos por los
mismísimos unos listillos, que exigen que les pongamos alfombra roja para
entrar en la Moncloa como Pedro por su casa a fin de saquear las arcas
-”nuestras” arcas-, y nos restriegan el cadáver del Caudillo por la cara.
Diario Actual
de España (www.actuall.com)
Ya
lo advierte Elvira Roca
Barea, autora de Imperiofobia
y leyenda negra: los españoles no levantamos cabeza desde que la
propaganda protestante propaló su demoledor relato y nos dejó la autoestima por
los suelos.
Han
pasado cinco siglos de aquello y continuamos avergonzándonos de la
Contrarreforma y creyéndonos que Isabel la Católica era poco menos que Adolf
Eichmann, cazador de hebreos; y Pizarro y Cortés, unos genocidas del tamaño de
Pol Pot y los kmers rojos de Camboya.
Lo
malo es que en el siglo XXI, el siglo del #Metoo y la corrección política, se
han juntado el hambre y las ganas de comer, y ha venido la izquierda radical
para flagelarnos con el nudoso látigo del franquismo y del guerracivilismo.
Si
el arma que funcionó con la leyenda negra fue la propaganda; el arma que lleva
funcionando en España desde que murió Franco es el complejo. A la imperiofobia
ha sucedido la derechofobia y ahí nos tienen cogidos por los mismísimos unos
listillos, que exigen que les pidamos perdón por existir, les pongamos alfombra
roja para entrar en la Moncloa como Pedro por su casa a fin de saquear las
arcas -”nuestras” arcas-, y encima nos restriegan el cadáver del Caudillo por
la cara.
Con
ese truco de prestidigitador de pueblo, nos tienen distraídos y pretenden
hacernos olvidar sus fechorías del pasado y del presente.
Las
del pasado: los 1.300 muertos de la Revolución de Asturias o los 500.000 kilos
de oro saqueados del Banco de España (Memoria Histórica vendo que para mí
no tengo); y las del presente: se han estrenado con lo que mejor se les
da… destruir puestos de trabajo, los 202.996 del mes de agosto, el peor de la
década; y están dejando que los ‘indepes’ nos birlen Cataluña delante de
nuestras narices.
¿Y
qué hacemos nosotros? Doblar el espinazo en ángulo de 45 grados. ¿Cuarenta y
cinco grados? El miedo a parecer que somos españoles nos hace flexibles hasta
lo inverosímil. Nos avergonzamos de la bandera, del himno, de la Constitución
(esa que se fundamenta en “la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles”… ¿no sé si acuerdan de ella?).
Los
españoles del último medio siglo nos hemos tragado el camelo que identificaba
derecha con dictadura, y el rojo y gualda con el fascismo (¿qué tendrá que
ver?); y eso explica el circumloquio afeminado (el “centro-reformismo”) y el
silencio de los corderos.
El
complejo ‘azul’, como la leyenda ‘negra’, se alimenta de mentiras. O de medias
verdades, que es la forma más sibilina de mentir.
Es
indiscutible que el general Franco se sublevó contra el orden establecido (la
II República) y que la España de 1939 a 1975 no fue una democracia. Pero veamos
la otra cara de la moneda: el orden establecido se había convertido en un
Estado títere de Stalin, gracias, entre otros, al PSOE del jefe
de Gobierno Juan Negrín. Y eso sí que es indiscutible.
Y
en la segunda parte del Régimen franquista (desde el Plan de Estabilización
económica de 1959 hasta 1975) España experimentó una espectacular
modernización, que junto con la aparición de una clase media sentó las bases de la
llegada de la democracia y del periodo de prosperidad más largo de
los últimos dos siglos.
También
era media verdad la muerte de indígenas en el Nuevo Mundo. Sólo una parte es
atribuible a los conquistadores: muchos perecieron por guerras intestinas y
muchos más por demoledoras epidemias, como explica Elvira Roca. Los reyes de
España no consideraban colonias las tierras del Nuevo Mundo, ni esclavos a los
indios sino ciudadanos, gracias a un decreto de 1.500 firmado por la
denostada y ‘facha’ Isabel la Católica. Y las Leyes de Indias, un invento
español basado en el respeto a la dignidad inviolable de la persona, es el gran
antecedente de los Derechos Humanos.
Mal
que les pese a Evo Morales y al bolivariano Iglesias, la América Hispana del
siglo XVIII nada tenía que envidiar a las trece colonias de los nacientes Estados
Unidos: era superior en urbanismo, transportes, comercio o universidades -las
dos primeras de todo el Continente fueron la de San Marcos de Lima y la de
Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo, en el siglo XVI, casi cien años antes
que Harvard-.
Y
un luterano, el geógrafo alemán Von Humboldt cuenta, tras recorrerlas a
principios del siglo XIX, que “ninguna ciudad del Nuevo Mundo, sin exceptuar
las de los Estados Unidos, posee establecimientos científicos tan grandes y
sólidos como los de la capital mexicana”.
Y
sin embargo… seguimos arrastrando el fardo de la culpabilidad y la baja
autoestima, como se ha visto en el deslucido y tímido debut de la princesa
Leonor en Covadonga, cuando se cumplen 1.300 años del reino de Asturias, el
nacimiento de una nación, y los 100 de la coronación de la Santina.
Se
diría que la monarquía, aquejada de derechofobia y rehén del Frente Popular y
los indepes, no se atreve a reivindicar en voz demasiado alta el Nacimiento de
una Nación.
Cuando
la gesta de D. Pelayo es nuestra denominación de orígen -como ha escrito el obispo
Jesús Sanz en un artículo que no tiene desperdicio-, junto con la
doble herencia (romana y cristiana) y la tozuda determinación mantenida a lo
largo de ocho siglos sacudirse el yugo musulmán.
Si
nosotros no recuperamos ese ADN y no nos sacudimos el yugo de los complejos
terminaremos como los atemorizados británicos del siglo XXI, turbados antes los
turbantes, que ya casi no enseñan a Rudyard Kipling en los colegios para no
herir sensibilidades.
CRISIS
MIGRATORIA VENEZOLANA DESNUDA LA ESCASA EFICACIA DE LOS MÚLTIPLES ORGANISMOS
REGIONALES
Mientras
algunos como Unasur y Alba están paralizados, otros como la OEA han recuperado
protagonismo. Los expertos destacan la experiencia de la Alianza del Pacífico.
El Mercurio
de Chile (www.economiaynegocios.cl)
Trece
países de América Latina se reunieron la semana pasada en Quito para buscar
soluciones a la crisis migratoria venezolana. Catorce kilómetros al norte de la
capital de Ecuador, la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) -un
edificio de 20 mil metros cuadrados, cinco pisos, que costó US$ 38 millones e
inaugurado en 2014- estaba vacío, símbolo del desgaste de algunos de los
órganos multilaterales que proliferaron en los últimos años y que el éxodo
venezolano ha desnudado.
En
contraste, al día siguiente, la Organización de Estados Americanos (OEA) creó
un grupo de trabajo para monitorear la salida de los 2,5 millones de
venezolanos que, según Naciones Unidas, han abandonado ese país desde 2015,
cuando se agravó la crisis bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Entre
los organismos de integración regional, con distintos propósitos, alcances,
trayectorias y tendencias, están la OEA, Unasur, Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (Alba), Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), Petrocaribe, Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), la Comunidad del Caribe (Caricom), Alianza del Pacífico, Comunidad
Andina de Naciones, Mercosur, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Corporación Andina de Fomento (CAF), sin contar los legislativos que tienen
algunas de estas instituciones, como el Parlamento Andino, del Mercosur, o de
Centroamérica.
Precisamente,
durante el mandato del antecesor de Maduro, Hugo Chávez (1999-2013), y del
gobierno del Presidente Lula da Silva (2003-2011) en Brasil, años de bonanza
económica por los precios altos de las materias primas en los mercados
internacionales, proliferaron muchos de estos organismos multilaterales, cuyo
debilitamiento coincidió con la muerte del venezolano y la caída en desgracia
del brasileño por temas de corrupción. Son los casos de Unasur, Alba, Celac o
Petrocaribe.
La
idea de Unasur nació en 2004, fue oficializada en 2008 y constituida
formalmente en 2011, como un espacio de integración y unión en temas
culturales, sociales, económicos, políticos y comerciales. Compuesta por once
naciones, tuvo protagonismo en crisis como la destitución de Fernando Lugo en
Paraguay en 2012.
Más
allá de las buenas intenciones del Mandatario boliviano Evo Morales, quien la
semana pasada pidió reimpulsar el organismo, Unasur vive tiempos complejos:
Colombia oficializó el 10 de agosto pasado su salida del bloque por ser
"cómplice silencioso de la dictadura de Venezuela", de acuerdo con el
Presidente Iván Duque. Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile
habían suspendido en abril su participación en ese bloque.
Algo
similar pasa con el Alba, organismo que nació en 2004 financiado por Venezuela,
y con Bolivia, Cuba y Ecuador como socios principales, con el foco puesto en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de
izquierda. El bloque propuso la creación de una moneda común y de un banco
regional, entre otros proyectos que no pasaron de eso.
El
gobierno ecuatoriano se retiró del Alba el 23 de agosto pasado, en respuesta a
la crisis humanitaria en Venezuela. Quito fue un aliado regional de Caracas,
pero se fue distanciando el año pasado con la salida de Rafael Correa y la
llegada del Presidente Lenín Moreno.
Petrocaribe,
un bloque creado por Hugo Chávez para entregar crudo a precios preferentes y
con facilidades a países de Centroamérica y el Caribe (principalmente Cuba),
perdió fuelle a medida que la industria petrolera venezolana colapsaba.
Los
expertos destacan algunos puntos en común en todos estos casos. Juan Carlos
Hidalgo, analista del Cato Institute, considera que Unasur, Alba, Celac y
Petrocaribe "han pasado a ser irrelevantes" ante la desaparición de
los liderazgos regionales de Chávez y Lula, y el colapso económico de
Venezuela, "que en gran medida los financiaba".
Por
otro lado, el analista costarricense considera que esta proliferación de
organismos es "irónica", ya que el comercio intrarregional llega
apenas al 18% del total, mientras que en la Unión Europea es del 69% y en Asia,
del 55%.
Christopher
Sabatini, académico de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos en la
Universidad de Columbia, ve tres razones en la proliferación de grupos
regionales las últimas dos décadas.
Primero,
el "entusiasmo" por el boom económico a partir de los años 2000-2003,
cuando "los países empezaron a tener mucho dinero, se sintieron mucho más
poderosos, crearon vínculos con China e India. Tenían mucha plata y también
mucha arrogancia. Iban a rebalancear el mundo". Segundo, en paralelo eso
reflejaba "cierta debilidad" de organizaciones como el Mercosur.
Entonces, otros países como Chile, Colombia, México o Perú "buscaron otras
opciones, en cierta forma más modestas, pero con pasos mucho más concretos. Por
eso se formó la Alianza del Pacífico". Tercero, "un sentimiento de
que el poder de Estados Unidos se estaba debilitando" y de que había llegado
el momento de que los países del sur podrían "tomar la iniciativa".
Sabatini
dice que la multiplicidad de organismos "balcaniza" la región, y
apunta a un problema de fondo: "Para que un cuerpo multilateral tenga
poder, las naciones tienen que estar dispuestas a ceder cierta parte de su
soberanía para un bien común. Es decir, la solidaridad regional no es
suficiente para sostener una alianza. Y la verdad es que Celac, Alba, Unasur,
los parlamentos (Parlatino, Centroamericano, del Mercosur, etc.) no tienen eso.
Son clubes de vecinos y nada más. No tienen capacidad, ni los protocolos. Hace
falta un compromiso serio".
Descripción
que lleva a mirar a los organismos que funcionan.
El
péndulo
El
miércoles pasado, en Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
creó un grupo de trabajo para buscar soluciones a la crisis migratoria
venezolana, un paso más en la defensa de la democracia en la región que ha
llevado adelante el ex canciller uruguayo desde que llegó al organismo
hemisférico en 2015.
La
elección de Almagro coincidió con el endurecimiento del régimen de Nicolás
Maduro, y con los triunfos sucesivos de proyectos pro libre mercado en la
región como Mauricio Macri en Argentina y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, y la
destitución de Dilma Rousseff en Brasil, quien fue reemplazada por Michel
Temer. "Precisamente, el giro del péndulo ideológico hace que otros
organismos y asociaciones ad hoc retomen o adquieran predominancia. La OEA,
bajo el liderazgo de Almagro, ha recuperado en cierta medida el rol de defensor
de la democracia en la región que había perdido con José Miguel Insulza",
dice Hidalgo.
Venezuela
decidió en 2017 retirarse de la OEA -un proceso que dura dos años-, lo que
parece no haber afectado el funcionamiento de ese organismo, distinto a los
casos de Unasur y Alba. "Unasur fue como una cadena de montañas que solo
tenía cumbres, no había negociaciones de diplomacia cotidianamente", dice
Sabatini, y agrega que, "conociendo las debilidades de la OEA, aunque es
un foro muy dividido, tiene los protocolos, la experiencia, para poder convocar
y hacer que se vea como ganador en esta etapa".
Los
expertos destacan también a la Alianza del Pacífico, bloque formado en 2011 por
México, Colombia, Chile y Perú con el foco puesto en el comercio con Asia.
"La Alianza del Pacífico se ha consolidado como el modelo de integración
comercial a seguir vis-à-vis el Mercosur", estima Hidalgo.
Para
Sabatini, la Alianza del Pacífico "es un club que vale la pena, porque
está basado en intereses nacionales económicos, con la disposición de compartir
estándares", y destaca la integración del bloque en términos de comercio,
de las bolsas, de facilitación de intercambios educativos, de migración:
"Su meta es mucho más estrecha, lo que es bueno, porque los organismos como
Unasur tienen metas tan amplias y vagas, que a la larga no tiene sentido".
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